El programa convocó a empresarias provenientes de cinco comunas de la Región de Antofagasta, quienes durante su ejecución fortalecieron competencias clave en áreas como ventas BtoB, Liderazgo, Networking, marketing y acceso a nuevas oportunidades de negocio gracias a la red de vinculación nacional e internacional de Agencia Redes, con foco en su proyección hacia mercados más competitivos e incluso internacionales.

Bárbara Torres, subdirectora de Innovación y Emprendimiento del Comité Corfo Antofagasta, valoró el impacto de la iniciativa señalando que:“Es un programa que ha traído empresarias de distintas localidades de nuestra región y les ha permitido hacer redes, caminar hacia la internacionalización y seguir creciendo, esperamos que esta iniciativa les permita llevar herramientas que potencien sus negocios, pero también que sirva para incentivar a otras mujeres e inspirárlas a que crezcan juntas”.

Desde la ejecución del programa, Paola Quezada, fundadora y gerenta general de Agencia Redes, destacó el sentido colaborativo y el impacto territorial del proyecto:“Hoy es un día muy especial porque se culmina un proyecto importante donde pudimos congregar empresarias de minería y energía de la región con 5 comunas para poder apoyarlas en competencias y vinculación. Esta es una zona muy estratégica en industrias como la minería, energía y logística, y este fue un trabajo en el que no solo aprendieron, sino que nos empoderamos en conjunto porque cuando las mujeres avanzamos en bloque hacemos más impacto”.

El cierre del programa también contó con una mirada internacional. Alejandra Cardona, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, relevó las oportunidades de colaboración binacional: “He vivido este evento con mucha emoción, es una gran iniciativa. Creo que tenemos mucho que aprender de Chile y en esas interacciones pueden surgir oportunidades para potenciarnos. Chile y Argentina tienen acuerdos en materia minera, hay proyectos binacionales y eso es un punto de partida que puede generar sinergias interesantes”.

Por su parte, Pablo Rojas, jefe de la DIFOI del Gobierno Regional de Antofagasta, enfatizó la relevancia estratégica de este tipo de iniciativas para el desarrollo regional:“Para el Gobierno Regional, representado por nuestro gobernador Ricardo Díaz, es fundamental potenciar vocaciones productivas de nuestra región, diversificar nuestra matriz productiva e incorporar la equidad de género en una industria tan importante como la minería. Esperamos que se creen, se asocien e internacionalicen más empresas, y el Gobierno Regional cuenta con un conjunto de instrumentos que han permitido apoyar en este desafío”.

El programa “PDT Empresarias Mineras al Siguiente Nivel” se posiciona así como una iniciativa clave para avanzar en la equidad de género en la industria, fortaleciendo el ecosistema de proveedores locales y promoviendo el crecimiento sostenible de la región.

Con la participación de autoridades, representantes del mundo académico, sector productivo y actores del ecosistema de innovación, se desarrolló el seminario de lanzamiento del proyecto “Antofagasta en Órbita”, iniciativa que contempla el diseño, construcción e integración del primer satélite desarrollado desde regiones en Chile.

El proyecto, liderado por el Centro de Innovación y Diseño Avanzado (CINNDA) considera el desarrollo de un CubeSat orientado al monitoreo y vigilancia climática y territorial.

Su implementación permitirá abordar desafíos clave del norte del país, como relaves mineros, eventos de calor extremo, proliferación de basurales y la exposición a desastres naturales.

Este hito inaugura una nueva etapa en el desarrollo aeroespacial nacional, posicionando a la Región de Antofagasta como un polo emergente en capacidades tecnológicas avanzadas, bajo una visión estratégica de largo plazo que busca fortalecer la soberanía tecnológica desde los territorios.

Desde CINNDA enfatizaron que la iniciativa busca generar un impacto sostenible más allá del desarrollo tecnológico. El director del proyecto “Antofagasta en Órbita”, Hernán Tello, destacó: “Nuestra misión ha sido siempre identificar desafíos del territorio y, a partir de ellos, desarrollar soluciones basadas en tecnología e información. Este proyecto nace justamente desde esa mirada”.

