Así lo dio a conocer el Jefe de Zona de Carabineros Antofagasta, General Cristian Montre, quien explicó que se trata de una investigación iniciada en 2023 y que ha permitido establecer cómo operaría esta estructura, los sectores y horarios en que actuaban y los distintos roles que cumplían sus integrantes. “Aquí habían roles, responsabilidades y tareas asignadas de manera diferenciada, por lo tanto estamos hablando de un trabajo tremendo de nuestra Sección OS9, en coordinación y trabajo conjunto con el Ministerio Público”, señaló.

El trabajo investigativo ya había permitido durante 2025 la detención de cinco integrantes vinculados a esta organización. Sin embargo, las diligencias especializadas continuaron y permitieron avanzar hacia otros involucrados, concretándose en los últimos días la detención de cuatro nuevos imputados, tres chilenos y un ciudadano peruano, en procedimientos desarrollados en distintos puntos del norte del país.

El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, destacó precisamente la continuidad de la investigación y recordó que al momento de las primeras detenciones se había advertido que el trabajo no estaba terminado. En ese sentido, sostuvo que esta nueva etapa permite cumplir ese compromiso investigativo y avanzar sobre la estructura completa, recalcando que “sin comprador no hay robo”, al explicar que entre los nuevos detenidos se encuentra quien cumpliría el rol de receptor de los cátodos sustraídos.

El persecutor enfatizó que este avance resulta especialmente relevante porque permite ir más allá de quienes materializan directamente el robo y seguir la denominada ruta del dinero. “No nos vamos a conformar con el cátodo, sino que con la cadena completa”, sostuvo, agregando que el objetivo es llegar hasta quienes financian, adquieren o dirigen este tipo de estructuras criminales.

Los cuatro detenidos fueron formalizados por su presunta participación en delitos asociados al robo de cobre y, atendidos los antecedentes reunidos durante la investigación, el tribunal decretó la prisión preventiva de todos ellos por considerar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad.

Por su parte, la Delegada Presidencial Regional, Katherine López, valoró la coordinación entre Carabineros y el Ministerio Público y destacó el impacto que este tipo de investigaciones tiene frente a un delito que por años ha afectado a distintas actividades productivas de la región. Asimismo, reforzó el llamado a denunciar y colaborar con las policías, señalando que esa información resulta fundamental para iniciar y fortalecer procesos investigativos de esta naturaleza.

La autoridad agregó que desde el Gobierno se continuará apoyando el trabajo investigativo y operativo frente al robo de cobre, destacando la necesidad de fortalecer las herramientas disponibles para enfrentar este fenómeno y proteger una actividad estratégica para la Región de Antofagasta y el país.

Carabineros mantiene diligencias investigativas orientadas a ubicar a otros sujetos de interés vinculados a esta causa, con el objetivo de continuar debilitando la capacidad operativa y financiera de esta estructura criminal.

Según lo acreditado durante el juicio, en la madrugada del 26 de agosto de 2022, Sutar llegó hasta el domicilio donde se encontraba Javiera, de 23 años, y ambos se trasladaron en una camioneta por distintos sectores de Antofagasta. El recorrido terminó en caminos despoblados cercanos a la Ruta B-400, donde se produjo una discusión. El tribunal estableció que el condenado agredió a la joven provocándole un traumatismo craneoencefálico que le causó la muerte.

Tras el crimen, Sutar ocultó el cuerpo, lo quemó y posteriormente lo enterró, cubriéndolo con piedras para dificultar su hallazgo. Mientras familiares y cercanos intentaban encontrarla, el condenado entregó información falsa e inexacta sobre su paradero, dificultando las labores de búsqueda.

Más de un año de búsqueda

Los restos de Javiera fueron finalmente encontrados el 12 de enero de 2024, aproximadamente un año y cinco meses después del crimen. Sutar había sido detenido en Bolivia en enero de 2024 y posteriormente trasladado a Chile para enfrentar el proceso judicial.

Durante el juicio, el acusado sostuvo que la muerte de Javiera había ocurrido producto de un accidente. Sin embargo, el tribunal descartó esta tesis y lo declaró autor del delito consumado de femicidio íntimo, en una decisión adoptada de manera unánime. Eso sí, lo absolvió de los cargos relacionados con porte ilegal de arma de fuego y municiones e inhumación.

