Una abogada con experiencia en municipios menores y asesorías administrativas fue la carta de Boric para liderar el gobierno en la segunda región más importante del país. El resultado: una gestión marcada por escándalos, falta de liderazgo en seguridad, sanciones de la Contraloría y la sombra permanente del cuoteo político.

Cuando el 28 de febrero de 2022 el entonces presidente electo Gabriel Boric anunció los nombres de sus delegados presidenciales regionales, la designación que más levantó cejas en el norte fue la de Karen Elizabeth Behrens Navarrete para la Región de Antofagasta. No porque se tratara de una figura desconocida; al contrario, era conocida en los círculos del Partido Socialista regional, sino precisamente por eso: porque su principal credencial era ser militante del PS, el partido que en la región no tiene ni un solo diputado ni senador que la respalde.

El currículo oficial presentado por el gobierno describía a una abogada que había trabajado como asesora jurídica del SERNAC de Antofagasta, directora de Control de la Municipalidad de Sierra Gorda, una comuna de poco más de 3.000 habitantes, abogada de la Contraloría Interna de la Universidad de Antofagasta y jefa del Departamento de Abastecimiento de esa misma casa de estudios. Ninguna experiencia en gestión regional de gran escala. Ningún cargo de representación popular. Ninguna trayectoria en materia de seguridad pública, el problema más urgente de la región durante los últimos años. Su principal mérito, al parecer, era la fidelidad partidista.

La frase que lo dijo todo

Apenas siete meses después de asumir el cargo, Karen Behrens entregó en bandeja el argumento más demoledor contra su propia idoneidad. Fue en octubre de 2022 cuando un adolescente de 16 años, Ángel García Aguilera, fue brutalmente asesinado en Antofagasta. El crimen conmocionó a la ciudad y parlamentarios de todas las bancadas, incluso del propio oficialismo, exigieron respuestas y medidas urgentes de seguridad. La delegada respondió con una frase que quedó grabada a fuego en la historia de su gestión: “No hay que ser alarmistas”.

Como si eso no bastara, Behrens agregó otro argumento igualmente desafortunado para minimizar la crisis: señaló que la región estaba “dentro del promedio nacional de aumento de delitos, que es del 50 %”, como si un alza del 50 % en los crímenes fuera un dato tranquilizador para las familias antofagastinas. El quiebre fue inmediato y transversal. Parlamentarios oficialistas se desmarcaron públicamente de la delegada, y el propio PS regional quedó fracturado entre quienes la defendían y quienes pedían su salida.

Designada con una investigación encima

Si la falta de experiencia era una señal de alerta y las declaraciones sobre seguridad confirmaron las dudas, lo que reveló la Contraloría General de la República en octubre de 2025 convirtió la designación de Behrens en un escándalo de proporciones. El organismo fiscalizador estableció mediante la resolución N.° 14524–14575 que, en su época como funcionaria de la Universidad de Antofagasta entre 2018 y 2019, Behrens visó órdenes de compra y tratos directos con la empresa Seidor Chile S.A. sin la justificación legal correspondiente, en el contexto del proyecto del Hospital Clínico de la UA.

La sanción fue concreta: multa del 20 % de su remuneración mensual más una anotación de demérito de cuatro puntos. Pero lo más grave no es la sanción en sí misma. Lo más grave es lo que reveló la propia DPR al intentar defenderse: la investigación administrativa ya estaba en curso cuando el gobierno de Boric la designó como delegada en 2022. Es decir, La Moneda puso al frente del gobierno regional a una funcionaria que tenía un sumario activo en su historial. La pregunta inevitable es: ¿Nadie lo verificó?, ¿o se sabía y se ignoró?

 El diagnóstico del propio gobernador

La crítica más contundente no vino de la oposición, sino de su propio aliado político: el Gobernador Regional Ricardo Díaz. En una entrevista con el medio Timeline. En octubre de 2022, Díaz fue lapidario al evaluar a la delegación: “Se hacen muchas cosas, pero se comunica muy mal”. Esta declaración fue especialmente devastadora porque venía de una autoridad de su mismo sector político, y confirmaba lo que muchos periodistas y actores regionales ya señalaban en privado: que la DPR tenía un grave problema de gestión comunicacional.

