Lo que a simple vista parecía una simpática actividad para que los vecinos de Antofagasta intercambiaran sus láminas repetidas del álbum del Mundial 2026, terminó revelando una dimensión política que pocos quisieron nombrar en voz alta: el diputado Fabián Ossandón organizó el pasado 13 de junio una cambiatón masiva en Antofagasta, y entre los rostros que lo acompañaron estuvo el ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, figura que pese a su errática trayectoria política mantiene una base de simpatizantes fieles y que habría aprovechado el evento para contactar potenciales militantes y adherentes.

El Escenario Perfecto para Hacer Política sin Parecerlo

La fórmula es tan efectiva como difícil de criticar públicamente: convocar una actividad gratuita, familiar, ligada a uno de los fenómenos de masas más grandes del año el álbum Panini del Mundial 2026 tiene 980 láminas y 48 selecciones, rompió todos los récords de venta en Chile y generó filas de decenas de personas desde el primer día y colocarse al centro de la foto como organizador y anfitrión.

El evento convocado por Ossandón reunió a decenas de vecinos, niños y familias en una jornada aparentemente inocua. Sin embargo, la presencia de Franco Parisi es algo más parecido a un acto de reclutamiento político que a una actividad comunitaria espontánea.

El Manual del Populismo Mundialero

El diputado Ossandón realizó la convocatoria a través de sus redes personales, aprovechando el peso de su cargo como respaldo institucional. El mecanismo es conocido: bajo un costo político prácticamente nulo, se obtiene una alta exposición mediática y, al mismo tiempo, la posibilidad de captar  simpatizantes en un contexto que no despierta sospechas de reclutamiento.

Parisi: El Regreso por la Puerta de las Láminas

La presencia de Franco Parisi en el evento añade una capa adicional de complejidad al análisis. El fundador del Partido de la Gente, que en la elección presidencial de 2025 volvió a instalarse como una figura competitiva con una votación relevante a nivel nacional, parece encontrar en actividades como las cambiatones un escenario especialmente útil para reconectar con una base social que se siente distante de la política tradicional: familias de clase media, jóvenes y trabajadores que se mueven más por cercanía, utilidad y presencia territorial que por militancia o ideología.

Ganar un simpatizante en una cambiatón cuesta exactamente lo mismo que ganar uno en un acto político formal: nada. Pero la imagen es radicalmente distinta.

La Pregunta que Nadie Hace

El periodismo tiene la obligación de plantear lo que la comodidad del momento mundialero invita a ignorar: ¿cuándo termina el servicio comunitario y cuándo empieza la campaña?

Cuando un diputado organiza una cambiatón, lo pone en su currículum de gestión. Cuando un ex candidato presidencial aparece en esa misma actividad captando adherentes, el evento deja de ser una reunión de coleccionistas y se convierte en algo que merece, al menos, ser nombrado por su nombre real.

El Presidente José Antonio Kast utilizó su primera Cuenta Pública 2026 para delinear una agenda de gobierno centrada en orden, reactivación económica y políticas sociales focalizadas. En un mensaje de alto contenido político y programático, el Mandatario sostuvo que “la emergencia no es el lugar donde Chile se queda”, y presentó una batería de anuncios que abarcan seguridad, empleo, salud, vivienda, educación, cultura, deportes, regiones y modernización del Estado.

Seguridad y control territorial

Kast abrió su discurso con un fuerte énfasis en seguridad, a la que definió como una de las tres emergencias que enfrenta el país. Entre los principales anuncios destacó la creación de siete Fuerzas de Tarea para combatir amenazas específicas como fronteras y puertos, secuestro y sicariato, ciberdelito, crimen organizado, mercados ilícitos, finanzas criminales y violencia en la Macrozona Sur. También comprometió un despliegue intensivo en 50 barrios críticos, con copamiento policial dirigido, patrullaje preventivo, monitoreo tecnológico y acciones focalizadas contra bandas delictuales.

El Presidente anunció además una agenda legislativa para reforzar el combate al crimen organizado, incluyendo el aumento del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, mayores facultades para las policías, más herramientas para expulsar migrantes irregulares y la ampliación de penas por asociación delictiva. A ello sumó el proyecto de ley para crear un Registro de Vándalos e Incivilidades, que implicará pérdida de beneficios sociales para quienes cometan ciertos delitos o incivilidades graves.

Empleo y crecimiento

En el plano económico, Kast sostuvo que el crecimiento es la vía para recuperar el empleo perdido y prometió llevar la economía a crecer al 4% y reducir el desempleo al 6%, con la meta de recuperar al menos 300 mil puestos de trabajo. El Mandatario remarcó que el país enfrenta una “emergencia económica” y apuntó a destrabar inversiones, reducir trabas regulatorias y modernizar permisos sectoriales como parte de su estrategia de reactivación.

El Presidente también anunció una modernización para la pequeña y mediana minería, con reducción de requisitos y simplificación de trámites, además de nuevas medidas para acelerar inversiones en energía, infraestructura y logística. En el agro, comprometió más agua, competitividad y desarrollo rural, además de fortalecer la gestión forestal y la prevención de incendios.

Salud y listas de espera

Uno de los ejes más extensos del mensaje fue salud, donde Kast reconoció la magnitud de las listas de espera y puso como prioridad la atención oncológica y el acceso oportuno a prestaciones. En ese marco, destacó el Plan Oncológico de 90 días, que según expuso permitió contactar al 99% de las más de 33 mil personas que estaban rezagadas en la red y avanzar cerca de un 80% en la resolución de los casos más críticos.

El Mandatario anunció además más de 4.800 cupos a través de FONASA para atender retrasos oncológicos en distintas regiones y comprometió seguir reduciendo las más de tres millones de prestaciones pendientes, con más horas médicas, operativos quirúrgicos y mejor coordinación público-privada. En su diagnóstico, el sistema de salud “actúa cuando ya es tarde”, por lo que llamó a reforzar prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación.

Vivienda y reconstrucción

En vivienda, Kast planteó que Chile enfrenta un déficit de casi 500 mil familias sin hogar, con más de 120 mil viviendo en campamentos, y aseguró que su administración buscará reducir la burocracia que retrasa los proyectos habitacionales. Entre los anuncios concretos, propuso abrir programas de vivienda a la clase media, elevar postulaciones hasta las 4.000 UF con apoyo estatal y traspasar más de 10 millones de metros cuadrados de suelo fiscal para habilitar nuevos proyectos.

A ello sumó la creación de “Operación Sitio 2.0” y el programa “Eriazo Cero”, orientado a transformar terrenos abandonados en plazas, canchas y sedes comunitarias. También comprometió 400 mil millones de pesos para la reconstrucción de viviendas dañadas por incendios en Valparaíso, Ñuble y Biobío.

Bono y apoyo social

En el plano social, el Presidente anunció un apoyo económico de $30.000 por niño para las familias del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares que tengan hijos entre 0 y 13 años. El beneficio fue presentado como una medida directa para aliviar el gasto del hogar en un contexto de inflación y estrechez económica.

Además, detalló otras ayudas del plan Chile Sale Adelante, como congelamiento de tarifas del transporte público, reducción y congelamiento del precio de la parafina, cupón de gas licuado para el 80% más vulnerable, apoyo a taxistas, colectiveros y transportistas escolares, y un alivio de 100 mil pesos a pescadores artesanales.