La pena

Además del presidio perpetuo calificado, Sutar deberá cumplir previamente una condena de 16 años de presidio por otros delitos. El presidio perpetuo calificado corresponde a la pena más alta contemplada por la legislación chilena, lo que implica que el condenado debe cumplir al menos 40 años de privación de libertad efectiva antes de poder optar a la libertad condicional.

Reacción

El caso de Javiera Jiménez marcó un antes y un después en la discusión sobre la violencia de género en la región. Su familia, que nunca dejó de buscarla, expresó su alivio por la condena, aunque destacó que el dolor por su pérdida permanecerá para siempre.

El Jefe de Zona de Carabineros Antofagasta, General Cristian Montre Soto, informó que el operativo fue liderado por las Secciones de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de las Prefecturas de Antofagasta y El Loa, con apoyo de las SIP territoriales y las secciones especializadas OS7 y OS9.

“Este resultado refleja un trabajo especializado y coordinado, donde nuestros Carabineros desarrollaron diligencias destinadas a establecer el paradero de personas que mantenían órdenes judiciales pendientes, algunas de ellas prófugas por varios años, logrando ubicarlas y ponerlas nuevamente a disposición de la justicia”, señaló el General Montre.

Distribución de detenciones

De los 44 detenidos en la región, 33 corresponden a la Prefectura de Antofagasta y 11 a la Prefectura de El Loa.

En El Loa destacó la captura, en San Pedro de Atacama, de un hombre de 72 años que permanecía prófugo por 1.020 días con una orden por violación de menor de 14 años del Juzgado de Garantía de Iquique. También fue detenido un sujeto que llevaba 2.793 días prófugo por conducción en estado de ebriedad, y otro requerido para cumplir condena de tres años por robo en lugar habitado.

En Antofagasta, las órdenes estaban asociadas a delitos como abuso sexual, robos, tenencia de armas, estafa, microtráfico, receptación, hurto, lesiones, amenazas, desacato, daños, conducción en estado de ebriedad e infracciones a la Ley 20.000. Sobresale el caso de una mujer de 30 años con dos órdenes vigentes por lesiones leves y amenazas, prófuga por más de dos años.

Impacto en la seguridad

El General Montre enfatizó que “cada prófugo capturado no es sólo una orden judicial cumplida, también representa una persona requerida por la justicia que deja de estar circulando libremente en nuestras calles”. Agregó que una parte importante de los detenidos registra reiteraciones policiales, “lo que refuerza la importancia de este trabajo especializado y permanente de búsqueda y captura, ya que de esta manera podríamos estar evitando que alguno de ellos pudieran delinquir nuevamente”.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes.

Junto al Presidente de la República, José Antonio Kast, y el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, se realizó la entrega de la nueva Tenencia de Carabineros en Ollagüe, una obra largamente esperada que tardó más de una década en concretarse.

La nueva infraestructura permitirá mejorar las condiciones de trabajo y habitabilidad de más de 20 funcionarios que prestan servicios en la comuna, fortaleciendo la presencia y capacidad operativa de la institución en el altiplano.

Con esta entrega, Carabineros da respuesta a una demanda histórica de la comunidad de Ollagüe, que durante años solicitó contar con recintos adecuados para el desempeño de las labores policiales en una zona fronteriza de alta complejidad geográfica y climática.

La nueva Tenencia cuenta con espacios modernos y funcionales que permiten un mejor desarrollo de las funciones policiales, además de garantizar condiciones dignas de habitabilidad para el personal destinado en la zona, quienes enfrentan desafíos particulares por la altura y el aislamiento característicos del altiplano.

A la fecha, esta herramienta que opera desde la municipalidad las 24 horas del día, ha resultado un valioso respaldo para Carabineros, en la prevención de incivilidades e ilícito, mostrando una rápida respuesta policial en barrios, poblaciones y centro de la ciudad.

Esto puede graficarse que durante el fin de semana, destacan dos procedimientos con igual cantidad de detenidos por porte de arma blanca, tanto en pleno centro de la ciudad y en la Plaza Bicentenario.

El director (s) de Seguridad Pública de la casa edilicia, Cristian Bravo, detalló que hay un permanente trabajo coordinado entre Carabineros y la Municipalidad de Antofagasta, con el fin de llevar tranquilidad a los vecinos.

