Durante años, el diputado Jaime Araya (IND-PPD), representante de la Región de Antofagasta, construyó buena parte de su perfil público sobre el discurso más duro frente a la migración irregular. En junio de 2025, llegó a declarar en un programa de radio que “agarraría un barco, los echo arriba y los mando de vuelta a Venezuela”, frase que se viralizó a nivel nacional y lo convirtió en referente del discurso antimigratorio dentro de la oposición. El martes 24 de marzo de 2026, ese mismo diputado votó en contra del proyecto de ley que restringe el acceso de migrantes irregulares a beneficios fiscales del Estado.

Qué decía Araya… y qué hizo en la votación

El registro es lapidario. En febrero de 2025, Araya fue uno de los firmantes del proyecto para limitar el voto de migrantes avecindados, declarando que “no se puede regalar el derecho a decidir quién gobierna en Chile” y que “hay quienes por unos votos más son capaces de vender cualquier cosa”. En marzo de 2025, en otro registro que circuló masivamente en redes sociales, dijo que situaciones como la migración masiva “no pasan en ninguna parte del mundo civilizado”.

Sin embargo, en la sesión ordinaria N°4 del 24 de marzo de 2026, el registro oficial de la Cámara de Diputados lo ubica en la columna de los 48 votos en contra del proyecto boletín 17.474, que fue aprobado con 95 votos a favor y 7 abstenciones. La iniciativa que restringe subsidios, beneficios habitacionales y atención médica prioritaria a quienes ingresaron al país de manera irregular fue respaldada por casi toda la derecha y una parte de la centro-izquierda.

Qué prohíbe exactamente el proyecto que Araya rechazó

La iniciativa, presentada originalmente por diputados de UDI, RN y Evópoli, incorpora en la Ley 21.325 de Migración y Extranjería tres cambios concretos:

• Exige cédula de identidad vigente del Registro Civil para acceder a cualquier beneficio fiscal
• Establece residencia definitiva como requisito para subsidios habitacionales o de arriendo
• Prohíbe entregar número identificatorio a personas que ingresaron por pasos no habilitados
• Permite priorizar la atención médica y educativa en favor de ciudadanos chilenos frente a migrantes irregulares

La ley fue presentada en un contexto en que la población de migrantes irregulares en Chile creció más de un 3.000% entre 2018 y 2023, superando las 336 mil personas según datos del INE y el Servicio Nacional de Migraciones.

La reacción en redes: “Años hablando de los migrantes y votó con la izquierda”

La contradicción no pasó inadvertida. En redes sociales, usuarios de la Región de Antofagasta recordaron los dichos del diputado y los contrastaron con su voto. “El diputado Jaime Araya, durante años en Sin Filtros, despotricaba con la inmigración ilegal, que era lo peor para la región de Antofagasta”, escribió un usuario en X (Twitter), resaltando la paradoja. La publicación fue ampliamente compartida entre usuarios del norte del país.

La pregunta que queda sin responder

Hasta el cierre de esta nota, el diputado Araya no había emitido declaración pública explicando su voto en contra. El proyecto pasa ahora a segundo trámite en el Senado, donde deberá sortear una nueva votación.

Jaime Araya llegó al Congreso con solo el 4,27% de los votos: el diputado del discurso antimigrante que sobrevivió gracias al arrastre de Videla

El 16 de noviembre de 2025, los electores del Distrito 3 de Antofagasta entregaron su veredicto. El diputado Jaime Araya Guerrero (IND-PPD) obtuvo 13.604 votos, equivalentes al 4,27% de los sufragios válidos. Una cifra que, en cualquier análisis honesto, no habría sido suficiente para renovar su escaño en la Cámara de Diputados.

Lo que salvó a Araya fue el fenómeno más contundente de la elección regional: su compañero de lista, el diputado Sebastián Videla (IND-PL), arrasó con 74.340 votos el 23,31% del total convirtiéndose en el parlamentario más votado de Chile fuera de Santiago. El voluminoso cociente que aportó Videla al pacto Unidad por Chile activó el mecanismo D’Hondt y generó un doble arrastre que llevó al Congreso tanto a Araya como a la exministra Marcela Hernando (3,74%), quien tampoco habría entrado por sus propios votos.

Los números que incomodan

La comparación dentro de la misma lista es demoledora:

Araya bajó desde el 6,39% que obtuvo en las elecciones de 2021, perdiendo más de dos puntos porcentuales de respaldo ciudadano en cuatro años. La región, en síntesis, le retiró apoyo. Fue Videla quien lo mantuvo en pie.

La paradoja del diputado más duro con los migrantes

El dato electoral adquiere mayor relevancia considerando el perfil público que Araya construyó durante su mandato. El diputado que en junio de 2025 declaró ante las cámaras que “agarraría un barco, los echo arriba y los mando de vuelta a Venezuela”, llegó al Congreso con el respaldo directo de apenas 13.604 antofagastinos. Una cifra que representa el 4,27% del padrón regional y que no alcanzó ni de cerca para ganar un escaño por mérito propio.

Sin embargo, con ese mandato acotado, Araya ocupa una banca en la Cámara y usa su tribuna para posicionarse como voz del norte en materia migratoria. Lo que los electores no saben necesariamente es que ese escaño no fue conquistado en las urnas, sino cedido por el arrastre de otro.

El Distrito 3: Videla manda, el resto sobrevive

Los analistas coinciden en que los resultados del Distrito 3 mostraron una realidad política clara: Videla es el único parlamentario con mandato propio en la región de Antofagasta. Su votación en la ciudad capital fue especialmente aplastante: en Antofagasta obtuvo el 31,91% de los votos, superando en algunos sectores el 40%. El resto de los diputados electos incluido Araya debe su presencia en Santiago a ese resultado extraordinario, no a una conexión territorial propia con el electorado.

Lo que queda pendiente

Araya ha iniciado su nuevo período legislativo con el mismo discurso que lo caracterizó: duro con la migración irregular, crítico del gobierno anterior y activo en redes sociales. Lo que aún no ha explicado públicamente es por qué, habiendo construido esa imagen, votó en contra del proyecto que restringe el acceso de migrantes irregulares a beneficios fiscales, aprobado el 24 de marzo con 95 votos a favor en la Cámara. Una contradicción que sus propios electores los 13.604 que sí le dieron su voto merecen que él mismo responda.

Cuando el 28 de febrero de 2022 el entonces presidente electo Gabriel Boric anunció los nombres de sus delegados presidenciales regionales, la designación que más levantó cejas en el norte fue la de Karen Elizabeth Behrens Navarrete para la Región de Antofagasta. No porque se tratara de una figura desconocida; al contrario, era conocida en los círculos del Partido Socialista regional, sino precisamente por eso: porque su principal credencial era ser militante del PS, el partido que en la región no tiene ni un solo diputado ni senador que la respalde.