“Estamos en una etapa inicial, pero muy motivados. Este será el primer satélite regional, y representa una oportunidad concreta para instalar capacidades en el ámbito espacial desde Antofagasta”, comentó.

En la misma línea, el director ejecutivo de CINNDA, Ricardo Grau, subrayó el enfoque formativo del proyecto. “Sabemos que hoy no existe una especialización aeroespacial en la región, por lo que decidimos formar talento local. Vamos a implementar un plan de capacitación en tecnologías espaciales y satelitales, integrando a los estudiantes directamente en la misión”.

Educación, talento y participación estudiantil

El proyecto contempla la participación activa de estudiantes de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, quienes se integrarán al proceso de diseño y construcción del CubeSat. La convocatoria reunió a jóvenes de áreas como mecánica, electrónica, informática, telecomunicaciones y robótica, promoviendo el trabajo colaborativo y el aprendizaje práctico.

En total, fueron seleccionados 10 estudiantes provenientes de carreras como Licenciatura en Ciencias con mención en Física y Astrofísica, Ingeniería Civil en Computación e Informática, Bioquímica, Ingeniería Civil Mecánica, Mantención Industrial y Mecatrónica, entre otras.

Reina Castañeta, estudiante de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Católica del Norte, expresó su entusiasmo por ser parte de la iniciativa. “Es un sueño hecho realidad. Nunca imaginé poder participar en el desarrollo de un satélite, y la verdad es que me llena de emoción ser parte de este proyecto”.

La comunidad escolar también fue parte del proyecto, participando en la elección del nombre del primer satélite regional. “Likansat” fue la propuesta ganadora, presentada por Karina Lara, docente de Ciencias de la Escuela General Manuel Baquedano F-78.

Proyección nacional e impacto estratégico

El proyecto contempla la incorporación de aliados estratégicos del mundo público y privado, con el objetivo de ampliar las capacidades del satélite y potenciar su impacto a nivel regional y nacional.
Asimismo, se proyecta que la Región de Antofagasta se integre a la red vinculada al futuro Centro Espacial Nacional, consolidando su rol dentro del programa espacial chileno.

¿Quiénes son los Seremis?

Cristian Bravo Echeverría, Seremi de Seguridad Pública: Prefecto en retiro de la Policía de Investigaciones de Chile (2025) y Licenciado en Investigación Criminalística, de la Academia de Estudios Policiales de la PDI. Ingeniero de Ejecución en Prevención de Riesgos de la Universidad Bolivariana y cuenta con diplomados en Seguridad Privada Integral de la PUC Valparaíso y Análisis de la Seguridad de la Universidad de Barcelona. Su perfil combina una vasta experiencia en terreno con competencias técnicas investigación de delitos de homicidio y robo, con especialidad en inteligencia y armamento; y análisis criminal.

A lo largo de sus 30 años de carrera, ha desempeñado labores operativas en la Brigada de Homicidios Metropolitana de Santiago, Grupos Especializados en Bienes Robados, Departamento V Asuntos Internos y Brigadas de Investigación Criminal en Santiago.

Durante los últimos siete años, desempeño roles clave en la planificación estratégica y asesoría de la Región Policial de Antofagasta, en materias relativas a la contingencia delictual de la región, como el crimen organizado y el fenómeno migratorio, destacando su gestión como Jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Antofagasta y la Plana Mayor Regional de esta ciudad, participando además, en distintos foros y mesas técnicas, como el Corredor Bioceánico Vial desarrollado en las ciudades de Antofagasta, Iquique y Salta, Argentina.

Pablo Pomareda Echeverría, Seremi de Economía: emprendedor antofagastino, con estudios de Ingeniería Comercial en la Universidad Gabriela Mistral en Santiago. Fundador de Café del Desierto, una de las cadenas de cafeterías con mayor presencia en Chile. Su trayectoria destaca por impulsar el desarrollo económico regional, promoviendo la descentralización y la generación de oportunidades desde territorios históricamente postergados.

Fue director de la Asociación Gremial de Foodtrucks. presidente del gremio de Barrio Caracoles en San Pedro de Atacama y su empresa fue distinguida por la Asociación de Industriales de Antofagasta como Pyme del Año. Ha participado como expositor en universidades, establecimientos educacionales, municipios y espacios de fomento productivo, contribuyendo activamente a la formación de nuevos emprendedores y al fortalecimiento de una cultura de innovación con identidad territorial.

