El crimen organizado cambió. Ya no estamos hablando solamente de delincuentes que operan dentro de una comuna o incluso dentro de un país. Hoy existen organizaciones capaces de mover drogas, armas, dinero y personas a través de distintas fronteras, utilizando tecnología, redes financieras y estructuras cada vez más sofisticadas.

Frente a esa realidad, ningún Estado puede darse el lujo de combatir solo.

La reciente incorporación de Chile al Escudo de las Américas, junto a otros 14 países del continente, responde precisamente a esa necesidad: fortalecer la cooperación para enfrentar el crimen organizado transnacional mediante el intercambio de información, inteligencia, análisis de datos, capacitación policial y una mayor coordinación entre países.

Y hay algo que debe quedar claro: de acuerdo con la posición expresada por el Gobierno, esta incorporación no constituye un tratado internacional ni implica operaciones militares en territorio nacional. Cada país mantiene sus propias obligaciones legales y su capacidad soberana para decidir cómo actúa frente a la delincuencia.

Para una región como Antofagasta, este tipo de cooperación tiene una relevancia evidente. Nuestra región se encuentra en una posición estratégica, conectada con pasos fronterizos, rutas internacionales y una importante actividad económica. Precisamente por eso debemos estar preparados para enfrentar organizaciones que tampoco reconocen límites territoriales.

Si un delincuente puede cruzar una frontera en horas, mover recursos entre países y utilizar redes internacionales para operar, la respuesta del Estado también debe ser capaz de cruzar fronteras mediante información, coordinación y cooperación.

Naturalmente, una decisión de esta naturaleza debe ser conocida, explicada y debatida con transparencia. Existen cuestionamientos y legítimas inquietudes respecto de sus alcances, y corresponde que esas dudas sean abordadas con información clara. Pero también debemos ser capaces de distinguir entre cooperación internacional en materia de seguridad y cesión de soberanía. La posición oficial del Gobierno es que Chile participa manteniendo plenamente sus atribuciones y su marco jurídico nacional.

Nuestro país enfrenta una amenaza que tampoco es exclusivamente chilena. El Tren de Aragua y organizaciones criminales de origen mexicano, entre otras estructuras identificadas por la iniciativa, tienen capacidad de operar más allá de una frontera determinada.

Por eso, fortalecer el intercambio de inteligencia entre Carabineros, la PDI y sus instituciones homólogas de otros países puede convertirse en una herramienta adicional para anticipar movimientos, identificar organizaciones y perseguir sus redes.

La seguridad de los chilenos exige un Estado firme dentro de nuestras fronteras y, al mismo tiempo, capaz de cooperar fuera de ellas.

El Escudo de las Américas debe entenderse desde esa perspectiva: más información para nuestros policías, mayor coordinación con nuestros vecinos y más herramientas para perseguir al crimen organizado, siempre dentro de la ley y preservando la soberanía nacional.

La propuesta considera un crecimiento del gasto de 1,5% respecto de 2026 y, según explicó el Mandatario, busca compatibilizar la respuesta a las principales necesidades del país con el cumplimiento de los compromisos fiscales.

De cada $1.000 que gasta el Estado, más de $600 estarán destinados a pensiones, salud y educación, según lo señalado por el Presidente. El proyecto también incorpora una planificación del gasto a cinco años y una revisión de 632 programas correspondientes a 23 ministerios.

Crecimiento, empleo y reconstrucción

La primera prioridad del Presupuesto 2027 será impulsar el crecimiento, la generación de empleo y la reconstrucción. Para estas áreas se contemplan $9,5 billones, un 8,1% más que este año.

Entre las principales medidas, el Presidente anunció una cartera extraordinaria de 241 obras públicas en todas las regiones del país, orientadas a generar empleo local y avanzar en proyectos de conservación. Su ejecución comenzará desde enero y contará con seguimiento individual.

Además, se destinarán más de $500 mil millones a la reconstrucción de zonas afectadas por catástrofes, incluyendo un nuevo Fondo de Reconstrucción Norte para Atacama y Coquimbo. Los recursos para enfrentar incendios forestales se mantienen y se adelanta el trabajo para la próxima temporada.

En materia habitacional, el presupuesto financiará el primer año del plan que contempla más de 166 mil subsidios, en el camino hacia las 400 mil soluciones comprometidas. A esto se suma un aumento de 23,5% en los recursos de Sercotec para apoyar a almaceneros, feriantes y emprendedores.

“No hay mejor programa social que un buen trabajo”, afirmó el Presidente Kast.

Más recursos para seguridad

La segunda prioridad será la seguridad. El proyecto destina $7 billones a esta área, un 9,1% más que este año, con recursos dirigidos a fortalecer el trabajo policial, fronterizo, penitenciario y la persecución del crimen organizado.

El presupuesto financiará en su totalidad los 1.000 nuevos cupos en Carabineros de este año y permitirá disponer de capacidad para formar a más de 3.200 nuevos alumnos, además de incorporar chalecos antibalas, cámaras corporales y cinco nuevos cuarteles.

También se duplicarán los recursos de los equipos de la PDI contra el crimen organizado en los barrios, mientras que el presupuesto de Gendarmería crecerá cerca de 18% para avanzar en el Plan de Infraestructura Carcelaria y reforzar el control al interior de los recintos penitenciarios.