Bravo agregó que esta labor seguirá en esta semana cuando se celebran Fiestas Patrias, donde Carabineros desplegará un importante contingente en la ciudad, con un seguimiento desde la central de cámaras en los puntos de encuentro de la comunidad, plazas, parques, y diversos sectores residenciales.

Lo anterior, para apoyar la labor policial, pero también pensando en la seguridad de las familias que visitarán diversos lugares de entretención o casa de familiares.

Cabe recordar que la central de televigilancia, dotada de 130 cámaras, está operando las 24 horas del día con una dotación de funcionarios municipales, más un carabinero en las dependencias de seguridad de la casa edilicia.

El operativo se activó luego que detectives del Plan Frontera Interna detectaran una importante cantidad de elementos explosivos asociados a construcciones artesanales emplazadas en la zona. Ante el hallazgo, se coordinó la concurrencia de especialistas TEDAX-NRBQ, quienes, en coordinación con la Fiscalía Local de Calama, realizaron el trabajo técnico en el sitio del suceso y adoptaron las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del material.

El Jefe de la Región Policial de Antofagasta, Prefecto Inspector Freddy Castro Crespo, señaló que “este procedimiento da cuenta del trabajo operativo y especializado que desarrolla la PDI en sectores de riesgo de nuestra región, en el marco del Plan Frontera Interna. A través de este despliegue, nuestros detectives realizan controles en lugares de interés policial, fortaleciendo nuestra capacidad investigativa y operativa en zonas de alta complejidad, con el objetivo de contribuir a la seguridad de la ciudadanía”.

Material incautado y destrucción controlada

El Comisario Hugo Medina, especialista TEDAX-NRBQ, explicó que “en el interior existía aún más cantidad de explosivos, incautando en definitiva alrededor de 400 kilos entre distintos elementos de fabricación industrial, como ANFO, emulsiones, detonadores pirotécnicos y también dinamita, un elemento bastante complejo desde el punto de vista técnico en su manipulación”.

El oficial agregó que el lugar mantenía escasas medidas de seguridad y nulas medidas de resguardo respecto del material explosivo almacenado. Debido al estado de conservación y riesgo que representaban algunos de los elementos, los especialistas destruyeron en el lugar 22 cartuchos completos de dinamita y ocho trozos de distintos tamaños.

Asimismo, fueron incautados 15 sacos de ANFO de 25 kilos, 300 detonadores, 205 emulsiones explosivas, cerca de 1.500 metros de cordón detonante, mechas de seguridad y un cartucho de dinamita.

Por instrucción del Ministerio Público, personal TEDAX-NRBQ trasladó las especies incautadas hasta la Región Metropolitana para la realización de los respectivos estudios técnicos. La investigación continúa bajo la supervisión de la Fiscalía Local de Calama.

Una disputa entre herederos mantiene el Grupo Pullman- una de las empresas de transporte más grandes del país- tras la presentación de una querella en contra de Luis Pedro Farías Quevedo por el delito de administración desleal en carácter de reiterado, causa impulsada por su hermana y coaccionista del holding, Rocío Farías Quevedo.

La acción judicial, liderada por los abogados Rebeca Zamora Picciani, Carlos Frías Tapia y Rodrigo Maldonado Santelices, apunta a un perjuicio patrimonial estimado de a lo menos $173.000 millones de pesos (alrededor de 160 millones de dólares). La investigación quedó bajo la supervisión del fiscal Fernando Donoso Rosselot, de la Fiscalía Centro Norte.

El conflicto se desencadenó tras la muerte del fundador de la compañía, Pedro Farías Soto, en agosto de 2021. De acuerdo con el relato de la demandante, tras el fallecimiento de su padre, Luis Pedro Farías asumió de manera fáctica como presidente del Directorio, lo que le permitió actuar sin contrapesos la administración, representación y toma de decisiones estratégicas del Grupo Pullman.

En este contexto, Luis Pedro Farías habría apartado sistemáticamente a su hermana Rocío, heredera del 50% de la propiedad. La querellante denuncia que se paralizaron las juntas ordinarias de accionistas y las sesiones de directorio, impidiendo el ejercicio de sus derechos de fiscalización y acceso a la información contable, financiera y tributaria.

La opacidad llegó al plano civil cuando, tras ser requeridos por el 2° Juzgado Civil de Santiago en una medida prejudicial de exhibición de documentos, la administración liderada por Luis Pedro Farías incurrió en desacato al no comparecer ni presentar los antecedentes solicitados.