Rodrigo Medina Vera, Seremi de Salud: médico cirujano de la Universidad Católica de Cuyo, con larga trayectoria en atención primaria y urgencias en la región, donde ha ejercido funciones clínicas y de liderazgo. Cuenta con formación en salud pública, gestión y medicina de urgencias. Actualmente cursa un Magíster en Salud Pública.

Jorge Olivares Puentes, Seremi de Vivienda y Urbanismo: ingeniero civil industrial, mención Gestión, con más de 30 años de experiencia en el sector minero y sólida trayectoria en la gestión de operaciones, administración de contratos y desarrollo de proyectos de gran envergadura. A lo largo de su carrera ha liderado equipos multidisciplinarios, impulsando altos estándares de eficiencia, seguridad y cumplimiento de metas, en coordinación con importantes actores de la gran minería como Codelco, Collahuasi, Escondida, Centinela y Pascua Lama.

Entre los años 2016 y 2021 se desempeñó como concejal de la comuna de Calama, periodo en que impulsó iniciativas con alto impacto comunitario, como la organización del evento internacional ELEA 2017, lideró la gestión de proyectos tecnológicos orientados para adultos mayores, y participó en la planificación y ejecución de eventos deportivos de carácter nacional e internacional.

Su visión de futuro se centra en fortalecer la articulación entre el sector público, privado y la ciudadanía, impulsando iniciativas que generen valor social, desarrollo económico y bienestar para las comunas de la región de Antofagasta.

Karina Trujillo Contreras, Seremi de Justicia y DD.HH.: abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas egresada de la Universidad de Antofagasta. Ex Abogada Asistente Fiscal y Fiscal Subrogante en las localidades de Tocopilla y María Elena. Ex Defensora Penal Publica en Antofagasta. Abogado tramitadora de causas penales, de familia, mineras y otras. Actualmente, especialista en derecho procesal penal.

Con 23 años de experiencia en ejercicio libre (abogado auxiliar causas mineras, ejecutivas y otras) y en el sector público (actuaría en antiguo Tribunal de Menores, docente en Universidad Arturo Prat y Asistente en Universidad de Antofagasta) Diplomada en Reforma Procesal Penal en la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Antofagasta; diplomada en Actualización en Derecho Laboral, Ley Karin en la Universidad Santo Tomas y con cursos sobre “Principios informativos y tramitación en tribunales de familia”, “Taller de mediación penal”, “Cátedras de Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Derecho Penitenciario”.

Camila Alonso Klaric, Seremi de Bienes Nacionales: abogada, titulada de la Universidad de Antofagasta, con experiencia en derecho laboral, derecho administrativo y gestión pública. Durante casi cuatro años se desempeñó como abogada asesora y jefa subrogante del Departamento Jurídico de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, aportando en materias laborales y administrativas, con participación en procesos de negociación colectiva, así como en la elaboración y revisión de actos administrativos.

Con trayectoria que se ha distinguido por un enfoque técnico, responsabilidad institucional y respeto por la institucionalidad, promoviendo una gestión eficiente, transparente y orientada al bien común. Destaca por su capacidad de trabajo en equipo, sólido criterio jurídico y compromiso con el servicio público, contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones y al desarrollo de la comunidad.

José Fuentes Llanquileo, Seremi de Obras Públicas: es ingeniero mecánico titulado de la Universidad de Antofagasta, con Diplomado en Gestión Territorial de la Universidad Católica del Norte. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector privado, con una sólida trayectoria en la ejecución, supervisión y gestión de servicios y proyectos industriales en la Región de Antofagasta.

Destaca por su capacidad de gestión, liderazgo en terreno y enfoque en resultados, junto con una visión integral del desarrollo territorial, lo que le permite articular soluciones técnicas con pertinencia regional y alineadas con las políticas públicas.

Lizet Tapia Martin, Seremi de Desarrollo Social y Familia: Licenciada en Historia con formación en Psicología y especialista en inclusión (TEA), cuenta con más de 15 años liderando proyectos de alto impacto en la Región de Antofagasta. Como fundadora de la Fundación Equinoterapia, destaca por su sólida gestión territorial y su capacidad para articular alianzas entre el sector público, privado y la sociedad civil. Su perfil combina visión estratégica y un profundo compromiso social, siendo un referente regional en rehabilitación e inclusión.

