Tras su arribo, se llevó a efecto la audiencia de control de detención de Karen Paulina Rojo Venegas ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, la cual se desarrolló sin incidencias. El tribunal declaró legal la detención, dio lectura al exhorto emanado del Juzgado de Garantía de Antofagasta y dispuso su ingreso en calidad de rematada, para el cumplimiento de la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, impuesta por sentencia del 18 de enero de 2021 por el delito de fraude al Fisco.

En representación del Ministerio Público compareció el fiscal Cristian Aguilar Aranela, de la Fiscalía Regional de Antofagasta, quien dirigió la investigación y sostuvo la acusación en el juicio oral. El mismo persecutor había verificado durante la mañana, en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, que la intimación de la orden se practicara conforme a derecho. El recinto de cumplimiento fue determinado conforme a lo resuelto por el tribunal y a la coordinación de Gendarmería de Chile.

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, señaló: “esta mañana señalé que se materializaba el cumplimiento de una sentencia firme dictada por los tribunales de Antofagasta. Al término de esta jornada, eso es un hecho: la condenada se encuentra privada de libertad, cumpliendo la pena que le impuso la justicia chilena. El mensaje sigue siendo uno solo: en Chile las sentencias se cumplen, no importa cuánto tiempo pase ni quién sea la persona condenada. Las solicitudes que las partes formulen de aquí en adelante serán resueltas por el tribunal competente, y allí el Ministerio Público expondrá su posición, como corresponde”.

Para efectos de la ejecución de la pena, la causa se encuentra radicada en el Juzgado de Garantía de Antofagasta. El proceso de extradición se resolvió luego de que la justicia holandesa acogiera la solicitud presentada por el Estado chileno, autorizando su entrega para que enfrente la responsabilidad penal que le corresponde. Con esta extradición se cierra un proceso judicial que se extendió por años, marcado por la fuga de la exautoridad, su detención en Europa y la posterior tramitación legal para su retorno a Chile.

Después de cuatro años de litigios cruzados entre Países Bajos y Antofagasta, el capítulo internacional del caso Karen Rojo llega a su fin. Países Bajos autorizó este 9  la extradición de la exalcaldesa, condenada por fraude al fisco, marcando el desenlace de una de las fugas de mayor connotación pública en la historia reciente de la Región de Antofagasta.

El fallo que cierra el círculo

La resolución neerlandesa no es un trámite menor: pone fin a una batalla legal que incluyó recursos de asilo, apelaciones y hasta cuestionamientos sobre garantías judiciales en Chile. Cancillería confirmó a la Corte de Apelaciones de Antofagasta que las autoridades de Países Bajos “pusieron a disposición” a Rojo para el inicio formal de su extradición, y ya remitió los antecedentes a Interpol Santiago para coordinar el operativo de traslado. Se espera que un equipo policial viaje la próxima semana a territorio neerlandés para gestionar la custodia.

Lo relevante es que el tiempo que Rojo ha permanecido recluida en la cárcel de Utrecht más de cuatro años no será abonado a su condena en Chile, según lo resuelto por tribunales nacionales. Es decir: al llegar, deberá ingresar a un recinto penitenciario chileno prácticamente a cumplir la totalidad de la pena.

Radiografía de una fuga anunciada

Pocas causas judiciales en la región han tenido un correlato tan mediático como esta. Karen Rojo no esperó la resolución final de la Corte Suprema: el 23 de marzo de 2022, el mismo día en que el máximo tribunal rechazó su recurso y confirmó su condena a cinco años de cárcel por fraude al fisco, la exalcaldesa abordó un vuelo hacia Países Bajos sin impedimentos, ya que no contaba con una orden de arraigo nacional vigente en ese momento. El episodio derivó en una investigación administrativa ordenada por el entonces Fiscal Nacional, Jorge Abbott, para determinar si la Fiscalía de Antofagasta tuvo responsabilidad por no solicitar oportunamente esa medida cautelar; en un primer momento se apuntó al Poder Judicial, pero se constató que las cautelares habían sido revisadas años atrás, lo que centró las preguntas en si el organismo persecutor debió reforzar los resguardos ante la inminencia del fallo condenatorio.