El currículo oficial presentado por el gobierno describía a una abogada que había trabajado como asesora jurídica del SERNAC de Antofagasta, directora de Control de la Municipalidad de Sierra Gorda, una comuna de poco más de 3.000 habitantes, abogada de la Contraloría Interna de la Universidad de Antofagasta y jefa del Departamento de Abastecimiento de esa misma casa de estudios. Ninguna experiencia en gestión regional de gran escala. Ningún cargo de representación popular. Ninguna trayectoria en materia de seguridad pública, el problema más urgente de la región durante los últimos años. Su principal mérito, al parecer, era la fidelidad partidista.

La frase que lo dijo todo

Apenas siete meses después de asumir el cargo, Karen Behrens entregó en bandeja el argumento más demoledor contra su propia idoneidad. Fue en octubre de 2022 cuando un adolescente de 16 años, Ángel García Aguilera, fue brutalmente asesinado en Antofagasta. El crimen conmocionó a la ciudad y parlamentarios de todas las bancadas, incluso del propio oficialismo, exigieron respuestas y medidas urgentes de seguridad. La delegada respondió con una frase que quedó grabada a fuego en la historia de su gestión: “No hay que ser alarmistas”.

Como si eso no bastara, Behrens agregó otro argumento igualmente desafortunado para minimizar la crisis: señaló que la región estaba “dentro del promedio nacional de aumento de delitos, que es del 50 %”, como si un alza del 50 % en los crímenes fuera un dato tranquilizador para las familias antofagastinas. El quiebre fue inmediato y transversal. Parlamentarios oficialistas se desmarcaron públicamente de la delegada, y el propio PS regional quedó fracturado entre quienes la defendían y quienes pedían su salida.

Designada con una investigación encima

Si la falta de experiencia era una señal de alerta y las declaraciones sobre seguridad confirmaron las dudas, lo que reveló la Contraloría General de la República en octubre de 2025 convirtió la designación de Behrens en un escándalo de proporciones. El organismo fiscalizador estableció mediante la resolución N.° 14524–14575 que, en su época como funcionaria de la Universidad de Antofagasta entre 2018 y 2019, Behrens visó órdenes de compra y tratos directos con la empresa Seidor Chile S.A. sin la justificación legal correspondiente, en el contexto del proyecto del Hospital Clínico de la UA.

La sanción fue concreta: multa del 20 % de su remuneración mensual más una anotación de demérito de cuatro puntos. Pero lo más grave no es la sanción en sí misma. Lo más grave es lo que reveló la propia DPR al intentar defenderse: la investigación administrativa ya estaba en curso cuando el gobierno de Boric la designó como delegada en 2022. Es decir, La Moneda puso al frente del gobierno regional a una funcionaria que tenía un sumario activo en su historial. La pregunta inevitable es: ¿Nadie lo verificó?, ¿o se sabía y se ignoró?

 El diagnóstico del propio gobernador

La crítica más contundente no vino de la oposición, sino de su propio aliado político: el Gobernador Regional Ricardo Díaz. En una entrevista con el medio Timeline. En octubre de 2022, Díaz fue lapidario al evaluar a la delegación: “Se hacen muchas cosas, pero se comunica muy mal”. Esta declaración fue especialmente devastadora porque venía de una autoridad de su mismo sector político, y confirmaba lo que muchos periodistas y actores regionales ya señalaban en privado: que la DPR tenía un grave problema de gestión comunicacional.

Según la misma fuente, los dardos internos apuntaban más allá del equipo directo de Behrens y llegaban hasta la vocería, cuyo silencio estratégico frente a los conflictos habría terminado exponiendo a la propia delegada en primera línea cuando estallaban las controversias. La estrategia comunicacional consistía, en la práctica, en no comunicar. Y eso pasó la cuenta.

La seguridad que nunca se controló

El número no admite interpretaciones: durante el gobierno de Boric, la Región de Antofagasta acumuló 8.300 delitos asociados al crimen organizado entre 2022 y 2024, con un aumento sostenido año a año: 2.458 casos en 2022, 2.738 en 2023 y 3.104 en 2024. Al cierre del mandato, la región quedó posicionada entre las tres zonas con mayor criminalidad organizada del país. Para el contexto: Antofagasta era la región donde la máxima autoridad del gobierno había dicho “No hay que ser alarmistas” en 2022.

La propia delegada reconoció en su Cuenta Pública de 2025 que “la tarea no está cumplida” en materia de seguridad, una frase que, pronunciada a tres años de haber asumido el cargo, equivale a una confesión de fracaso. Los delitos asociados al narcotráfico siguieron subiendo hasta el último día de su mandato: a principios de 2026, la Fiscalía Regional informó que los delitos vinculados a drogas crecieron un 8,7 % entre 2024 y 2025. El plan “Juntos Más Seguridad”, presentado en 2024 cuando ya quedaba menos de un año de gobierno, llegó demasiado tarde y sin los recursos necesarios.

Para coronar el desastre, en 2024 la Delegación impulsó un proyecto de seguridad con tecnología de inteligencia artificial para reforzar controles en la Macrozona Norte. El Consejo Regional lo rechazó dos veces solicitando más antecedentes. Una iniciativa que llegó tarde y que ni siquiera pudo concretarse.

 El Gabinete Migrante que Nadie Pidió

Apenas cuatro meses después de asumir, Behrens ideó lo que sería el primer gran traspié político de su gestión: el “Gabinete Migrante”, una instancia impulsada por la DPR para abordar la crisis migratoria de la región. El problema no era la iniciativa en abstracto, sino la forma: fue diseñada sin consulta ciudadana, sin respaldo parlamentario transversal y sin diagnóstico compartido con los actores locales.

La reacción fue inmediata y demoledora. Parlamentarios de distintas bancadas, incluyendo a la diputada Yovana Ahumada (PDG), rechazaron públicamente la iniciativa señalando que era una señal errada en medio de una crisis migratoria que la ciudadanía ya vivía como una amenaza a la seguridad pública. La presión fue tal que la DPR canceló el lanzamiento del Gabinete Migrante antes de que siquiera echara a andar. El episodio evidenció una lectura política completamente equivocada del estado de ánimo de la región: mientras los antofagastinos pedían orden, la delegada respondía con una mesa de diálogo para migrantes.

Las “Tomas VIP” y el quiebre interno del PS

En otro de los episodios más reveladores del período, la Delegación encabezó la demolición de las llamadas “Tomas VIP” en el sector sur de Antofagasta, en lo que fue presentado como un golpe de imagen: Behrens en terreno, con maquinaria pesada, dando señales de firmeza. Sin embargo, lo que pareció un hito comunicacional exitoso terminó siendo una granada política: entre las personas involucradas en las tomas irregulares había una dirigente del propio Partido Socialista.