Educación, infancia y familia

En educación, Kast anunció el proyecto Escuelas Protegidas, orientado a enfrentar la violencia escolar, y la conformación del Consejo Nacional de Directores por Chile para entregar mayor voz a los equipos directivos. También comprometió un nuevo esquema de admisión escolar que considere el mérito de los alumnos y el derecho de los padres a elegir proyecto educativo, además de una estrategia nacional llamada “Chile Aprende y Avanza” para reforzar lectura, escritura y matemática.

En infancia y familia, el Presidente anunció la Secretaría del Plan Chile Renace, una comisión asesora presidencial para enfrentar la baja natalidad, y el plan Crecer en Familia para fomentar la desinternación de niños pequeños hacia familias de acogida. También informó una estrategia nacional contra la explotación sexual infantil y el plan Entornos Digitales Seguros.

Cultura, deporte y regiones

Kast también hizo anuncios en cultura y deporte, al comprometer el Plan Nacional de Recuperación, Limpieza y Puesta en Valor de Monumentos y Espacios Públicos, liderado por Cultura. En deportes, destacó la recién promulgada Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y anunció una mesa de trabajo para impulsar un plan de infraestructura deportiva con apoyo público-privado, especialmente en regiones.

En materia territorial, el Presidente puso el foco en obras como el Plan Ruta Austral, la expansión de puertos y el fortalecimiento de la conectividad hacia zonas extremas, además de remarcar el potencial de la Carretera Austral como eje de soberanía, turismo y empleo. También mencionó la expansión de Metro en Santiago, aunque insistió en que su política de desarrollo debe llegar a “todas partes” y no solo a la capital.

Modernización y anticorrupción

Otro bloque relevante fue el de modernización del Estado. Kast anunció una fusión entre Interior y la Segpres, la creación de una comisión de expertos para proponer una nueva arquitectura estatal y una reducción de ministerios en el mediano plazo. También informó una revisión inédita del gasto público mediante el Plan de Inspección Total, con más de mil auditores y apoyo de inteligencia artificial para detectar irregularidades.

En esa misma línea, comprometió una modernización del Sistema de Alta Dirección Pública, una nueva versión de la Ley de Transparencia y una Fuerza de Tarea Legal para acelerar sumarios por mal uso de licencias médicas. El Presidente cerró el bloque afirmando que cada peso mal gastado es un recurso que deja de llegar a salud, educación, alimentación escolar o inversión social.

Cierre político

El mensaje de Kast combinó tono épico, énfasis en orden y una fuerte apelación a la unidad. El Mandatario buscó instalar la idea de que Chile atraviesa una emergencia múltiple seguridad, económica y social, pero que puede salir adelante si se reactivan la inversión, el empleo, la disciplina fiscal y la presencia efectiva del Estado.

La Cuenta Pública dejó así un paquete amplio de anuncios que apuntan a consolidar el sello del nuevo Gobierno: control del delito, ajuste del aparato público, activación económica y una agenda social focalizada en los grupos más vulnerables

La intervención afectó a un área donde residía un número importante de familias y también una zona de carácter industrial. Según explicó el general de Carabineros en el lugar, el proceso se desarrolló con normalidad gracias al trabajo preventivo realizado en días previos, que incluyó conversaciones directas con las familias para obtener su voluntad de retiro.

Un operativo ordenado tras trabajo preventivo

“Hasta el momento se ha desarrollado todo de manera tranquila. El trabajo preventivo en los días previos nos permitió ir conversando con las familias para obtener la voluntad de ellos del retiro y ha dado resultados favorables”, señaló la autoridad policial en declaraciones al pie del operativo.

El despliegue contó con la participación coordinada de la Delegación Presidencial Regional, la Municipalidad de Antofagasta y Carabineros, incluyendo personal de Control de Orden Público, el GOPE y unidades territoriales, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden durante el cumplimiento de la resolución

Inseguridad e insalubridad, las razones detrás

La autoridad policial fue directa al caracterizar los campamentos como focos de insalubridad e inseguridad. “Hay aspectos de insalubridad y también de inseguridades que se producen generalmente en estos sectores. Con todo el respeto, hay personas que llegan acá por temas de emergencia, necesidades y vulnerabilidades, pero también otros llegan para delinquir”, afirmó el general, mencionando además problemas de ruidos molestos y peleas entre vecinos como las situaciones más frecuentes reportadas en el campamento.

La intervención en La Chimba se suma a las acciones de recuperación de espacios públicos y control de asentamientos irregulares que las autoridades regionales han desarrollado en distintos puntos de Antofagasta en las últimas semanas.

En una entrevista concedida este jueves al periodista Juan Manuel Astorga en Radio Infinita, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, respondió sin filtros a las críticas de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien le había pedido públicamente mantener un tono de respeto en la discusión sobre la Ley de Humedales. Lejos de ceder, Poduje devolvió el golpe con una referencia directa a Antofagasta, poniendo sobre la mesa la crisis de campamentos y el déficit habitacional de la región.

El periodista le preguntó cuánto de la forma pudo haber ‘contaminado el fondo’ del debate, mencionando que incluso personas afines al gobierno, como la senadora Núñez, le habían pedido moderación. La respuesta del ministro no tardó y fue directa al hueso.

“Me encantaría que la senadora Núñez mostrara esta misma alteración o preocupación por el severo problema que tenemos en Antofagasta con los campamentos y la falta de terreno también ahí. Es un tema crítico; de hecho, ahí el expresidente Boric no cumplió una meta habitacional.”

El tono como excusa, dice Poduje

El ministro reconoció haber pedido disculpas por su forma de expresarse en días anteriores, pero relativizó el impacto de ese hecho:

“Mi tono no tiene nada que ver con el tono de molestia que tienen los dirigentes con quienes tengo que hablar, o las personas que reciben sus casas con falla, y ahí no veo yo a los parlamentarios con la piel sensible haciendo nada.”

Con esa frase, Poduje trasladó la responsabilidad hacia el Congreso, acusando implícitamente a parlamentarios de priorizar las formas por sobre la solución de problemas reales de vivienda.

“Mirarse el ombligo” vs. servir a las personas

La declaración más contundente del ministro apuntó directamente al rol de los legisladores:

“Como servidores públicos nosotros tenemos que ponernos al servicio de las personas y no tanto mirarnos el ombligo y ver si el tono afecta el fondo del problema; y el fondo del problema es que tenemos leyes que están muy mal hechas y que tenemos que arreglar, y yo no veo ninguna prioridad en esa materia.”

Con esa declaración, el ministro cuestionó que el debate sobre su tono opaque la discusión de fondo sobre leyes habitacionales que, a su juicio, requieren reforma urgente.

Antofagasta en el centro del debate nacional

La mención expresa a Antofagasta por parte del ministro no es menor. La región enfrenta una de las tasas más altas de campamentos del país, con miles de familias en situación de vulnerabilidad habitacional. Al traer ese dato al debate político nacional, Poduje tensionó aún más su relación con Núñez quien representa precisamente a la Región de Antofagasta y dejó implícito que, mientras se discute el tono del debate, las familias del norte siguen esperando soluciones concretas.