Cronología del proceso judicial

El caso judicial contra Karen Rojo se originó en el denominado “caso Main”, vinculado a la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) de Antofagasta.

Enero de 2021: El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condena a Rojo a cinco años y un día de presidio efectivo por fraude al fisco, con inhabilitación absoluta para cargos y derechos públicos; es absuelta del cargo de negociación incompatible.

Marzo de 2022: La Corte Suprema rechaza los recursos de nulidad de la defensa y ratifica la condena.

Marzo de 2022: Días antes de conocerse ese fallo, Rojo sale de Chile hacia Europa, quedando sujeta a orden de detención y solicitud de extradición.

Mayo de 2022: La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechaza un amparo presentado por la pareja de la exalcaldesa, en medio de las diligencias para ubicarla.

Julio de 2022: Es detenida en Ámsterdam por la policía neerlandesa a requerimiento del Ministerio Público chileno y queda recluida en la cárcel de Utrecht.

Marzo de 2023: El tribunal neerlandés competente declara admisible la extradición, aunque pide esperar la resolución de una solicitud de asilo y exige garantías a Chile sobre la seguridad de la exalcaldesa.

Febrero de 2025: La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechaza una apelación que buscaba libertad vigilada en Chile mientras se resolvía la extradición.

Marzo de 2025: La Corte de Apelaciones de Copiapó rechaza un amparo para que se reconociera como abono el tiempo recluida en Países Bajos.

Diciembre de 2025: El Juzgado de Garantía de Antofagasta rechaza una nueva gestión de la defensa para flexibilizar su situación procesal, manteniendo vigente la orden de captura internacional.

Julio de 2026: Países Bajos autoriza la extradición y Cancillería activa la coordinación logística con Interpol para el traslado a Chile.

Mejillones enfrenta una ola de vandalismo que está afectando dos de sus espacios públicos más sensibles: el borde costero y el Cementerio Municipal. Ambos hechos, ocurridos en días recientes, encendieron las alarmas en el municipio y generaron preocupación entre vecinos, visitantes y familias de fallecidos.

Portales del borde costero vandalizados

Dos de los tres portales fotográficos instalados en el borde costero de la ciudad presentan daños producto de actos de vandalismo. Entre las afectaciones detectadas se encuentran la extracción intencional de tiras LED del sistema de iluminación, además de rayados y deterioro en distintas partes de las estructuras.

El inspector técnico de la Dirección de Obras Municipales (DOM), Octavio Simonetti, explicó que estos daños no están cubiertos por las garantías de la empresa contratista, aunque destacó la disposición de la empresa para colaborar en la reparación. “Los daños corresponden a actos de vandalismo, por lo que no están cubiertos por las garantías de la obra, pero existe la voluntad de realizar las reparaciones necesarias”, señaló.

Los portales fueron concebidos como espacios de encuentro, recreación y fotografía, especialmente aprovechados durante las noches gracias a su sistema de iluminación.

Nichos forzados en el cementerio

En paralelo, el Cementerio Municipal de Mejillones también fue blanco de actos vandálicos. El lunes en la mañana, personal del recinto detectó que ocho nichos del Block N°9, sector cercano al portón trasero, habían sido forzados. Funcionarios municipales concurrieron al lugar para verificar los daños y registrar los antecedentes.

Si bien en una primera revisión no se observaron daños estructurales de mayor magnitud, las estructuras presentaban signos evidentes de haber sido forzadas. Durante la tarde, familiares de los deudos afectados llegaron al cementerio para constatar la situación, generando una jornada de angustia e indignación entre la comunidad.

Respuesta municipal

Frente a ambos hechos, el municipio activó medidas preventivas: instalación provisoria de dos cámaras de vigilancia en el cementerio, refuerzo de rondas de Seguridad Ciudadana y un llamado público a la comunidad para denunciar cualquier situación sospechosa en espacios públicos de la ciudad.