Este miércoles, en tanto, se dieron a conocer los nombres de:

Carolina Moscoso Carrasco, Seremi de Educación: de profesión sicóloga de la Universidad Católica del Norte, orientadora educacional de la Universidad de Playa Ancha, Magister en educación de la Universidad en Ciencias de la Educación, especialista en infancia y juventud, protección a la infancia, educación especial y discapacidad. Diplomada en Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco y en Gobierno Regional de la Universidad de Antofagasta, con más de 24 años de trayectoria dedicados al servicio de la comunidad.

Ejerció el cargo de Consejera Regional en el Gobierno Regional de Antofagasta encabezando la comisión de infancia y juventud e integrando la comisión de educación. Se ha desempeñado como supervisora técnica en Deprov El Loa, Antofagasta y evaluadora de la calidad en la Agencia de la Calidad Macrozona Norte y en varios establecimientos educacionales de la región como psicóloga educacional, coach, asesora educacional, docente a nivel superior en carreras de educación y psicología.

Verónica Araneda Gómez, Seremi de Medio Ambiente: ingeniera civil industrial de la Universidad Mayor e Ingeniera de Ejecución en Química de la Universidad de Santiago de Chile, con postítulo en Medio Ambiente y Diplomado Internacional en Economía Circular. Posee una destacada trayectoria en sostenibilidad, economía circular, gestión de aguas y residuos, así como formación especializada en hidrógeno verde, derecho y política ambiental, con capacitaciones realizadas en Brasil y Japón, entre otros. Su experiencia profesional le ha permitido liderar e impulsar iniciativas innovadoras en materias de transición energética, regulación ambiental y desarrollo sostenible.

En el ámbito público, cuenta con una vasta experiencia de más de 15 años en Serviu Antofagasta, Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Seremi de Salud Metropolitana y Ministerio de Salud.

Con una inversión superior a los 37 mil millones de pesos, se aprobó por parte del Concejo Municipal la licitación para la construcción de las nuevas dependencias del edificio consistorial. El proyecto está financiado íntegramente por el Fondo Nacional del Desarrollo Regional a través del Gobierno Regional de Antofagasta.

En cuanto a las labores administrativas estas comenzarán su funcionamiento el segundo semestre del 2026, teniendo considerado la ejecución de las labores de 730 días, infraestructura acogida a norma vigente (sísmica, eléctrica, de confort bioclimático, accesibilidad universal, entre otras).

Matías Díaz, Director de la Secretaria Comunal de Planificación (Secplac), destacó que “dentro de la disponibilidad presupuestaria se seleccionó una empresa inmobiliaria donde fue adjudicado a través del Concejo Municipal. Agradecer el apoyo de todas las personas que han trabajado en este proyecto que la verdad es un emblema para esta administración, para el municipio en general y para Calama. El edificio es una infraestructura moderna, tiene un envolvente térmico que lo hace acogedor y agradable.

Para agilizar y cumplir con las normativas exigidas, está contemplada una asesoría técnica de obras por una inversión de 560 millones de pesos, siendo sugerencia del Ministerio de Desarrollo Social. La función de esta asesoría será apoyar a la inspección técnica que en este caso, a la Dirección de Obras Municipales. Entonces, es un staff de profesionales residentes, especialistas que vienen a controlar y hacer seguimiento al avance efectivo de las obras en cuanto a su programación física y financiera. “La idea es poder minimizar todos los riesgos, todas las situaciones que puedan generar alguna desviación en la ejecución. La función de esta asesoría técnica de obras es sumamente importante para minimizar esos factores, sin embargo, siempre hay situaciones que por agentes extensos no puede controlar así que también estamos muy atentos a lo que puede ocurrir”, argumentó Díaz.

Por su parte, sobre la actual situación del edificio municipal, está contemplado a través de la Corporación de Cultura y Turismo un centro multicultural y en paralelo, gestionar la declaración de patrimonio del edificio. El equipo de Secplac es responsable de esta iniciativa y la meta es comenzar con el inicio de obra con respecto a la actualización de la ingeniería en relación al actual edificio municipal, que podrá ser un Centro Multicultural en el sector centro de la ciudad.