A esto se suma un aumento de un tercio en los recursos del Servicio de Migraciones, destinado a financiar expulsiones de quienes no tienen derecho a permanecer en Chile. Además, el presupuesto permitirá poner en marcha la nueva Fiscalía Supraterritorial, enfocada en perseguir a bandas criminales que operan en distintas regiones del país.

Llegar antes y proteger mejor a los niños

La tercera prioridad del Presupuesto 2027 será la niñez, con $2,5 billones destinados a esta área, un 4,1% más que este año.

Entre las medidas contempladas, el fondo destinado a apoyar el desarrollo de niños con mayores riesgos crecerá 165%, mientras que se duplicarán las ayudas técnicas para niños con discapacidad, como sillas de ruedas y andadores.

El proyecto también contempla un aumento de 19,3% para los programas de reparación destinados a niños y niñas víctimas de maltrato grave o abuso, y de 24,1% para el trabajo con sus familias.

“Un Estado que deja a un niño abusado en una lista de espera no está cumpliendo su tarea más básica”, sostuvo el Mandatario.

Protección de los beneficios sociales

El cuarto eje será mantener los beneficios sociales establecidos por ley. El Presupuesto 2027 contempla $7 billones para la Pensión Garantizada Universal (PGU), que llegará a más de 2,2 millones de personas mayores.

En educación, el proyecto destina $17,3 billones. Estos recursos permitirán financiar la educación de más de 3,5 millones de estudiantes, reforzar el apoyo a 2,2 millones de niños y jóvenes, mantener la alimentación escolar para 1,8 millones de niños y la gratuidad para más de 600 mil estudiantes, además de aumentar las becas para quienes continúan sus estudios después del colegio.

El Presidente explicó que el proyecto no modifica los requisitos ni montos de estos beneficios, pero contempla fortalecer la revisión del gasto social mediante el cruce de información de los registros del Estado, con el objetivo de que los recursos lleguen a quienes corresponde.

Salud: más recursos y foco en reducir las esperas

El presupuesto de Salud crecerá 4,7% durante 2027, con mayores recursos destinados a reducir los tiempos de espera y fortalecer la atención tanto hospitalaria como en consultorios, Cesfam y postas.

Entre las medidas anunciadas se encuentran una canasta esencial de medicamentos, una ficha clínica compartida entre la red pública y privada y el uso de inteligencia artificial para apoyar la priorización de pacientes según gravedad.

“Porque nadie debería enfermarse más mientras espera en una lista”, señaló el Presidente.

Mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos

Junto con aumentar recursos en las áreas priorizadas, el proyecto incorpora medidas para mejorar la eficiencia del gasto público.

El Presidente señaló que el Estado pagó más de $8 mil millones por sobre el precio de mercado en compras mediante convenio marco y que ajustar los arriendos de oficinas públicas a valores de mercado permitiría ahorrar hasta $5 mil millones al año.

A esto se suma el costo asociado al endeudamiento: durante 2026, un 5,3% del presupuesto se destinó al pago de intereses. Al respecto, el Mandatario afirmó que “cada peso que hoy pagamos en intereses es un peso que no llega a un consultorio, a un jardín infantil o a una comisaría”.

Para avanzar en un uso más eficiente de los recursos, el Gobierno comenzará a medir cuánto paga cada servicio público por sus compras y arriendos, junto con otras mejoras de gestión.

“Esa plata es de ustedes. Y queremos que vuelva a ustedes, convertida en mejores servicios, más seguridad y más oportunidades”, afirmó el Presidente José Antonio Kast.

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 inicia ahora su discusión en el Congreso Nacional, que dispone de 60 días para tramitarlo.

Cabe destacar que en la carta no hay un mea culpa por los hechos por los cuales fue condenada ni por la fuga del país. Rojo se refiere a su situación como un “proceso” que ha enfrentado “con dignidad, fortaleza, responsabilidad, optimismo y fe”.

La Carta

A quienes han estado conmigo:

Antes que todo, quiero expresar todo mi cariño y profunda gratitud a todas las personas quienes, durante todo este periodo que he estado fuera de mi ciudad, me han acompañado y me han hecho llegar su preocupación, sus palabras de apoyo, sus saludos, y sus abrazos. Especialmente, le agradezco a los Antofagastinos que han estado pendiente de mí y de mi situación judicial a través de mi familia y amigos cercanos. Cada mensaje ha tenido un significado muy especial: Los quiero muchísimo.
​
Como ustedes saben, ya he cumplido más del 80% de mi condena. Durante estos últimos 4 años, he procurado enfrentar este proceso con dignidad, fortaleza, responsabilidad, optimismo y fe.

Volver a Chile ha sido emocionante. Sin embargo, esta última etapa ha sido más complicada e incomprensible de lo esperado. Por ejemplo, mi defensa ha solicitado que se revise mi actual situación de privación de libertad. Para poder hacerlo, el tribunal ha estimado necesario contar previamente con un informe de Gendarmería de Chile, a pesar de contar con todos mis antecedentes e informes bimensuales de todo mi periodo privada de libertad en Países Bajos. El plazo de entrega de dicho documento vence este próximo 20 de septiembre, y hasta ahora este informe aún sigue pendiente.

​No estoy pidiendo un privilegio ni que se anticipe una decisión. Solo espero tener la oportunidad de ser oída por el Tribunal de Antofagasta, que se conozcan mis antecedentes y mi conducta durante estos años, y que mi situación pueda ser revisada por mi derecho a pena mixta.