El episodio se enmarca en una semana de alta tensión para el gobierno de José Antonio Kast, que además debió enfrentar la desvinculación de dos funcionarios del Minvu cercanos a la propia senadora Núñez hecho que fue ampliamente interpretado como represalia política, profundizando la primera gran fractura interna del oficialismo.

El contexto: Ley de Humedales en la mira

Todo partió cuando Poduje visitó Valdivia para revisar el proyecto habitacional Guacamayo 3, que afecta a más de 570 familias con más de ocho años de espera. Allí calificó la Ley de Humedales Urbanos como ‘una locura’ y ‘mal hecha’, generando la respuesta del senador Alfonso de Urresti (PS) y, posteriormente, de la presidenta del Senado. Poduje reconoció excederse en las formas, pero reafirmó en Radio Infinita que su postura de fondo no cambia.

Durante años, el diputado Jaime Araya (IND-PPD), representante de la Región de Antofagasta, construyó buena parte de su perfil público sobre el discurso más duro frente a la migración irregular. En junio de 2025, llegó a declarar en un programa de radio que “agarraría un barco, los echo arriba y los mando de vuelta a Venezuela”, frase que se viralizó a nivel nacional y lo convirtió en referente del discurso antimigratorio dentro de la oposición. El martes 24 de marzo de 2026, ese mismo diputado votó en contra del proyecto de ley que restringe el acceso de migrantes irregulares a beneficios fiscales del Estado.

Qué decía Araya… y qué hizo en la votación

El registro es lapidario. En febrero de 2025, Araya fue uno de los firmantes del proyecto para limitar el voto de migrantes avecindados, declarando que “no se puede regalar el derecho a decidir quién gobierna en Chile” y que “hay quienes por unos votos más son capaces de vender cualquier cosa”. En marzo de 2025, en otro registro que circuló masivamente en redes sociales, dijo que situaciones como la migración masiva “no pasan en ninguna parte del mundo civilizado”.

Sin embargo, en la sesión ordinaria N°4 del 24 de marzo de 2026, el registro oficial de la Cámara de Diputados lo ubica en la columna de los 48 votos en contra del proyecto boletín 17.474, que fue aprobado con 95 votos a favor y 7 abstenciones. La iniciativa que restringe subsidios, beneficios habitacionales y atención médica prioritaria a quienes ingresaron al país de manera irregular fue respaldada por casi toda la derecha y una parte de la centro-izquierda.

Qué prohíbe exactamente el proyecto que Araya rechazó

La iniciativa, presentada originalmente por diputados de UDI, RN y Evópoli, incorpora en la Ley 21.325 de Migración y Extranjería tres cambios concretos:

• Exige cédula de identidad vigente del Registro Civil para acceder a cualquier beneficio fiscal
• Establece residencia definitiva como requisito para subsidios habitacionales o de arriendo
• Prohíbe entregar número identificatorio a personas que ingresaron por pasos no habilitados
• Permite priorizar la atención médica y educativa en favor de ciudadanos chilenos frente a migrantes irregulares

La ley fue presentada en un contexto en que la población de migrantes irregulares en Chile creció más de un 3.000% entre 2018 y 2023, superando las 336 mil personas según datos del INE y el Servicio Nacional de Migraciones.

La reacción en redes: “Años hablando de los migrantes y votó con la izquierda”

La contradicción no pasó inadvertida. En redes sociales, usuarios de la Región de Antofagasta recordaron los dichos del diputado y los contrastaron con su voto. “El diputado Jaime Araya, durante años en Sin Filtros, despotricaba con la inmigración ilegal, que era lo peor para la región de Antofagasta”, escribió un usuario en X (Twitter), resaltando la paradoja. La publicación fue ampliamente compartida entre usuarios del norte del país.

La pregunta que queda sin responder

Hasta el cierre de esta nota, el diputado Araya no había emitido declaración pública explicando su voto en contra. El proyecto pasa ahora a segundo trámite en el Senado, donde deberá sortear una nueva votación.

Jaime Araya llegó al Congreso con solo el 4,27% de los votos: el diputado del discurso antimigrante que sobrevivió gracias al arrastre de Videla

El 16 de noviembre de 2025, los electores del Distrito 3 de Antofagasta entregaron su veredicto. El diputado Jaime Araya Guerrero (IND-PPD) obtuvo 13.604 votos, equivalentes al 4,27% de los sufragios válidos. Una cifra que, en cualquier análisis honesto, no habría sido suficiente para renovar su escaño en la Cámara de Diputados.

Lo que salvó a Araya fue el fenómeno más contundente de la elección regional: su compañero de lista, el diputado Sebastián Videla (IND-PL), arrasó con 74.340 votos el 23,31% del total convirtiéndose en el parlamentario más votado de Chile fuera de Santiago. El voluminoso cociente que aportó Videla al pacto Unidad por Chile activó el mecanismo D’Hondt y generó un doble arrastre que llevó al Congreso tanto a Araya como a la exministra Marcela Hernando (3,74%), quien tampoco habría entrado por sus propios votos.

Los números que incomodan

La comparación dentro de la misma lista es demoledora:

Araya bajó desde el 6,39% que obtuvo en las elecciones de 2021, perdiendo más de dos puntos porcentuales de respaldo ciudadano en cuatro años. La región, en síntesis, le retiró apoyo. Fue Videla quien lo mantuvo en pie.

La paradoja del diputado más duro con los migrantes

El dato electoral adquiere mayor relevancia considerando el perfil público que Araya construyó durante su mandato. El diputado que en junio de 2025 declaró ante las cámaras que “agarraría un barco, los echo arriba y los mando de vuelta a Venezuela”, llegó al Congreso con el respaldo directo de apenas 13.604 antofagastinos. Una cifra que representa el 4,27% del padrón regional y que no alcanzó ni de cerca para ganar un escaño por mérito propio.

Sin embargo, con ese mandato acotado, Araya ocupa una banca en la Cámara y usa su tribuna para posicionarse como voz del norte en materia migratoria. Lo que los electores no saben necesariamente es que ese escaño no fue conquistado en las urnas, sino cedido por el arrastre de otro.

El Distrito 3: Videla manda, el resto sobrevive

Los analistas coinciden en que los resultados del Distrito 3 mostraron una realidad política clara: Videla es el único parlamentario con mandato propio en la región de Antofagasta. Su votación en la ciudad capital fue especialmente aplastante: en Antofagasta obtuvo el 31,91% de los votos, superando en algunos sectores el 40%. El resto de los diputados electos incluido Araya debe su presencia en Santiago a ese resultado extraordinario, no a una conexión territorial propia con el electorado.

Lo que queda pendiente

Araya ha iniciado su nuevo período legislativo con el mismo discurso que lo caracterizó: duro con la migración irregular, crítico del gobierno anterior y activo en redes sociales. Lo que aún no ha explicado públicamente es por qué, habiendo construido esa imagen, votó en contra del proyecto que restringe el acceso de migrantes irregulares a beneficios fiscales, aprobado el 24 de marzo con 95 votos a favor en la Cámara. Una contradicción que sus propios electores los 13.604 que sí le dieron su voto merecen que él mismo responda.