En cuanto al terreno de la Ex Finca San Juan, se estima que las actividades contempladas por el municipio deberán trasladarse a otro sector, pues comenzarían en los próximos meses.

Chile no está solo. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán que estalló el 28 de febrero pasado cerró el Estrecho de Ormuz por donde transita el 20% del petróleo mundial y empujó el barril Brent desde los US$70 hasta los US$110, en el alza más rápida registrada en cuatro décadas. El impacto llegó directamente a los surtidores de bencina del país, y el Gobierno del Presidente José Antonio Kast respondió el lunes con un ajuste histórico: $370 pesos más por litro de gasolina y $580 más por litro de diésel, a partir de este jueves 26 de marzo.

Por qué el Estado no pudo aguantar más

Mantener el MEPCO tal como estaba le costaba al fisco US$140 millones por semana, cifra que amenazaba con escalar a US$160 millones y acumular un gasto total de hasta US$4.000 millones. El Presidente Kast lo explicó sin rodeos días antes del anuncio: “En una semana podemos perder entre US$50 millones hasta US$200 millones. Chile está en una crisis fiscal”. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, añadió que “solo en tres semanas el precio internacional del diésel subió 60% y la gasolina 30%”, dejando en evidencia que el mecanismo había llegado a su límite.

El Congreso explota: “indolencia” vs. “la verdad fiscal”

La reacción política fue inmediata y encendida. Desde la oposición, el diputado socialista Nelson Venegas acusó al ministro Quiroz de “indolencia” y advirtió que el alza no solo impactará la bencina, sino “toda la canasta familiar”. El diputado César Valenzuela (PS) la calificó de “golpe brutal al bolsillo de los chilenos”, mientras el jefe de bancada DC, Jorge Díaz, habló de “un balde de agua congelada a las familias chilenas”.

Desde el oficialismo, la defensa fue igualmente tajante. El diputado Francisco Orrego (RN) apuntó al gobierno anterior: “Recibimos el gobierno sin plata. El gobierno anterior se gastó todos los ahorros de los chilenos”. El diputado PDG Fabián Ossandón, aunque reconoció el golpe, calificó el alza de “brutal” y exigió “medidas concretas y decisiones valientes”.

Lo que el Gobierno ofrece a cambio

Para amortiguar el impacto, el Ejecutivo anunció un paquete de medidas que incluye el congelamiento de la tarifa del Sistema RED (ex Transantiago) hasta diciembre de 2026, un bono de $100.000 mensuales por seis meses para taxistas y colectivos, la reposición de la parafina al precio de febrero con un fondo de US$60 millones para mantenerla congelada durante otoño e invierno, y recursos equivalentes para que las regiones puedan aplicar medidas similares en el transporte colectivo local. El proyecto de ley fue ingresado al Congreso este martes 24 de marzo para tramitación urgente.

El mundo también reacciona: cada país busca su propio escudo

Chile no es el único país que enfrenta el dilema entre absorber el golpe o trasladarlo a los ciudadanos. En Europa, Hungría fue el primero en actuar: el primer ministro Viktor Orbán fijó un precio máximo de 595 florines (aprox. $1,51/litro) para la gasolina y liberó reservas estatales para garantizar el suministro. Portugal anunció un descuento extraordinario en el impuesto a los combustibles si el precio sube más de 10 céntimos por litro, y el Reino Unido prepara un plan de apoyo a familias junto a la liberación coordinada de reservas de la Agencia Internacional de la Energía.

En América Latina, México logró un acuerdo con el 96% de las estaciones de servicio para mantener la gasolina regular bajo los 24 pesos por litro (aprox. US$1,35) durante seis meses, respaldado por el mecanismo IEPS que amortigua impactos fiscales. Colombia, que bajo el gobierno de Gustavo Petro había anunciado reducciones en el precio de la gasolina, ya advirtió que podría revertir esa decisión si la guerra persiste. Brasil y México, como exportadores netos, podrían en cambio beneficiarse de los precios más altos.

