El problema de fondo no es la tarjeta en sí. Es que el Estado diseñó un sistema que exige competencias digitales mínimas para ejercer un derecho básico: moverse por la ciudad pagando la mitad del pasaje. Quienes no dominen el proceso, quienes no puedan esperar dos horas bajo el sol de Antofagasta en una fila que da vuelta a la cuadra, o quienes tengan la mala suerte de que su tarjeta no registre el saldo recargado, simplemente se quedan sin el beneficio. Sin alternativa. Sin solución inmediata.

Los testimonios recogidos por usuarios en la única oficina de atención de Bipay en Antofagasta, ubicada en José Santos Ossa 2561, son contundentes: tarjetas con dinero cargado que el validador rechaza, personas mayores que gastan en traslados y tiempo más de lo que ahorraron con el descuento, y módulos de atención que algunos días se vieron sobrepasados por la demanda. El sistema prometía más seguridad y eficiencia, pero la experiencia real en la cabina del taxibús ha sido otra: confusión, discusión con el conductor y pasajeros que bajan sin saber bien qué hacer.

La inequidad del diseño es flagrante. El 50% de descuento al que tienen derecho los mayores de 65 años solo funciona si usan la Tarjeta Persona Mayor enrolada. No vale con tarjeta bancaria, no vale con efectivo y no vale con código QR. Eso significa que si tu tarjeta falla, si no pudiste ir al operativo de enrolamiento, si tu cédula está vencida o si simplemente no entiendes cómo funciona el sistema, pagas tarifa completa o no subes. Así de simple y así de injusto.

Y el dato no es menor: el 66% de los adultos mayores en Chile declara haberse sentido presionado a adoptar tecnologías que no entienden ni necesitan para desenvolverse en su vida cotidiana. En Antofagasta, ese fenómeno se materializa en algo concreto y cotidiano: el acceso al transporte público. Una ciudad que exige que su población mayor aprenda a usar aplicaciones o tarjetas electrónicas sin la infraestructura de soporte adecuada no está modernizando el transporte, está transfiriendo el costo de la modernización a quienes menos herramientas tienen para asumirlo.

Los operativos de entrega de tarjetas, aunque bien intencionados, rozaron lo simbólico: 1.700 personas en un operativo puntual, en horario acotado, para una ciudad donde los adultos mayores son decenas de miles. Quienes no pudieron asistir ese día dependen de que un familiar haga el trámite por ellos; de otro modo, el adulto mayor queda al final de la fila.

La señal de alerta no puede ignorarse. Si el Estado no refuerza de manera urgente los puntos de atención, estabiliza las fallas técnicas, capacita con enfoque gerontológico y mantiene el efectivo como opción de contingencia mientras el sistema madura, “Antofagasta Conectado” pasará a la historia no como una modernización del transporte, sino como el sistema que le cobró el doble a los adultos mayores por no saber usar una tarjeta.

El sistema Antofagasta Conectado ya supera los 2 millones de validaciones desde su entrada en operación, con un promedio superior a las 80 mil transacciones diarias en jornadas hábiles, según cifras difundidas por las autoridades.

Respecto del uso de los distintos medios de pago, un 38,7% de las validaciones se realiza con tarjetas bancarias, un 33% con la tarjeta Antofagasta Conectado, un 22,7% con TNE y un 5,6% mediante la aplicación Bipay Wallet. Actualmente, más de 58 mil tarjetas se encuentran en circulación en la región.

La etapa de convivencia entre pago en efectivo y pago electrónico se mantendrá hasta el 30 de junio. Desde el 1 de julio, el transporte público en las tres comunas donde opera el sistema funcionará exclusivamente con pago electrónico.

De acuerdo con el vicepresidente nacional Zona Norte de Bomberos de Chile, Jairo Arriagada Montecinos, se trata de la mayor inversión que un Gobierno Regional ha destinado en el país para la compra de nuevos móviles de emergencia, superando incluso iniciativas similares realizadas en otras regiones. Esta inyección de recursos permitirá renovar el 100% de la flota de emergencia de Bomberos en la Región de Antofagasta, elevando de manera significativa la capacidad de respuesta ante incendios, rescates y otras emergencias.