Cuando el 28 de febrero de 2022 el entonces presidente electo Gabriel Boric anunció los nombres de sus delegados presidenciales regionales, la designación que más levantó cejas en el norte fue la de Karen Elizabeth Behrens Navarrete para la Región de Antofagasta. No porque se tratara de una figura desconocida; al contrario, era conocida en los círculos del Partido Socialista regional, sino precisamente por eso: porque su principal credencial era ser militante del PS, el partido que en la región no tiene ni un solo diputado ni senador que la respalde.

El currículo oficial presentado por el gobierno describía a una abogada que había trabajado como asesora jurídica del SERNAC de Antofagasta, directora de Control de la Municipalidad de Sierra Gorda, una comuna de poco más de 3.000 habitantes, abogada de la Contraloría Interna de la Universidad de Antofagasta y jefa del Departamento de Abastecimiento de esa misma casa de estudios. Ninguna experiencia en gestión regional de gran escala. Ningún cargo de representación popular. Ninguna trayectoria en materia de seguridad pública, el problema más urgente de la región durante los últimos años. Su principal mérito, al parecer, era la fidelidad partidista.

La frase que lo dijo todo

Apenas siete meses después de asumir el cargo, Karen Behrens entregó en bandeja el argumento más demoledor contra su propia idoneidad. Fue en octubre de 2022 cuando un adolescente de 16 años, Ángel García Aguilera, fue brutalmente asesinado en Antofagasta. El crimen conmocionó a la ciudad y parlamentarios de todas las bancadas, incluso del propio oficialismo, exigieron respuestas y medidas urgentes de seguridad. La delegada respondió con una frase que quedó grabada a fuego en la historia de su gestión: “No hay que ser alarmistas”.

Como si eso no bastara, Behrens agregó otro argumento igualmente desafortunado para minimizar la crisis: señaló que la región estaba “dentro del promedio nacional de aumento de delitos, que es del 50 %”, como si un alza del 50 % en los crímenes fuera un dato tranquilizador para las familias antofagastinas. El quiebre fue inmediato y transversal. Parlamentarios oficialistas se desmarcaron públicamente de la delegada, y el propio PS regional quedó fracturado entre quienes la defendían y quienes pedían su salida.

Designada con una investigación encima

Si la falta de experiencia era una señal de alerta y las declaraciones sobre seguridad confirmaron las dudas, lo que reveló la Contraloría General de la República en octubre de 2025 convirtió la designación de Behrens en un escándalo de proporciones. El organismo fiscalizador estableció mediante la resolución N.° 14524–14575 que, en su época como funcionaria de la Universidad de Antofagasta entre 2018 y 2019, Behrens visó órdenes de compra y tratos directos con la empresa Seidor Chile S.A. sin la justificación legal correspondiente, en el contexto del proyecto del Hospital Clínico de la UA.

La sanción fue concreta: multa del 20 % de su remuneración mensual más una anotación de demérito de cuatro puntos. Pero lo más grave no es la sanción en sí misma. Lo más grave es lo que reveló la propia DPR al intentar defenderse: la investigación administrativa ya estaba en curso cuando el gobierno de Boric la designó como delegada en 2022. Es decir, La Moneda puso al frente del gobierno regional a una funcionaria que tenía un sumario activo en su historial. La pregunta inevitable es: ¿Nadie lo verificó?, ¿o se sabía y se ignoró?

 El diagnóstico del propio gobernador

La crítica más contundente no vino de la oposición, sino de su propio aliado político: el Gobernador Regional Ricardo Díaz. En una entrevista con el medio Timeline. En octubre de 2022, Díaz fue lapidario al evaluar a la delegación: “Se hacen muchas cosas, pero se comunica muy mal”. Esta declaración fue especialmente devastadora porque venía de una autoridad de su mismo sector político, y confirmaba lo que muchos periodistas y actores regionales ya señalaban en privado: que la DPR tenía un grave problema de gestión comunicacional.

Según la misma fuente, los dardos internos apuntaban más allá del equipo directo de Behrens y llegaban hasta la vocería, cuyo silencio estratégico frente a los conflictos habría terminado exponiendo a la propia delegada en primera línea cuando estallaban las controversias. La estrategia comunicacional consistía, en la práctica, en no comunicar. Y eso pasó la cuenta.

La seguridad que nunca se controló

El número no admite interpretaciones: durante el gobierno de Boric, la Región de Antofagasta acumuló 8.300 delitos asociados al crimen organizado entre 2022 y 2024, con un aumento sostenido año a año: 2.458 casos en 2022, 2.738 en 2023 y 3.104 en 2024. Al cierre del mandato, la región quedó posicionada entre las tres zonas con mayor criminalidad organizada del país. Para el contexto: Antofagasta era la región donde la máxima autoridad del gobierno había dicho “No hay que ser alarmistas” en 2022.

La propia delegada reconoció en su Cuenta Pública de 2025 que “la tarea no está cumplida” en materia de seguridad, una frase que, pronunciada a tres años de haber asumido el cargo, equivale a una confesión de fracaso. Los delitos asociados al narcotráfico siguieron subiendo hasta el último día de su mandato: a principios de 2026, la Fiscalía Regional informó que los delitos vinculados a drogas crecieron un 8,7 % entre 2024 y 2025. El plan “Juntos Más Seguridad”, presentado en 2024 cuando ya quedaba menos de un año de gobierno, llegó demasiado tarde y sin los recursos necesarios.

Para coronar el desastre, en 2024 la Delegación impulsó un proyecto de seguridad con tecnología de inteligencia artificial para reforzar controles en la Macrozona Norte. El Consejo Regional lo rechazó dos veces solicitando más antecedentes. Una iniciativa que llegó tarde y que ni siquiera pudo concretarse.

 El Gabinete Migrante que Nadie Pidió

Apenas cuatro meses después de asumir, Behrens ideó lo que sería el primer gran traspié político de su gestión: el “Gabinete Migrante”, una instancia impulsada por la DPR para abordar la crisis migratoria de la región. El problema no era la iniciativa en abstracto, sino la forma: fue diseñada sin consulta ciudadana, sin respaldo parlamentario transversal y sin diagnóstico compartido con los actores locales.

La reacción fue inmediata y demoledora. Parlamentarios de distintas bancadas, incluyendo a la diputada Yovana Ahumada (PDG), rechazaron públicamente la iniciativa señalando que era una señal errada en medio de una crisis migratoria que la ciudadanía ya vivía como una amenaza a la seguridad pública. La presión fue tal que la DPR canceló el lanzamiento del Gabinete Migrante antes de que siquiera echara a andar. El episodio evidenció una lectura política completamente equivocada del estado de ánimo de la región: mientras los antofagastinos pedían orden, la delegada respondía con una mesa de diálogo para migrantes.

Las “Tomas VIP” y el quiebre interno del PS

En otro de los episodios más reveladores del período, la Delegación encabezó la demolición de las llamadas “Tomas VIP” en el sector sur de Antofagasta, en lo que fue presentado como un golpe de imagen: Behrens en terreno, con maquinaria pesada, dando señales de firmeza. Sin embargo, lo que pareció un hito comunicacional exitoso terminó siendo una granada política: entre las personas involucradas en las tomas irregulares había una dirigente del propio Partido Socialista.

El escándalo generó un quiebre subterráneo al interior del PS regional que nunca se resolvió públicamente, y que fue protagonizado paradójicamente por el mismo partido que la sostuvo en el cargo. La operación que debía mostrar autoridad terminó exponiendo las redes clientelares de su propio sector político.