Además, las autoridades solicitaron a los familiares evitar dejar objetos de valor en los nichos, ya que este tipo de especies suele ser el principal objetivo de quienes ingresan al recinto para cometer robos o generar daños.

Desde el municipio también hicieron un llamado a cuidar los espacios públicos y a comunicarse directamente con Seguridad Ciudadana ante cualquier acto de vandalismo.

El procedimiento, desarrollado en coordinación con el Ministerio Público, permitió sacar de circulación un cargamento equivalente a más de 3 millones de dosis y avaluado en más de $3 mil millones.

El jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre, destacó que este resultado es parte del trabajo sostenido que la institución viene realizando en la región para impedir que organizaciones criminales utilicen el territorio como ruta de paso de droga hacia otros puntos del país. “Hoy somos una verdadera barrera norte para el país”, afirmó, subrayando además el trabajo conjunto con el Ejército, la Policía de Investigaciones y otras instituciones del Estado.

Según explicó la autoridad policial, la investigación comenzó el pasado 11 de junio luego de que personal especializado del OS.7 obtuviera antecedentes sobre el desplazamiento de dos vehículos que transportarían una importante cantidad de droga por rutas alternativas para evadir los controles. Con esa información, Carabineros desplegó técnicas investigativas y servicios de vigilancia discreta en sectores identificados como posibles rutas de traslado.

En medio del operativo fueron detectados un camión 3/4 y una camioneta vinculados a la investigación. Al intentar fiscalizarlos, sus ocupantes desobedecieron las instrucciones policiales y huyeron por caminos alternativos y rutas clandestinas de la pampa. El procedimiento contó con apoyo del GOPE de Antofagasta y de la Sección Aérea con helicóptero institucional.

Finalmente, ambos vehículos fueron encontrados abandonados, con sacos que contenían droga en su interior. Pese al despliegue policial, las características del terreno dificultaron la ubicación de los ocupantes, quienes escaparon hacia quebradas y cerros.

Desde la Fiscalía Regional de Antofagasta, el fiscal del Sistema de Análisis Criminal, Cristian Aguilar Aranela, sostuvo que el procedimiento responde a una estrategia permanente de persecución al narcotráfico, afirmando que la región se ha transformado en un verdadero “tapón de defensa” frente al crimen organizado.

Por su parte, la delegada presidencial regional, Katherine López, valoró el trabajo coordinado de las instituciones y aseguró que la seguridad seguirá siendo prioridad.

Con esta incautación, Carabineros suma casi 30 toneladas de drogas decomisadas en lo que va del año en la región, superando todo lo incautado durante 2025, y consolidando la estrategia de control en rutas clandestinas utilizadas por organizaciones criminales.

La actividad, organizada por la Directemar, reunió a expositores de la Armada, el Ministerio Público y otras instituciones, y tuvo por objetivo analizar los desafíos que enfrenta el comercio global frente a la irrupción del crimen organizado y los riesgos de penetración en las actividades desarrolladas en los puertos del país.

Durante el encuentro, Castro Bekios fue uno de los principales expositores y expuso el escenario actual de distintos fenómenos delictivos que afectan al norte del país. Entre ellos, destacó el tráfico de drogas, donde Antofagasta ha marcado hitos nacionales con 36 toneladas incautadas en lo que va del año, cifra que representa el 60% del total nacional.

“El caso de Antofagasta es para tener en cuenta, debido a que comparte frontera con Bolivia, uno de los mayores productores de cocaína del mundo, sumado a que fue la región que más droga incautó a nivel nacional durante 2025, superando las 38 toneladas”, señaló.

El fiscal regional también llamó la atención sobre el contrabando de cigarrillos, principalmente de origen paraguayo. Detalló que en 2025 se decomisaron 11.603.063 cajetillas en la región, lo que equivale a un aumento de 49,4% respecto de 2024, y advirtió que este año la cifra nuevamente va en alza.