Según la misma fuente, los dardos internos apuntaban más allá del equipo directo de Behrens y llegaban hasta la vocería, cuyo silencio estratégico frente a los conflictos habría terminado exponiendo a la propia delegada en primera línea cuando estallaban las controversias. La estrategia comunicacional consistía, en la práctica, en no comunicar. Y eso pasó la cuenta.

La seguridad que nunca se controló

El número no admite interpretaciones: durante el gobierno de Boric, la Región de Antofagasta acumuló 8.300 delitos asociados al crimen organizado entre 2022 y 2024, con un aumento sostenido año a año: 2.458 casos en 2022, 2.738 en 2023 y 3.104 en 2024. Al cierre del mandato, la región quedó posicionada entre las tres zonas con mayor criminalidad organizada del país. Para el contexto: Antofagasta era la región donde la máxima autoridad del gobierno había dicho “No hay que ser alarmistas” en 2022.

La propia delegada reconoció en su Cuenta Pública de 2025 que “la tarea no está cumplida” en materia de seguridad, una frase que, pronunciada a tres años de haber asumido el cargo, equivale a una confesión de fracaso. Los delitos asociados al narcotráfico siguieron subiendo hasta el último día de su mandato: a principios de 2026, la Fiscalía Regional informó que los delitos vinculados a drogas crecieron un 8,7 % entre 2024 y 2025. El plan “Juntos Más Seguridad”, presentado en 2024 cuando ya quedaba menos de un año de gobierno, llegó demasiado tarde y sin los recursos necesarios.

Para coronar el desastre, en 2024 la Delegación impulsó un proyecto de seguridad con tecnología de inteligencia artificial para reforzar controles en la Macrozona Norte. El Consejo Regional lo rechazó dos veces solicitando más antecedentes. Una iniciativa que llegó tarde y que ni siquiera pudo concretarse.

 El Gabinete Migrante que Nadie Pidió

Apenas cuatro meses después de asumir, Behrens ideó lo que sería el primer gran traspié político de su gestión: el “Gabinete Migrante”, una instancia impulsada por la DPR para abordar la crisis migratoria de la región. El problema no era la iniciativa en abstracto, sino la forma: fue diseñada sin consulta ciudadana, sin respaldo parlamentario transversal y sin diagnóstico compartido con los actores locales.

La reacción fue inmediata y demoledora. Parlamentarios de distintas bancadas, incluyendo a la diputada Yovana Ahumada (PDG), rechazaron públicamente la iniciativa señalando que era una señal errada en medio de una crisis migratoria que la ciudadanía ya vivía como una amenaza a la seguridad pública. La presión fue tal que la DPR canceló el lanzamiento del Gabinete Migrante antes de que siquiera echara a andar. El episodio evidenció una lectura política completamente equivocada del estado de ánimo de la región: mientras los antofagastinos pedían orden, la delegada respondía con una mesa de diálogo para migrantes.

Las “Tomas VIP” y el quiebre interno del PS

En otro de los episodios más reveladores del período, la Delegación encabezó la demolición de las llamadas “Tomas VIP” en el sector sur de Antofagasta, en lo que fue presentado como un golpe de imagen: Behrens en terreno, con maquinaria pesada, dando señales de firmeza. Sin embargo, lo que pareció un hito comunicacional exitoso terminó siendo una granada política: entre las personas involucradas en las tomas irregulares había una dirigente del propio Partido Socialista.

El escándalo generó un quiebre subterráneo al interior del PS regional que nunca se resolvió públicamente, y que fue protagonizado paradójicamente por el mismo partido que la sostuvo en el cargo. La operación que debía mostrar autoridad terminó exponiendo las redes clientelares de su propio sector político.

El plan habitacional más rezagado del País

Antofagasta tiene el déficit habitacional más dramático de Chile en términos relativos: 50.847 viviendas según la Cámara Chilena de la Construcción, con 12.824 familias viviendo en campamentos y 900 personas en situación de calle. Frente a esta realidad, el gobierno de Boric fijó una meta de 17.400 viviendas en el Plan de Emergencia Habitacional para la región. A enero de 2025, con solo 13 meses para terminar el mandato, el avance era de apenas el 32,2% del total comprometido.