El plan habitacional más rezagado del País

Antofagasta tiene el déficit habitacional más dramático de Chile en términos relativos: 50.847 viviendas según la Cámara Chilena de la Construcción, con 12.824 familias viviendo en campamentos y 900 personas en situación de calle. Frente a esta realidad, el gobierno de Boric fijó una meta de 17.400 viviendas en el Plan de Emergencia Habitacional para la región. A enero de 2025, con solo 13 meses para terminar el mandato, el avance era de apenas el 32,2% del total comprometido.

El cálculo era aplastante: para cumplir la meta, la región necesitaba entregar 907 viviendas mensuales, pero el promedio de los 12 meses anteriores había sido de apenas 295. Al cierre del gobierno Boric, mientras el ministro de Vivienda celebraba a nivel nacional la entrega de 260.000 viviendas, Antofagasta terminó con solo un 35 % de avance, siendo la región más rezagada del país. El caso Democracia Viva, que reventó precisamente en la SEREMI de Vivienda y el SERVIU de Antofagasta, no es ajeno a este resultado: la remoción de equipos y la reestructuración forzada del SERVIU generaron retrasos adicionales en la implementación de soluciones habitacionales.

La crisis educacional Ignorada

Los datos del Ministerio de Educación, entregados en noviembre de 2025, arrojaron una cifra que debería haber generado una alarma de Estado: el 32,5 % de los estudiantes de la Región de Antofagasta registró inasistencia grave o crítica, superando el promedio nacional de 26,5%. Esto significa que más de uno de cada tres alumnos de la región asiste a menos del 85 % de sus clases, con muchos yendo menos del 50 % del tiempo.

La respuesta del Seremi de Educación fue señalar que “las comunidades educativas se han ido superando año tras año”: la misma lógica de la delegada, relativizar la crisis comparándola consigo misma en lugar de reconocer que la región lleva cuatro años encabezando los peores indicadores de asistencia escolar del país. No hubo un plan específico desde la DPR para abordar el ausentismo crónico, un fenómeno directamente vinculado a la inseguridad de los barrios, la precariedad de los campamentos y la desintegración del tejido social que la gestión de Behrens no supo contener.

La relación con la prensa

El episodio que mejor retrató la relación de Karen Behrens con la prensa no ocurrió en una conferencia ni en un punto público, sino en silencio, un fin de semana, en un grupo de WhatsApp.

Cuando el Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB) sufrió un violento asalto en pleno desierto parte de una serie de robos reiterados de cátodos de cobre que obligaron a la empresa a suspender sus operaciones y pusieron en alerta a toda la industria minera regional, los periodistas del grupo de prensa de la DPR comenzaron a insistir en obtener una reacción oficial de la delegada presidencial. La solicitud era razonable: Antofagasta, la región que el cobre exportado por Chile, estaba siendo saqueada en sus trenes y la máxima autoridad del gobierno en la zona guardaba silencio. La respuesta que recibieron los reporteros no fue una declaración, ni siquiera un “estamos evaluando la situación”.

La respuesta fue el silencio convertido en política explícita: el equipo de la delegación bloqueó la interacción en el grupo, impidiendo que los medios continuaran consultando. En una sola acción, la DPR transformó un canal oficial de comunicación con la prensa en una herramienta de censura de bolsillo, confirmando que la estrategia comunicacional de Behrens no era gestionar la información en tiempos de crisis, sino simplemente apagarla.

Un balance de salida con medios afines

En sus últimas semanas, Behrens realizó una ronda de apariciones públicas en medios seleccionados para presentar su versión de los logros de la gestión. Llamó la atención que estas apariciones se concentraron en entrevistas de formato extenso y controlado, evitando los puntos de prensa abiertos donde los periodistas pudieran preguntar libremente sobre las sanciones de Contraloría, el Caso Democracia Viva o el caso Hospital UA.

Un patrón identificado por periodistas locales fue el hermetismo selectivo: la delegada era más accesible en actos institucionales previamente controlados, pero esquiva ante preguntas sobre los escándalos de su gestión. El programa La Caja de Timeline señaló públicamente que Behrens tendía a “evitar temas de corrupción” en sus apariciones mediáticas.

Solo cuando faltaban días para el fin de su mandato, la DPR organizó un “encuentro con periodistas y editores” de la región, lo que para muchos comunicadores locales fue una señal de lo que había faltado durante cuatro años: una relación fluida y sistemática con la prensa. La iniciativa fue catalogada como un gesto de cierre de imagen más que como una práctica real de transparencia informativa.

Consejera Regional y Asesora: El doble rol

Andrea Merino tiene una larga historia en la política regional antofagastina. Trabajadora social de profesión, militante histórica del Partido Socialista e integrante del Comité Central regional del PS, Merino acumula décadas de vida pública que incluyen la Dirección Regional del INJUV, la Jefatura de Planificación de la Seremi de Educación, dos períodos como concejala electa por Antofagasta y una candidatura a alcaldesa. Pero quizás el capítulo más revelador de su trayectoria es uno que ella misma mencionó casi de pasada, en una entrevista de balance en febrero de 2026: “Trabajé en la Delegación Presidencial al principio”.

La frase es corta. Las preguntas que abre, no.

El perfil biográfico de Merino en el Consejo Regional confirma que, entre sus cargos, figura el de asesora de la Delegada Presidencial Regional Karen Behrens. Esto ocurría mientras Merino ejercía simultáneamente como consejera regional electa por el PS cargo que desempeña ininterrumpidamente desde marzo de 2018 hasta la fecha, siendo reelegida en dos ocasiones.,

La situación pone sobre la mesa una pregunta que el sistema político antofagastino prefirió ignorar: ¿puede una consejera regional que por definición debe fiscalizar y contrapesar al Ejecutivo en la región recibir al mismo tiempo una remuneración como asesora del mismísimo gobierno al que debe fiscalizar? La legislación chilena establece con claridad que los cargos de consejero regional son incompatibles con una serie de funciones ejecutivas del Estado, y si bien la figura del asesor a honorarios opera en una zona gris de esa normativa, la incompatibilidad ética es flagrante.

La remuneración: Zona gris con cargo al erario

No existe en los registros públicos disponibles un contrato nominativo que detalle el monto exacto que Merino percibió como asesora de la DPR Antofagasta. Sin embargo, el informe de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones publicado en diciembre de 2025 establece que los asesores a honorarios de delegaciones presidenciales a nivel nacional percibieron en promedio $2.887.423 brutos mensuales, con un máximo registrado de $7.052.500. Ese dinero proviene del erario público, el mismo erario que el Consejo Regional, del cual Merino forma parte, está llamado a custodiar y fiscalizar.

Merino, además, no era una consejera cualquiera: era la representante del PS en el CORE para la provincia de Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal, y en esa calidad votaba presupuestos, aprobaba proyectos y tomaba decisiones que directamente involucraban al gobierno regional del que la delegada Behrens era cabeza visible. La mezcla de roles no podría ser más concentrada.

