La Municipalidad de Antofagasta expresó su rechazo a la resolución del Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de la ciudad, que decretó el embargo de sus cuentas corrientes bancarias en el marco del prolongado litigio con la empresa Servicios Generales Global Ltda., conocida también como Global Service.

Según el municipio, la medida pone en riesgo recursos destinados a servicios esenciales para la comunidad, entre ellos salud, educación, seguridad pública, mantención de áreas verdes, alumbrado público y limpieza de calles. La administración comunal adelantó que impugnará la resolución por todas las vías que permita el ordenamiento jurídico.

El origen del conflicto

La controversia se remonta a 2016, cuando Global Service se adjudicó un contrato de mantención de áreas verdes en Antofagasta, pero el municipio dejó sin efecto el acuerdo alegando problemas en la entrega de documentación para formalizarlo. A partir de esa decisión, la empresa inició acciones judiciales contra la municipalidad por el pago de facturas y perjuicios asociados a los servicios prestados.

De acuerdo con reportes de prensa, la justicia terminó condenando al municipio al pago de cerca de 2.800 millones de pesos por servicios ejecutados durante cinco meses y medio, monto que incluía capital, reajustes, intereses y costas. En 2020, además, la empresa volvió a la carga judicial y solicitó el embargo del estadio municipal por otras deudas asociadas al conflicto.

La versión del municipio

La Municipalidad de Antofagasta sostiene que la empresa pretende cobrar nuevamente por una deuda que, a su juicio, ya fue resuelta, y acusa al abogado Carlos Claussen Calvo de continuar con una demanda de indemnización por cerca de $8 mil millones tras adquirir derechos litigiosos a través de una sociedad que describe como una empresa de papel. La casa consistorial afirma que esa ofensiva judicial revive materias ya resueltas por los tribunales y busca beneficios millonarios con recursos de los contribuyentes.

El municipio también cuestionó que el tribunal haya decretado el embargo de cuentas corrientes, señalando que ello vulneraría el artículo 32 de la Ley N°18.695, que establece la inembargabilidad de los bienes, fondos y cuentas municipales. Desde la administración local insisten en que la decisión judicial pone en peligro la continuidad de servicios básicos que dependen del presupuesto comunal.

Un conflicto que se arrastra

El caso de Global Service se ha transformado en una de las disputas más costosas y prolongadas para el municipio. Prensa local reportó en 2018 que la Corte Suprema ratificó la obligación de pagar los $2.800 millones a la empresa, mientras que la municipalidad anunció acciones legales en contra de Global Service por eventuales daños ocasionados en las áreas verdes de la ciudad.

Años después, el conflicto sigue dejando consecuencias financieras y judiciales. En 2025, nuevos reportes advirtieron que la municipalidad podía enfrentar otro pago millonario derivado de esta misma herencia judicial. El caso refleja cómo una disputa contractual iniciada hace casi una década continúa impactando las finanzas y la gestión del municipio.