Bienes Nacionales notificará de su desalojo al representante. Tampoco descartan presentar una querella por el no pago de los derechos de arriendo del sitio fiscal.

Hasta el sector del barrio industrial de La Chimba en Antofagasta llegó la Gobernadora Provincial, Katherine López Rivera, con la finalidad de fiscalizar el uso de terrenos pertenecientes al Estado y que actualmente se encuentran ocupados de manera ilegal o irregular por parte de sus ocupantes.

La fiscalización se enmarca dentro de la llamada “Operación Rescate”, que consiste en un plan de fiscalización nacional y recuperación de inmuebles, pertenecientes al Ministerio de Bienes Nacionales.

En el sitio fiscalizado por la PDI, Carabineros de la Quinta Comisaría; Servicio de Impuestos Internos, SII; Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC y Dirección Regional del Trabajo, DT; se detectaron una serie de irregularidades, partiendo por la ocupación ilegal del terreno de 6 mil metros cuadrados que es utilizado por la empresa “Vil Motors” para realizar servicios de pintura, mantenciones, arenado y obras civiles y que en su interior se ubica una verdadero centro de eventos con quincho, karaoke, mesa de pool y hasta una piscina de grandes dimensiones.

RECUPERACIÓN DE TERRENOS

Una de las principales tareas a las que se ha abocado el Ministerio de Bienes Nacionales, es la constante fiscalización a sitios y terrenos fiscales, así lo manifestó la Gobernadora Katherine López, quien explicó que para el gobierno regional del Intendente Marco Antonio Díaz, es muy importante poder recuperar todos aquellos terrenos que sean fiscales, “porque como región queremos darle un desarrollo y una ocupación como corresponde a estos terrenos y la invitación dentro de esta operación rescate, es verificar cual es el destino que se le está dando a estos terrenos y si se está cumpliendo con los actos administrativos correspondientes al área comercial o industrial. Y el llamado es a las personas, que vamos a seguir trabajando para fiscalizar y asegurar que se esté cumpliendo la normativa que todos los chilenos tienen que cumplir para desarrollar una actividad fue cual fuese”.

Con respecto a la ilegalidad en la ocupación de este terreno, la Gobernadora Katherine López dijo que “nos hemos encontrado con irregularidades que, aparte de estar haciendo ocupación ilegal de un terreno que es fiscal sin un acto administrativo que esté aprobado, nos encontramos con otra situación irregular y es el estar ocupando terrenos que corresponden a uso público como lo es la calle donde tiene que transitar con total libertad cualquier ciudadano”.

En la Región de Antofagasta, existen cerca de 5 mil 900 ocupaciones no reguladas, antecedentes que diariamente están siendo analizadas para comprobar mediante fiscalizaciones en terreno, la situación de cada sitio o predio. Información que luego de ser corroborada y analizada por la unidad jurídica del ministerio, son enviadas al Consejo de Defensa del Estado, para iniciar las demandas respectivas respecto de las indemnizaciones que procedan.

IMPUESTOS Y TRABAJADORES

Otro de los puntos fiscalizados por la autoridad, fue a través de la Dirección del Trabajo, DT, donde se constató que la empresa no realiza el registro de asistencia y si lo lleva lo hace de forma incorrecta. A los trabajadores no se les ha capacitado en cuanto a los riesgos para la salud que significa exponerse a la manipulación de materiales como hormigón que a la largo podrían provocar silicosis y tampoco cuentan con las medidas de protección y vestimenta adecuada y en buen estado, para realizar sus labores. Además la DT, informó al Instituto de Previsión Social, IPS, para que supervise el pago de las cotizaciones de los trabajadores. Si el empleador no subsana las observaciones, se arriesga a multas que van desde las 10 Unidades Tributarias Mensuales, UTM, por cada una de las infracciones cometidas. Además, la PDI verificó la situación migratoria de los trabajadores extranjeros que al momento de su control, cumplían con su visa laboral.

Por su parte el Servicio de Impuestos Internos, dejó citado al representante de la empresa “Vil Motors”, hasta sus dependencias, debido a una serie de irregularidades e inconsistencias que no pudieron ser acreditadas, debido al alto flujo de compras y a la baja emisión de boletas y facturas. Mientras que la SEC, determinó que las instalaciones eléctricas de la empresa, no cumplen con la normativa vigente y ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores, además de un grave peligro ante un incendio.