El conflicto que nadie denunció

Lo más llamativo del caso no es que haya ocurrido, sino que nadie en el arco político regional lo cuestionó públicamente en su momento. No hubo denuncia formal ante la Contraloría, no hubo interpelación en el CORE, no hubo requerimiento de transparencia activa. La connivencia política entre el PS, la DPR y el CORE funcionó como un sistema bien aceitado, donde los mismos actores ocupaban distintas sillas alrededor de la misma mesa de poder.

El propio comportamiento de Merino en el CORE durante el período de gobierno Boric también es elocuente: en sesiones del Consejo Regional, fue una voz sistemáticamente alineada con las posiciones del Ejecutivo regional, lo que resulta coherente con alguien que fue asesora de ese mismo Ejecutivo, pero resulta problemático para quien se supone debe ejercer una función de contrapeso independiente.

El balance edulcorado

En febrero de 2026, ya con el gobierno Boric a días de terminar, Merino salió a los medios a decir que la región estaba “objetivamente mejor” y a defender la gestión con cifras de inversión minera. No hubo autocrítica sobre el Caso Democracia Viva, que explotó precisamente en la región donde ella ejercía como consejera. No hubo mención a la sanción de Contraloría a la delegada con quien trabajó. No hubo reflexión sobre el doble rol que ella misma desempeñó. Solo el relato del buen gobierno que nadie cuestionó desde adentro, porque quienes debían cuestionar eran parte del mismo engranaje.

El contraste con la nueva administración

La diferencia quedó en evidencia días antes del cambio de mando: su sucesora, Katherine López, designada por el presidente Kast, se reunió con el gobernador Díaz antes incluso de asumir el cargo, en una señal de apertura institucional y coordinación que los medios locales destacaron como un contraste notorio con el hermetismo de la gestión anterior. El propio Díaz, quien cuatro años antes había criticado la mala comunicación de Behrens recibió a López con una agenda pública y transparente.

La historia de Karen Behrens como delegada presidencial es en el fondo, la historia de un cuoteo político que no resistió el escrutinio público. Una militante del Partido Socialista, sin experiencia en gestión regional de alta complejidad, designada en la región más rica en minerales del país, para enfrentar la peor crisis de seguridad en décadas, con un sumario administrativo activo que nadie quiso ver.

La Región de Antofagasta, que aporta más del 50 % de las exportaciones de cobre del país, merecía una autoridad a la altura del desafío. Lo que tuvo durante cuatro años fue una representante cuya principal virtud documentada fue la lealtad a su partido. La cuenta la pagaron los antofagastinos.

Mientras miles de chilenos enfrentan procesos judiciales sin ningún tipo de protección especial, las 16 autoridades regionales del país operan bajo un manto de inmunidad que dificulta y en muchos casos impide que la justicia actúe con la misma celeridad y rigor que aplicaría a cualquier ciudadano común.

¿Qué es el fuero y cómo protege a los gobernadores?

El fuero constitucional es una figura jurídica que impide que ciertas autoridades sean detenidas o procesadas penalmente sin una declaración previa que autorice levantar esa protección. En Chile, los gobernadores regionales autoridades electas popularmente desde 2021 gozan de esta inmunidad desde el momento en que asumen el cargo.

Esto significa que aunque existan antecedentes de delitos, investigaciones fiscales avanzadas o incluso pruebas contundentes, un gobernador no puede ser formalizado ni enfrentar medidas cautelares hasta que un tribunal superior autorice expresamente remover esa protección. En el caso de Orrego, la Corte de Apelaciones determinó que los antecedentes presentados por la Fiscalía de Antofagasta no eran suficientes para quebrar ese escudo legal.​

Un privilegio de clase disfrazado de “protección institucional”

La justificación oficial del fuero es que busca proteger a las autoridades de persecuciones políticas o denuncias infundadas que pretendan entorpecer su gestión. Sin embargo, la práctica demuestra que esta figura se ha convertido en una herramienta de impunidad institucionalizada que coloca a los gobernadores en una categoría superior de ciudadanía.​

Mientras un ciudadano común puede ser detenido, formalizado y sometido a medidas cautelares en cuestión de horas si existen antecedentes suficientes, un gobernador regional puede permanecer en su cargo durante años administrando presupuestos millonarios y tomando decisiones que afectan a millones de personas aunque enfrente acusaciones graves de fraude al fisco, como es el caso de Orrego y los $1.600 millones transferidos a la Fundación ProCultura.​

La paradoja democrática

Resulta particularmente irritante que este privilegio se haya extendido precisamente cuando los gobernadores pasaron a ser autoridades electas por votación popular. La reforma constitucional de 2017 que creó la elección directa de gobernadores se vendió como una medida democratizadora que acercaría el poder a la ciudadanía. Sin embargo, ese mismo proceso democrático vino acompañado de un blindaje legal que los aleja de la justicia ordinaria.

¿Es esto coherente con una democracia moderna? ¿Tiene sentido que autoridades que manejan presupuestos regionales de miles de millones de pesos gocen de más protección legal que un ciudadano común que roba en un supermercado por necesidad?

El fuero como obstáculo a la investigación

El caso Orrego ilustra perfectamente cómo el fuero no solo protege al investigado, sino que entorpece el trabajo investigativo. La Fiscalía de Antofagasta lleva meses intentando formalizar al gobernador metropolitano, pero el proceso de desafuero implica audiencias, recursos, argumentaciones jurídicas complejas y plazos procesales que dilatan indefinidamente la posibilidad de avanzar en la investigación.​​

Mientras tanto, el gobernador continúa ejerciendo plenamente sus funciones, participando en el Consejo Regional, administrando presupuestos y tomando decisiones políticas de alto impacto. La presunción de inocencia —que es un derecho fundamental se transforma en este caso en un privilegio de impunidad operativa.

Comparación internacional: México y el debate sobre eliminar el fuero

En México, país con una tradición similar de fueros constitucionales, el debate ha avanzado mucho más que en Chile. Analistas políticos mexicanos han coincidido en que “el fuero constitucional se ha convertido en una herramienta de impunidad entre los gobernadores para cometer actos de corrupción” y han propuesto eliminarlo o acotarlo drásticamente.​

Chile, sin embargo, permanece en silencio. No existe un debate legislativo serio sobre esta materia, y los propios gobernadores, independiente de su color político, guardan un silencio cómplice sobre un privilegio que los beneficia directamente.

Una reforma urgente y necesaria

Es hora de preguntarse si Chile necesita seguir manteniendo este anacronismo legal. Si la democracia implica igualdad ante la ley, el fuero de los gobernadores regionales representa exactamente lo contrario: una desigualdad institucionalizada que coloca a 16 personas por encima del resto de la ciudadanía.

La solución no es compleja: eliminar completamente el fuero para delitos comunes y establecer procedimientos judiciales expeditos que garanticen tanto la presunción de inocencia como la posibilidad real de investigar y sancionar cuando corresponda. Si un gobernador es inocente, que lo demuestre en tribunales como cualquier chileno. Si es culpable, que enfrente las consecuencias sin escudos legales que conviertan la justicia en una quimera.

Mientras tanto, casos como el de Orrego seguirán multiplicándose, la Fiscalía seguirá acumulando fracasos procesales, y la ciudadanía seguirá constatando que en Chile existen dos categorías de ciudadanos: los que pueden ser tocados por la justicia y los intocables que administran nuestros recursos bajo un manto de impunidad legal.