El escándalo generó un quiebre subterráneo al interior del PS regional que nunca se resolvió públicamente, y que fue protagonizado paradójicamente por el mismo partido que la sostuvo en el cargo. La operación que debía mostrar autoridad terminó exponiendo las redes clientelares de su propio sector político.

El plan habitacional más rezagado del País

Antofagasta tiene el déficit habitacional más dramático de Chile en términos relativos: 50.847 viviendas según la Cámara Chilena de la Construcción, con 12.824 familias viviendo en campamentos y 900 personas en situación de calle. Frente a esta realidad, el gobierno de Boric fijó una meta de 17.400 viviendas en el Plan de Emergencia Habitacional para la región. A enero de 2025, con solo 13 meses para terminar el mandato, el avance era de apenas el 32,2% del total comprometido.

El cálculo era aplastante: para cumplir la meta, la región necesitaba entregar 907 viviendas mensuales, pero el promedio de los 12 meses anteriores había sido de apenas 295. Al cierre del gobierno Boric, mientras el ministro de Vivienda celebraba a nivel nacional la entrega de 260.000 viviendas, Antofagasta terminó con solo un 35 % de avance, siendo la región más rezagada del país. El caso Democracia Viva, que reventó precisamente en la SEREMI de Vivienda y el SERVIU de Antofagasta, no es ajeno a este resultado: la remoción de equipos y la reestructuración forzada del SERVIU generaron retrasos adicionales en la implementación de soluciones habitacionales.

La crisis educacional Ignorada

Los datos del Ministerio de Educación, entregados en noviembre de 2025, arrojaron una cifra que debería haber generado una alarma de Estado: el 32,5 % de los estudiantes de la Región de Antofagasta registró inasistencia grave o crítica, superando el promedio nacional de 26,5%. Esto significa que más de uno de cada tres alumnos de la región asiste a menos del 85 % de sus clases, con muchos yendo menos del 50 % del tiempo.

La respuesta del Seremi de Educación fue señalar que “las comunidades educativas se han ido superando año tras año”: la misma lógica de la delegada, relativizar la crisis comparándola consigo misma en lugar de reconocer que la región lleva cuatro años encabezando los peores indicadores de asistencia escolar del país. No hubo un plan específico desde la DPR para abordar el ausentismo crónico, un fenómeno directamente vinculado a la inseguridad de los barrios, la precariedad de los campamentos y la desintegración del tejido social que la gestión de Behrens no supo contener.

La relación con la prensa

El episodio que mejor retrató la relación de Karen Behrens con la prensa no ocurrió en una conferencia ni en un punto público, sino en silencio, un fin de semana, en un grupo de WhatsApp.

Cuando el Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB) sufrió un violento asalto en pleno desierto parte de una serie de robos reiterados de cátodos de cobre que obligaron a la empresa a suspender sus operaciones y pusieron en alerta a toda la industria minera regional, los periodistas del grupo de prensa de la DPR comenzaron a insistir en obtener una reacción oficial de la delegada presidencial. La solicitud era razonable: Antofagasta, la región que el cobre exportado por Chile, estaba siendo saqueada en sus trenes y la máxima autoridad del gobierno en la zona guardaba silencio. La respuesta que recibieron los reporteros no fue una declaración, ni siquiera un “estamos evaluando la situación”.

La respuesta fue el silencio convertido en política explícita: el equipo de la delegación bloqueó la interacción en el grupo, impidiendo que los medios continuaran consultando. En una sola acción, la DPR transformó un canal oficial de comunicación con la prensa en una herramienta de censura de bolsillo, confirmando que la estrategia comunicacional de Behrens no era gestionar la información en tiempos de crisis, sino simplemente apagarla.

Un balance de salida con medios afines

En sus últimas semanas, Behrens realizó una ronda de apariciones públicas en medios seleccionados para presentar su versión de los logros de la gestión. Llamó la atención que estas apariciones se concentraron en entrevistas de formato extenso y controlado, evitando los puntos de prensa abiertos donde los periodistas pudieran preguntar libremente sobre las sanciones de Contraloría, el Caso Democracia Viva o el caso Hospital UA.

Un patrón identificado por periodistas locales fue el hermetismo selectivo: la delegada era más accesible en actos institucionales previamente controlados, pero esquiva ante preguntas sobre los escándalos de su gestión. El programa La Caja de Timeline señaló públicamente que Behrens tendía a “evitar temas de corrupción” en sus apariciones mediáticas.

Solo cuando faltaban días para el fin de su mandato, la DPR organizó un “encuentro con periodistas y editores” de la región, lo que para muchos comunicadores locales fue una señal de lo que había faltado durante cuatro años: una relación fluida y sistemática con la prensa. La iniciativa fue catalogada como un gesto de cierre de imagen más que como una práctica real de transparencia informativa.

Consejera Regional y Asesora: El doble rol

Andrea Merino tiene una larga historia en la política regional antofagastina. Trabajadora social de profesión, militante histórica del Partido Socialista e integrante del Comité Central regional del PS, Merino acumula décadas de vida pública que incluyen la Dirección Regional del INJUV, la Jefatura de Planificación de la Seremi de Educación, dos períodos como concejala electa por Antofagasta y una candidatura a alcaldesa. Pero quizás el capítulo más revelador de su trayectoria es uno que ella misma mencionó casi de pasada, en una entrevista de balance en febrero de 2026: “Trabajé en la Delegación Presidencial al principio”.

La frase es corta. Las preguntas que abre, no.

El perfil biográfico de Merino en el Consejo Regional confirma que, entre sus cargos, figura el de asesora de la Delegada Presidencial Regional Karen Behrens. Esto ocurría mientras Merino ejercía simultáneamente como consejera regional electa por el PS cargo que desempeña ininterrumpidamente desde marzo de 2018 hasta la fecha, siendo reelegida en dos ocasiones.,

La situación pone sobre la mesa una pregunta que el sistema político antofagastino prefirió ignorar: ¿puede una consejera regional que por definición debe fiscalizar y contrapesar al Ejecutivo en la región recibir al mismo tiempo una remuneración como asesora del mismísimo gobierno al que debe fiscalizar? La legislación chilena establece con claridad que los cargos de consejero regional son incompatibles con una serie de funciones ejecutivas del Estado, y si bien la figura del asesor a honorarios opera en una zona gris de esa normativa, la incompatibilidad ética es flagrante.

La remuneración: Zona gris con cargo al erario

No existe en los registros públicos disponibles un contrato nominativo que detalle el monto exacto que Merino percibió como asesora de la DPR Antofagasta. Sin embargo, el informe de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones publicado en diciembre de 2025 establece que los asesores a honorarios de delegaciones presidenciales a nivel nacional percibieron en promedio $2.887.423 brutos mensuales, con un máximo registrado de $7.052.500. Ese dinero proviene del erario público, el mismo erario que el Consejo Regional, del cual Merino forma parte, está llamado a custodiar y fiscalizar.