Rebeca Zamora, abogada de Rocío Farías, explica que “el objetivo de esta querella es perseguir la responsabilidad penal de Luis Pedro Farías, así como de cualquier otra persona que resulte responsable por la administración del Grupo. En dicha administración, Luis Pedro Farías excluyó completamente a Rocío Farías, pese a su calidad de accionista y a los derechos que le corresponden sobre las sociedades, y le negó de manera constante el acceso a información relevante de estas, incluso frente a requerimientos formales y órdenes judiciales de exhibición de documentos. La situación llegó a ser insostenible y, considerando los antecedentes a los que hemos tenido acceso, recurrir a la vía penal se hizo necesario”.

En esa línea, el también abogado querellante, Carlos Frías, indicó que “hay manejos oscuros, donde hay conflictos de intereses y falta de transparencia que podrían ser constitutivos de manejos reprochables, pero que finalmente el Ministerio Público tendrá que determinar”.

Contingencias millonarias y deudas

En la presentación de la querella, los abogados demandantes detallan que esta gestión desprovista de controles desencadenó un grave deterioro en las arcas del consorcio. En el ámbito laboral, se acumularon millonarias deudas por cotizaciones previsionales no pagadas a los trabajadores, originando querellas por apropiación indebida y demandas de unidad económica iniciadas por los sindicatos que hoy enfrentan un proceso de liquidación superior a los $20 mil millones de pesos.

A ello se suma el frente bancario: producto de la mora en pagarés vencidos desde agosto de 2023, BancoEstado interpuso una demanda ejecutiva contra Inmobiliaria Nova SpA -filial titular de los activos inmobiliarios estratégicos del grupo- exigiendo el cobro de más de $4.314 millones de pesos, más intereses y costas.

Uno de los puntos clave de la acusación es el presunto “vaciamiento de activos” hacia estructuras competidoras. La acción penal detalla que en agosto de 2025 se formalizó en el Diario Oficial la creación de la Sociedad de Transportes Arzola Group Limitada. Esta firma fue constituida por el gerente de operaciones del holding y hombre de confianza del querellado. Con un giro comercial idéntico al del Grupo Pullman Bus, en la querella se acusa que esta sociedad paralela habría sido utilizada para desviar clientes, contratos, rutas e información estratégica del negocio familiar.

Pullman Cargo en proceso de liquidación

A los problemas económicos y financieros del Grupo Pullman, se suma el proceso de liquidación de Pullman Cargo, filial del grupo, solicitada por el sindicato de trabajadores por el no pago de cotizaciones previsionales por más de 20 mil millones de pesos.

El jueves 10 de septiembre, por orden del 8° Juzgado Civil de Santiago, se realizará el proceso de incautación e inventario de los bienes de la empresa en las oficinas de Calle San Borja 1251, donde además se solicitó la información contable sobre los pasivos y activos de la empresa.

Rodrigo Maldonado Santelices, uno de los abogados de Rocío Farías, explica que “para Rocío, una de las consecuencias más graves de haber sido excluida de la administración y del acceso a información ha sido tener que enterarse por la prensa o mediante terceros de situaciones tan críticas como el proceso de liquidación que enfrenta Pullman Cargo. Le preocupa profundamente ver las efectos que la administración de su hermano ha tenido para los trabajadores y la continuidad de un Grupo que su padre construyó y desarrolló durante décadas”.

En el marco de las intervenciones que realiza el Ministerio de Seguridad Pública con el “Plan Calles Sin Violencia”, se realizó una amplia fiscalización a diversos locales de alimentos ubicados en el sector de la Feria Pantaleón Cortés de Antofagasta. Procedimiento que terminó con la clausura de tres locales comerciales, numerosas infracciones y la detención del propietario de “Las Conchas de Tus Mares” por parte de la Policía de Investigaciones (PDI).

En el operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Pública de Antofagasta, participó la Seremi de Salud, Servicio de Impuestos Internos (SII), Dirección del Trabajo (DT), Sernac, Carabineros 2ª Comisaría y Control de Orden Público (COP) y la Policía de Investigaciones (PDI) de Antofagasta, quienes efectuaron controles simultáneos en los locales.

