POLÍTICAVisto 1476 veces — 09 enero 2012

El Primer Vicepresidente dela Cámarade Diputados, Pedro Araya, valoró las conclusiones que arrojó el informe que presentó la comisión investigadora del casoLa Polar, que fue apoyado ampliamente en la sala de dicha corporación, y que atribuye responsabilidades a entes privados y organismos públicos, y propone entre otras medidas establecer el delito de “fraude colectivo”.

“Nos parecen relevantes las conclusiones del texto, ya que nos indica que esta situación fue completamente equivocada, reprochable y que significó un grave perjuicio para la ciudadanía. Hechos como éstos deben ser castigados fuertemente; y en ese sentido esperamos que se aplique todo el rigor de la ley hasta el final”, dijo el parlamentario.

Tras 16 sesiones en que se recibió a autoridades, asociaciones de consumidores y otros invitados, la instancia parlamentaria elaboró el documento que señala, entre otras cosas, como responsables directos por su actuar negligente a los ejecutivos y directores (en especial los que formaron parte del comité de directores) de la empresa.

“De los antecedentes aportados a esta comisión aparece nítida tal responsabilidad de los ejecutivos de la empresa en la comisión de delitos, cuyo conocimiento y juzgamiento corresponde a los tribunales de justicia, toda vez que lograron falsear sus resultados financieros, y divulgar información falsa al mercado, hecho que se conoció el 17 de junio pasado a través de comunicado realizado por la propia empresa”, dice el texto.

Agrega que “el presunto desconocimiento por parte del directorio no los exime de su responsabilidad, a menos que se demuestre que adoptaron todas las medidas del caso tendientes a lograr una información cabal del quehacer de la empresa, lo que a juicio de esta Comisión no ocurrió”.

En lo que respecta a los organismos públicos, el informe de la comisión investigadora consigna que las AFP’s son responsables desde dos puntos de vista: en su condición de entidades que designan a cuatro de los siete miembros de la Comisión Clasificadorade Riesgo y por su intervención en el nombramiento de directores en la empresa La Polar S.A.

“Cabe llamar la atención acerca del excesivo rol que la legislación y regulación sobre los fondos de pensiones le asignan a un agente auxiliar de la regulación y supervisión que le corresponde al Estado, como lo son los clasificadores de riesgo. Estas agencias son las que tienen la facultad legal de determinar qué instrumentos son elegibles o no para los fondos de pensiones. El casoLa Polar demuestra que son falibles y lamentablemente las responsabilidades legales no están a la altura de las consecuencias de sus errores”, se indica.

Por ello, los diputados afirman que “el Estado debe fortalecer su rol de protección de la calidad y seguridad de los instrumentos en los cuales se invierten los ahorros forzosos de los cotizantes. De hecho las facultades dela Superintendenciade Pensiones son mínimas, respecto de la calidad y seguridad de las inversiones, las que son definidas por la propia industria a través dela Comisión Clasificadorade Riesgo y el Comité Técnico de Inversiones”.

Entre las propuestas que se formulan, está, en el ámbito legislativo, la necesidad de incrementar los costos asociados a los delitos económicos y financieros. “Se propone un incremento en la severidad de las penas asociadas a este tipo de delito de forma tal de terminar con la sensación colectiva de impunidad que se tienen respecto a estos hechos. Las actuales penas son bajas y en la mayoría de casos los autores no sufren sanciones privativas de libertad”.

Asimismo, se precisa que debe existir un tratamiento especial y más severo respecto de quienes cometen fraudes o estafas a grupos de personas, afectando el patrimonio de mucha gente y dañando severamente la fe pública.

“No sólo se deben aumentar las multas posibles de aplicar, como sanciones infraccionales, sino, también, las penas privativas de libertad. Al respecto, se propone establecer la figura del fraude colectivo, cuando las víctimas de esta acción delictual sea un grupo de personas, o que mediante el uso de ésta se afecte, en el tiempo, de manera individual, a una gran cantidad de ellas”, expresa el informe.

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