Merino, además, no era una consejera cualquiera: era la representante del PS en el CORE para la provincia de Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal, y en esa calidad votaba presupuestos, aprobaba proyectos y tomaba decisiones que directamente involucraban al gobierno regional del que la delegada Behrens era cabeza visible. La mezcla de roles no podría ser más concentrada.

El conflicto que nadie denunció

Lo más llamativo del caso no es que haya ocurrido, sino que nadie en el arco político regional lo cuestionó públicamente en su momento. No hubo denuncia formal ante la Contraloría, no hubo interpelación en el CORE, no hubo requerimiento de transparencia activa. La connivencia política entre el PS, la DPR y el CORE funcionó como un sistema bien aceitado, donde los mismos actores ocupaban distintas sillas alrededor de la misma mesa de poder.

El propio comportamiento de Merino en el CORE durante el período de gobierno Boric también es elocuente: en sesiones del Consejo Regional, fue una voz sistemáticamente alineada con las posiciones del Ejecutivo regional, lo que resulta coherente con alguien que fue asesora de ese mismo Ejecutivo, pero resulta problemático para quien se supone debe ejercer una función de contrapeso independiente.

El balance edulcorado

En febrero de 2026, ya con el gobierno Boric a días de terminar, Merino salió a los medios a decir que la región estaba “objetivamente mejor” y a defender la gestión con cifras de inversión minera. No hubo autocrítica sobre el Caso Democracia Viva, que explotó precisamente en la región donde ella ejercía como consejera. No hubo mención a la sanción de Contraloría a la delegada con quien trabajó. No hubo reflexión sobre el doble rol que ella misma desempeñó. Solo el relato del buen gobierno que nadie cuestionó desde adentro, porque quienes debían cuestionar eran parte del mismo engranaje.

El contraste con la nueva administración

La diferencia quedó en evidencia días antes del cambio de mando: su sucesora, Katherine López, designada por el presidente Kast, se reunió con el gobernador Díaz antes incluso de asumir el cargo, en una señal de apertura institucional y coordinación que los medios locales destacaron como un contraste notorio con el hermetismo de la gestión anterior. El propio Díaz, quien cuatro años antes había criticado la mala comunicación de Behrens recibió a López con una agenda pública y transparente.

La historia de Karen Behrens como delegada presidencial es en el fondo, la historia de un cuoteo político que no resistió el escrutinio público. Una militante del Partido Socialista, sin experiencia en gestión regional de alta complejidad, designada en la región más rica en minerales del país, para enfrentar la peor crisis de seguridad en décadas, con un sumario administrativo activo que nadie quiso ver.

La Región de Antofagasta, que aporta más del 50 % de las exportaciones de cobre del país, merecía una autoridad a la altura del desafío. Lo que tuvo durante cuatro años fue una representante cuya principal virtud documentada fue la lealtad a su partido. La cuenta la pagaron los antofagastinos.

Mientras miles de chilenos enfrentan procesos judiciales sin ningún tipo de protección especial, las 16 autoridades regionales del país operan bajo un manto de inmunidad que dificulta y en muchos casos impide que la justicia actúe con la misma celeridad y rigor que aplicaría a cualquier ciudadano común.

¿Qué es el fuero y cómo protege a los gobernadores?

El fuero constitucional es una figura jurídica que impide que ciertas autoridades sean detenidas o procesadas penalmente sin una declaración previa que autorice levantar esa protección. En Chile, los gobernadores regionales autoridades electas popularmente desde 2021 gozan de esta inmunidad desde el momento en que asumen el cargo.

Esto significa que aunque existan antecedentes de delitos, investigaciones fiscales avanzadas o incluso pruebas contundentes, un gobernador no puede ser formalizado ni enfrentar medidas cautelares hasta que un tribunal superior autorice expresamente remover esa protección. En el caso de Orrego, la Corte de Apelaciones determinó que los antecedentes presentados por la Fiscalía de Antofagasta no eran suficientes para quebrar ese escudo legal.​

Un privilegio de clase disfrazado de “protección institucional”

La justificación oficial del fuero es que busca proteger a las autoridades de persecuciones políticas o denuncias infundadas que pretendan entorpecer su gestión. Sin embargo, la práctica demuestra que esta figura se ha convertido en una herramienta de impunidad institucionalizada que coloca a los gobernadores en una categoría superior de ciudadanía.​

Mientras un ciudadano común puede ser detenido, formalizado y sometido a medidas cautelares en cuestión de horas si existen antecedentes suficientes, un gobernador regional puede permanecer en su cargo durante años administrando presupuestos millonarios y tomando decisiones que afectan a millones de personas aunque enfrente acusaciones graves de fraude al fisco, como es el caso de Orrego y los $1.600 millones transferidos a la Fundación ProCultura.​

La paradoja democrática

Resulta particularmente irritante que este privilegio se haya extendido precisamente cuando los gobernadores pasaron a ser autoridades electas por votación popular. La reforma constitucional de 2017 que creó la elección directa de gobernadores se vendió como una medida democratizadora que acercaría el poder a la ciudadanía. Sin embargo, ese mismo proceso democrático vino acompañado de un blindaje legal que los aleja de la justicia ordinaria.

¿Es esto coherente con una democracia moderna? ¿Tiene sentido que autoridades que manejan presupuestos regionales de miles de millones de pesos gocen de más protección legal que un ciudadano común que roba en un supermercado por necesidad?

El fuero como obstáculo a la investigación

El caso Orrego ilustra perfectamente cómo el fuero no solo protege al investigado, sino que entorpece el trabajo investigativo. La Fiscalía de Antofagasta lleva meses intentando formalizar al gobernador metropolitano, pero el proceso de desafuero implica audiencias, recursos, argumentaciones jurídicas complejas y plazos procesales que dilatan indefinidamente la posibilidad de avanzar en la investigación.​​

Mientras tanto, el gobernador continúa ejerciendo plenamente sus funciones, participando en el Consejo Regional, administrando presupuestos y tomando decisiones políticas de alto impacto. La presunción de inocencia —que es un derecho fundamental se transforma en este caso en un privilegio de impunidad operativa.

Comparación internacional: México y el debate sobre eliminar el fuero

En México, país con una tradición similar de fueros constitucionales, el debate ha avanzado mucho más que en Chile. Analistas políticos mexicanos han coincidido en que “el fuero constitucional se ha convertido en una herramienta de impunidad entre los gobernadores para cometer actos de corrupción” y han propuesto eliminarlo o acotarlo drásticamente.​

Chile, sin embargo, permanece en silencio. No existe un debate legislativo serio sobre esta materia, y los propios gobernadores, independiente de su color político, guardan un silencio cómplice sobre un privilegio que los beneficia directamente.