​Mantengo intacta la esperanza de que Gendarmería de Chile puede entregar oportunamente el informe requerido, y que, finalmente, pueda realizarse la audiencia que estamos esperando hace mucho tiempo.
​Siempre he enfrentado los momentos difíciles con resiliencia y optimismo. Esta vez no será diferente.

Finalmente, quiero reiterar a mi querida Antofagasta que mi vínculo con la región, ciudad y con su gente permanece intacto.

Gracias a Dios queda muy poco para que termine esta etapa, y así volver a trabajar, a aportar y reencontrarme con quienes han estado presente incluso en la distancia.
​Muchísimas gracias por cada palabra, cada mensaje, y cada gesto de cariño. Han sido mi motivación para no bajar los brazos.

​Todavía tengo mucho que entregar. Y si Dios así lo dispone, habrá Karen Rojo por mucho tiempo más.

​¡¡Vamos que se puede!!
​Con amor,
​KR.

Análisis de la carta de Karen Rojo

La carta de Karen Rojo revela un discurso cuidadosamente construido que combina gratitud, resiliencia y una estrategia de autopresentación orientada a mantener apoyo social mientras gestiona la incertidumbre de su situación judicial.

Elementos de conexión emocional y validación social

Desde el inicio, Rojo establece un tono afectivo y cercano (“quiero expresar todo mi cariño y profunda gratitud”), lo que cumple una función psicológica de reforzar los lazos con su red de apoyo. Al mencionar específicamente a los “Antofagastinos”, activa un sentido de pertenencia territorial que la vincula emocionalmente con la comunidad, un recurso clave para alguien que ha estado fuera de su ciudad y busca reintegrarse.

El uso de frases como “Los quiero muchísimo” y “Cada mensaje ha tenido un significado muy especial” no solo expresa agradecimiento, sino que también valida a quienes la han apoyado, incentivando que continúen haciéndolo. Esto refleja una comprensión intuitiva de la dinámica del apoyo social: quien recibe validación tiende a mantener su compromiso emocional.

Construcción de una narrativa de dignidad y control

Rojo enfatiza que ha enfrentado el proceso “con dignidad, fortaleza, responsabilidad, optimismo y fe”. Esta enumeración de valores no es casual: proyecta una imagen de alguien que ha mantenido el control interno pese a las circunstancias externas adversas. Psicológicamente, esto cumple dos funciones:

Refuerza su propia identidad como persona resiliente

Busca contrarrestar posibles estigmas asociados a su condena.

La mención de haber cumplido “más del 80% de mi condena” opera como un anclaje temporal que le permite enmarcar su situación como transitoria y cercana a su resolución, lo que reduce la percepción de amenaza y mantiene la esperanza.

Gestión de la frustración sin confrontación directa

Uno de los pasajes más reveladores es cuando describe esta última etapa como “más complicada e incomprensible de lo esperado”. Aquí, Rojo expresa frustración, pero lo hace de manera contenida, sin atacar directamente a las instituciones. Al mencionar el retraso del informe de Gendarmería de Chile (“hasta ahora este informe aún sigue pendiente”), señala un obstáculo concreto sin asumir una postura acusatoria explícita.

La frase “No estoy pidiendo un privilegio ni que se anticipe una decisión” es particularmente estratégica: anticipa y neutraliza posibles críticas de que estaría buscando un trato especial, posicionándose como alguien que solo solicita lo que considera un derecho legítimo (“que se conozcan mis antecedentes y mi conducta”).

Esperanza como mecanismo de afrontamiento

Rojo mantiene un discurso esperanzador (“Mantengo intacta la esperanza”, “Siempre he enfrentado los momentos difíciles con resiliencia y optimismo”), lo que sugiere el uso de la esperanza como mecanismo de afrontamiento activo. Psicológicamente, esto le permite sostener la motivación y evitar caer en la desesperanza aprendida, un riesgo común en procesos judiciales prolongados.

La expresión “Esta vez no será diferente” refuerza su narrativa de consistencia: si ha superado dificultades antes, podrá hacerlo ahora también.

Proyección hacia el futuro y sentido de propósito

Hacia el cierre, Rojo proyecta un futuro activo (“volver a trabajar, a aportar y reencontrarme”), lo que indica que mantiene un sentido de propósito más allá de su situación actual. La frase “Todavía tengo mucho que entregar” comunica que se percibe como alguien con valor social por contribuir, no como una carga o un caso cerrado.

El cierre “¡¡Vamos que se puede!!” funciona como un llamado a la acción colectiva, invitando a su red de apoyo a mantenerse movilizada junto a ella.

La carta de Karen Rojo refleja un equilibrio psicológico notable entre vulnerabilidad contenida y fortaleza proyectada. A través de un lenguaje cuidadoso, logra expresar frustración sin confrontación, solicitar apoyo sin parecer demandante, y mantener esperanza sin caer en la negación. Es el discurso de alguien que entiende que su reintegración depende tanto de factores institucionales como de la percepción que la comunidad tenga de ella, y que por eso construye un relato que busca preservar ambos frentes.

La polémica por BTS dejó de ser un asunto técnico hace rato y pasó a ser una competencia entre políticos por sacar rédito de una crisis ajena. En vez de explicar con seriedad qué está ocurriendo con una decisión del IND basada en criterios operacionales, varias autoridades optaron por inflar el caso, convertirlo en espectáculo y usarlo como combustible de sus redes sociales.