La acción se enmarca en información conocida públicamente sobre la ejecución de aproximadamente $1.900 millones de pesos en recursos fiscales, destinados a obras de infraestructura —como pavimentación de caminos y otras habilitaciones— vinculadas a un proyecto emplazado en el sector Ventarrones, en la Región de Antofagasta.

Uso de recursos públicos y actos habilitantes

En el oficio, el parlamentario señala que la remisión de antecedentes no tiene por objeto pronunciarse sobre la conveniencia o mérito del proyecto, sino poner en conocimiento hechos que podrían revestir relevancia penal en relación con el uso, legalidad y trazabilidad de recursos públicos.

De acuerdo con la información disponible, el proyecto no habría contado oportunamente con todas las autorizaciones o pronunciamientos institucionales previos exigibles, en particular aquellos de competencia de Cancillería. No obstante ello, se habrían autorizado y ejecutado los recursos fiscales asociados a dichas obras de infraestructura.

En ese contexto, el diputado plantea una interrogante central: “Si el proyecto no contaba con las autorizaciones requeridas, cómo se pudo autorizar la ejecución de recursos públicos sin el acto administrativo previo que habilitara formalmente el visado del proyecto”.

Denuncia a Fiscalía

En paralelo, el diputado José Miguel Castro puso estos antecedentes a disposición del Ministerio Público, solicitando que se evalúe si de ellos podrían desprenderse hechos eventualmente constitutivos de delito, particularmente en lo referido al resguardo y correcta administración de caudales públicos.

En su presentación, el legislador solicitó que, si se estima procedente, se dispongan las diligencias investigativas necesarias para esclarecer:
El origen y la trazabilidad del financiamiento,

-La legalidad de los actos administrativos habilitantes,
-La identificación de eventuales responsables en la toma de decisiones y en la ejecución,
-Y la eventual configuración de un menoscabo fiscal, sin perjuicio de otros tipos penales que pudieran resultar aplicables.

Finalmente, el diputado recalcó que su actuación se enmarca en “el deber de resguardar el interés público y la correcta administración de los recursos regionales, especialmente cuando se trata de montos significativos financiados con fondos del Gobierno Regional”, y reiteró su compromiso para colaborar con las instituciones competentes para el esclarecimiento de los hechos.

$1.900 millones de pesos del Gore en un camino a ninguna parte: las preguntas sin respuesta tras el fracaso del proyecto astronómico de Ventarrones

El Gobierno Regional de Antofagasta enfrenta severas críticas por invertir casi dos mil millones de pesos en pavimentar el acceso al Cerro Ventarrones, obra ejecutada para dar conectividad a un parque astronómico que nunca se concretará. El proyecto, impulsado por la Universidad Católica del Norte (UCN) y una entidad china, fue cancelado definitivamente por el Gobierno central tras determinar la invalidez del convenio y detectar riesgos de seguridad nacional. Hoy, la región cuenta con una ruta de alto estándar que no conduce a ningún destino asignado, exponiendo una grave desconexión institucional y falta de filtros técnicos y políticos en el uso de recursos públicos.

Una inversión millonaria para un proyecto inviable

La obra vial, financiada íntegramente por el Gore y ejecutada técnicamente por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP), abarcó los primeros ocho kilómetros desde la Ruta B-710 hacia Cerro Ventarrones. Los trabajos contemplaron movimientos de tierra de gran envergadura, construcción de terraplenes, bases granulares y aplicación de un tratamiento superficial (cape seal), con un costo aproximado de $1.900 millones.

En su momento, las autoridades celebraron el avance sin advertir las irregularidades de fondo. Pablo Rojas, jefe de la División de Planificación del Gore, aseguró que “el compromiso del gobernador es fortalecer el rol de la región” y destacó que estos kilómetros eran fundamentales para dotar de equipamiento al “futuro valle astronómico”. La delegada presidencial Karen Behrens calificó la obra como “muy importante” y “habilitante”, haciendo un llamado a apoyar la labor científica regional. Por su parte, Soledad Santander, entonces seremi (s) del MOP, señaló en terreno: “Estamos orgullosos de llegar a este lugar (…) gracias al financiamiento del Gobierno Regional pudimos realizar este camino, que es el inicio de un gran proyecto”.

Hoy, esas declaraciones contrastan duramente con la resolución de Cancillería que declaró “no válido” el acuerdo entre la UCN y la contraparte china, y con la revocación de la concesión del terreno por parte de Bienes Nacionales. El “gran proyecto” no existe, y el Estado chileno se queda con una ruta pavimentada de alto estándar que sube hacia un cerro cuya concesión fue retirada, sin uso definido ni beneficiario final.

Ceguera institucional y falta de filtros técnicos

El caso evidencia cómo se priorizó esta inversión frente a otras urgencias regionales, sin verificar previamente la viabilidad legal ni las implicancias geopolíticas del proyecto astronómico que se pretendía beneficiar. Ni el equipo del gobernador Ricardo Díaz ni los organismos técnicos del Gore repararon en que el acuerdo internacional de base era nulo desde su origen, ya que la UCN no poseía facultades para firmar convenios internacionales de esa naturaleza.

La falta de filtro político provocó que el Estado chilene financiara infraestructura vial para un complejo que, según advertencias de Washington y análisis de Santiago, podía comprometer la soberanía nacional. La División de Planificación y Desarrollo del Gore aprobó millonarios recursos para “obras habilitantes” sin constatar que el proyecto central carecía de respaldo legal y enfrentaba cuestionamientos de seguridad.

Las preguntas que nadie ha respondido

El fracaso del proyecto y la inversión perdida dejan abiertas interrogantes clave que las autoridades regionales aún no han abordado públicamente:

¿Quién evaluó la viabilidad del proyecto astronómico antes de aprobar $1.900 millones para su camino de acceso? No se conocen registros de análisis técnicos, jurídicos o geopolíticos que respaldaran la decisión de financiar esta obra antes de contar con certeza sobre la legalidad y factibilidad del proyecto final.

¿Por qué el Gore no detectó que la UCN no tenía facultades para firmar el convenio internacional antes de transferir los recursos? La invalidez del acuerdo debió haber sido advertida en las etapas de formulación y evaluación del financiamiento, evitando comprometer fondos públicos en una iniciativa sin sustento jurídico.

¿Qué uso se le dará ahora a una ruta pavimentada de alto estándar que lleva a un terreno fiscal sin proyecto asignado? Hasta el momento, no existe un plan oficial para reutilizar o reconvertir esta infraestructura, dejando en el limbo una inversión que equivale a recursos que pudieron destinarse a obras prioritarias en salud, educación o conectividad en otros sectores de la región.

El episodio del camino a Ventarrones se suma a una serie de cuestionamientos sobre la gestión del Gore de Antofagasta y su capacidad para evaluar, priorizar y ejecutar proyectos estratégicos con visión de largo plazo. La falta de respuestas claras profundiza la percepción de una administración regional desconectada de la realidad técnica, legal y política que rodea las grandes inversiones públicas.

El Diputado Jaime Araya reaccionó al anuncio de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, que informó que ha decidido dejar sin efecto el actual llamado a licitación de la Concesión Ruta 5 tramo Caldera-Antofagasta. Para el legislador, la noticia es “un chiste repetido y podrido”, indicando que “es una burla permanente con nuestra región”.