Una reforma urgente y necesaria

Es hora de preguntarse si Chile necesita seguir manteniendo este anacronismo legal. Si la democracia implica igualdad ante la ley, el fuero de los gobernadores regionales representa exactamente lo contrario: una desigualdad institucionalizada que coloca a 16 personas por encima del resto de la ciudadanía.

La solución no es compleja: eliminar completamente el fuero para delitos comunes y establecer procedimientos judiciales expeditos que garanticen tanto la presunción de inocencia como la posibilidad real de investigar y sancionar cuando corresponda. Si un gobernador es inocente, que lo demuestre en tribunales como cualquier chileno. Si es culpable, que enfrente las consecuencias sin escudos legales que conviertan la justicia en una quimera.

Mientras tanto, casos como el de Orrego seguirán multiplicándose, la Fiscalía seguirá acumulando fracasos procesales, y la ciudadanía seguirá constatando que en Chile existen dos categorías de ciudadanos: los que pueden ser tocados por la justicia y los intocables que administran nuestros recursos bajo un manto de impunidad legal.

La acción se enmarca en información conocida públicamente sobre la ejecución de aproximadamente $1.900 millones de pesos en recursos fiscales, destinados a obras de infraestructura —como pavimentación de caminos y otras habilitaciones— vinculadas a un proyecto emplazado en el sector Ventarrones, en la Región de Antofagasta.

Uso de recursos públicos y actos habilitantes

En el oficio, el parlamentario señala que la remisión de antecedentes no tiene por objeto pronunciarse sobre la conveniencia o mérito del proyecto, sino poner en conocimiento hechos que podrían revestir relevancia penal en relación con el uso, legalidad y trazabilidad de recursos públicos.

De acuerdo con la información disponible, el proyecto no habría contado oportunamente con todas las autorizaciones o pronunciamientos institucionales previos exigibles, en particular aquellos de competencia de Cancillería. No obstante ello, se habrían autorizado y ejecutado los recursos fiscales asociados a dichas obras de infraestructura.

En ese contexto, el diputado plantea una interrogante central: “Si el proyecto no contaba con las autorizaciones requeridas, cómo se pudo autorizar la ejecución de recursos públicos sin el acto administrativo previo que habilitara formalmente el visado del proyecto”.

Denuncia a Fiscalía

En paralelo, el diputado José Miguel Castro puso estos antecedentes a disposición del Ministerio Público, solicitando que se evalúe si de ellos podrían desprenderse hechos eventualmente constitutivos de delito, particularmente en lo referido al resguardo y correcta administración de caudales públicos.

En su presentación, el legislador solicitó que, si se estima procedente, se dispongan las diligencias investigativas necesarias para esclarecer:
El origen y la trazabilidad del financiamiento,

-La legalidad de los actos administrativos habilitantes,
-La identificación de eventuales responsables en la toma de decisiones y en la ejecución,
-Y la eventual configuración de un menoscabo fiscal, sin perjuicio de otros tipos penales que pudieran resultar aplicables.

Finalmente, el diputado recalcó que su actuación se enmarca en “el deber de resguardar el interés público y la correcta administración de los recursos regionales, especialmente cuando se trata de montos significativos financiados con fondos del Gobierno Regional”, y reiteró su compromiso para colaborar con las instituciones competentes para el esclarecimiento de los hechos.

$1.900 millones de pesos del Gore en un camino a ninguna parte: las preguntas sin respuesta tras el fracaso del proyecto astronómico de Ventarrones

El Gobierno Regional de Antofagasta enfrenta severas críticas por invertir casi dos mil millones de pesos en pavimentar el acceso al Cerro Ventarrones, obra ejecutada para dar conectividad a un parque astronómico que nunca se concretará. El proyecto, impulsado por la Universidad Católica del Norte (UCN) y una entidad china, fue cancelado definitivamente por el Gobierno central tras determinar la invalidez del convenio y detectar riesgos de seguridad nacional. Hoy, la región cuenta con una ruta de alto estándar que no conduce a ningún destino asignado, exponiendo una grave desconexión institucional y falta de filtros técnicos y políticos en el uso de recursos públicos.

Una inversión millonaria para un proyecto inviable

La obra vial, financiada íntegramente por el Gore y ejecutada técnicamente por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP), abarcó los primeros ocho kilómetros desde la Ruta B-710 hacia Cerro Ventarrones. Los trabajos contemplaron movimientos de tierra de gran envergadura, construcción de terraplenes, bases granulares y aplicación de un tratamiento superficial (cape seal), con un costo aproximado de $1.900 millones.

En su momento, las autoridades celebraron el avance sin advertir las irregularidades de fondo. Pablo Rojas, jefe de la División de Planificación del Gore, aseguró que “el compromiso del gobernador es fortalecer el rol de la región” y destacó que estos kilómetros eran fundamentales para dotar de equipamiento al “futuro valle astronómico”. La delegada presidencial Karen Behrens calificó la obra como “muy importante” y “habilitante”, haciendo un llamado a apoyar la labor científica regional. Por su parte, Soledad Santander, entonces seremi (s) del MOP, señaló en terreno: “Estamos orgullosos de llegar a este lugar (…) gracias al financiamiento del Gobierno Regional pudimos realizar este camino, que es el inicio de un gran proyecto”.

Hoy, esas declaraciones contrastan duramente con la resolución de Cancillería que declaró “no válido” el acuerdo entre la UCN y la contraparte china, y con la revocación de la concesión del terreno por parte de Bienes Nacionales. El “gran proyecto” no existe, y el Estado chileno se queda con una ruta pavimentada de alto estándar que sube hacia un cerro cuya concesión fue retirada, sin uso definido ni beneficiario final.

Ceguera institucional y falta de filtros técnicos

El caso evidencia cómo se priorizó esta inversión frente a otras urgencias regionales, sin verificar previamente la viabilidad legal ni las implicancias geopolíticas del proyecto astronómico que se pretendía beneficiar. Ni el equipo del gobernador Ricardo Díaz ni los organismos técnicos del Gore repararon en que el acuerdo internacional de base era nulo desde su origen, ya que la UCN no poseía facultades para firmar convenios internacionales de esa naturaleza.

La falta de filtro político provocó que el Estado chilene financiara infraestructura vial para un complejo que, según advertencias de Washington y análisis de Santiago, podía comprometer la soberanía nacional. La División de Planificación y Desarrollo del Gore aprobó millonarios recursos para “obras habilitantes” sin constatar que el proyecto central carecía de respaldo legal y enfrentaba cuestionamientos de seguridad.