El calendario de implementación ya está definido: los primeros siete carros llegarán durante el cuarto trimestre de 2027; en 2028 se incorporarán otros 13 móviles y el proceso culminará en 2029 con la entrega de los 11 restantes. De esta manera, en un horizonte de tres años la región contará con una flota completamente modernizada y acorde a los estándares actuales de seguridad y operación.

El presidente del Consejo Regional de Antofagasta y gobernador regional, Ricardo Díaz, destacó el impacto de esta decisión, subrayando que muchos cuerpos de Bomberos operaban con carros de más de 20 años, con altos costos de mantención y dificultades para acceder a seguros ante eventuales accidentes. Gracias a este proyecto, esas brechas comenzarán a cerrarse, mejorando la seguridad tanto de los voluntarios como de la ciudadanía. El gobernador adelantó además que se seguirá trabajando junto a Bomberos en nuevas iniciativas, especialmente en la construcción de cuarteles y adquisición de equipamiento especializado.

El proyecto fue analizado en detalle por la Comisión de Sociedad Civil y Participación Ciudadana del CORE, cuyos integrantes recomendaron por unanimidad la aprobación de los recursos. Del total de 31 móviles, 20 corresponden a la reposición de carros con más de dos décadas de servicio, mientras que 11 son nuevas unidades que reforzarán la cobertura en puntos estratégicos de la región.

La distribución también refleja un criterio de equidad territorial: Antofagasta y Calama recibirán nueve carros cada una; Tocopilla contará con dos; Sierra Gorda con cuatro; Mejillones con tres; y Taltal y María Elena con dos unidades por comuna. La nómina de compra incluye 10 unidades multipropósito pesado, 11 multipropósito urbano, cinco carros forestales, tres vehículos de rescate vehicular, una bomba cisterna y un camión aljibe, configurando una flota versátil y preparada para distintos tipos de emergencia.

Con esta inversión, la Región de Antofagasta da un paso decisivo para fortalecer a Bomberos y ofrecer a la comunidad un servicio de emergencia más moderno, seguro y eficiente, consolidando un modelo de colaboración entre el Gobierno Regional y el voluntariado que se convierte en referencia para el resto del país.

El reciente anuncio de la Seremi de Energía de Antofagasta, que celebra una disminución del -0,8% en las cuentas de electricidad tras la actualización tarifaria de la Comisión Nacional de Energía (CNE), ha sido presentado como un triunfo de la gestión y la infraestructura regional. Sin embargo, un análisis crítico de las cifras y del contexto regulatorio revela que esta “buena noticia” es, en la práctica, un alivio estadísticamente insignificante y esconde una crisis tarifaria que solo ha sido empujada hacia el futuro.

Detrás del discurso oficial sobre una leve baja en las cuentas de electricidad en Antofagasta se esconde una paradoja difícil de maquillar: la principal región generadora del país obtiene un alivio prácticamente simbólico, mientras la presión tarifaria general se mantiene y el ajuste de julio podría reordenar nuevamente las boletas al alza.

La reciente actualización tarifaria de la Comisión Nacional de Energía (CNE) dejó a Antofagasta con una variación estimada de -0,8% en el caso de la empresa CGE, según reportes de prensa basados en las proyecciones oficiales; en la práctica, eso significa un efecto muy acotado en el bolsillo de las familias. En una boleta de $30.000, una baja de ese orden equivale a cerca de $240, una cifra que difícilmente puede presentarse como un alivio sustantivo para hogares que ya enfrentan uno de los costos de vida más altos del país.

El contraste es aún más evidente si se considera que la CNE confirmó un alza promedio nacional de 4,9% desde julio de 2026, aunque con diferencias importantes según comuna y distribuidora.

La paradoja de la región generadora

El discurso que atribuye esta leve baja al desarrollo de infraestructura de generación y transmisión en el norte no resuelve la crítica de fondo: Antofagasta concentra gran parte de la capacidad renovable y del músculo energético del país, pero eso no se traduce automáticamente en una compensación visible en las boletas de sus propios habitantes. La región soporta los costos territoriales, ambientales y visuales de la megageneración, pero el modelo tarifario sigue distribuyendo los beneficios a nivel nacional.

