El proyecto INNA, iniciativa de AES Andes de capitales estadounidenses para producir hidrógeno y amoníaco verde a escala industrial en Chile, enfrentó durante más de un año un escenario de crecientes cuestionamientos técnicos y obstáculos regulatorios vinculados principalmente a su posible impacto en la astronomía del norte del país. Este contexto llevó a la compañía a desistir de su ejecución y a reordenar su portafolio de inversiones, dejando abiertas decisiones sobre el curso formal del proyecto dentro del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).

INNA ingresó a tramitación en diciembre de 2024 mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La iniciativa se emplaza en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta, y consideraba una inversión estimada en US$ 10 mil millones.

Desde enero de 2025, la iniciativa comenzó a ser cuestionada por la comunidad científica por su potencial efecto sobre observatorios cercanos, entre ellos el Observatorio Paranal y el futuro Extremely Large Telescope (ELT) en Cerro Armazones. En febrero de ese año, el SEA de Antofagasta decidió no aplicar término anticipado a la tramitación, señalando que las observaciones formuladas por distintos organismos podían ser abordadas a través de un Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA), instancia en la que la empresa debía responder técnicamente.

Sin embargo, durante marzo de 2025 se intensificó la presión de diversos sectores que solicitaron reubicar el proyecto o, derechamente, que no se realizara, debido al riesgo de contaminación lumínica para los observatorios. En ese mismo periodo, el Observatorio Europeo Austral (ESO) emitió una alerta por el impacto potencial del proyecto, advirtiendo que podría comprometer la calidad de las observaciones astronómicas y pidiendo una evaluación técnica particularmente rigurosa. A estas señales se sumó una comunicación de Cancillería, que respaldó las inquietudes y solicitó considerar de manera especial los impactos sobre la astronomía.

El debate escaló durante 2025 y derivó en iniciativas legislativas. En octubre, parlamentarios oficialistas presentaron un proyecto para proteger los cielos astronómicos del norte, incluyendo la creación de zonas de exclusión de 70 kilómetros en torno a Paranal y Armazones, medida que —según se advirtió— haría inviable INNA. En diciembre, el tema se instaló incluso en el debate presidencial de Anatel, donde el entonces candidato José Antonio Kast expresó su postura contraria a la iniciativa. Días después, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto de ley orientado a restringir proyectos industriales y energéticos en áreas consideradas de alto valor científico para la observación astronómica.

Este viernes, AES Andes informó que desistió de llevar adelante INNA tras revisar su cartera de inversiones, optando por concentrar sus esfuerzos en el desarrollo y construcción de proyectos de generación renovable y sistemas de almacenamiento de energía, en línea con los lineamientos de su matriz en Estados Unidos.

No obstante, el desistimiento comunicado no equivale automáticamente a la cancelación formal del proyecto, ya que para ello la compañía debe ejecutar el trámite correspondiente ante la autoridad ambiental. Según antecedentes del sector, la empresa solicitaría una reunión con el organismo para definir cómo proceder, existiendo alternativas como el retiro definitivo o la continuidad de la evaluación, posibilidad que eventualmente permitiría que la iniciativa sea tomada por otra firma.