El efecto del corredor

Tras repasar esas cifras, Castro Bekios advirtió que el CBC podría convertirse en un multiplicador estructural de amenazas criminales para Chile y, especialmente, para la Región de Antofagasta, con impactos en diversas áreas sensibles.

Entre los riesgos más críticos mencionó la llegada de nuevas organizaciones criminales, el narcotráfico marítimo y terrestre, el lavado de activos, la irrupción de drogas sintéticas, la minería ilegal y el robo de cobre, además de eventuales vínculos con organizaciones terroristas, corrupción institucional, contrabando y cibercrimen.

Otro de los puntos que puso sobre la mesa fue la conexión del corredor con la llamada Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, zona donde existe presencia de organizaciones criminales altamente peligrosas, como el Primer Comando Capital, y que además ha sido vinculada al financiamiento de grupos como Hezbolá.

Respecto de las eventuales consecuencias para Chile, Castro Bekios mencionó narcotráfico y tráfico de armas, crimen organizado, inseguridad y violencia, migración irregular, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando y lavado de activos.

Asimismo, advirtió sobre una posible “proyección extrahemisférica”, favorecida por las redes marítimas que conectan a Chile con destinos lejanos, sus amplias capacidades logísticas y el interés de organizaciones criminales extranjeras, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ya ha intentado operar en el país.

Medidas urgentes

Ante una audiencia que siguió con atención su exposición, Juan Castro Bekios identificó cuatro nodos críticos en la región: la existencia de una franja sin vigilancia en los pasos fronterizos, una cobertura deficiente de inteligencia, la falta de infraestructura y de turnos continuos, además de una baja cobertura de inspección de contenedores en los puertos regionales.

El fiscal fue enfático en señalar que estas amenazas “no se enfrentan solo con más controles u operativos, sino con una reingeniería institucional en seguridad, inteligencia y persecución penal”.

En ese contexto, planteó una serie de medidas que deberían implementarse en el corto plazo, entre ellas la creación de un Centro de Inteligencia Portuaria Conjunto, cobertura continua de Carabineros y la PDI en los pasos fronterizos, un equipo interagencial permanente para delitos vinculados a la minería, aumento de analistas criminales, un registro de empresas exportadoras y contratistas con cruce de información con Interpol, sellado electrónico de contenedores, mayor porcentaje de inspección de contenedores en origen y la suscripción de un protocolo de inteligencia para los puertos de destino.

El persecutor sostuvo que el Corredor Bioceánico es una “oportunidad estratégica” para el desarrollo de la región y del país, pero al mismo tiempo una “amenaza crítica” si no se adoptan medidas preventivas. “El corredor no crea el problema, lo escala”, afirmó.

En la parte final de su exposición, Castro Bekios advirtió que la ventana de respuesta es limitada. “Chile cuenta con un horizonte crítico entre 2026 y 2028 para fortalecer sus capacidades preventivas antes de que el fenómeno se consolide”, sostuvo.

Cerrando su intervención, reafirmó una idea que ha planteado en distintos foros: “El Estado de Derecho en el norte de Chile se juega en el corredor”.

La PDI los vigiló 

El subprefecto Gabriel Yáñez Rivas, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Antofagasta, explicó que la PDI identificó el lugar como infraestructura crítica mucho antes de que la banda completara su plan. “Nosotros determinamos aquí en la región infraestructura crítica respecto a posibles lugares que pueden ser víctimas de robo cuantioso, especialmente los fines de semana largo o cuando ocurre un feriado”, señaló.

El inspector Freddy Castro Crespo, jefe de la Región Policial de Antofagasta de la PDI, detalló que desde el 12 de mayo comenzó la vigilancia formal: “Realizamos vigilancia estática, seguimientos por toda la ciudad. Cerca del sector de la playa se juntaban ellos a conversar, a seguir planificando. Siempre observados por los detectives, que nunca levantamos el punto de observación”.