El MOP indica que la postergación de la licitación fue adoptada “como resultado de las complejidades detectadas durante el proceso”.

Araya apuntó directamente a la Dirección de Concesiones, señalando que “no son una institución confiable, incapaces de hacer las cosas bien y rápido, como se necesita en una región que busca modernizarse”.

“Para peor, seguramente les pagaron sus bonos de gestión y desempeño”, criticó el diputado, que -además- llamó a que los responsables “por deferencia con nuestra región, debieran renunciar e irse. Con esta gente, nunca vamos a progresar, es un problema estructural”.

Finalmente Araya cuestionó las decisiones históricas de la Dirección de Concesiones, recordando otros conflictos latentes en la región, como lo que acontece con el Hospital Regional de Antofagasta y el rol del organismo en determinar las multas o eventuales revocaciones del contrato con la actual concesionaria. “Para proteger a SACYR, llegan a correr”, manifestó el Diputado.

¿Qué significa “jugársela”?

Díaz no quedó como “simpatizante” difuso: fue presentado y actuó como vocero de Jeannette Jara y coordinador regional del comando, instalándose de lleno como actor de campaña. En el tramo final, el gobernador escaló el conflicto al responder públicamente a José Antonio Kast luego de ser aludido en el debate presidencial, llevando la disputa al plano mediático y de redes. En política real, ese movimiento tiene una consecuencia automática: el gobernador deja de ser un puente técnico entre región y Estado y pasa a ser un activo partidario con historial de choque, es decir, un interlocutor “marcado”.​

Costos institucionales (prescindencia)

La activa participación del Gobernador Regional Ricardo Díaz en la reciente campaña presidencial, que incluyó su rol como vocero de la candidatura de Jeannette Jara y el uso de sus propias redes sociales personales para difundir mensajes de apoyo, ha encendido las alarmas sobre los costos institucionales que podría enfrentar el Gobierno Regional de Antofagasta (GORE).

Aunque las autoridades tienen derecho a expresar sus opiniones políticas fuera de horario, la delgada línea entre el “apoyo personal” y el “uso del cargo” aumenta la probabilidad de enfrentar denuncias por incumplimiento del Instructivo de Prescindencia que distribuyó el Gobierno.

El problema surge cuando la performance de campaña de una autoridad electa se mezcla o se percibe mezclada con su agenda pública. El hecho de que el Gobernador Díaz, identificado como tal en sus perfiles, haya utilizado sus redes sociales personales para fines de campaña, si bien no contraviene directamente el uso de canales institucionales, sí genera una confusión ante la ciudadanía sobre el origen de los mensajes y si estos se realizaron fuera de su jornada laboral.

Costos políticos y de gestión (2026)

Kast se impuso en la Región de Antofagasta y consolidó el triunfo nacional. Eso deja a Díaz identificado con el bando perdedor en el momento exacto en que se reordenan prioridades, confianzas y “líneas directas” entre regiones y ministerios para el ciclo 2026–2030. El resultado práctico no es una vendetta explícita: es más simple y más duro; Antofagasta llega a negociar FNDR, seguridad e infraestructura con un gobernador que ya convirtió la conversación con el presidente electo en un historial de confrontación pública.​

Flancos abiertos: Transparencia y ProCultura

El Consejo para la Transparencia aplicó sanciones administrativas a Díaz por incumplimientos a la Ley de Transparencia, vinculados a falta de respuesta a solicitudes y problemas de actualización en transparencia activa del GORE. En paralelo, su nombre aparece asociado a la cobertura del caso ProCultura por un convenio del GORE Antofagasta terminado anticipadamente, con exigencia de reintegro. Con esos antecedentes circulando, entrar a la arena presidencial para dar peleas de probidad no solo es riesgoso: es entregar munición, porque cualquier defensa política vuelve a chocar con un talón institucional que ya está documentado.​

Clima regional y gobernabilidad

Cuando la máxima autoridad regional se vuelve rostro de campaña, la región paga con polarización: el debate sobre empleo, inversión y seguridad se contamina con la lógica binaria de ganadores/perdedores y con la pelea nacional. Esa polarización encarece la gobernanza cotidiana del GORE (CORE, convenios, coordinación con alcaldes y actores productivos) porque cada decisión se interpreta como señal ideológica o ajuste de cuentas, no como política pública. Y tras una elección en que Kast ganó con holgura a nivel nacional, la pregunta clave deja de ser si Díaz “respondió bien” en un round mediático: pasa a ser cuánto cuesta —en tiempo, foco y recursos— que Antofagasta tenga un gobernador instalado en la trinchera justo cuando necesita acceso, coordinación y acuerdos con el nuevo centro de poder.

El Futuro

En los círculos políticos regionales, circula con insistencia la hipótesis de un futuro reposicionamiento para el Gobernador Regional Ricardo Díaz. La versión, aún sin confirmación pública ni anuncio formal, sugiere que Díaz podría estar contemplando una candidatura al Senado, proyectando su actual periodo como una plataforma para saltar al Congreso Nacional.

La tentación de la proyección: ¿El Senado es el próximo paso?

El trascendido sugiere que esta posible ambición senatorial se lee como el “próximo paso lógico” para un político que ha elevado su perfil nacional. Sin embargo, si la tesis llegase a ser cierta, el camino hacia el Congreso podría encontrarse sembrado de obstáculos, especialmente en el ámbito de la probidad.

El costo de la Credibilidad

Una eventual campaña al Senado dependería fuertemente de la credibilidad, pero la prensa ha reportado sanciones aplicadas al GORE por incumplimientos a la Ley de Transparencia. Si estos flancos no se cierran, cualquier aspiración mayor podría verse debilitada ante los votantes que exigen estándares mínimos a sus autoridades.

La carga de la exposición

La participación activa del Gobernador en la campaña presidencial, donde actuó como vocero regional de Jeannette Jara, habría subido el costo político de cada controversia. Este rol lo instaló como un actor nacional, haciendo que sus problemas de gestión local —como las polémicas vinculadas al “Caso Convenios”— se conviertan en munición electoral a disposición de la oposición.

Las señales que delatarían un giro Estratégico

Si el equipo del gobernador estuviera operando bajo la premisa de una candidatura senatorial, se esperaría observar ciertos movimientos estratégicos en su agenda y discurso.

Construcción Territorial

Díaz debería enfocarse en un armado político que trascienda el GORE, buscando alianzas con alcaldes, dirigentes y gremios, esenciales para una base senatorial.

Discurso Legislativo

Su mensaje podría orientarse hacia grandes temas nacionales como la minería, la seguridad y la descentralización, adoptando un tono más propio de un futuro legislador.

Priorización de Gestión

Sería fundamental que la intensidad del choque político bajara, y que el énfasis se centrara en resultados concretos y obras ejecutadas. Una campaña al Congreso se sostiene en la capacidad de mostrar gestión, no en la necesidad de “apagar incendios” mediáticos derivados de controversias.

En el incierto panorama político postelecciones, el futuro de Ricardo Díaz parece estar en la mesa de apuestas. La pregunta clave es si su ambición podría verse frustrada por los flancos abiertos de su actual gestión o si logrará cerrar las controversias a tiempo para validar su “próximo paso” político.