El dato que incomoda: el MEPCO beneficiaba más a los ricos

Uno de los argumentos más llamativos del Gobierno para justificar el ajuste fue la inequidad del propio mecanismo: mientras un hogar de altos ingresos se ahorraba hasta $30.000 mensuales gracias al MEPCO, uno de bajos ingresos recibía apenas $4.500, es decir, siete veces menos. El argumento fue usado por el ministro Quiroz para defender que el dinero fiscal se destine ahora a medidas focalizadas en los más vulnerables.

Lo que viene

El ajuste de precios ya es un hecho mediante decreto presidencial. El MEPCO no desaparece: una vez aplicado este salto, retomará su operación normal y, si el petróleo baja, “se traspasará lo más rápido posible esa baja a los precios internos”, garantizó el Ejecutivo. La gran incógnita es cuánto durará el conflicto en Oriente Medio, cuya resolución la Agencia Internacional de Energía estima podría demorar seis meses o más.

El Gobierno de Chile anunció un ajuste extraordinario al Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO), lo que se traducirá en un alza directa de $370 pesos por litro en las gasolinas y de $580 pesos por litro en el diésel, a contar de la próxima actualización de precios.
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La medida responde al impacto de la guerra en el Medio Oriente sobre el mercado energético mundial, que llevó el barril de petróleo Brent desde US$70 a cerca de US$110 en pocas semanas un salto de 54%, el alza más rápida registrada en 40 años. En ese contexto, mantener el esquema actual del MEPCO le costaba al Estado US$140 millones semanales, cifra que podría escalar a US$160 millones, con un costo total proyectado de hasta US$4.000 millones.

​¿Qué es el MEPCO y por qué se ajusta ahora?

El MEPCO no fija los precios de los combustibles: los amortigua, distribuyendo las alzas o bajas internacionales de manera gradual para evitar cambios bruscos en los bolsillos de los chilenos. Sin embargo, el propio mecanismo contempla una facultad especial que permite al Ejecutivo acelerar el ajuste cuando las diferencias entre el precio internacional y el precio local se vuelven insostenibles, exactamente la situación actual.
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Cabe destacar que el MEPCO no desaparece ni se modifica: una vez realizado este ajuste puntual, el mecanismo retomará su funcionamiento normal, y si el petróleo baja a nivel internacional, esa rebaja se traspasará a los precios internos lo antes posible.

​Medidas de alivio: ¿quién recibe apoyo?

El Gobierno reconoce que el alza impacta de forma desigual a los hogares: Un hogar de altos ingresos se “ahorraba” hasta $30.000 mensuales con el MEPCO, versus solo $4.500 en un hogar de bajos ingresos, por lo que anunció un paquete de medidas focalizadas en los sectores más vulnerables:
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Transporte público en Santiago: tarifa del Sistema Red (ex Transantiago) congelada hasta fines de 2026 mediante decreto del Ejecutivo.

​Apoyo a regiones: Se destinarán recursos equivalentes a los entregados al Transantiago para que cada región pueda congelar también las tarifas del transporte colectivo local.

​Taxis y taxis colectivos: bono mensual de $100.000 por un máximo de 6 meses, que se extinguirá si el petróleo baja de US$80 el barril.

​Parafina: El precio volverá al nivel de febrero pasado y quedará congelado durante todo el otoño e invierno, respaldado por un proyecto de ley que repone el Fondo de Estabilización de la Parafina (FEPP) con US$60 millones, desde su nivel actual de apenas US$5 millones.

​Electromovilidad: Banco Estado abrirá una línea de crédito con tasa preferencial para que taxis y colectivos se conviertan a vehículos eléctricos.

​Transporte de carga: Se creará un comité interministerial (MOP y Ministerio de Seguridad) para atender demandas históricas del sector, como seguridad vial y sitios de descanso.

​La voz del Ministro de Hacienda

El ministro Jorge Quiroz fue directo al momento de defender la decisión: “Estamos enfrentando un shock de los más grandes en el mercado del petróleo en décadas, en un contexto de estrechez fiscal muy severa. Tenemos que tomar decisiones duras para resguardar las finanzas públicas”. Y añadió: “Mi rol es cuidar la hacienda pública y la plata de todos los chilenos”.