Esa inequidad territorial ha sido cuestionada por especialistas en política pública y energía, que advierten que el sistema no distingue con suficiente fuerza entre regiones productoras y zonas de consumo masivo. En otras palabras, Antofagasta ayuda a sostener el sistema eléctrico nacional, pero no recibe un retorno tarifario proporcional a ese aporte.

El VAD y la deuda que sigue corriendo

El punto más sensible está en el Valor Agregado de Distribución (VAD) y en la deuda tarifaria acumulada tras los mecanismos de estabilización implementados desde 2019. De acuerdo con explicaciones difundidas por BioBioChile, el Gobierno propuso un cobro adicional para saldar una deuda millonaria asociada al VAD acumulado entre 2020 y 2024, originada en el congelamiento de tarifas iniciado en 2019.

La postergación de los cobros hasta julio no elimina la deuda: solo la mueve en el calendario. La SEC explicó que las diferencias acumuladas entre 2020 y 2024 deberán cobrarse o abonarse en las boletas, según corresponda. Por eso, aunque el anuncio de una baja marginal parezca una buena noticia, el escenario estructural sigue siendo de presión tarifaria y de pagos diferidos que tarde o temprano volverán a aparecer en la cuenta mensual.

Una buena noticia con letra chica

Celebrar una baja de -0,8% como si fuera un giro decisivo en la calidad de vida de los consumidores roza la exageración, especialmente cuando el mismo contexto regulatorio confirma que el país se encamina a un nuevo ciclo de alzas desde julio. El alivio es real solo en términos estadísticos, no en su impacto cotidiano.

En ese sentido, la supuesta “buena noticia” para Antofagasta parece más bien un respiro breve dentro de una crisis tarifaria que sigue abierta y cuya resolución fue postergada, no solucionada.

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Si viviste el sismo del lunes en Calama y te preguntaste por qué fue tan intenso, acá está la respuesta. No fue mala suerte ni una señal de algo peor. Hay una explicación científica clara, y el Dr. Gabriel González López, geólogo del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte, la desglosó punto por punto.

El suelo de Calama es el problema

El primer factor es el terreno mismo. “El suelo de la ciudad de Calama está hecho de sedimentos que favorecen la amplificación de las ondas sísmicas”, explicó González. En términos simples: cuando las ondas del sismo llegan a ese tipo de suelo, se amplifican como cuando el sonido rebota en una caja de resonancia. Eso hace que el movimiento se sienta mucho más fuerte de lo que sería en otro tipo de terreno.

El sismo llegó desde abajo

El segundo factor es la ubicación del hipocentro. El sismo ocurrió el 25 de mayo a las 17:52 horas, con magnitud 6.9, a 119 km de profundidad bajo Chiu-Chiu y a solo 16 km al este de Calama. Es decir, la ciudad recibió la agitación sísmica casi en línea directa desde abajo. El resultado fue una intensidad VI en la escala de Mercalli, lo que explica por qué las personas tuvieron dificultad para caminar, cayeron objetos, se agrietaron muros, hubo desprendimiento de adobe y cortes de energía.

¿Es una señal de algo más grande?

No. El experto fue categórico: “Está dentro de la sismicidad normal. Ocurren donde la penetración de la placa de Nazca alcanza los 100 a 150 km de profundidad. Los sismos a esta profundidad ocurren por fracturamiento de la placa de Nazca que se desgarra por su propio peso. ¿Este sismo es indicador de algo especial?: la respuesta es no”.

Hasta el momento se han registrado multiples réplicas, siendo la mayor de magnitud 4.8. La zona continuará bajo monitoreo, pero según los expertos, no hay razón para alarma adicional.

La Ley 21.100 cambió por completo el modelo. Antes, el comercio entregaba bolsas plásticas sin costo y absorbía ese gasto como parte de su operación. Después de la prohibición, ese costo desapareció para las empresas y pasó al consumidor, que ahora debe pagar por bolsas reutilizables, de papel u otras alternativas que se venden en caja.

El negocio para el retail es doble. Por un lado, dejó de comprar y distribuir millones de bolsas plásticas al año, lo que significó un ahorro importante en costos operativos. Por otro, comenzó a vender productos que antes eran gratuitos, generando una nueva línea de ingresos que, multiplicada por miles de locales y millones de compras, se traduce en cifras millonarias.