Esta intervención forma parte de las acciones permanentes que se desarrollan dentro del polígono priorizado del Plan Calles Sin Violencia, considerado uno de los sectores focalizados de la Región de Antofagasta para recuperar espacios públicos, fortalecer la seguridad y combatir distintas formas de delitos.

CONTINUIDAD DE OPERATIVOS

El Seremi de Seguridad Pública de Antofagasta, Juan Fernández Valenzuela, destacó la importancia de estos despliegues integrales que buscan garantizar condiciones seguras para trabajadores, clientes y vecinos del sector. “Durante esta jornada realizamos un amplio operativo en el polígono priorizado de intervención, enfocado principalmente en locales de expendio de alimentos y restaurantes, verificando el cumplimiento de las normas sanitarias, laborales, tributarias y de protección al consumidor. Como resultado, tres establecimientos quedaron con prohibición de funcionamiento debido a graves incumplimientos detectados durante las fiscalizaciones. Paralelamente, se efectuaron controles vehiculares y de identidad, además de procedimientos orientados a detectar personas con órdenes pendientes y situaciones migratorias irregulares”, explicó el seremi.

Respecto a este trabajo, el Seremi Fernández, agregó que “se enmarca en la estrategia impulsada por el Gobierno para intervenir los 50 barrios priorizados del país, correspondiendo este sector al polígono definido para la Región de Antofagasta. Continuaremos desarrollando fiscalizaciones permanentes para fortalecer la seguridad, el orden y la recuperación de los espacios públicos para la comunidad”, concluyó la autoridad.

DETENIDO Y GRAVES DEFICIENCIAS

Uno de los casos más complejos detectados durante la fiscalización correspondió al local y Cevichería “Las Conchas de Tus Mares”, ambas ubicadas en Juvenal Morla #864.

La Seremi de Salud decretó un sumario sanitario y prohibición de funcionamiento, tras constatar una serie de incumplimientos que representaban un riesgo para la salud de trabajadores y consumidores. Entre las principales observaciones se detectó contaminación cruzada de alimentos como carnes, frutas y verduras; acumulación de grasa y aceite en paredes y cielos; filtraciones de agua en tuberías; ausencia de sistemas adecuados de extracción de aire en las campanas; condiciones térmicas inadecuadas para los trabajadores; presencia de vectores en alimentos vegetales; almacenamiento de carnes adobadas y otros productos a temperatura ambiente y directamente sobre el piso, además de utensilios de cocina oxidados y una evidente falta de aseo y limpieza general del local.

A ello se sumaron infracciones tributarias detectadas por el Servicio de Impuestos Internos, debido a la no emisión de boletas en los pagos realizados en efectivo, situación por la cual el representante legal además quedó citado a declarar ante la institución. Por su parte, la Dirección del Trabajo constató diversas irregularidades, incluyendo a seis trabajadores con informalidad laboral.

Asimismo, el Sernac cursó citaciones por eventuales infracciones a la Ley del Consumidor, debido a la inexistencia de accesos adecuados para personas con discapacidad, ausencia de identificación del jefe de local, falta de cartas de precios visibles y promociones sin información sobre vigencia.

Durante el procedimiento, además, el propietario del establecimiento “Las Conchas de Tus Mares” fue detenido por detectives la Policía de Investigaciones de Chile, tras ser fiscalizado y mantener una orden de expulsión vigente, sumando un nuevo antecedente al operativo que concentró gran parte de la atención de quienes circulaban a esa hora por el sector.

PROHIBICIÓN DE FUNCIONAMIENTO

Otro de los establecimientos intervenidos fue el restaurante “El Turismo”, ubicado en Juvenal Morla #890.

En este recinto, la autoridad sanitaria también decretó sumario sanitario y prohibición de funcionamiento tras verificar deficiencias similares a las detectadas en otros locales del sector. Los fiscalizadores encontraron contaminación cruzada de alimentos, acumulación de grasa en distintas superficies, filtraciones en tuberías, ausencia de sistemas de extracción de aire y condiciones de temperatura incompatibles con un ambiente laboral seguro para los trabajadores.

Aunque el SII no formuló observaciones tributarias, la Dirección del Trabajo detectó que cuatro trabajadoras desarrollaban funciones en situación de informalidad laboral, sin contratos de trabajo, sin registro de asistencia y sin acreditación de pago de remuneraciones ni cotizaciones previsionales. Todas las observaciones serán sancionadas por la autoridad laboral.

