Preocupada se mostró la Diputada electa, Marcela Hernando, por las deficiencias que presenta el aparato estatal, al no entregar herramientas a los docentes y educadoras de párvulo, para la detección oportuna de abusos sexuales de niños y adolescentes.

Tras una reunión sostenida con representantes de la “Agrupación Inocencia”, que reúne a padres y apoderados de 25 menores presuntamente abusados en el jardín infantil “Bambi”, la doctora Hernando destacó que “en este caso se ha demostrado que el aparato estatal es insuficiente, ya que no tiene personal capacitado para detectar los trastornos y las señales que permitan individualizar lo que está ocurriendo con algún pequeñito, ni tampoco es fácil que el sistema compuesto por la red de asistencia judicial, psicológica, o de peritajes, entre otras, responda rápidamente”.

En este sentido, la representante del Cuarto Distrito, manifestó que el tema también pasa por la voluntad política de reforzar las instituciones educativas, además de fortalecer las competencias que tienen profesores y docentes frente a los casos de abuso sexual o maltrato infantil que existe y que en ocasiones estos profesionales no detectan a tiempo.

“Hay una serie de cosas que están funcionando mal desde el punto de vista de lo que se requiere para los niños. En lo personal, lamento que el trabajo que realizamos desde el municipio a través de la Oficina de Infancia haya terminado por temas políticos. Allí abordamos esta problemática con un programa de capacitación para todos los profesores de todos los establecimientos educacionales de la ciudad, sin embargo, esa capacitación se vio interrumpida por razones políticas, ya que desde la Seremi de Educación no dio los permisos y las autorizaciones para que eso se pudiera llevar a cabo”, finalizó la ex alcaldesa.

Afectados

Yanko Gjik, vocero y presidente de la “Agrupación Inocencia” explicó el caso es complejo, ya que están cuestionados dos funcionarias de la JUNJI Antofagasta, por el probable abuso sexual  contra 25 niños que no superan los cuatro años.

“Este es un caso que ya tiene 25 denuncias, hechas en la Fiscalía de Antofagasta, por su connotación, este es un caso grande de abuso sexual que debiera tener cobertura a nivel nacional, por la cantidad de victimas, pues este es un tema muy importante” indicó Yanko Gjik.

Equidad judicial

Para la diputada electa, esta situación no hace más que acentuar las diferencias en el trato que tiene la justicia con las personas que tienen o no los medios económicos, “hoy para todas estas denuncias que se producen uno observa que el nivel de inequidad respecto de aquellos que tienen medios económicos para acudir particularmente a la contratación de profesionales de abogados, de entablar las demandas es absolutamente diferente al que sufren las familias mas desposeídas o que tiene a sus niños en los jardines infantiles estatales, de JUNJI, Integra, etc., porque cuando ocurre un maltrato o un abuso infantil sexual o no sexual, con lo primero que se topan estas personas es un aparato estatal engorroso”.

Por último, la doctora Hernando ofreció a la agrupación asesoría legal de su equipo de abogados, ya que considera al caso como emblemático y debe ser considerado prioritario a nivel nacional pues se tratarían de abusos sistemáticos que involucra a menores antofagastinos y funcionarios estatales.