Las preguntas que nadie ha respondido

El fracaso del proyecto y la inversión perdida dejan abiertas interrogantes clave que las autoridades regionales aún no han abordado públicamente:

¿Quién evaluó la viabilidad del proyecto astronómico antes de aprobar $1.900 millones para su camino de acceso? No se conocen registros de análisis técnicos, jurídicos o geopolíticos que respaldaran la decisión de financiar esta obra antes de contar con certeza sobre la legalidad y factibilidad del proyecto final.

¿Por qué el Gore no detectó que la UCN no tenía facultades para firmar el convenio internacional antes de transferir los recursos? La invalidez del acuerdo debió haber sido advertida en las etapas de formulación y evaluación del financiamiento, evitando comprometer fondos públicos en una iniciativa sin sustento jurídico.

¿Qué uso se le dará ahora a una ruta pavimentada de alto estándar que lleva a un terreno fiscal sin proyecto asignado? Hasta el momento, no existe un plan oficial para reutilizar o reconvertir esta infraestructura, dejando en el limbo una inversión que equivale a recursos que pudieron destinarse a obras prioritarias en salud, educación o conectividad en otros sectores de la región.

El episodio del camino a Ventarrones se suma a una serie de cuestionamientos sobre la gestión del Gore de Antofagasta y su capacidad para evaluar, priorizar y ejecutar proyectos estratégicos con visión de largo plazo. La falta de respuestas claras profundiza la percepción de una administración regional desconectada de la realidad técnica, legal y política que rodea las grandes inversiones públicas.

El Diputado Jaime Araya reaccionó al anuncio de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, que informó que ha decidido dejar sin efecto el actual llamado a licitación de la Concesión Ruta 5 tramo Caldera-Antofagasta. Para el legislador, la noticia es “un chiste repetido y podrido”, indicando que “es una burla permanente con nuestra región”.

El MOP indica que la postergación de la licitación fue adoptada “como resultado de las complejidades detectadas durante el proceso”.

Araya apuntó directamente a la Dirección de Concesiones, señalando que “no son una institución confiable, incapaces de hacer las cosas bien y rápido, como se necesita en una región que busca modernizarse”.

“Para peor, seguramente les pagaron sus bonos de gestión y desempeño”, criticó el diputado, que -además- llamó a que los responsables “por deferencia con nuestra región, debieran renunciar e irse. Con esta gente, nunca vamos a progresar, es un problema estructural”.

Finalmente Araya cuestionó las decisiones históricas de la Dirección de Concesiones, recordando otros conflictos latentes en la región, como lo que acontece con el Hospital Regional de Antofagasta y el rol del organismo en determinar las multas o eventuales revocaciones del contrato con la actual concesionaria. “Para proteger a SACYR, llegan a correr”, manifestó el Diputado.

¿Qué significa “jugársela”?

Díaz no quedó como “simpatizante” difuso: fue presentado y actuó como vocero de Jeannette Jara y coordinador regional del comando, instalándose de lleno como actor de campaña. En el tramo final, el gobernador escaló el conflicto al responder públicamente a José Antonio Kast luego de ser aludido en el debate presidencial, llevando la disputa al plano mediático y de redes. En política real, ese movimiento tiene una consecuencia automática: el gobernador deja de ser un puente técnico entre región y Estado y pasa a ser un activo partidario con historial de choque, es decir, un interlocutor “marcado”.​

Costos institucionales (prescindencia)

La activa participación del Gobernador Regional Ricardo Díaz en la reciente campaña presidencial, que incluyó su rol como vocero de la candidatura de Jeannette Jara y el uso de sus propias redes sociales personales para difundir mensajes de apoyo, ha encendido las alarmas sobre los costos institucionales que podría enfrentar el Gobierno Regional de Antofagasta (GORE).

Aunque las autoridades tienen derecho a expresar sus opiniones políticas fuera de horario, la delgada línea entre el “apoyo personal” y el “uso del cargo” aumenta la probabilidad de enfrentar denuncias por incumplimiento del Instructivo de Prescindencia que distribuyó el Gobierno.

El problema surge cuando la performance de campaña de una autoridad electa se mezcla o se percibe mezclada con su agenda pública. El hecho de que el Gobernador Díaz, identificado como tal en sus perfiles, haya utilizado sus redes sociales personales para fines de campaña, si bien no contraviene directamente el uso de canales institucionales, sí genera una confusión ante la ciudadanía sobre el origen de los mensajes y si estos se realizaron fuera de su jornada laboral.

Costos políticos y de gestión (2026)

Kast se impuso en la Región de Antofagasta y consolidó el triunfo nacional. Eso deja a Díaz identificado con el bando perdedor en el momento exacto en que se reordenan prioridades, confianzas y “líneas directas” entre regiones y ministerios para el ciclo 2026–2030. El resultado práctico no es una vendetta explícita: es más simple y más duro; Antofagasta llega a negociar FNDR, seguridad e infraestructura con un gobernador que ya convirtió la conversación con el presidente electo en un historial de confrontación pública.​

Flancos abiertos: Transparencia y ProCultura

El Consejo para la Transparencia aplicó sanciones administrativas a Díaz por incumplimientos a la Ley de Transparencia, vinculados a falta de respuesta a solicitudes y problemas de actualización en transparencia activa del GORE. En paralelo, su nombre aparece asociado a la cobertura del caso ProCultura por un convenio del GORE Antofagasta terminado anticipadamente, con exigencia de reintegro. Con esos antecedentes circulando, entrar a la arena presidencial para dar peleas de probidad no solo es riesgoso: es entregar munición, porque cualquier defensa política vuelve a chocar con un talón institucional que ya está documentado.​

Clima regional y gobernabilidad

Cuando la máxima autoridad regional se vuelve rostro de campaña, la región paga con polarización: el debate sobre empleo, inversión y seguridad se contamina con la lógica binaria de ganadores/perdedores y con la pelea nacional. Esa polarización encarece la gobernanza cotidiana del GORE (CORE, convenios, coordinación con alcaldes y actores productivos) porque cada decisión se interpreta como señal ideológica o ajuste de cuentas, no como política pública. Y tras una elección en que Kast ganó con holgura a nivel nacional, la pregunta clave deja de ser si Díaz “respondió bien” en un round mediático: pasa a ser cuánto cuesta —en tiempo, foco y recursos— que Antofagasta tenga un gobernador instalado en la trinchera justo cuando necesita acceso, coordinación y acuerdos con el nuevo centro de poder.

El Futuro

En los círculos políticos regionales, circula con insistencia la hipótesis de un futuro reposicionamiento para el Gobernador Regional Ricardo Díaz. La versión, aún sin confirmación pública ni anuncio formal, sugiere que Díaz podría estar contemplando una candidatura al Senado, proyectando su actual periodo como una plataforma para saltar al Congreso Nacional.