¿Cómo se implementa?

El alza de precios se concretará mediante decreto, al amparo de las facultades ya existentes en el MEPCO. Las medidas de apoyo social que requieran financiamiento extraordinario como el FEPP de la parafina serán enviadas como proyecto de ley al Congreso para tramitación urgente, mientras que otras medidas podrán ejecutarse por vías administrativas inmediatas.

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En un trabajo conjunto de las Direcciones Regionales de Antofagasta y Atacama del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), fue detectada la sobreproducción de una planta de algas pardas de Taltal, en cuyo producto se halló la presencia de recursos sin acreditación de origen legal y en período de veda.

La sobreproducción detectada por los equipos fiscalizadores corresponde a 2,38 toneladas de huiro negro en estado picado ¾, que equivale a 8,97 toneladas de pérdida del recurso en su estado natural, tras la extracción y elaboración de productos de origen ilegal. Se cursó una citación a los representantes de la planta de Taltal, ante el Juzgado de Letras y Garantía de la localidad; mientras que los recursos fueron incautados en una planta ubicada en Vallenar, región de Atacama, tras ser comercializada.

Este trabajo contó con la participación de funcionarios y funcionarias de la oficina provincial de Huasco, además de la labor realizada por los equipos de la Dirección Regional de Antofagasta, quienes detectaron la situación que constituye un incumplimiento a la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Waldo Salas, director regional (S) de Sernapesca Antofagasta, valoró el trabajo conjunto realizado por los equipos fiscalizadores de ambas regiones, Antofagasta y Atacama, para la detección y tratamiento aplicado para evitar que el producto ilegal continúe en la cadena productiva. “En la región de Antofagasta existe una veda extractiva de las algas pardas hasta el año 2034. Sin perjuicio de lo anterior, se permite la operación regulada y controlada para los recolectores y plantas autorizadas de la región, bajo un plan de manejo de algas pardas desde 2017. Por esta razón, seguiremos con las fiscalizaciones a toda la cadena de valor de las algas pardas, contando con la colaboración de las instituciones de la Red Sustenta”, señaló.

El jefe comunal resumió la lamentable situación en que “a las 5 y media de la tarde el día de ayer este cartel que es de la Seremi de Transportes fue golpeado por un camión con sobredimensión quedó en el suelo y en estas 18 horas nadie del Gobierno se ha hecho cargo”.

Razmilic enumeró que “el día de ayer traté de comunicarme con el Seremi de Transportes, no respondió y hasta el día de hoy no ha devuelto el llamado. Anoche hablé con la delegada presidencial (Karen Behrens) quien me avisé que ya tenían aprobados los recursos para colocar una grúa mayor y retirar esto, pero hasta ahora no ha pasado absolutamente nada”.

“Les exigimos al Gobierno no solamente solución a este problema, sino que además le digan a todos los vecinos que han tenido que estar horas y horas en tacos que es de su responsabilidad. Que den la cara, hoy el Gobierno no ha dado la cara en esto y esperamos que en dos semanas más cuando el Gobierno tengamos mejores autoridades para abordar estas situaciones”, remató el alcalde Antofagasta.

El jefe comunal recorrió el lugar donde constató los serios trastornos producidos en una intersección donde hay un semáforo con viraje, provocando inconvenientes al haber sólo habilitada una vía de norte a sur.

El delito de robo de cables sigue siendo uno de los principales problemas que afectan a las instalaciones y clientes de CGE, compañía distribuidora que presta servicio a más de 3,3 millones de clientes, entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, provocando millonarios perjuicios y extensas interrupciones de suministro eléctrico.

Según datos de la distribuidora, entre enero y diciembre de 2025, se registraron 1.426 eventos de robo de cable a lo largo de su zona de concesión, tanto en redes de distribución como de transmisión, contabilizando 420 kilómetros (420.922 metros) de conductor eléctrico sustraído desde sus instalaciones de distribución y transmisión, con el consiguiente daño o destrucción de postes, transformadores, cables y otra infraestructura clave para suministrar el servicio eléctrico.