Distintos reportes periodísticos han mostrado que, tras la prohibición, aumentó con fuerza la venta de bolsas de papel y reutilizables en supermercados y grandes tiendas. Lo que antes era un insumo menor pasó a convertirse en un producto con rotación diaria y alto margen comercial. En la práctica, cada bolsa vendida en caja representa una ganancia pequeña en la boleta individual, pero enorme cuando se suma a escala nacional.

El impacto ambiental de la ley fue real: se redujo de manera drástica el uso de bolsas plásticas de un solo uso. Sin embargo, desde el punto de vista económico, la medida también abrió un negocio estable para el retail, que encontró en las bolsas una caja adicional de ingresos. En simple: se eliminaron las bolsas gratis, pero nació un mercado que factura todos los días.

Al final, la cuenta la termina pagando usted.

Un importante triunfo judicial obtuvo la Municipalidad de Antofagasta luego de que el Segundo Juzgado Civil de la ciudad acogiera el recurso de reposición interpuesto por la casa edilicia, dejando sin efecto el embargo que había sido decretado sobre sus cuentas corrientes bancarias en el marco de la causa seguida por “Servicios Generales Global Ltda. con Ilustre Municipalidad de Antofagasta”.

La resolución judicial fue categórica al establecer que el embargo contravenía expresamente el artículo 32 de la Ley N°18.695 y el artículo 445 N°18 del Código de Procedimiento Civil, normas que consagran el carácter inembargable de los bienes y recursos pertenecientes a las municipalidades del país.

Con esta decisión, el tribunal corrigió una medida que la propia Municipalidad había calificado como una amenaza directa a la continuidad de servicios fundamentales para la comunidad, entre ellos salud, educación, seguridad pública, mantención de espacios públicos, alumbrado y limpieza de calles.

Desde la Municipalidad valoraron el fallo y reafirmaron su compromiso con la defensa firme y responsable del patrimonio público. “Valoramos que el tribunal haya corregido esta situación y resguardado recursos que pertenecen a todos los vecinos de Antofagasta”, señaló la administración comunal en su comunicado oficial.

La casa edilicia advirtió además que continuará ejerciendo todas las acciones jurídicas que el ordenamiento legal contemple para proteger los recursos municipales y resguardar los intereses de las familias antofagastinas frente a eventuales nuevas acciones judiciales en el marco de este litigio.

El Municipio de Antofagasta logró revertir el embargo de sus cuentas, pero el trasfondo del caso revela una disputa judicial que se inició en 2016 y que hoy amenaza con dejar al descubierto más de 8.500 millones de pesos en recursos públicos.

Un conflicto que nació hace casi una década

La disputa se remonta a 2016, cuando Global Service se adjudicó un contrato de mantención de áreas verdes en Antofagasta que el municipio dejó sin efecto por problemas de documentación. La empresa inició acciones judiciales y la justicia condenó finalmente al municipio al pago de cerca de 2.800 millones de pesos por servicios prestados durante cinco meses y medio. En 2018, la Corte Suprema ratificó esa condena, y en 2020 la empresa volvió a la carga solicitando el embargo del estadio municipal.

Hoy, el conflicto suma una nueva dimensión. El abogado Carlos Claussen Calvo, quien adquirió los derechos litigiosos de la empresa a través de una sociedad que el municipio describe como una “empresa de papel”, mantiene activa una demanda de indemnización por cerca de 8.000 millones de pesos adicionales, pese a que la municipalidad sostiene que la deuda original ya fue resuelta.

La versión de Claussen

El propio abogado salió a dar su versión de los hechos y aseguró que intentó evitar un mayor perjuicio a las finanzas municipales ofreciendo una transacción en cuotas. Sin embargo, afirmó que su propuesta fue rechazada por el alcalde Sacha Razmilic en una reunión en la que, según su relato, recibió una respuesta despectiva. “Insistí en poder hacer una transacción, cosa de no perjudicar el buen funcionamiento de la municipalidad, ofreciéndole pagar en muchas cuotas”, declaró Claussen en un registro audiovisual.