La tentación de la proyección: ¿El Senado es el próximo paso?

El trascendido sugiere que esta posible ambición senatorial se lee como el “próximo paso lógico” para un político que ha elevado su perfil nacional. Sin embargo, si la tesis llegase a ser cierta, el camino hacia el Congreso podría encontrarse sembrado de obstáculos, especialmente en el ámbito de la probidad.

El costo de la Credibilidad

Una eventual campaña al Senado dependería fuertemente de la credibilidad, pero la prensa ha reportado sanciones aplicadas al GORE por incumplimientos a la Ley de Transparencia. Si estos flancos no se cierran, cualquier aspiración mayor podría verse debilitada ante los votantes que exigen estándares mínimos a sus autoridades.

La carga de la exposición

La participación activa del Gobernador en la campaña presidencial, donde actuó como vocero regional de Jeannette Jara, habría subido el costo político de cada controversia. Este rol lo instaló como un actor nacional, haciendo que sus problemas de gestión local —como las polémicas vinculadas al “Caso Convenios”— se conviertan en munición electoral a disposición de la oposición.

Las señales que delatarían un giro Estratégico

Si el equipo del gobernador estuviera operando bajo la premisa de una candidatura senatorial, se esperaría observar ciertos movimientos estratégicos en su agenda y discurso.

Construcción Territorial

Díaz debería enfocarse en un armado político que trascienda el GORE, buscando alianzas con alcaldes, dirigentes y gremios, esenciales para una base senatorial.

Discurso Legislativo

Su mensaje podría orientarse hacia grandes temas nacionales como la minería, la seguridad y la descentralización, adoptando un tono más propio de un futuro legislador.

Priorización de Gestión

Sería fundamental que la intensidad del choque político bajara, y que el énfasis se centrara en resultados concretos y obras ejecutadas. Una campaña al Congreso se sostiene en la capacidad de mostrar gestión, no en la necesidad de “apagar incendios” mediáticos derivados de controversias.

En el incierto panorama político postelecciones, el futuro de Ricardo Díaz parece estar en la mesa de apuestas. La pregunta clave es si su ambición podría verse frustrada por los flancos abiertos de su actual gestión o si logrará cerrar las controversias a tiempo para validar su “próximo paso” político.

Con una retórica que no dejó espacio a la ambigüedad, Kast cargó duramente: “Pero Jeannette tiene de vocero al gobernador de Antofagasta, famoso por el mural, el de Catalina Pérez.” La referencia al “mural más caro de Chile”, un eufemismo que evoca el escándalo de la Fundación Democracia Viva y el desvío de fondos destinados a los campamentos, resonó con fuerza en la sala, proyectando una sombra ominosa sobre la figura de Díaz.

El ataque no se detuvo ahí. Kast desveló la situación judicial del Gobernador de Antofagasta, aludiendo directamente a su implicación en el llamado “Caso Fundaciones”: “El gobernador de Antofagasta está hoy día sujeto a interés de la Fiscalía por el tema de la fundación del señor Larraín, del mural más caro de Chile, donde se robaron la plata de los más pobres, los campamentos”.” Esta declaración, cargada de indignación, conecta la imagen de Jara con un caso de corrupción que ha sacudido la confianza pública y ha destapado el mal uso de recursos estatales.

El Gobernador Ricardo Díaz, recordemos, está siendo indagado por un convenio de $629.815.000 con la Fundación ProCultura para la recuperación de fachadas, financiado con fondos del FNDR, de los cuales ya se entregaron $460 millones en un polémico trato directo. Un millonario despilfarro que hoy lo tiene bajo el escrutinio del Ministerio Público.

Ante este panorama, Kast fue tajante en su demanda de justicia y transparencia. “Entonces yo me iría al fondo: el fondo es que hay que aplicar la ley. Las personas que cometen un ilícito tienen que irse presas.” Una exigencia clara que apunta directamente a la lentitud de la justicia y a la necesidad de consecuencias reales para los responsables de la corrupción, algunos de los cuales hoy se encuentran, convenientemente, “en proceso de investigación”.

Tensión en Aeropuerto de Antofagasta: Jeannette Jara increpada por grupo de pasajeros y taxistas

Un momento de alta tensión se vivió  en el Aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta, cuando la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, fue increpada por un grupo de pasajeros y personas presentes en el terminal aéreo.

Los manifestantes, que abordaron a la candidata, le reprocharon públicamente su gestión y la acusaron de “generar daño al país”, expresando además un claro rechazo a su presencia con gritos como “Antofagasta no quiere más comunismo”.

La situación escaló rápidamente cuando adherentes de la candidata respondieron a los reclamos, lo que derivó en un tenso intercambio de acusaciones y pequeños forcejeos.

El Diputado Jaime Araya se reunió en el Congreso con dirigentes del Sindicato de Supervisores de Minera Meridian El Peñón -empresa perteneciente al grupo transnacional canadiense Pan American Silver- quienes denunciaron más de medio centenar de infracciones laborales, discriminación, acoso y prácticas antisindicales.

El legislador anunció que oficiará a la Dirección del Trabajo, para conocer en detalle las infracciones y sus causas, y pidió al SERNAGEOMIN fiscalizar las condiciones de seguridad en las faenas, asegurando que “en Antofagasta no se puede arriesgar la vida de los trabajadores por culpa de empresas que se burlan de la ley”.

“Nos parece muy preocupante lo que está ocurriendo en Minera Meridian. No es posible que, tras un cambio de administración, se hayan triplicado las infracciones laborales, poniendo en riesgo la vida y la salud de sus trabajadores y trabajadoras. Minera Meridian El Peñón prefiere pagar multas en vez de cumplir la ley, y eso es inaceptable”, sostuvo Araya.

“No vamos a permitir que se arriesgue la vida de trabajadores antofagastinos porque empresas incumplen la normativa laboral. Valoramos la valentía de los dirigentes sindicales que llegaron al Congreso porque en la región la empresa no los ha escuchado”, añadió.

DENUNCIAS DEL SINDICATO: “EL TRABAJO NO PUEDE COSTAR LA VIDA”.

Según el sindicato, entre 2019 y 2025 la Inspección del Trabajo constató múltiples infracciones en remuneraciones, derechos fundamentales, igualdad de género y libertad sindical, sin que la empresa haya corregido las conductas. Además, durante el periodo 2022 a 2025, la compañía acumuló 25 multas por infracciones a las leyes laborales. Entre los incumplimientos destacan malos tratos, acoso laboral, discriminación, prácticas antisindicales, no pago de bonos y feriados e incumplimiento del régimen 7×7, extendiendo jornadas más allá de lo permitido por la normativa.