Estas cifras muestran un récord en cantidad de delitos, duplicando los ocurridos en 2024 (774 eventos y 225 kilómetros de cable robado), tanto en eventos como en cantidad de cobre robado. “Lamentablemente, el 2025 marcamos un nuevo récord en este tipo de delitos, lo que es muy preocupante. Para tener una dimensión física de lo que esto representa, los metros de cable robado desde las instalaciones de distribución y transmisión de CGE, equivalen a la distancia entre Santiago y Ovalle o Santiago y Chillán”, señaló Víctor Balbontín, director de Operaciones de CGE.

“Creemos que es necesario que las autoridades refuercen medidas y las penas ante un delito que ha cambiado su comportamiento. Nosotros como Compañía realizamos las denuncias respectivas, pero es necesario perseguir y desarticular a estas bandas, ya que su accionar afecta directamente a miles de familias a lo largo del país. Los delitos se han vuelto más violentos y recurrentes, con bandas organizadas que usan equipamiento como camiones, camionetas y otros vehículos, y también están armados, atacando puntos de manera recurrente, lo que hace imposible y extremadamente riesgoso además el que podamos hacerles frente”, afirmó Balbontín.

Estos robos tuvieron como consecuencia que 265.487 clientes de la compañía vieran afectada la calidad y continuidad de su suministro eléctrico durante largas horas, producto de los extensos trabajos que deben realizar las brigadas de la compañía para reponer la infraestructura dañada o destruida por delincuentes.

El impacto económico de estos delitos también fue relevante. En 2025, CGE desembolsó más de 5.570 millones de pesos en la reparación de la infraestructura dañada o destruida por delincuentes, tanto en distribución como transmisión.

Impacto en Antofagasta

Durante 2025, la Región de Antofagasta registró un total de 61 episodios de robo de cables, que significaron la sustracción de 26.964 metros de conductor, afectando a 15.755 clientes y generando un costo total superior a los $562 millones. Del total regional, la comuna de Antofagasta concentró la mayor cantidad de casos, con 47 hechos, 19.179 metros de cable robado y más de 12 mil clientes afectados, mientras que Calama (12 episodios) y Sierra Gorda (2 episodios) también registraron impactos relevantes, destacando esta última por el alto costo asociado a los delitos (7.100 metros de conductor de cobre sustraído con un gasto de $352.264.239)

A nivel nacional, si bien Antofagasta no se encuentra entre las regiones con mayor cantidad de cable robado, estos hechos generan un impacto significativo en la continuidad del suministro eléctrico y en la calidad de vida de las comunidades.

El director de Operaciones de CGE hizo un llamado a las autoridades a combatir este delito con mayor fuerza, dado el impacto que este tiene para las comunidades. “Como CGE, participamos activamente en las mesas de trabajo que las autoridades, de distintas regiones, han impulsado para combatir este delito. A su vez, en los casos en que detectamos afectación a las redes de CGE, realizamos la denuncia ante Carabineros y el Ministerio Público, para luego interponer acciones legales que permitan perseguir no sólo a los autores de los robos sino que además, a los reducidores del cobre obtenido a través de estos delitos”, concluyó Víctor Balbontín.

Tabla por regiones:

En la costa de la Región de Antofagasta, el verano presenta señales oceanográficas poco habituales: peces no tradicionales en la zona, cambios en el comportamiento de cardúmenes y varazones que cubren la orilla con cientos de ejemplares. El fenómeno responde a la llegada de “bolsones de agua cálida” masas de agua superficial más cálidas de lo normal, que alteran el ecosistema marino y modifican la presencia y distribución de especies.

En escenarios cálidos asociados a El Niño, se han documentado desplazamientos de fauna marina y registros de especies como tiburón, pez sol, bonito y langostino enano en capturas del norte grande durante el evento 2015–2016.Las especies buscan temperaturas más adecuadas, mejor oxigenación o zonas con mayor alimento cuando el océano cambia sus condiciones habituales. Sin embargo, el fenómeno no se explica solo por aguas cálidas. El afloramiento de aguas profundas hacia la superficie es una causa natural común asociada a varamientos en el norte de Chile.

Según Sernapesca, cuando estas aguas pobres en oxígeno llegan cerca de la superficie, generan condiciones de hipoxia ambiental que empujan a los peces hacia la costa y derivan en varazones.