Una organización criminal como una empresa

Para la PDI, la banda no era un grupo improvisado. “Las organizaciones criminales son una empresa. Hay liderazgo, hay formas e instrucciones específicas, no solamente la extracción de tierra para hacer el túnel, sino que hay equipos de transporte, retiro del material y utilización de expertos”, afirmó Yáñez Rivas.

Los integrantes llegaron desde la Región Metropolitana en marzo, arrendaron una casa residencial exclusiva para la organización y comenzaron la excavación desde abril. Trabajaban en jornadas de 8 a 20 horas, descansaban y volvían al día siguiente. Lograron perforar la losa del recinto, vulnerar el blindaje de la bóveda mediante taladros y acceder al subterráneo donde se encontraba el dinero.

A punto de concretarlo

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, fue categórico al calificar el caso: “Esta ha sido una investigación muy compleja, pero a la vez muy exitosa. Lo que se logró es la desarticulación completa de una asociación criminal que se dedicaba a robos donde el objeto buscado son grandes cantidades de dinero”.

La investigación estableció que los $40 mil millones efectivamente estaban en esa bóveda y que la banda contaba con esa información verificada. Solo faltaba dar el paso final cuando la PDI irrumpió en el lugar.

La frase que quedará en la historia la dijeron los propios detenidos al momento de ser capturados: “No alcanzamos ni siquiera a disfrutar del premio”.

La organización, autodenominada “El Sindicato del Silencio”, fue desarticulada en la madrugada del 18 de mayo tras un operativo de la Brigada Investigadora de Robos de Antofagasta y el Ministerio Público. Once personas fueron detenidas: diez chilenos y un argentino.

El plan: arrendar, excavar y esperar

Todo comenzó en febrero, cuando la banda arrendó un local comercial en desuso en el centro de Antofagasta, estratégicamente ubicado cerca de las instalaciones de Loomis. También arrendaron una residencial donde los integrantes dormían, se organizaban y coordinaban los movimientos sin levantar sospechas.

Entre marzo y mayo ejecutaron la parte más compleja del plan: la excavación de un túnel de 15 metros bajo el suelo del centro de la ciudad. La obra no era improvisada. Contaba con un sistema de ventilación eléctrica para poder respirar durante las jornadas de trabajo subterráneo, y los más de tres toneladas de material extraído del suelo fueron almacenados en sacos en habitaciones interiores del recinto para no dejar rastros visibles.

Llegaron a la bóveda, pero no pudieron abrirla

Lo que parecía imposible, lo lograron: el túnel llegó hasta la bóveda principal de Loomis, ubicada en el centro del edificio por razones de seguridad. A través de perforaciones realizadas en la estructura, los integrantes de la banda pudieron observar directamente las remesas de dinero almacenadas en su interior.

En ese momento, creían que todo marchaba según lo planeado. No sabían que la PDI ya los tenía completamente vigilados: sus movimientos, los vehículos que usaban, la residencial donde dormían y el local donde excavaban estaban bajo observación permanente.

El operativo: once detenidos y una lista de incautaciones que lo dice todo

En la madrugada del 18 de mayo, las unidades de la PDI intervinieron simultáneamente la residencial y el local comercial. Los once integrantes fueron detenidos sin resistencia. Seis se habían dedicado exclusivamente a la excavación, dos cumplían labores de vigilancia en el entorno y los tres restantes estaban vinculados a un delito paralelo cometido en el sector sur de la ciudad, diseñado precisamente para distraer la atención de las autoridades.

Entre las especies incautadas destacaron cuatro vehículos utilizados para movilizar a los integrantes del grupo, el sistema de ventilación del túnel, cuatro inhibidores de señal, cámaras de seguridad con circuito cerrado de televisión, radios portátiles, una central de radiofrecuencia operada desde el interior de la excavación, un tanque de oxígeno con implementos para oxicorte, gatas hidráulicas de alto tonelaje, escaleras retráctiles y vestimenta para aparentar trabajos de instalación eléctrica.

