El diputado por la Región de Antofagasta, José Miguel Castro (RN), remitió antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) -mediante oficio- y al Fiscal Regional de Antofagasta -a través de denuncia-, con el objetivo de que se evalúe la eventual existencia de hechos de relevancia penal relacionados con la asignación, ejecución y justificación de recursos públicos provenientes del Gobierno Regional de Antofagasta (GORE).

La acción se enmarca en información conocida públicamente sobre la ejecución de aproximadamente $1.900 millones de pesos en recursos fiscales, destinados a obras de infraestructura —como pavimentación de caminos y otras habilitaciones— vinculadas a un proyecto emplazado en el sector Ventarrones, en la Región de Antofagasta.

Uso de recursos públicos y actos habilitantes

En el oficio, el parlamentario señala que la remisión de antecedentes no tiene por objeto pronunciarse sobre la conveniencia o mérito del proyecto, sino poner en conocimiento hechos que podrían revestir relevancia penal en relación con el uso, legalidad y trazabilidad de recursos públicos.

De acuerdo con la información disponible, el proyecto no habría contado oportunamente con todas las autorizaciones o pronunciamientos institucionales previos exigibles, en particular aquellos de competencia de Cancillería. No obstante ello, se habrían autorizado y ejecutado los recursos fiscales asociados a dichas obras de infraestructura.

En ese contexto, el diputado plantea una interrogante central: “Si el proyecto no contaba con las autorizaciones requeridas, cómo se pudo autorizar la ejecución de recursos públicos sin el acto administrativo previo que habilitara formalmente el visado del proyecto”.

Denuncia a Fiscalía

En paralelo, el diputado José Miguel Castro puso estos antecedentes a disposición del Ministerio Público, solicitando que se evalúe si de ellos podrían desprenderse hechos eventualmente constitutivos de delito, particularmente en lo referido al resguardo y correcta administración de caudales públicos.

En su presentación, el legislador solicitó que, si se estima procedente, se dispongan las diligencias investigativas necesarias para esclarecer:
El origen y la trazabilidad del financiamiento,

-La legalidad de los actos administrativos habilitantes,
-La identificación de eventuales responsables en la toma de decisiones y en la ejecución,
-Y la eventual configuración de un menoscabo fiscal, sin perjuicio de otros tipos penales que pudieran resultar aplicables.

Finalmente, el diputado recalcó que su actuación se enmarca en “el deber de resguardar el interés público y la correcta administración de los recursos regionales, especialmente cuando se trata de montos significativos financiados con fondos del Gobierno Regional”, y reiteró su compromiso para colaborar con las instituciones competentes para el esclarecimiento de los hechos.

$1.900 millones de pesos del Gore en un camino a ninguna parte: las preguntas sin respuesta tras el fracaso del proyecto astronómico de Ventarrones

El Gobierno Regional de Antofagasta enfrenta severas críticas por invertir casi dos mil millones de pesos en pavimentar el acceso al Cerro Ventarrones, obra ejecutada para dar conectividad a un parque astronómico que nunca se concretará. El proyecto, impulsado por la Universidad Católica del Norte (UCN) y una entidad china, fue cancelado definitivamente por el Gobierno central tras determinar la invalidez del convenio y detectar riesgos de seguridad nacional. Hoy, la región cuenta con una ruta de alto estándar que no conduce a ningún destino asignado, exponiendo una grave desconexión institucional y falta de filtros técnicos y políticos en el uso de recursos públicos.

Una inversión millonaria para un proyecto inviable

La obra vial, financiada íntegramente por el Gore y ejecutada técnicamente por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP), abarcó los primeros ocho kilómetros desde la Ruta B-710 hacia Cerro Ventarrones. Los trabajos contemplaron movimientos de tierra de gran envergadura, construcción de terraplenes, bases granulares y aplicación de un tratamiento superficial (cape seal), con un costo aproximado de $1.900 millones.

En su momento, las autoridades celebraron el avance sin advertir las irregularidades de fondo. Pablo Rojas, jefe de la División de Planificación del Gore, aseguró que “el compromiso del gobernador es fortalecer el rol de la región” y destacó que estos kilómetros eran fundamentales para dotar de equipamiento al “futuro valle astronómico”. La delegada presidencial Karen Behrens calificó la obra como “muy importante” y “habilitante”, haciendo un llamado a apoyar la labor científica regional. Por su parte, Soledad Santander, entonces seremi (s) del MOP, señaló en terreno: “Estamos orgullosos de llegar a este lugar (…) gracias al financiamiento del Gobierno Regional pudimos realizar este camino, que es el inicio de un gran proyecto”.

Hoy, esas declaraciones contrastan duramente con la resolución de Cancillería que declaró “no válido” el acuerdo entre la UCN y la contraparte china, y con la revocación de la concesión del terreno por parte de Bienes Nacionales. El “gran proyecto” no existe, y el Estado chileno se queda con una ruta pavimentada de alto estándar que sube hacia un cerro cuya concesión fue retirada, sin uso definido ni beneficiario final.

Ceguera institucional y falta de filtros técnicos

El caso evidencia cómo se priorizó esta inversión frente a otras urgencias regionales, sin verificar previamente la viabilidad legal ni las implicancias geopolíticas del proyecto astronómico que se pretendía beneficiar. Ni el equipo del gobernador Ricardo Díaz ni los organismos técnicos del Gore repararon en que el acuerdo internacional de base era nulo desde su origen, ya que la UCN no poseía facultades para firmar convenios internacionales de esa naturaleza.

La falta de filtro político provocó que el Estado chilene financiara infraestructura vial para un complejo que, según advertencias de Washington y análisis de Santiago, podía comprometer la soberanía nacional. La División de Planificación y Desarrollo del Gore aprobó millonarios recursos para “obras habilitantes” sin constatar que el proyecto central carecía de respaldo legal y enfrentaba cuestionamientos de seguridad.

Las preguntas que nadie ha respondido

El fracaso del proyecto y la inversión perdida dejan abiertas interrogantes clave que las autoridades regionales aún no han abordado públicamente:

¿Quién evaluó la viabilidad del proyecto astronómico antes de aprobar $1.900 millones para su camino de acceso? No se conocen registros de análisis técnicos, jurídicos o geopolíticos que respaldaran la decisión de financiar esta obra antes de contar con certeza sobre la legalidad y factibilidad del proyecto final.

¿Por qué el Gore no detectó que la UCN no tenía facultades para firmar el convenio internacional antes de transferir los recursos? La invalidez del acuerdo debió haber sido advertida en las etapas de formulación y evaluación del financiamiento, evitando comprometer fondos públicos en una iniciativa sin sustento jurídico.

¿Qué uso se le dará ahora a una ruta pavimentada de alto estándar que lleva a un terreno fiscal sin proyecto asignado? Hasta el momento, no existe un plan oficial para reutilizar o reconvertir esta infraestructura, dejando en el limbo una inversión que equivale a recursos que pudieron destinarse a obras prioritarias en salud, educación o conectividad en otros sectores de la región.

El episodio del camino a Ventarrones se suma a una serie de cuestionamientos sobre la gestión del Gore de Antofagasta y su capacidad para evaluar, priorizar y ejecutar proyectos estratégicos con visión de largo plazo. La falta de respuestas claras profundiza la percepción de una administración regional desconectada de la realidad técnica, legal y política que rodea las grandes inversiones públicas.