Un nuevo episodio de robo de cables se registró en el sector Alto La Chimba de Antofagasta, luego de que desconocidos sustrajeran material de cobre desde una cámara subterránea, provocando daños considerables a la red de media tensión que abastece de energía a este sector de la ciudad.

Producto de este ilícito, cerca de 10 mil clientes se vieron afectados por una interrupción no programada del suministro eléctrico, la que se extendió entre las 04:00 y las 05:22 horas de la madrugada del domingo 15 de marzo.

Tras detectarse la emergencia, personal técnico de CGE se trasladó al lugar y ejecutó maniobras en la red eléctrica para aislar la zona afectada y recuperar el suministro, logrando restablecer el servicio a las 05:22 horas.

Este nuevo hecho vuelve a evidenciar la gravedad y persistencia del problema del robo de cables en la región. Durante el año pasado, en la Región de Antofagasta se registró el robo de más de 26 mil metros de cable conductor de cobre en las distintas comunas donde CGE presta servicio.

Estos delitos se han vuelto cada vez más violentos y recurrentes, siendo perpetrados por bandas organizadas que utilizan camiones, camionetas y otros vehículos, atacando de manera reiterada puntos críticos de la infraestructura eléctrica.

Al igual que en episodios anteriores, CGE realizará las acciones legales correspondientes. La compañía participa activamente en las mesas de trabajo impulsadas por autoridades regionales y nacionales para enfrentar este delito y, cada vez que se detecta una afectación a sus redes, se efectúa la denuncia ante Carabineros y el Ministerio Público, con el objetivo de perseguir tanto a los autores de los robos como a los receptores del cobre obtenido de manera ilícita.

Aproximadamente 800 personas marcharon este fin de semana por el centro de Antofagasta en una manifestación de carácter feminista que finalizó en la Plaza Sotomayor, dejando como saldo más visible lo que el movimiento de izquierda suele llamar eufemísticamente “intervención urbana”: rayados en la fachada de la Catedral de Antofagasta, uno de los íconos patrimoniales y religiosos más importantes de la ciudad.

Lo que las marchadoras no calcularon es que Antofagasta ya no es el escenario impune de antaño. El sistema de televigilancia municipal, instalado y operado por el municipio del alcalde Sacha Razmilic, registró todo. Cada rayado. Cada rostro. Cada movimiento.

Las Cámaras que el Vandalismo No Vio Venir

El operativo fue coordinado entre Carabineros y el municipio en tiempo real. Personal policial se instaló directamente en el Centro de Vigilancia Municipal durante la manifestación, lo que permitió monitorear el desarrollo de la marcha minuto a minuto y actuar de forma inmediata ante los primeros actos de daño.

El alcalde Sacha Razmilic fue claro al describir el trabajo conjunto: “El día de ayer tuvimos personal de carabineros en el centro de vigilancia municipal y pudimos aportar con material audiovisual para poder identificar a las personas que estaban cometiendo los rayados acá en la catedral”.

El resultado fue contundente: dos mujeres fueron identificadas, individualizadas y detenidas gracias al respaldo audiovisual aportado por el municipio. El general Cristian Montre confirmó la secuencia: “Con el apoyo audiovisual de carabineros y del municipio logramos generar evidencia que permitió posicionar a dos mujeres que efectuaban los rayados y posteriormente concretar su detención”.

El caso ProCultura

La investigación se centra en la transferencia de $1.600 millones desde el Gobierno Regional Metropolitano hacia la Fundación ProCultura. La Fiscalía de Antofagasta había solicitado despojar de inmunidad judicial al gobernador para enfrentarlo ante el juez de garantía por el delito de fraude al fisco.
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​Entre los cuestionamientos de la acusación fiscal se incluía un certificado médico presentado por Orrego para ausentarse y viajar a Buenos Aires a participar en la maratón de esa ciudad en 2023, documento emitido por Alberto Larraín, quien también está siendo investigado por fraude al fisco.

​La defensa y sus argumentos

El abogado defensor de Orrego, Ciro Colombara, argumentó que la solicitud de desafuero carecía de fundamentos jurídicos y fácticos, además de contener errores graves. La defensa señaló que la Fiscalía cambió los tipos penales imputados durante el proceso, lo que debilitaba sustancialmente la acusación.