Según su versión, la negativa del municipio a negociar agravó la situación y expuso las finanzas comunales a un resultado judicial adverso que hoy obliga al municipio a responder por hechos atribuidos a una administración anterior. Desde la Municipalidad, en cambio, insisten en que se trata de una nueva ofensiva judicial para cobrar una deuda que ya estaría saldada.

El debate de fondo

El caso pone en el centro del debate la estrategia jurídica y política del municipio frente a un litigio que, de acuerdo con la versión de Claussen, pudo haberse cerrado años atrás mediante un acuerdo. La pregunta que queda pendiente es si la decisión de no negociar terminó costando más caro a las finanzas comunales que un eventual acuerdo extrajudicial.

Por ahora, la Municipalidad anunció que continuará ejerciendo todas las acciones legales disponibles para proteger los recursos públicos y los intereses de los vecinos de Antofagasta. El litigio, sin embargo, sigue abierto, y sus consecuencias financieras podrían seguir acumulándose.

La estatal enfrenta así una de sus crisis institucionales más delicadas de los últimos años. Según el informe, el problema se originó por desviaciones en la aplicación de normas internas en las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales, donde parte del material fue contabilizado como producción terminada pese a que aún requería procesamiento.

En concreto, la auditoría detectó que 20.000 toneladas métricas de óxidos en Chuquicamata y 6.875 toneladas de arsenito de calcio en Ministro Hales fueron registradas de forma improcedente. De acuerdo con el análisis, esos volúmenes debieron permanecer como productos en proceso, lo que habría alterado también el cálculo de metas e incentivos corporativos.

La revelación encendió la reacción del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien fue categórico: “Codelco está fuera de control”. El secretario de Estado sostuvo que el Gobierno venía advirtiendo irregularidades desde marzo y remarcó que la nueva conducción de la empresa tiene el mandato de recuperar la transparencia y restablecer la confianza pública.

A raíz de los hallazgos, el directorio resolvió desvincular a uno de los ocho ejecutivos individualizados en la investigación y aplicar amonestaciones al resto de los involucrados, tanto de Casa Matriz como de las divisiones afectadas. Además, ordenó revisar y actualizar la normativa interna sobre reportes de producción, incorporando estándares y mejores prácticas internacionales.

Qué pasa con los bonos

Uno de los puntos más sensibles del caso es el eventual impacto sobre los incentivos variables pagados sobre la base de una producción que ahora fue corregida. Codelco deberá recalcular esos bonos y determinar si existieron pagos en exceso que deban ser restituidos total o parcialmente.

En términos prácticos, primero se ajusta la base de cálculo y luego se define cuánto dinero fue pagado indebidamente y a quién corresponde exigir devolución. La situación podría involucrar no solo a ejecutivos, sino también a otros beneficiarios, dependiendo de cómo esté regulada cada asignación y de si hubo buena fe o participación en la irregularidad.

Frente legal y laboral

Por ahora, la empresa precisó que la corrección de los volúmenes no obliga a modificar sus estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, el frente más complejo sigue abierto, porque el caso podría escalar a una investigación penal y a eventuales acciones administrativas o judiciales para recuperar recursos.

En el plano laboral, las desvinculaciones y amonestaciones reflejan que la compañía trata el hecho como una falta grave a sus procedimientos internos. Pero si se confirma que la producción fue inflada para habilitar pagos o cumplir metas, el conflicto podría transformarse en una disputa mayor por responsabilidad y restitución de fondos.

Lo que viene

Aún falta determinar cuánto dinero exacto se pagó en bonos, cuántas personas resultaron beneficiadas y cuánto de ese monto podría ser recuperado por la estatal. También será clave el resultado de la eventual investigación del Ministerio Público, que deberá establecer si los hechos constituyen solo infracciones administrativas o si configuran delitos.

El caso deja a Codelco en una posición incómoda: no solo por la corrección de sus cifras, sino por el daño reputacional que implica haber construido incentivos y metas sobre una producción que no correspondía a la realidad.

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El abogado Carlos Claussen aseguró que intentó evitar un perjuicio mayor para la municipalidad mediante una transacción en cuotas, pero afirmó que la propuesta fue rechazada por el alcalde Sacha Razmilic en una reunión en la que, según dijo, recibió una respuesta despectiva respecto del juicio. Añadió que esa decisión terminó agravando la situación financiera del municipio, con más de 8.500 millones de pesos embargados desde su cuenta corriente.