El mayor robo de la historia de Chile, a horas de concretarse

Peritajes fotográficos y planimétricos confirmaron que el túnel había llegado efectivamente hasta la bóveda. Según declaró la Fiscalía Regional de Antofagasta, “si se materializaba este hecho, iba a ser el mayor robo de dinero ocurrido en el país y probablemente uno de los más grandes del mundo”.

Solo la oportuna intervención de la PDI y el Ministerio Público evitó que Antofagasta fuera escenario de un atraco histórico. El Sindicato del Silencio cavó durante meses, llegó hasta donde quería llegar, y aun así cayó.

La acción fue encabezada por Seguridad Pública, Inspección y Aseo, con apoyo de Carabineros y la Policía Marítima, en una intervención que dejó en evidencia que, pese a la inauguración del recinto, algunos ya estaban intentando tomarse el espacio como si fuera tierra de nadie.

El director de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Castro, fue tajante: “Hemos desarrollado una intervención en este sector donde se han retirado comercio informal y parrillas que estaban comercializando productos de compleja y dudosa calidad. También fiscalizamos un food truck y cursamos infracciones tanto de tránsito como de comercio informal”. La frase deja claro que el problema no es menor: se trata de venta irregular, productos de dudosa procedencia y ocupación indebida del espacio público.

A eso se sumó el desalojo de cinco rucos instalados frente al puerto, una postal que confirma el deterioro que puede sufrir rápidamente un sector si no existe control permanente. Castro aseguró que la jornada permitió “recuperar el espacio y entregar más seguridad a nuestros vecinos”, aunque el mensaje de fondo fue aún más duro: el borde costero no será terreno libre para el desorden.

Desde Inspección Municipal, Ramón Valverde explicó que el operativo se concentró en Parque Las Almejas y Parque Croacia, donde se cursaron infracciones e incautaciones por incumplimiento de la ordenanza N° 3/2017. Recordó que ya el miércoles anterior se había realizado una fiscalización junto a la Delegación Presidencial Regional, Carabineros, Armada y otros organismos, pero aun así algunos insistieron en volver a instalarse sin autorización.

“Nos damos cuenta de que la gente sigue instalándose sin permisos, incluso un food truck que ya había sido infraccionado anteriormente continuaba vendiendo”, dijo Valverde, advirtiendo que si persiste la instalación irregular, el vehículo será retirado con grúa este lunes.

El mensaje es directo: tolerancia cero para quienes convierten los espacios públicos en negocio informal, cocina clandestina o asentamiento irregular. El nuevo Parque Las Almejas no fue inaugurado para que unos pocos lo degraden, y el municipio dejó claro que esta vez la respuesta será con mano firme.

Una violenta disputa entre dos bandas rivales que mantenía atemorizados a vecinos del sector norte de Antofagasta terminó con un amplio operativo policial que dejó 12 detenidos y un importante arsenal fuera de circulación. La investigación, desarrollada por Carabineros del O.S.9 en coordinación con la Fiscalía Regional, surgió tras una serie de balaceras, amenazas y enfrentamientos armados registrados el 13 de marzo y el 16 de abril de 2026, uno de ellos ampliamente viralizado en redes sociales.

Según informó el general Cristian Montre, jefe de Zona de Carabineros Antofagasta, se trató de la desarticulación de dos bandas criminales rivales que se disputaban el control territorial de barrios del sector norte, generando un clima de temor entre los vecinos. El fiscal regional Juan Castro Bekios añadió que esta pugna pudo haber provocado consecuencias fatales, debido al nivel de violencia exhibido por ambos grupos.

El operativo se ejecutó entre las 07:00 y las 13:50 horas en Pasaje Los Escualos, Pasaje Las Mantarrayas, calle Solón Salas y otros puntos de la vía pública, con apoyo de unidades especializadas como GOPE, O.S.7, COP, Centauro, SIP, dron y Labocar. Las diligencias permitieron allanar cinco inmuebles vinculados presuntamente al almacenamiento de armas y droga, tras obtener órdenes judiciales del Juzgado de Garantía de Antofagasta.