Orrego había declarado previamente que la solicitud “adolece de graves falencias tanto de hecho como de derecho” y que siempre actuaron “conforme a derecho, de manera transparente y honesta”.

​Contexto político

Este rechazo llega en un momento en que Orrego enfrenta además un proceso administrativo ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), donde consejeros regionales de oposición solicitaron su destitución por presunto abandono de deberes y vulneración al principio de probidad. Ese proceso fue admitido a trámite en septiembre de 2025 y sigue su curso de forma independiente.​

El gobernador, reelecto en noviembre de 2024, había cuestionado duramente el trabajo de la Fiscalía de Antofagasta, señalando que “han cometido gravísimos errores de hecho y derecho” en el proceso investigativo.

Con esta decisión unánime, Orrego mantiene su fuero y continuará ejerciendo sus funciones al frente del Gobierno Regional Metropolitano mientras se desarrollan las demás instancias judiciales y administrativas en su contra.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de ayer, cerca de las 19:00 horas, cuando personal del aeropuerto alertó a Carabineros de la 5ª Comisaría La Portada sobre la presencia de un sujeto que, en manifiesto estado de ebriedad, estaba realizando amenazas y causando daños al interior de las instalaciones.

Al momento de la llegada de la policía uniformada, el individuo —de nacionalidad chilena— decidió improvisar una estrategia de escape más propia de un sketch de comedia que de un thriller de suspenso: simuló una espectacular caída por las escaleras del aeropuerto, presumiblemente con la esperanza de generar confusión o despertar compasión entre los presentes.

Sin embargo, el intento de actuación no convenció a nadie. Carabineros, con más experiencia que un jurado de premios cinematográficos, detectó rápidamente la maniobra y procedió sin contratiempos a concretar la detención del protagonista de esta particular función.

Como medida de precaución, el imputado fue trasladado a un centro asistencial para evaluar su estado de salud. Allí se constató que, pese a la “caída dramática”, no presentaba lesiones de ningún tipo, confirmando que todo había sido parte de un improvisado —y fallido— número de evasión.

El sujeto quedó a disposición de la justicia, enfrentando cargos por las amenazas y daños causados en el recinto aeroportuario, además de pasar a la historia como el actor menos convincente del Aeropuerto Andrés Sabella.

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La lucha contra el narcotráfico y los riesgos que enfrenta la sociedad con el avance de nuevas organizaciones criminales, fueron algunos de los temas abordados por el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, durante su Cuenta Pública 2025, realizada hoy.

Ante importantes autoridades nacionales y regionales, invitados especiales, fiscales y funcionarios del Ministerio Público, el persecutor destacó las históricas incautaciones de drogas realizadas el año pasado junto a Carabineros y la PDI, las cuales totalizaron 38,8 toneladas, con un avalúo cercano a los 236 mil millones de pesos.

De igual forma, mencionó que en el periodo octubre 2023-diciembre 2025, las fiscalías de la región lograron condenas contra 838 imputados por tráfico de drogas, lo que se tradujo en un total de 4.400 años de presidio, con un promedio de 5 años y 4 meses por condenado.

Estos, resultados, dijo, “son señal inequívoca del buen trabajo que se está realizando en la región”, pero, al mismo tiempo, llamó a estar alertas, porque detrás de los números se esconde también una realidad preocupante, como es “la mayor actividad que están teniendo las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas”.

FACTORES

Al respecto, mencionó que hoy Antofagasta se alza como un territorio de alto interés para el crimen organizado por su conectividad (aeropuertos, puertos y carreteras), la existencia de una frontera tremendamente porosa y los importantes flujos económicos que se mueven producto de la actividad minera.

A ello sumó, la “favelización” de los campamentos, una importante desigualdad social y la presencia de organizaciones criminales que conocen el territorio y son capaces de desplazarse en él sin mayores dificultades, todo lo cual, aseguró, constituye un poderoso ecosistema muy propicio para el crimen organizado.

“Nuestras incautaciones récord son orgullo nacional, pero también la alerta más clara de la amenaza que acecha más allá de nuestras fronteras. Por ello, ocuparemos todas nuestras armas para que nuestra región no sea un destino para el crimen organizado, sino el muro donde el narco se estrella”, dijo el persecutor en su discurso.