“Insistí en poder hacer una transacción, cosa de no perjudicar el buen funcionamiento de la municipalidad, ofreciéndole pagar en muchas cuotas”, declaró Claussen en un registro audiovisual.

Según su relato, la negativa a negociar dejó a la municipalidad expuesta a un resultado judicial adverso que hoy obliga al municipio a responder por hechos atribuidos a una antigua gestión.

La declaración de Claussen pone en el centro del debate la estrategia jurídica y política adoptada frente al litigio, así como el impacto que puede tener en las finanzas municipales un conflicto que, de acuerdo con su versión, pudo haberse cerrado antes con un acuerdo.

La versión del municipio

La Municipalidad de Antofagasta sostiene que la empresa pretende cobrar nuevamente por una deuda que, a su juicio, ya fue resuelta, y acusa al abogado Carlos Claussen Calvo de continuar con una demanda de indemnización por cerca de 8 mil millones de pesos tras adquirir derechos litigiosos a través de una sociedad que describe como una empresa de papel. La casa consistorial afirma que esa ofensiva judicial revive materias ya resueltas por los tribunales y busca beneficios millonarios con recursos de los contribuyentes.

El municipio también cuestionó que el tribunal haya decretado el embargo de cuentas corrientes, señalando que ello vulneraría el artículo 32 de la Ley N° 18.695, que establece la inembargabilidad de los bienes, fondos y cuentas municipales. Desde la administración local insisten en que la decisión judicial pone en peligro la continuidad de servicios básicos que dependen del presupuesto comunal.

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Según el municipio, la medida pone en riesgo recursos destinados a servicios esenciales para la comunidad, entre ellos salud, educación, seguridad pública, mantención de áreas verdes, alumbrado público y limpieza de calles. La administración comunal adelantó que impugnará la resolución por todas las vías que permita el ordenamiento jurídico.

El origen del conflicto

La controversia se remonta a 2016, cuando Global Service se adjudicó un contrato de mantención de áreas verdes en Antofagasta, pero el municipio dejó sin efecto el acuerdo alegando problemas en la entrega de documentación para formalizarlo. A partir de esa decisión, la empresa inició acciones judiciales contra la municipalidad por el pago de facturas y perjuicios asociados a los servicios prestados.

De acuerdo con reportes de prensa, la justicia terminó condenando al municipio al pago de cerca de 2.800 millones de pesos por servicios ejecutados durante cinco meses y medio, monto que incluía capital, reajustes, intereses y costas. En 2020, además, la empresa volvió a la carga judicial y solicitó el embargo del estadio municipal por otras deudas asociadas al conflicto.

La versión del municipio

La Municipalidad de Antofagasta sostiene que la empresa pretende cobrar nuevamente por una deuda que, a su juicio, ya fue resuelta, y acusa al abogado Carlos Claussen Calvo de continuar con una demanda de indemnización por cerca de $8 mil millones tras adquirir derechos litigiosos a través de una sociedad que describe como una empresa de papel. La casa consistorial afirma que esa ofensiva judicial revive materias ya resueltas por los tribunales y busca beneficios millonarios con recursos de los contribuyentes.

El municipio también cuestionó que el tribunal haya decretado el embargo de cuentas corrientes, señalando que ello vulneraría el artículo 32 de la Ley N°18.695, que establece la inembargabilidad de los bienes, fondos y cuentas municipales. Desde la administración local insisten en que la decisión judicial pone en peligro la continuidad de servicios básicos que dependen del presupuesto comunal.

Un conflicto que se arrastra

El caso de Global Service se ha transformado en una de las disputas más costosas y prolongadas para el municipio. Prensa local reportó en 2018 que la Corte Suprema ratificó la obligación de pagar los $2.800 millones a la empresa, mientras que la municipalidad anunció acciones legales en contra de Global Service por eventuales daños ocasionados en las áreas verdes de la ciudad.

Años después, el conflicto sigue dejando consecuencias financieras y judiciales. En 2025, nuevos reportes advirtieron que la municipalidad podía enfrentar otro pago millonario derivado de esta misma herencia judicial. El caso refleja cómo una disputa contractual iniciada hace casi una década continúa impactando las finanzas y la gestión del municipio.