El gremio pide “reforzar la fiscalización en la gran minería, promover la citación de los representantes de Pan American Silver y Minera Meridian, y revisar el marco normativo para asegurar que las empresas transnacionales cumplan con los convenios internacionales de la OIT”. “El trabajo no puede costar la vida”, concluye el documento.

La trayectoria de Núñez, quien escaló desde Seremi de Gobierno hasta el Senado en solo una década, se ha caracterizado por su capacidad para posicionar a figuras de su confianza en puestos clave de la administración pública regional, especialmente durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

La Red de Nombramientos Clave

La influencia de la senadora se hizo especialmente palpable con una serie de nombramientos en la Intendencia y otras reparticiones. Entre los nombres más destacados que orbitaron en torno a Núñez se encuentran:

Edgar Blanco (RN): Tras suceder a Marco Antonio Díaz en la Intendencia de Antofagasta, fue calificado en la prensa regional como un “protegido” de la parlamentaria. La promoción de Blanco a Subsecretario de Minería se leyó como una muestra de la ascendencia de Núñez.

Marco Antonio Díaz Muñoz (RN): Predecesor de Blanco como Intendente Regional, su nombramiento también provino del círculo directo de Renovación Nacional en la región.

Rodrigo Saavedra (RN): Ex director regional del Serviu. Saavedra fue perfilado por la prensa como una figura “cercana a la diputada Paulina Núñez” (en ese momento diputada). Fue designado como el último Intendente de la Región de Antofagasta (enero a julio de 2021), reemplazando a Blanco, hasta la disolución del cargo.

Ambición que Traspasa lo Regional

El perfil político de Paulina Núñez no se limita a Antofagasta. Sus declaraciones reflejan una clara aspiración a liderar los destinos de su partido y a influir en las grandes decisiones a nivel nacional, presentándose como parte de una “nueva generación” de líderes.

Sus constantes llamados a que “los liderazgos se ganan, se construyen y se ejercen sin pedir permiso” evidencian una marcada ambición de poder que, para sus críticos, se traduce en una concentración excesiva de la toma de decisiones.

Mientras la senadora asegura que sus gestiones buscan recuperar la influencia de su sector, el constante flujo de nombramientos de su círculo cercano continúa levantando la sospecha de que la Región de Antofagasta se ha convertido en el principal bastión de una influyente facción de Renovación Nacional controlada por Núñez.

Daniela Castro: La Nueva Jugada para Consolidar su Poder

La senadora definió públicamente a su carta para la próxima elección de diputados en el Distrito 3. En declaraciones a medios regionales, Núñez fue categórica: la abogada Daniela Castro Araya es “nuestra carta en Renovación Nacional” y cuenta con el respaldo explícito de las bases y de su equipo político.

Esta afirmación ha encendido las alarmas en Chile Vamos, donde la jugada es leída bajo el prisma de la frase que circula en círculos internos: “Daniela Castro es la nueva invención de Paulina Núñez.”

La Estrategia detrás del Impulso

La promoción de Daniela Castro adquiere una relevancia crítica en un distrito donde ya existe un diputado en ejercicio de la misma colectividad, José Miguel Castro (RN).

Al posicionar a Daniela Castro de forma tan enfática, Núñez no solo introduce a una figura de potencial electoral en la papeleta, sino que siembra incertidumbre sobre el respaldo unánime de la colectividad hacia el diputado en ejercicio.

La lectura política es clara: Paulina Núñez promueve con vehemencia la candidatura de Daniela Castro. El objetivo final, según esta visión, es afianzar su hegemonía en el distrito, incluso a costa de generar tensiones internas y disputas con otros referentes de su propio partido. La elección en el Distrito 3 se perfila, así, como un nuevo campo de batalla no solo contra la oposición, sino también dentro del propio Chile Vamos.

El comentario del jefe comunal se produjo en el grupo de WhatsApp “Yantiel 2025”, creado para coordinar la campaña parlamentaria del evopolitano Yantiel Calderón. En el chat, al compartirse la entrevista de Núñez publicada en The Clinic, uno de los participantes advirtió: “No sé si esta entrevista caerá muy bien, pero en fin!!”. Fue entonces cuando Razmilic respondió con una sola palabra: “rata”.

Un síntoma de una derecha dividida

Más allá de la ofensa, el episodio expone una fractura más profunda dentro de la derecha, marcada por las disputas entre los sectores que buscan proyectar una candidatura unitaria en torno a Matthei y quienes se inclinan por mantener vasos comunicantes con el mundo republicano de José Antonio Kast.

El alcalde Razmilic —referente local de Evópoli y cercano al sector más liberal— representa a una derecha que busca desmarcarse del discurso más duro del Partido Republicano. En cambio, Núñez, desde Renovación Nacional, ha defendido la necesidad de no cerrar la puerta a Kast en una eventual segunda vuelta, apelando a la “unidad por sobre las etiquetas ideológicas”.

Su declaración en The Clinic fue tajante:

“No entiendo por qué Matthei no ha dicho que apoyará a Kast si él pasa a segunda vuelta. La campaña está muy plana (…)”.

La frase, que apuntaba a un liderazgo que “no se atreve a mover el tablero”, cayó mal en sectores de Evópoli, que interpretaron las palabras como una presión indebida para comprometer anticipadamente apoyos en un escenario todavía incierto.

La herida del oficialismo

La polémica llega en un momento especialmente sensible para la derecha, que intenta recomponer la convivencia interna de cara a las presidenciales de 2025. El episodio entre Razmilic y Núñez no solo tensiona la relación entre Evópoli y RN, sino que también expone la falta de cohesión de los liderazgos territoriales frente al debate nacional.

Mientras el alcalde guarda silencio y su entorno asegura que el mensaje fue “sacado de contexto”, el daño político ya está hecho. En los pasillos de ambos partidos, la conversación se centra en la falta de disciplina y en cómo este tipo de filtraciones debilitan la imagen de unidad que el bloque intenta proyectar ante la opinión pública.

El costo de la deslealtad

Para analistas locales, el calificativo usado por el alcalde no es solo una ofensa personal, sino una señal del nivel de crispación política que atraviesa al sector. “El término ‘rata’ revela un desprecio político más que emocional. En un contexto donde la derecha busca rearmarse, estos gestos muestran que la fractura ideológica sigue siendo profunda”, comenta un observador regional.

En Antofagasta, donde Razmilic ha intentado posicionarse como figura emergente, el episodio podría tener consecuencias directas: daña su proyección como referente nacional y tensiona su relación con figuras RN locales, con las que hasta ahora mantenía una convivencia política relativamente estable.

En un año electoral donde cada gesto cuenta, este chat filtrado deja en evidencia que la derecha aún no resuelve su dilema de fondo: cómo convivir entre la moderación y el discurso duro sin autodestruirse en el intento.