Cuando la política se disfraza de defensa ciudadana

El IND no autorizó los conciertos de BTS en el Estadio Nacional porque, según su evaluación, el montaje 360° podía comprometer la cancha híbrida y los plazos de recuperación del recinto. Esa es la base del conflicto. Sin embargo, algunos representantes regionales prefirieron convertir ese antecedente en una puesta en escena de indignación selectiva, como si estuvieran defendiendo una gran causa pública cuando en realidad estaban montándose sobre un tema de alta exposición mediática.

Pedro Araya, senador, habló de familias que compraron entradas, pasajes y hoteles, un argumento válido para exigir información, pero insuficiente para justificar la sobreactuación política que terminó empujando el caso a la agenda del Congreso. Jaime Araya, diputado, fue más agresivo y politizó el asunto con acusaciones de “incompetencia”; además, decidió citar a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados a la ministra del Deporte y a la presidenta del fans club, una maniobra realmente bizarra. Fabián Ossandón, diputado, también se sumó con oficio y declaraciones, reforzando la sensación de que el caso ya no se estaba tratando como un problema puntual, sino como una vitrina perfecta para aparecer.

Un show que tapa lo importante

Más grave que discutir sobre BTS es el hecho de que esta pelea ha ocupado tiempo, energía y espacio público que deberían estar dedicados a las necesidades reales de Antofagasta. La región arrastra urgencias mucho más duras: seguridad, salud, conectividad, empleo y una frontera norte tensionada, temas donde sí se espera liderazgo y gestión efectiva. Pero frente a eso, la clase política local parece preferir el ruido fácil antes que el trabajo incómodo.

El caso del gobernador Ricardo Díaz es particularmente revelador: su comentario sobre “una gran extensión de terreno” para BTS no aporta nada concreto, pero sí garantiza circulación en redes y titulares livianos. Ese tipo de reacción puede parecer simpática, pero en realidad trivializa el cargo y lo reduce a una caricatura de fandom institucional. En un escenario normal, una autoridad regional debería empujar soluciones para su territorio, no competir por quién hace el post más viral.

El costo de la sobreactuación

El problema de fondo es que cuando todo se transforma en performance, la representación política se degrada. Se habla en nombre de “las familias” o de “la gente” para intervenir en un conflicto que, en esencia, involucra a una productora privada, un recinto deportivo nacional y un criterio técnico del Estado. El resultado es una especie de circo institucional donde cada actor busca aparecer más indignado que el anterior.

Y mientras tanto, la región sigue esperando respuestas en asuntos mucho más decisivos. No hay proporcionalidad entre la energía desplegada para opinar sobre BTS y la flojera que suele exhibirse cuando se trata de presionar por soluciones estructurales para Antofagasta. Esa es la verdadera molestia: no que hablen del tema, sino que lo hagan como si fuera prioridad regional cuando, en realidad, es solo una oportunidad para hacerse notar.

La lección que dejan

La controversia por BTS muestra a una parte de la clase política más preocupada de la agenda viral que de la agenda pública. Y eso, en una región con tantas urgencias acumuladas, es una falta de respeto con la ciudadanía. No se trata de negar el derecho de los fanáticos a pedir certezas; se trata de exigir que los representantes no confundan empatía con oportunismo y fiscalización con teatro.

“Salido de la dirección de FOSIS, teniendo en cuenta todo el trabajo que he desplegado en menos, o sea, en cinco semanas. Le atribuyo más a un tema político y tienen que dejarlo transparentar las personas que corresponden ahí y no huir de las responsabilidades, porque aquí no creo que Santiago tome determinaciones por sí solo si ellos no tienen ninguna conexión con Antofagasta”, declaró Soto.

El exdirectivo agregó que la decisión, a su juicio, debió basarse en la opinión de autoridades de la región. “Tiene que basarse en la opinión de algunas autoridades de acá, de la región. Y en ese sentido, aquí hay dos jefaturas que están arriba de FOSIS. Una, la Seremi de Desarrollo Social, y lo he dicho en diversas oportunidades, que hace un par de semanas ya estaba consultando quién entraba, quién salía, los funcionarios nuestros, saltándose el protocolo, que era mi persona, para consultar qué estaba haciendo, qué no estaba haciendo”, afirmó.

Soto también apuntó a la Delegación Presidencial y cuestionó el rol que, a su juicio, estarían teniendo otras autoridades en las designaciones y salidas de cargos regionales. “Y segundo, la delegación presidencial. No creo que la delegación esté solamente acá para administrar según lo que le entreguen de Santiago. No hay ninguna duda, la opinión del diputado debe ser considerada. En este caso, sí hubo alguna opinión. Cuando hablo con el subsecretario y me dice que las autoridades regionales fueron consultadas, es parte de las autoridades regionales. Ellos instalan personas y las sacan también”, señaló.

Finalmente, el exdirector regional criticó duramente la forma en que se produjo su salida y defendió la necesidad de priorizar a personas con experiencia territorial. “Entonces, creo que ese tipo de matonería no debe existir. Aquí creo que tiene que quedar la gente de mérito y la gente que tiene esa cercanía con la gente. Si hoy día lo que necesitamos son más personas con terreno, gente que esté comunicada con la ciudadanía. Y si eso les molesta al gobierno regional o a algunas autoridades en particular, lamentable por ellos, pero Roberto Soto va a seguir estando trabajando en la calle, con la gente, con los vecinos”, sostuvo.