El cálculo era aplastante: para cumplir la meta, la región necesitaba entregar 907 viviendas mensuales, pero el promedio de los 12 meses anteriores había sido de apenas 295. Al cierre del gobierno Boric, mientras el ministro de Vivienda celebraba a nivel nacional la entrega de 260.000 viviendas, Antofagasta terminó con solo un 35 % de avance, siendo la región más rezagada del país. El caso Democracia Viva, que reventó precisamente en la SEREMI de Vivienda y el SERVIU de Antofagasta, no es ajeno a este resultado: la remoción de equipos y la reestructuración forzada del SERVIU generaron retrasos adicionales en la implementación de soluciones habitacionales.

La crisis educacional Ignorada

Los datos del Ministerio de Educación, entregados en noviembre de 2025, arrojaron una cifra que debería haber generado una alarma de Estado: el 32,5 % de los estudiantes de la Región de Antofagasta registró inasistencia grave o crítica, superando el promedio nacional de 26,5%. Esto significa que más de uno de cada tres alumnos de la región asiste a menos del 85 % de sus clases, con muchos yendo menos del 50 % del tiempo.

La respuesta del Seremi de Educación fue señalar que “las comunidades educativas se han ido superando año tras año”: la misma lógica de la delegada, relativizar la crisis comparándola consigo misma en lugar de reconocer que la región lleva cuatro años encabezando los peores indicadores de asistencia escolar del país. No hubo un plan específico desde la DPR para abordar el ausentismo crónico, un fenómeno directamente vinculado a la inseguridad de los barrios, la precariedad de los campamentos y la desintegración del tejido social que la gestión de Behrens no supo contener.

La relación con la prensa

El episodio que mejor retrató la relación de Karen Behrens con la prensa no ocurrió en una conferencia ni en un punto público, sino en silencio, un fin de semana, en un grupo de WhatsApp.

Cuando el Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB) sufrió un violento asalto en pleno desierto parte de una serie de robos reiterados de cátodos de cobre que obligaron a la empresa a suspender sus operaciones y pusieron en alerta a toda la industria minera regional, los periodistas del grupo de prensa de la DPR comenzaron a insistir en obtener una reacción oficial de la delegada presidencial. La solicitud era razonable: Antofagasta, la región que el cobre exportado por Chile, estaba siendo saqueada en sus trenes y la máxima autoridad del gobierno en la zona guardaba silencio. La respuesta que recibieron los reporteros no fue una declaración, ni siquiera un “estamos evaluando la situación”.

La respuesta fue el silencio convertido en política explícita: el equipo de la delegación bloqueó la interacción en el grupo, impidiendo que los medios continuaran consultando. En una sola acción, la DPR transformó un canal oficial de comunicación con la prensa en una herramienta de censura de bolsillo, confirmando que la estrategia comunicacional de Behrens no era gestionar la información en tiempos de crisis, sino simplemente apagarla.

Un balance de salida con medios afines

En sus últimas semanas, Behrens realizó una ronda de apariciones públicas en medios seleccionados para presentar su versión de los logros de la gestión. Llamó la atención que estas apariciones se concentraron en entrevistas de formato extenso y controlado, evitando los puntos de prensa abiertos donde los periodistas pudieran preguntar libremente sobre las sanciones de Contraloría, el Caso Democracia Viva o el caso Hospital UA.

Un patrón identificado por periodistas locales fue el hermetismo selectivo: la delegada era más accesible en actos institucionales previamente controlados, pero esquiva ante preguntas sobre los escándalos de su gestión. El programa La Caja de Timeline señaló públicamente que Behrens tendía a “evitar temas de corrupción” en sus apariciones mediáticas.

Solo cuando faltaban días para el fin de su mandato, la DPR organizó un “encuentro con periodistas y editores” de la región, lo que para muchos comunicadores locales fue una señal de lo que había faltado durante cuatro años: una relación fluida y sistemática con la prensa. La iniciativa fue catalogada como un gesto de cierre de imagen más que como una práctica real de transparencia informativa.

Consejera Regional y Asesora: El doble rol

Andrea Merino tiene una larga historia en la política regional antofagastina. Trabajadora social de profesión, militante histórica del Partido Socialista e integrante del Comité Central regional del PS, Merino acumula décadas de vida pública que incluyen la Dirección Regional del INJUV, la Jefatura de Planificación de la Seremi de Educación, dos períodos como concejala electa por Antofagasta y una candidatura a alcaldesa. Pero quizás el capítulo más revelador de su trayectoria es uno que ella misma mencionó casi de pasada, en una entrevista de balance en febrero de 2026: “Trabajé en la Delegación Presidencial al principio”.

La frase es corta. Las preguntas que abre, no.