Green Energy Transport, empresa a cargo de la flota de buses eléctricos del sistema RED en Antofagasta, enfrenta una delicada situación financiera que amenaza con derivar en embargo y ejecución de garantías. Según un reportaje de Diario Financiero, la compañía solicitó apoyo financiero a BancoEstado para evitar que la deuda termine golpeando de forma irreversible el proyecto de electromovilidad en la ciudad.

La presidenta de la firma, Valentina Méndez, advirtió que, si no logran pagar la deuda en julio, “no habrá más buses eléctricos”, una frase que dimensiona la magnitud del problema que hoy enfrenta la empresa. La advertencia llega en momentos en que la operación de la flota se ha convertido en una de las principales cartas de modernización del transporte público en Antofagasta.

El origen del proyecto

La flota comenzó a tomar forma en 2023, cuando Antofagasta fue presentada como la primera ciudad del país, fuera de Santiago, en incorporar una flota de 40 buses 100% eléctricos para el transporte público urbano. El proyecto, operado por Green Energy Transport, significó una inversión superior a los 13 mil millones de pesos y fue anunciado como un hito para la movilidad sustentable en la región.

Las unidades fueron presentadas como buses de alto estándar, con wifi, puertos USB, cámaras, aire acondicionado, acceso universal y sistemas de seguridad. La ruta proyectada cubre cerca de 20 kilómetros entre Altos de La Chimba y el Campus Coloso de la Universidad de Antofagasta.

El Ministerio de Transportes estableció formalmente el inicio de operaciones de la línea E01 en diciembre de 2023 y notificó a la representante legal de la empresa mediante oficio oficial. Esa resolución consolidó el ingreso de la electromovilidad al transporte urbano local, con respaldo regulatorio y subsidio estatal.

La crisis financiera

Pese al despliegue inicial, la empresa hoy enfrenta una crisis que ya tiene efectos concretos. De acuerdo con el reportaje de Diario Financiero, Green Energy Transport pidió apoyo a BancoEstado para evitar la ejecución de garantías; en paralelo, reportes de prensa local y publicaciones en redes apuntan a embargos, demandas y una situación de insolvencia que compromete la continuidad de la flota.

La gravedad del escenario no solo afecta a la empresa, sino también al sistema de transporte público de Antofagasta, porque una eventual paralización pondría en riesgo uno de los proyectos emblemáticos de modernización urbana de la última década. El caso refleja además una tensión ya conocida en los modelos de electromovilidad: altos costos de operación, financiamiento de largo plazo y dependencia de garantías que se vuelven críticas cuando el flujo de ingresos no acompaña la proyección inicial.

Menos pasajeros y más pérdidas

Uno de los principales problemas ha sido la menor demanda de pasajeros respecto de lo previsto inicialmente. Green Energy Transport esperaba mover alrededor de 18 mil personas al día, pero la operación real habría quedado por debajo de 12 mil usuarios diarios, una brecha que golpeó directamente la viabilidad financiera del proyecto. La propia empresa ha reconocido pérdidas relevantes, que en 2024 habrían alcanzado al menos 500 millones de pesos.

Esa diferencia entre la proyección y la realidad terminó por tensionar toda la estructura del negocio. Lo que en el papel parecía un proyecto sostenible y moderno, en la práctica se fue transformando en una operación financieramente frágil, dependiente de ingresos que no alcanzaron para cubrir el costo efectivo del servicio.

Huelga y conflicto laboral

La crisis también derivó en un conflicto laboral de alto impacto. A fines de 2025, el Sindicato N.º 1 de Conductores y Trabajadores de Transportes Red Antofagasta rechazó una oferta de la empresa y aprobó una huelga legal, luego de una negociación trabada que no logró acuerdo en materias de remuneraciones y bonos. La paralización amenazaba directamente a los usuarios del sistema, que dependen de esta flota para sus traslados diarios en el norte de la ciudad.

La situación expuso además un problema estructural del modelo: una flota moderna, altamente visible y políticamente valorada, pero vulnerable ante los costos laborales, la baja demanda y la presión financiera acumulada.