Lo que a simple vista parecía una simpática actividad para que los vecinos de Antofagasta intercambiaran sus láminas repetidas del álbum del Mundial 2026, terminó revelando una dimensión política que pocos quisieron nombrar en voz alta: el diputado Fabián Ossandón organizó el pasado 13 de junio una cambiatón masiva en Antofagasta, y entre los rostros que lo acompañaron estuvo el ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, figura que pese a su errática trayectoria política mantiene una base de simpatizantes fieles y que habría aprovechado el evento para contactar potenciales militantes y adherentes.

El Escenario Perfecto para Hacer Política sin Parecerlo

La fórmula es tan efectiva como difícil de criticar públicamente: convocar una actividad gratuita, familiar, ligada a uno de los fenómenos de masas más grandes del año el álbum Panini del Mundial 2026 tiene 980 láminas y 48 selecciones, rompió todos los récords de venta en Chile y generó filas de decenas de personas desde el primer día y colocarse al centro de la foto como organizador y anfitrión.

El evento convocado por Ossandón reunió a decenas de vecinos, niños y familias en una jornada aparentemente inocua. Sin embargo, la presencia de Franco Parisi es algo más parecido a un acto de reclutamiento político que a una actividad comunitaria espontánea.

El Manual del Populismo Mundialero

El diputado Ossandón realizó la convocatoria a través de sus redes personales, aprovechando el peso de su cargo como respaldo institucional. El mecanismo es conocido: bajo un costo político prácticamente nulo, se obtiene una alta exposición mediática y, al mismo tiempo, la posibilidad de captar  simpatizantes en un contexto que no despierta sospechas de reclutamiento.

Parisi: El Regreso por la Puerta de las Láminas

La presencia de Franco Parisi en el evento añade una capa adicional de complejidad al análisis. El fundador del Partido de la Gente, que en la elección presidencial de 2025 volvió a instalarse como una figura competitiva con una votación relevante a nivel nacional, parece encontrar en actividades como las cambiatones un escenario especialmente útil para reconectar con una base social que se siente distante de la política tradicional: familias de clase media, jóvenes y trabajadores que se mueven más por cercanía, utilidad y presencia territorial que por militancia o ideología.

Ganar un simpatizante en una cambiatón cuesta exactamente lo mismo que ganar uno en un acto político formal: nada. Pero la imagen es radicalmente distinta.

La Pregunta que Nadie Hace

El periodismo tiene la obligación de plantear lo que la comodidad del momento mundialero invita a ignorar: ¿cuándo termina el servicio comunitario y cuándo empieza la campaña?

Cuando un diputado organiza una cambiatón, lo pone en su currículum de gestión. Cuando un ex candidato presidencial aparece en esa misma actividad captando adherentes, el evento deja de ser una reunión de coleccionistas y se convierte en algo que merece, al menos, ser nombrado por su nombre real.

El Presidente José Antonio Kast utilizó su primera Cuenta Pública 2026 para delinear una agenda de gobierno centrada en orden, reactivación económica y políticas sociales focalizadas. En un mensaje de alto contenido político y programático, el Mandatario sostuvo que “la emergencia no es el lugar donde Chile se queda”, y presentó una batería de anuncios que abarcan seguridad, empleo, salud, vivienda, educación, cultura, deportes, regiones y modernización del Estado.

Seguridad y control territorial

Kast abrió su discurso con un fuerte énfasis en seguridad, a la que definió como una de las tres emergencias que enfrenta el país. Entre los principales anuncios destacó la creación de siete Fuerzas de Tarea para combatir amenazas específicas como fronteras y puertos, secuestro y sicariato, ciberdelito, crimen organizado, mercados ilícitos, finanzas criminales y violencia en la Macrozona Sur. También comprometió un despliegue intensivo en 50 barrios críticos, con copamiento policial dirigido, patrullaje preventivo, monitoreo tecnológico y acciones focalizadas contra bandas delictuales.

El Presidente anunció además una agenda legislativa para reforzar el combate al crimen organizado, incluyendo el aumento del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, mayores facultades para las policías, más herramientas para expulsar migrantes irregulares y la ampliación de penas por asociación delictiva. A ello sumó el proyecto de ley para crear un Registro de Vándalos e Incivilidades, que implicará pérdida de beneficios sociales para quienes cometan ciertos delitos o incivilidades graves.

Empleo y crecimiento

En el plano económico, Kast sostuvo que el crecimiento es la vía para recuperar el empleo perdido y prometió llevar la economía a crecer al 4% y reducir el desempleo al 6%, con la meta de recuperar al menos 300 mil puestos de trabajo. El Mandatario remarcó que el país enfrenta una “emergencia económica” y apuntó a destrabar inversiones, reducir trabas regulatorias y modernizar permisos sectoriales como parte de su estrategia de reactivación.

El Presidente también anunció una modernización para la pequeña y mediana minería, con reducción de requisitos y simplificación de trámites, además de nuevas medidas para acelerar inversiones en energía, infraestructura y logística. En el agro, comprometió más agua, competitividad y desarrollo rural, además de fortalecer la gestión forestal y la prevención de incendios.

Salud y listas de espera

Uno de los ejes más extensos del mensaje fue salud, donde Kast reconoció la magnitud de las listas de espera y puso como prioridad la atención oncológica y el acceso oportuno a prestaciones. En ese marco, destacó el Plan Oncológico de 90 días, que según expuso permitió contactar al 99% de las más de 33 mil personas que estaban rezagadas en la red y avanzar cerca de un 80% en la resolución de los casos más críticos.