El Fiscal Regional advirtió asimismo que la próxima puesta en operaciones del Corredor Bioceánico Capricornio, pondrá a la región en contacto con organizaciones criminales tremendamente complejas, como el Primer Comando Capital o el Comando Vermelho de Brasil, que controlan el tráfico de narcóticos y otras actividades ilícitas desde el Mato Grosso hacia los puertos del Atlántico.

“Que quede claro. Jamás hemos dicho ni diremos que nos oponemos a esa iniciativa (corredor bioceánico), pero reiteramos nuestro llamado a no desviar la mirada de los riesgos que implica”, dijo el persecutor, quien actualmente está a cargo de todas las investigaciones relacionadas con tráfico marítimo entre las regiones de Antofagasta y Coquimbo.

GESTIÓN

Durante su balance, el Fiscal Regional destacó fuertemente la consolidación en la región de un nuevo modelo de investigación basado en el análisis y la inteligencia criminal, el cual “vino a terminar con la era de la investigación penal reactiva”, apuntando en su lugar “al desmantelamiento total de las organizaciones criminales y sus arcas”.

De igual forma, planteó la necesidad de que el Estado intervenga y recupere los campamentos, resguarde la integridad fronteriza para evitar el ingreso de organizaciones criminales y dote de mayores recursos humanos y técnicos al Ministerio Público y las policías.

En su discurso, Juan Castro Bekios llamó fuertemente la atención sobre el momento que vive la región y el país frente al avance de la criminalidad organizada, y reafirmó el rol que cabe a la Fiscalía y a otros organizamos en poner un atajo a este fenómeno.

“Como parte del Estado, debemos tener una premisa irrenunciable. El desarrollo de Chile no es negociable, y la paz de nuestras familias en el norte es la frontera que nadie, absolutamente nadie, debe volver a cruzar con impunidad”, sostuvo.

Además, el fiscal felicitó algunos importantes éxitos investigativos, como la desarticulación de una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual que operaba en Antofagasta, la captura y extradición de peligrosos delincuentes que habían escapado del país, y las condenas logradas contra organizaciones criminales violentas, como la liderada por un colombiano apodado Zeus o Satanás que por años sembró el pánico en el campamento Génesis II de Antofagasta, entre otros importantes hitos.

JUICIOS

Al finalizar, el persecutor se dio un tiempo también para repasar algunos resultados destacados de la gestión jurídica 2025. Por ejemplo, precisó que en el periodo la región obtuvo un 44,4% de salidas judiciales, muy por sobre el promedio del país, que fue de 27,7%, donde destacan 10.765 sentencias definitivas, con un 83% de condenas.

Dicho resultado, junto a la caída de los archivos provisionales a un 43,5%, esto es 18,5 puntos menos que el promedio país (62%), dan cuenta -dijo- del trabajo comprometido y eficiente de parte de fiscales y funcionarios en la región.
Cabe precisar que, durante 2025, las fiscalías de la región registraron 67.926 ingresos, lo que representa un crecimiento de 12,49% en relación al año anterior.

En relación a los homicidios, las cifras del Ministerio Público registran un total de 44 homicidios consumados (5 menos que en 2024), y 89 homicidios frustrados (16 menos que en 2024), mientras que los medios comisivos principales fueron el arma de fuego (35%) y arma blanca (33%).

De igual forma, el año pasado la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos, URAVIT, de la Fiscalía Regional, entregó atención especializada a 4.966 víctimas directas, 181 víctimas indirectas y 889 testigos, y se proporcionaron 18.591 medidas de protección a víctimas y testigos en 7.925 causas.

Este hecho provocó la caída de 12 postes de la red de distribución eléctrica, generando afectaciones al suministro del sector y a los 357 clientes de Baquedano. Ante esta situación, CGE activó de inmediato sus protocolos de emergencia y desplegó brigadas técnicas en terreno, las que actualmente se encuentran trabajando en la reposición de la infraestructura dañada y en la normalización del servicio en el menor tiempo posible.

Según los antecedentes preliminares, los responsables del hecho se dieron a la fuga. Cabe señalar que este tipo de incidentes se ha reiterado en la localidad durante los meses de enero y octubre de 2025, lo que da cuenta de un patrón de ocurrencia y refuerza la preocupación de que no se trate de un hecho aislado, sino de acciones delictuales reiteradas que podrían responder a una dinámica organizada, incrementando el nivel de riesgo para la infraestructura eléctrica y la continuidad del servicio.