Durante la intervención fueron detenidas 12 personas, en su mayoría chilenos y también ciudadanos colombianos, varios de ellos con antecedentes penales y algunos con órdenes de aprehensión vigentes por delitos como lesiones menos graves y robo de vehículo. En los allanamientos se incautaron tres armas de fuego, incluida una mini UZI artesanal con capacidad de disparo automático y semiautomático, además de un revólver brasileño y una pistola con encargo por robo.

Junto con ello, se decomisaron 116 cartuchos de distintos calibres, un arma de aire comprimido, un chaleco antibalas, una granada lacrimógena CS antidisturbios vencida, un inhibidor de señal y 11 teléfonos celulares. En materia de drogas, el procedimiento permitió sacar de circulación más de 2 kilos 940 gramos de marihuana, ketamina, pasta base y otros elementos asociados al tráfico.

Desde Carabineros y la Fiscalía destacaron que este golpe busca devolver tranquilidad a la comunidad y frenar el avance de estructuras criminales que habían convertido los barrios en zonas de alta tensión y violencia. Por instrucción del Ministerio Público, la totalidad de los detenidos pasó a control de detención y formalización durante esta jornada.

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Una jornada histórica para el combate al narcotráfico en la Provincia de El Loa protagonizó Carabineros del O.S.7, tras ejecutar dos contundentes procedimientos antidrogas con menos de 12 horas de diferencia que terminaron con la incautación de 1 tonelada 899 kilos 600 gramos de marihuana, evitando que más de 5 millones 697 mil dosis llegaran a distintos puntos del país.

El primer golpe: droga cruzando por paso clandestino desde Bolivia

Todo comenzó cuando el equipo investigador del OS.7 El Loa tomó conocimiento de que un vehículo intentaría ingresar droga a Chile a través de un paso no habilitado conectado con Bolivia, en el sector fronterizo de Hito Cajón, en la comuna de San Pedro de Atacama. Tras seguir el rastro del móvil con trabajo de inteligencia policial, los Carabineros interceptaron el vehículo y detuvieron a su conductor en plena zona fronteriza.

Las diligencias no terminaron ahí. El operativo se extendió hasta el sector El Peuco en Calama, donde fueron detenidos los receptores que esperaban el cargamento. En total, tres personas cayeron detenidas: dos ciudadanos bolivianos de 22 y 25 años, ambos en situación migratoria irregular y sin antecedentes policiales, y un ciudadano chileno de 48 años con antecedentes policiales, aunque sin órdenes de detención vigentes.

El resultado fue demoledor: 1 tonelada 389 kilos 300 gramos de marihuana incautada, equivalente a 4 millones 167 mil dosis, avaluadas en más de $15 mil 834 millones de pesos.

El segundo golpe: una casa en Calama convertida en bodega narco

Apenas horas después, cerca de las 22:30, el OS.7 El Loa ejecutó un segundo procedimiento, esta vez en un domicilio del sector Villa Alemania en Calama, que funcionaba como centro de acopio de drogas. Tras reunir antecedentes y vigilancias, los Carabineros gestionaron una orden judicial de entrada y registro.

Al ingresar al inmueble, los funcionarios hallaron en el interior una camioneta cuyo pick up ocultaba una importante cantidad de droga. El decomiso arrojó 510 kilos 300 gramos de marihuana, equivalentes a 1 millón 530 mil dosis, con un avalúo cercano a los $5 mil 814 millones de pesos.

Una jornada sin precedentes en El Loa

Con ambos procedimientos, Carabineros del OS.7 El Loa consolidó uno de los golpes antidroga más significativos en la historia reciente de la Provincia de El Loa, desarticulando tanto la ruta de ingreso fronteriza como el punto de almacenamiento en la ciudad. Los operativos evidencian el trabajo de inteligencia especializada orientado a detectar rutas, métodos de ingreso y centros de acopio utilizados por organizaciones criminales que explotan la extensa frontera norte para internar droga al país.

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