El Mandatario anunció además más de 4.800 cupos a través de FONASA para atender retrasos oncológicos en distintas regiones y comprometió seguir reduciendo las más de tres millones de prestaciones pendientes, con más horas médicas, operativos quirúrgicos y mejor coordinación público-privada. En su diagnóstico, el sistema de salud “actúa cuando ya es tarde”, por lo que llamó a reforzar prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación.

Vivienda y reconstrucción

En vivienda, Kast planteó que Chile enfrenta un déficit de casi 500 mil familias sin hogar, con más de 120 mil viviendo en campamentos, y aseguró que su administración buscará reducir la burocracia que retrasa los proyectos habitacionales. Entre los anuncios concretos, propuso abrir programas de vivienda a la clase media, elevar postulaciones hasta las 4.000 UF con apoyo estatal y traspasar más de 10 millones de metros cuadrados de suelo fiscal para habilitar nuevos proyectos.

A ello sumó la creación de “Operación Sitio 2.0” y el programa “Eriazo Cero”, orientado a transformar terrenos abandonados en plazas, canchas y sedes comunitarias. También comprometió 400 mil millones de pesos para la reconstrucción de viviendas dañadas por incendios en Valparaíso, Ñuble y Biobío.

Bono y apoyo social

En el plano social, el Presidente anunció un apoyo económico de $30.000 por niño para las familias del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares que tengan hijos entre 0 y 13 años. El beneficio fue presentado como una medida directa para aliviar el gasto del hogar en un contexto de inflación y estrechez económica.

Además, detalló otras ayudas del plan Chile Sale Adelante, como congelamiento de tarifas del transporte público, reducción y congelamiento del precio de la parafina, cupón de gas licuado para el 80% más vulnerable, apoyo a taxistas, colectiveros y transportistas escolares, y un alivio de 100 mil pesos a pescadores artesanales.

Educación, infancia y familia

En educación, Kast anunció el proyecto Escuelas Protegidas, orientado a enfrentar la violencia escolar, y la conformación del Consejo Nacional de Directores por Chile para entregar mayor voz a los equipos directivos. También comprometió un nuevo esquema de admisión escolar que considere el mérito de los alumnos y el derecho de los padres a elegir proyecto educativo, además de una estrategia nacional llamada “Chile Aprende y Avanza” para reforzar lectura, escritura y matemática.

En infancia y familia, el Presidente anunció la Secretaría del Plan Chile Renace, una comisión asesora presidencial para enfrentar la baja natalidad, y el plan Crecer en Familia para fomentar la desinternación de niños pequeños hacia familias de acogida. También informó una estrategia nacional contra la explotación sexual infantil y el plan Entornos Digitales Seguros.

Cultura, deporte y regiones

Kast también hizo anuncios en cultura y deporte, al comprometer el Plan Nacional de Recuperación, Limpieza y Puesta en Valor de Monumentos y Espacios Públicos, liderado por Cultura. En deportes, destacó la recién promulgada Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y anunció una mesa de trabajo para impulsar un plan de infraestructura deportiva con apoyo público-privado, especialmente en regiones.

En materia territorial, el Presidente puso el foco en obras como el Plan Ruta Austral, la expansión de puertos y el fortalecimiento de la conectividad hacia zonas extremas, además de remarcar el potencial de la Carretera Austral como eje de soberanía, turismo y empleo. También mencionó la expansión de Metro en Santiago, aunque insistió en que su política de desarrollo debe llegar a “todas partes” y no solo a la capital.

Modernización y anticorrupción

Otro bloque relevante fue el de modernización del Estado. Kast anunció una fusión entre Interior y la Segpres, la creación de una comisión de expertos para proponer una nueva arquitectura estatal y una reducción de ministerios en el mediano plazo. También informó una revisión inédita del gasto público mediante el Plan de Inspección Total, con más de mil auditores y apoyo de inteligencia artificial para detectar irregularidades.

En esa misma línea, comprometió una modernización del Sistema de Alta Dirección Pública, una nueva versión de la Ley de Transparencia y una Fuerza de Tarea Legal para acelerar sumarios por mal uso de licencias médicas. El Presidente cerró el bloque afirmando que cada peso mal gastado es un recurso que deja de llegar a salud, educación, alimentación escolar o inversión social.

Cierre político

El mensaje de Kast combinó tono épico, énfasis en orden y una fuerte apelación a la unidad. El Mandatario buscó instalar la idea de que Chile atraviesa una emergencia múltiple seguridad, económica y social, pero que puede salir adelante si se reactivan la inversión, el empleo, la disciplina fiscal y la presencia efectiva del Estado.

La Cuenta Pública dejó así un paquete amplio de anuncios que apuntan a consolidar el sello del nuevo Gobierno: control del delito, ajuste del aparato público, activación económica y una agenda social focalizada en los grupos más vulnerables

La intervención afectó a un área donde residía un número importante de familias y también una zona de carácter industrial. Según explicó el general de Carabineros en el lugar, el proceso se desarrolló con normalidad gracias al trabajo preventivo realizado en días previos, que incluyó conversaciones directas con las familias para obtener su voluntad de retiro.

Un operativo ordenado tras trabajo preventivo

“Hasta el momento se ha desarrollado todo de manera tranquila. El trabajo preventivo en los días previos nos permitió ir conversando con las familias para obtener la voluntad de ellos del retiro y ha dado resultados favorables”, señaló la autoridad policial en declaraciones al pie del operativo.