Al respecto, Rodrigo Bottinelli, Gerente Zonal de Antofagasta, señaló, “como compañía, hacemos un llamado a la comunidad a denunciar cualquier hecho sospechoso relacionado con el robo de infraestructura eléctrica. Estas denuncias pueden realizarse de manera anónima a través de los canales de contacto de CGE, y son fundamentales para prevenir este tipo de delitos, resguardar la seguridad de las personas y la continuidad del servicio.”

CGE lamenta los inconvenientes que esta situación, provocada por la acción de terceros, pueda generar a la comunidad y reitera su compromiso con la seguridad de las personas y la continuidad del suministro eléctrico.

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El operativo se desarrolló en el perímetro de vigilancia especial de La Negra, en la Ruta 5 Norte, durante las labores de fiscalización habituales. Gracias al uso de tecnología no invasiva —un escáner portátil de rayos X— y a la experiencia del personal aduanero, se identificaron tres maletas nuevas con imágenes sospechosas en su interior.

Al abrir los equipajes, los fiscalizadores encontraron 53 paquetes que, tras ser sometidos a las pruebas de campo, arrojaron resultado positivo para marihuana. Cada una de las detenidas transportaba aproximadamente 18 paquetes con la sustancia ilícita.

El Director Regional de Aduanas, Francisco Romero, destacó la efectividad del procedimiento y el profesionalismo del equipo:

“Este resultado es fruto del trabajo especializado y de la experiencia acumulada por los funcionarios de la Unidad de Drogas, quienes combinan su conocimiento con herramientas tecnológicas que permiten fiscalizaciones efectivas sin interrumpir el flujo normal del transporte”, señaló.

Por instrucción de la Fiscalía, la droga fue entregada a personal del OS7 de Carabineros de Antofagasta para su custodia y las diligencias de rigor.

Este nuevo golpe al narcotráfico se suma a una serie de operativos desarrollados por Aduanas en la región, donde solo este año se han incautado importantes cargamentos, incluyendo 235 kilos de marihuana y 5 de cocaína en marzo, y 354 kilos de marihuana y ketamina en octubre, además de varios procedimientos con detenidos en los meses de junio y septiembre.

Casos recientes en la frontera de Ollagüe

Durante las últimas semanas, los controles en el paso fronterizo de Ollagüe también han permitido detectar a varios “correos humanos” que intentaban ingresar drogas al país. En uno de los casos, un ciudadano chileno fue sorprendido con 16 ovoides adheridos a sus piernas, conteniendo 205 gramos de pasta base de cocaína.

En otros procedimientos, una pareja de nacionalidad boliviana fue sorprendida con 96 ovoides en el interior de sus cuerpos, mientras que otro hombre, también boliviano, admitió haber ingerido 91 ovoides en Oruro antes de cruzar la frontera. Todos los casos fueron informados a la Fiscalía de Calama y los involucrados entregados a la Policía de Investigaciones (PDI).

Estos resultados consolidan el trabajo coordinado entre Aduanas, Carabineros y la PDI, que permite detectar y desarticular redes de tráfico antes de que las sustancias lleguen a los centros urbanos del país.

 La interrupción, que comenzó a las 23:41 horas, se debió a un daño en la infraestructura eléctrica ocasionado por un intento de robo de conductor en el alimentador Trocadero. Este hecho provocó la desconexión del suministro para más de 8 mil clientes de la zona, quienes fueron afectados por la contingencia mientras los equipos técnicos de la compañía trabajaban en terreno para reparar la instalación y normalizar el servicio.

“Lamentamos profundamente las molestias ocasionadas a nuestros clientes por este hecho delictual. El robo de cables es un problema grave que se ha incrementado en la región y que afecta directamente a la calidad y continuidad del suministro eléctrico. Seguiremos trabajando en conjunto con las autoridades para denunciar y perseguir penalmente a los responsables, para prevenir este tipo de delitos, que ponen en riesgo la seguridad de las personas”, señalaron desde CGE.

Todos los involucrados han sido acusados por tres delitos consumados de fraude al fisco. Por esta razón, la Fiscalía ha solicitado una pena de 10 años y 1 día de presidio mayor para Pérez, Andrade, Contreras y Fuica.

Esta acción judicial se produce un día después de que se comunicara oficialmente el cierre de la investigación.