Mientras decenas de motociclistas tomaban el centro de la ciudad con maniobras temerarias, las máximas autoridades regionales de seguridad se mantuvieron ausentes.

Imágenes y crónicas de medios locales mostraron caravanas de decenas —y en algunos sectores, cientos— de motociclistas que recorrieron el centro de Antofagasta con maniobras temerarias: pasaron semáforos en rojo, bloquearon avenidas y generaron congestión.

Una escena que vecinos describieron como “descontrol total” y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Los reportes, tanto locales como nacionales, coinciden en un diagnóstico: pese a los anuncios de prevención, la ciudad volvió a vivir episodios de alto riesgo para peatones y conductores.

Participación de migrantes: un dato, no una explicación

Diversas publicaciones señalaron la presencia de ciudadanos extranjeros —principalmente de Venezuela y Colombia— entre los participantes. El dato es descriptivo, no causal.

El fenómeno de las “rodadas” es una práctica extendida en distintas ciudades del continente, convocada principalmente a través de redes sociales. Mencionar la nacionalidad de algunos asistentes puede ayudar a contextualizar, pero no explica el desorden ni sustituye la responsabilidad del Estado en mantener el control del espacio público.

Ninguna fuente seria sostiene que el origen de los participantes sea la raíz del problema: lo central sigue siendo la falta de gestión preventiva y control operativo.

Carabineros: balances oficiales versus el descontrol

Carabineros difundió cifras de controles, detenciones y vehículos retirados, defendiendo sus “acciones preventivas”. Sin embargo, las imágenes en redes sociales —motos sin patentes, maniobras temerarias en pleno centro y peatones asustados— contradijeron la sensación de normalidad que intentó proyectarse.

La pregunta es inevitable: ¿fueron suficientes las medidas? En democracia, no bastan los números. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué decisiones operativas se tomaron: dónde estuvieron los patrullajes, cómo se planificó la contención y por qué el desorden se extendió sin control efectivo.

Autoridades ausentes: el discurso reemplaza a la acción

Una vez más, la realidad expuso una verdad incómoda: cuando la seguridad pública se pone a prueba, la Delegada Presidencial y el Seremi de Seguridad Pública quedan en deuda.

El viernes 31 de octubre, Antofagasta vivió una jornada de descontrol mientras las máximas autoridades políticas de seguridad brillaban por su ausencia. Y cuando llegue el momento de los balances, solo quedará el vacío ritual de las típicas muletillas: “trabajo coordinado” y “acciones preventivas”.

Allí parecen sentirse más cómodos: frente a las cámaras, no frente al problema real. Se repite el mismo patrón: la comunicación se impone sobre la gestión, y la puesta en escena mediática termina reemplazando la verdadera presencia del estado.

Las cifras se convierten en consuelo estadístico mientras en las calles predomina el temor. La ciudadanía no necesita discursos optimistas ni fotografías posadas. Necesita autoridad, presencia y liderazgo.

Resulta inaceptable que los encargados de la seguridad regional se comporten como comentaristas de su propio fracaso, observando desde lejos cómo los mismos problemas se repiten año tras año sin soluciones efectivas.

El deber de las autoridades no es figurar: es responder. Y cuando la respuesta se limita a una estrategia comunicacional, lo que queda en evidencia no es fortaleza institucional, sino un Estado debilitado que confunde imagen con gestión y presencia mediática con autoridad real.

Consecuencias políticas y de seguridad pública

El episodio provocó reacciones inmediatas. Parlamentarios locales emplazaron al Gobierno por el “descontrol total” y exigieron explicaciones sobre la fiscalización en la ciudad. Esa presión pública es lógica: cuando el orden público se quiebra, los responsables políticos deben dar la cara, explicar su estrategia y, si corresponde, asumir consecuencias.

La combinación de declaraciones oficiales, balances policiales y evidencia visual no se resuelve con comunicados. Se requiere una auditoría operativa para determinar qué falló, por qué y quién debe responder.

El 31 de octubre dejó una postal que algunos recordarán como espectáculo, pero que muchos vecinos recordarán como amenaza. Las responsabilidades son múltiples: de quienes organizaron y participaron en maniobras peligrosas, y de quienes —en los distintos niveles del Estado— no tradujeron las advertencias en un despliegue eficaz y visible.

La ciudadanía no espera cifras: espera respuestas y medidas concretas. Si la Delegada Presidencial y el Seremi de Seguridad Pública consideran que cumplieron su labor, deben demostrarlo con hechos verificables. Si no, corresponde asumir la responsabilidad política que los cargos exigen.

En Antofagasta, la seguridad no puede seguir siendo una conferencia de prensa. Las calles no se ordenan con declaraciones, sino con decisiones. Y cuando la autoridad se vuelve invisible en el momento en que más se la necesita, el problema ya no es la delincuencia: es la ausencia de Estado.