El despliegue contó con la participación coordinada de la Delegación Presidencial Regional, la Municipalidad de Antofagasta y Carabineros, incluyendo personal de Control de Orden Público, el GOPE y unidades territoriales, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden durante el cumplimiento de la resolución

Inseguridad e insalubridad, las razones detrás

La autoridad policial fue directa al caracterizar los campamentos como focos de insalubridad e inseguridad. “Hay aspectos de insalubridad y también de inseguridades que se producen generalmente en estos sectores. Con todo el respeto, hay personas que llegan acá por temas de emergencia, necesidades y vulnerabilidades, pero también otros llegan para delinquir”, afirmó el general, mencionando además problemas de ruidos molestos y peleas entre vecinos como las situaciones más frecuentes reportadas en el campamento.

La intervención en La Chimba se suma a las acciones de recuperación de espacios públicos y control de asentamientos irregulares que las autoridades regionales han desarrollado en distintos puntos de Antofagasta en las últimas semanas.

En una entrevista concedida este jueves al periodista Juan Manuel Astorga en Radio Infinita, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, respondió sin filtros a las críticas de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien le había pedido públicamente mantener un tono de respeto en la discusión sobre la Ley de Humedales. Lejos de ceder, Poduje devolvió el golpe con una referencia directa a Antofagasta, poniendo sobre la mesa la crisis de campamentos y el déficit habitacional de la región.

El periodista le preguntó cuánto de la forma pudo haber ‘contaminado el fondo’ del debate, mencionando que incluso personas afines al gobierno, como la senadora Núñez, le habían pedido moderación. La respuesta del ministro no tardó y fue directa al hueso.

“Me encantaría que la senadora Núñez mostrara esta misma alteración o preocupación por el severo problema que tenemos en Antofagasta con los campamentos y la falta de terreno también ahí. Es un tema crítico; de hecho, ahí el expresidente Boric no cumplió una meta habitacional.”

El tono como excusa, dice Poduje

El ministro reconoció haber pedido disculpas por su forma de expresarse en días anteriores, pero relativizó el impacto de ese hecho:

“Mi tono no tiene nada que ver con el tono de molestia que tienen los dirigentes con quienes tengo que hablar, o las personas que reciben sus casas con falla, y ahí no veo yo a los parlamentarios con la piel sensible haciendo nada.”

Con esa frase, Poduje trasladó la responsabilidad hacia el Congreso, acusando implícitamente a parlamentarios de priorizar las formas por sobre la solución de problemas reales de vivienda.

“Mirarse el ombligo” vs. servir a las personas

La declaración más contundente del ministro apuntó directamente al rol de los legisladores:

“Como servidores públicos nosotros tenemos que ponernos al servicio de las personas y no tanto mirarnos el ombligo y ver si el tono afecta el fondo del problema; y el fondo del problema es que tenemos leyes que están muy mal hechas y que tenemos que arreglar, y yo no veo ninguna prioridad en esa materia.”

Con esa declaración, el ministro cuestionó que el debate sobre su tono opaque la discusión de fondo sobre leyes habitacionales que, a su juicio, requieren reforma urgente.

Antofagasta en el centro del debate nacional

La mención expresa a Antofagasta por parte del ministro no es menor. La región enfrenta una de las tasas más altas de campamentos del país, con miles de familias en situación de vulnerabilidad habitacional. Al traer ese dato al debate político nacional, Poduje tensionó aún más su relación con Núñez quien representa precisamente a la Región de Antofagasta y dejó implícito que, mientras se discute el tono del debate, las familias del norte siguen esperando soluciones concretas.

El episodio se enmarca en una semana de alta tensión para el gobierno de José Antonio Kast, que además debió enfrentar la desvinculación de dos funcionarios del Minvu cercanos a la propia senadora Núñez hecho que fue ampliamente interpretado como represalia política, profundizando la primera gran fractura interna del oficialismo.

El contexto: Ley de Humedales en la mira

Todo partió cuando Poduje visitó Valdivia para revisar el proyecto habitacional Guacamayo 3, que afecta a más de 570 familias con más de ocho años de espera. Allí calificó la Ley de Humedales Urbanos como ‘una locura’ y ‘mal hecha’, generando la respuesta del senador Alfonso de Urresti (PS) y, posteriormente, de la presidenta del Senado. Poduje reconoció excederse en las formas, pero reafirmó en Radio Infinita que su postura de fondo no cambia.

Durante años, el diputado Jaime Araya (IND-PPD), representante de la Región de Antofagasta, construyó buena parte de su perfil público sobre el discurso más duro frente a la migración irregular. En junio de 2025, llegó a declarar en un programa de radio que “agarraría un barco, los echo arriba y los mando de vuelta a Venezuela”, frase que se viralizó a nivel nacional y lo convirtió en referente del discurso antimigratorio dentro de la oposición. El martes 24 de marzo de 2026, ese mismo diputado votó en contra del proyecto de ley que restringe el acceso de migrantes irregulares a beneficios fiscales del Estado.

Qué decía Araya… y qué hizo en la votación

El registro es lapidario. En febrero de 2025, Araya fue uno de los firmantes del proyecto para limitar el voto de migrantes avecindados, declarando que “no se puede regalar el derecho a decidir quién gobierna en Chile” y que “hay quienes por unos votos más son capaces de vender cualquier cosa”. En marzo de 2025, en otro registro que circuló masivamente en redes sociales, dijo que situaciones como la migración masiva “no pasan en ninguna parte del mundo civilizado”.