En tanto, el Sernac constató incumplimientos asociados a la Ley del Consumidor, principalmente por la inexistencia de acceso adecuado para personas con discapacidad a servicios higiénicos, ausencia de identificación del responsable del local y promociones cuya vigencia no era informada a los consumidores.

GRAN CANTIDAD DE CARNE

La fiscalización también alcanzó al local “El Escondite del Cochalo”, emplazado en la intersección de Manuel Thompson con Pantaleón Cortés.

Las condiciones detectadas por la Seremi de Salud al local de origen boliviano, fueron calificadas como graves, decretándose igualmente un sumario sanitario y la prohibición de funcionamiento inmediato.

Entre las observaciones se registró contaminación cruzada de alimentos, gran cantidad de carne mantenida a temperatura ambiente en ollas, recipientes de plásticos y hasta en mesones, una parrilla artesanal que no cuenta con autorización sanitaria, presencia de vectores por los alimentos, frutas y verduras almacenadas directamente sobre el suelo, manipuladoras de alimentos con uñas y manos sucias, desorden generalizado en todo el segundo piso donde además se ubica una habitación con camas a un costado de la cocina.

El Servicio de Impuestos Internos también cursó infracciones por la no entrega de documentación tributaria en transacciones efectuadas con dinero en efectivo, mientras que la Dirección del Trabajo detectó a siete trabajadoras desempeñándose sin contratos, registros de asistencia ni antecedentes que acreditaran el pago de remuneraciones o cotizaciones previsionales. A pesar que la dueña del establecimiento mantiene una patente municipal como Microempresa Familiar (MEF), en este fiscalización, se detectó que no cuenta con ningún familiar directo trabajando.

El Sernac, por su parte, citó a la dueña del establecimiento por posibles infracciones a la Ley del Consumidor relacionadas con accesibilidad universal, inexistencia de identificación del encargado, ausencia de información de precios y promociones informadas sin vigencia definida.

En paralelo a la inspección de los establecimientos comerciales, la PDI realizó controles migratorios a 14 ciudadanos extranjeros, denunciando a uno de ellos. Carabineros, en tanto, efectuó 35 controles vehiculares y 43 controles de identidad, reforzando la presencia policial permanente y las acciones preventivas en el sector intervenido.

El registro, difundido por el alcalde Sacha Razmilic, muestra al ladrón colándose por el techo del automóvil con evidentes intenciones de sustraer especies desde su interior. Sin embargo, lo que comenzó como un plan sigiloso se transformó en un problema físico: el hombre no logró salir del vehículo por sus propios medios, quedando atrapado dentro hasta la llegada de Carabineros.

Gracias a la rápida coordinación entre el sistema de televigilancia municipal y la policía, los uniformados llegaron al lugar y detuvieron al sujeto, que esperaba su arresto encerrado en el mismo auto que pretendía robar.

El accidente ocurrió la tarde del 19 de agosto, cerca de las 19:00 horas, en la intersección de las calles Pantaleón Cortés y Luis Cruz Martínez. Según los antecedentes expuestos durante la audiencia, la víctima intentaba cruzar por un paso peatonal debidamente demarcado cuando fue alcanzada por el vehículo, que en ese momento realizaba una maniobra de viraje.

El Ministerio Público sostiene que el conductor no habría estado atento a las condiciones del tránsito ni respetado el derecho preferente de la peatón. Tras el impacto, además, habría huido del lugar sin prestar ayuda a la víctima ni informar del hecho a la autoridad.

El imputado fue detenido por personal de la SIP de la Segunda Comisaría de Carabineros, en cumplimiento de una orden gestionada por la Fiscalía de Antofagasta. Las diligencias permitieron identificar primero el vehículo que habría participado en el accidente y luego establecer la identidad de su conductor.

Durante la audiencia, el imputado fue formalizado por los delitos de cuasidelito de homicidio y huir del lugar del accidente sin prestar auxilio ni dar cuenta a la autoridad. El tribunal fijó un plazo de investigación de 100 días.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva del conductor; sin embargo, el tribunal rechazó dicha medida y decretó arraigo nacional, firma mensual y suspensión de la licencia de conducir mientras se desarrolla la investigación. La responsabilidad penal del imputado deberá determinarse durante el proceso judicial.