El Consejo para la Transparencia (CPLT) entregó los resultados de una nueva fiscalización extraordinaria realizada con el objeto de caracterizar la recaudación y el destino de los aportes entregados a las municipalidades a través de los fondos transitorios de Royalty Minero correspondientes a 2024 y una muestra de 2025.

Específicamente, se evaluó el nivel de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos correspondientes al Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial (denominados “Fondos Puente”), de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable y especialmente en la Ley N°21.591 que establece el deber de las municipalidades de reportar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) sobre el uso de los recursos que provienen de este impuesto específico a la minería. Asimismo, la Ley de Presupuestos 2024 estableció la obligación de publicar en sus sitios de transparencia activa estos reportes, lo que no se mantuvo en la Ley de Presupuestos 2025, dificultando así la posibilidad de controlar la inversión de estos recursos.

La metodología empleada por el CPLT para el período 2024, fue la revisión masiva de los portales de transparencia activa de todas las municipalidades, así como la realización de solicitudes de acceso a la información a la SUBDERE y a una muestra que consideró los 20 municipios con mayor incremento proporcional en sus presupuestos como consecuencia de la recepción de estos fondos. Para el período 2025, en que la publicación de transparencia activa dejó de ser obligatoria para las municipalidades, se revisaron los sitios de transparencia activa de esta muestra de 20 municipios para ver si realizaban publicaciones voluntarias de la rendición de estos fondos.

Dentro de los principales hallazgos de la investigación en la Región de Antofagasta, vemos que, para el período 2024, una serie de municipalidades de la región beneficiarias de los Fondos Puente no cumplió plenamente con la obligación de publicar en sus sitios de transparencia activa los reportes sobre el uso de estos recursos, ya sea porque no publicó información, o lo hizo de manera incompleta o no subió la información en el ítem correspondiente. A saber, presentan infracciones las municipalidades de Antofagasta, Calama, Tocopilla, Taltal, Sierra Gorda y Ollagüe.

Otro hallazgo en el mismo período (2024), fue que Ollagüe fue una de las 20 municipalidades a nivel nacional que presentan un mayor incremento -en proporción- en su presupuesto por la entrega de Fondos Puente, por lo que formó parte de la muestra de municipalidades a las que se dirigió solicitud de acceso a información. Específicamente, se le requirió precisar aquellos recursos provenientes del Royalty que fueron transferidos a entidades públicas. Ante esta solicitud, la municipalidad cometió la infracción de contestar fuera de plazo legal. En la respuesta, aclaró que se realizó una transferencia de $24.000.000 al sector de educación de la municipalidad. Respecto de 2025, en que publicar los reportes de uso de estos recursos era voluntario, esta municipalidad no publicó información al respecto.

En lo que respecta a los 10 de mayores aportes recibidos por municipalidades a nivel nacional en 2024, destacan dos municipalidades de la región: La Municipalidad de Calama, que se ubicó en segundo lugar, con $2.164 millones recibidos del Fondo de Comunas Mineras; y la Municipalidad de Antofagasta, en décimo lugar, con $993 millones recibidos del mismo fondo.

Sobre la ejecución de estos recursos en el mismo período (2024), las municipalidades de Sierra Gorda y San Pedro de Atacama no reportaron oportunamente a la SUBDERE los gastos incurridos con cargo al Fondo de Equidad Territorial. Por su parte, las municipalidades de Antofagasta, Taltal y San Pedro de Atacama no reportaron oportunamente a la SUBDERE los gastos incurridos con cargo al Fondo de Comunas Mineras.

La presidenta del CPLT, Natalia González, sostuvo que: “La Región de Antofagasta es una de las principales zonas mineras de nuestro país y recibe sumas muy considerables de recursos del Royalty. Por lo anterior, es necesario que los gobiernos locales cumplan cabalmente con sus obligaciones de reporte y transparencia respecto del uso de esos recursos, dado que es la forma que tienen los órganos fiscalizadores, los medios de comunicación, la academia y, en general, la ciudadanía, de hacer el control social propio de una democracia robusta. Los vecinos tienen derecho a saber cómo se invirtieron o gastaron los recursos que provienen directamente de la riqueza minera de su territorio, siendo del todo deseable que ellos se destinaran a proyectos de inversión, desarrollo y mejora de la calidad de vida de los habitantes de la comuna”.

El CPLT recordó que, a nivel nacional, un 61% de las municipalidades beneficiarias de los Fondos Puentes provenientes del Royalty Minero no cumplió cabalmente con publicar en transparencia activa los reportes de uso de estos recursos.