Sin embargo, en la sesión ordinaria N°4 del 24 de marzo de 2026, el registro oficial de la Cámara de Diputados lo ubica en la columna de los 48 votos en contra del proyecto boletín 17.474, que fue aprobado con 95 votos a favor y 7 abstenciones. La iniciativa que restringe subsidios, beneficios habitacionales y atención médica prioritaria a quienes ingresaron al país de manera irregular fue respaldada por casi toda la derecha y una parte de la centro-izquierda.

Qué prohíbe exactamente el proyecto que Araya rechazó

La iniciativa, presentada originalmente por diputados de UDI, RN y Evópoli, incorpora en la Ley 21.325 de Migración y Extranjería tres cambios concretos:

• Exige cédula de identidad vigente del Registro Civil para acceder a cualquier beneficio fiscal
• Establece residencia definitiva como requisito para subsidios habitacionales o de arriendo
• Prohíbe entregar número identificatorio a personas que ingresaron por pasos no habilitados
• Permite priorizar la atención médica y educativa en favor de ciudadanos chilenos frente a migrantes irregulares

La ley fue presentada en un contexto en que la población de migrantes irregulares en Chile creció más de un 3.000% entre 2018 y 2023, superando las 336 mil personas según datos del INE y el Servicio Nacional de Migraciones.

La reacción en redes: “Años hablando de los migrantes y votó con la izquierda”

La contradicción no pasó inadvertida. En redes sociales, usuarios de la Región de Antofagasta recordaron los dichos del diputado y los contrastaron con su voto. “El diputado Jaime Araya, durante años en Sin Filtros, despotricaba con la inmigración ilegal, que era lo peor para la región de Antofagasta”, escribió un usuario en X (Twitter), resaltando la paradoja. La publicación fue ampliamente compartida entre usuarios del norte del país.

La pregunta que queda sin responder

Hasta el cierre de esta nota, el diputado Araya no había emitido declaración pública explicando su voto en contra. El proyecto pasa ahora a segundo trámite en el Senado, donde deberá sortear una nueva votación.

Jaime Araya llegó al Congreso con solo el 4,27% de los votos: el diputado del discurso antimigrante que sobrevivió gracias al arrastre de Videla

El 16 de noviembre de 2025, los electores del Distrito 3 de Antofagasta entregaron su veredicto. El diputado Jaime Araya Guerrero (IND-PPD) obtuvo 13.604 votos, equivalentes al 4,27% de los sufragios válidos. Una cifra que, en cualquier análisis honesto, no habría sido suficiente para renovar su escaño en la Cámara de Diputados.

Lo que salvó a Araya fue el fenómeno más contundente de la elección regional: su compañero de lista, el diputado Sebastián Videla (IND-PL), arrasó con 74.340 votos el 23,31% del total convirtiéndose en el parlamentario más votado de Chile fuera de Santiago. El voluminoso cociente que aportó Videla al pacto Unidad por Chile activó el mecanismo D’Hondt y generó un doble arrastre que llevó al Congreso tanto a Araya como a la exministra Marcela Hernando (3,74%), quien tampoco habría entrado por sus propios votos.

Los números que incomodan

La comparación dentro de la misma lista es demoledora:

Araya bajó desde el 6,39% que obtuvo en las elecciones de 2021, perdiendo más de dos puntos porcentuales de respaldo ciudadano en cuatro años. La región, en síntesis, le retiró apoyo. Fue Videla quien lo mantuvo en pie.

La paradoja del diputado más duro con los migrantes

El dato electoral adquiere mayor relevancia considerando el perfil público que Araya construyó durante su mandato. El diputado que en junio de 2025 declaró ante las cámaras que “agarraría un barco, los echo arriba y los mando de vuelta a Venezuela”, llegó al Congreso con el respaldo directo de apenas 13.604 antofagastinos. Una cifra que representa el 4,27% del padrón regional y que no alcanzó ni de cerca para ganar un escaño por mérito propio.

Sin embargo, con ese mandato acotado, Araya ocupa una banca en la Cámara y usa su tribuna para posicionarse como voz del norte en materia migratoria. Lo que los electores no saben necesariamente es que ese escaño no fue conquistado en las urnas, sino cedido por el arrastre de otro.

El Distrito 3: Videla manda, el resto sobrevive

Los analistas coinciden en que los resultados del Distrito 3 mostraron una realidad política clara: Videla es el único parlamentario con mandato propio en la región de Antofagasta. Su votación en la ciudad capital fue especialmente aplastante: en Antofagasta obtuvo el 31,91% de los votos, superando en algunos sectores el 40%. El resto de los diputados electos incluido Araya debe su presencia en Santiago a ese resultado extraordinario, no a una conexión territorial propia con el electorado.

Lo que queda pendiente

Araya ha iniciado su nuevo período legislativo con el mismo discurso que lo caracterizó: duro con la migración irregular, crítico del gobierno anterior y activo en redes sociales. Lo que aún no ha explicado públicamente es por qué, habiendo construido esa imagen, votó en contra del proyecto que restringe el acceso de migrantes irregulares a beneficios fiscales, aprobado el 24 de marzo con 95 votos a favor en la Cámara. Una contradicción que sus propios electores los 13.604 que sí le dieron su voto merecen que él mismo responda.