EDUCACIÓNVisto 1212 veces — 30 marzo 2021

La Superintendencia de Educación Superior rechazó el plan de recuperación presentado por la institución, tras constatar que la grave crisis financiera, patrimonial y administrativa que enfrenta la universidad hace inviable la continuidad de sus funciones y la entrega del servicio educativo.

Tras desarrollar una exhaustiva investigación en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio instruido a la Universidad La República, que se extendió por más de un año y que terminó con la sanción de presentar un plan de recuperación para subsanar las diversas complejidades que la aquejan, la Superintendencia de Educación Superior (SES) resolvió rechazar la propuesta remitida por la casa de estudio, y proponer al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de la institución, lo que determinará su cierre y la reubicación de sus estudiantes.

La decisión se adopta tras establecer que la grave crisis financiera, patrimonial y administrativa que enfrenta la universidad hace inviable la continuidad de sus funciones y la entrega del servicio educativo.

En los próximos días, el Mineduc revisará los antecedentes remitidos para iniciar el proceso de revocación de reconocimiento oficial y cancelación de la personalidad jurídica de la universidad, para lo cual nombrará a un administrador de cierre que tomará el control de la institución y velará por la continuidad de estudios de sus alumnos, pudiendo para esos efectos proceder a la reubicación de estos en otras universidades.

El contundente resultado del procedimiento administrativo sancionatorio llevado a cabo en contra de la Universidad La República es resultado de la permanente tarea de supervigilancia que la SES desarrolla sobre el sistema de educación superior. Desde que inició sus funciones, hace poco más de un año y medio, la Superintendencia de Educación Superior ha velado porque las distintas casas de estudio del país den cabal cumplimiento a la actual normativa, sean financieramente sustentables y respondan satisfactoriamente a las condiciones convenidas con sus estudiantes.

Producto de este continuo rol de supervisión, la Universidad La República (ULARE) fue identificada tempranamente como una de las instituciones que presentaba un mayor nivel de riesgo en materia financiera y administrativa, lo que determinó que, a fines de 2019, se le instruyera un proceso formal de investigación y luego un procedimiento administrativo sancionatorio. Tras conocer los descargos de la institución y ejecutar una serie de acciones de fiscalización, la SES resolvió -en diciembre de 2020- sancionar a ULARE con la presentación de un plan de recuperación, que le permitiera subsanar los problemas que hoy afectan gravemente a su comunidad universitaria.

De esta forma, la autoridad reguladora otorgó a la universidad la opción de proponer un conjunto de medidas que permitieran avanzar en soluciones concretas a los problemas financieros, patrimoniales y administrativos que la aquejan.

El pasado lunes 22 de marzo, la Universidad La República presentó a la SES su propuesta de plan de recuperación. Sin embargo, las medidas comprometidas no permiten subsanar la crisis financiera, patrimonial y administrativa que enfrenta la institución, ni garantizar la continuidad del préstamo del servicio educativo. Bajo esa convicción, el superintendente Jorge Avilés resolvió rechazar el plan de recuperación e iniciar las gestiones ante el Mineduc, a fin de que esta cartera ministerial resuelva la revocación del reconocimiento oficial de la institución.

Al respecto, Avilés destacó que “El principal objetivo de la sanción impuesta a la Universidad es proteger los intereses de los estudiantes, de manera de evitarles un daño mayor y permitirles continuar sus estudios en otras universidades que sí les den mayores garantías de calidad. Sanciones como ésta dan cuenta que la nueva institucionalidad está funcionando, subiéndole los estándares exigidos a las casas de estudios, de manera de ir aumentando la confianza que la ciudadanía tiene en el sistema y resguardando así la fe pública depositada por las personas en las diversas instituciones de educación superior del país”.

Entre los hechos considerados por la Superintendencia de Educación Superior para solicitar la revocación del reconocimiento oficial de la Universidad La República, destacan los siguientes:

Creciente déficit financiero que no le permite a la Universidad contar con recursos suficientes para cubrir oportunamente sus costos y gastos operacionales.

Disminución sostenida de la matrícula de estudiantes, decreciendo en un 37% desde el 2018 al 2020.

Incumplimiento recurrente de sus obligaciones previsionales con sus trabajadores, existiendo a la fecha al menos 4.105 deudas previsionales, multas vigentes impuestas por la Dirección del Trabajo a la Universidad por un monto superior a los $102.000.000 y demandas en contra de la institución por más de $5.000.000.000.

Deudas por pago de impuestos o créditos fiscales por un monto de $1.725.724.091, suma que corresponde a la deuda neta, reajustes, intereses y multas.

Numerosos procesos judiciales vigentes en que la Universidad La República tiene la calidad de demandada, ascendiendo estos a más de $9.399.042.212.

Incumplimiento en el pago de los contratos de arrendamientos de los inmuebles en que funcionan sus sedes.

Morosidad comercial y letras protestadas por más de $93.000.000.

Desorden administrativo interno reflejado en situaciones tales como:

Diversos reclamos y denuncias presentados por estudiantes, egresados, docentes y funcionarios de la Universidad, referidos a desórdenes en la gestión administrativa y académica; irregularidades financieras, laborales y previsionales; deficiencia en la calidad del servicio educativo; problemas del registro curricular con pérdida o indisponibilidad de la información académica de los estudiantes; demoras significativas en la entrega de certificados y títulos; incumplimiento de normativa interna; una deficitaria infraestructura; y precarias condiciones de mantenimiento de algunas sedes en que se imparte docencia.

Desorden en las áreas contable y de tesorería, existiendo en su momento numerosas facturas sin contabilizar, con la consiguiente distorsión de la información que figura en los estados financieros de la institución.

No depósito de los aranceles pagados por los estudiantes en la cuenta corriente de la Universidad de los dineros provenientes, con los consiguientes riesgos operacionales que ello implica.

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