El perfil biográfico de Merino en el Consejo Regional confirma que, entre sus cargos, figura el de asesora de la Delegada Presidencial Regional Karen Behrens. Esto ocurría mientras Merino ejercía simultáneamente como consejera regional electa por el PS cargo que desempeña ininterrumpidamente desde marzo de 2018 hasta la fecha, siendo reelegida en dos ocasiones.,

La situación pone sobre la mesa una pregunta que el sistema político antofagastino prefirió ignorar: ¿puede una consejera regional que por definición debe fiscalizar y contrapesar al Ejecutivo en la región recibir al mismo tiempo una remuneración como asesora del mismísimo gobierno al que debe fiscalizar? La legislación chilena establece con claridad que los cargos de consejero regional son incompatibles con una serie de funciones ejecutivas del Estado, y si bien la figura del asesor a honorarios opera en una zona gris de esa normativa, la incompatibilidad ética es flagrante.

La remuneración: Zona gris con cargo al erario

No existe en los registros públicos disponibles un contrato nominativo que detalle el monto exacto que Merino percibió como asesora de la DPR Antofagasta. Sin embargo, el informe de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones publicado en diciembre de 2025 establece que los asesores a honorarios de delegaciones presidenciales a nivel nacional percibieron en promedio $2.887.423 brutos mensuales, con un máximo registrado de $7.052.500. Ese dinero proviene del erario público, el mismo erario que el Consejo Regional, del cual Merino forma parte, está llamado a custodiar y fiscalizar.

Merino, además, no era una consejera cualquiera: era la representante del PS en el CORE para la provincia de Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal, y en esa calidad votaba presupuestos, aprobaba proyectos y tomaba decisiones que directamente involucraban al gobierno regional del que la delegada Behrens era cabeza visible. La mezcla de roles no podría ser más concentrada.

El conflicto que nadie denunció

Lo más llamativo del caso no es que haya ocurrido, sino que nadie en el arco político regional lo cuestionó públicamente en su momento. No hubo denuncia formal ante la Contraloría, no hubo interpelación en el CORE, no hubo requerimiento de transparencia activa. La connivencia política entre el PS, la DPR y el CORE funcionó como un sistema bien aceitado, donde los mismos actores ocupaban distintas sillas alrededor de la misma mesa de poder.

El propio comportamiento de Merino en el CORE durante el período de gobierno Boric también es elocuente: en sesiones del Consejo Regional, fue una voz sistemáticamente alineada con las posiciones del Ejecutivo regional, lo que resulta coherente con alguien que fue asesora de ese mismo Ejecutivo, pero resulta problemático para quien se supone debe ejercer una función de contrapeso independiente.

El balance edulcorado

En febrero de 2026, ya con el gobierno Boric a días de terminar, Merino salió a los medios a decir que la región estaba “objetivamente mejor” y a defender la gestión con cifras de inversión minera. No hubo autocrítica sobre el Caso Democracia Viva, que explotó precisamente en la región donde ella ejercía como consejera. No hubo mención a la sanción de Contraloría a la delegada con quien trabajó. No hubo reflexión sobre el doble rol que ella misma desempeñó. Solo el relato del buen gobierno que nadie cuestionó desde adentro, porque quienes debían cuestionar eran parte del mismo engranaje.

El contraste con la nueva administración

La diferencia quedó en evidencia apenas días después del cambio de mando: su sucesora, Katherine López, designada por el presidente Kast, se reunió con el gobernador Díaz antes incluso de asumir el cargo, en una señal de apertura institucional y coordinación que los medios locales destacaron como un contraste notorio con el hermetismo de la gestión anterior. El propio Díaz, quien cuatro años antes había criticado la mala comunicación de Behrens recibió a López con una agenda pública y transparente.

La historia de Karen Behrens como delegada presidencial es en el fondo, la historia de un cuoteo político que no resistió el escrutinio público. Una militante del Partido Socialista, sin experiencia en gestión regional de alta complejidad, designada en la región más rica en minerales del país, para enfrentar la peor crisis de seguridad en décadas, con un sumario administrativo activo que nadie quiso ver.

La Región de Antofagasta, que aporta más del 50 % de las exportaciones de cobre del país, merecía una autoridad a la altura del desafío. Lo que tuvo durante cuatro años fue una representante cuya principal virtud documentada fue la lealtad a su partido. La cuenta la pagaron los antofagastinos.