Procedimientos administrativos buscan determinar las responsabilidades que le caben a la empresa, luego de las reiteradas fallas en sus sistemas de elevación que significaron las descargas de importantes volúmenes de aguas servidas al mar dentro de la zona de protección litoral en Antofagasta.

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) inició dos procedimientos sancionatorios para determinar las responsabilidades de la empresa Aguas Antofagasta S.A., por los reiterados problemas referidos a la continuidad del servicio de recolección de aguas servidas, hechos ocurridos en Antofagasta a fines del 2017 y durante el 2018.

El primer proceso se refiere a las fallas que presentó la Planta Elevadora de Aguas Servidas Sur el 21 de mayo y el 5 de octubre de este año, ubicada en Avenida Grecia frente a playa El Cable.

De acuerdo a lo señalado por el jefe de la Oficina Regional de la SISS en Antofagasta, Patricio Valencia, “el proceso se gatilla por el incumplimiento de la obligación de la empresa de garantizar la calidad y continuidad del servicio de recolección de aguas servidas, pero además incluye cargos referidos al peligro para la salud de la población producto la presencia de aguas servidas en la vía pública y la descarga de aguas servidas al mar dentro de la zona de protección litoral”.

“Otro de los cargos se refiere a la discontinuidad del servicio de agua potable, que afectó a más de 5.000 viviendas”, puntualizó Valencia.

Por otro lado, se inició un segundo proceso sancionatorio por la falla que presentó la planta elevadora de aguas servidas Costanera, situada en el sector norte de Antofagasta, hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2017 y el 30 de marzo de 2018.

Valencia explicó que “en ambos casos se han incluido cargos asociados al incumplimiento por parte de la empresa de las instrucciones impartidas por la SISS, que apuntaban a mejorar tanto la operación y mantención de estas plantas, así como la infraestructura y realizar oportunamente las reparaciones definitivas de las fallas encontradas”.

El jefe de la Oficina Regional en Antofagasta, Patricio Valencia informó que la empresa cuenta con plazo de 10 días hábiles para realizar sus descargos a partir de la fecha de notificación de estas resoluciones.

LEY

Asimismo, el Seremi de Obras Públicas, Edgar Blanco, comentó que “el Ministerio, a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, está tomando todas las medidas necesarias para que estos acontecimientos no queden archivados sin cargos, y por sobre todo, que no sigan ocurriendo y afectando a la población. De acuerdo a la Ley 18.902, con estos procedimientos en curso, la sanitaria arriesga una multa de hasta 1.090 UTA ( $ 628.930.000 ), cargos que se evaluarán en su mérito, considerando también los descargos que presente la empresa”.