El reciente rechazo unánime al desafuero de Claudio Orrego por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda para la ciudadanía: el privilegio legal que gozan los gobernadores regionales en Chile.

Mientras miles de chilenos enfrentan procesos judiciales sin ningún tipo de protección especial, las 16 autoridades regionales del país operan bajo un manto de inmunidad que dificulta y en muchos casos impide que la justicia actúe con la misma celeridad y rigor que aplicaría a cualquier ciudadano común.

¿Qué es el fuero y cómo protege a los gobernadores?

El fuero constitucional es una figura jurídica que impide que ciertas autoridades sean detenidas o procesadas penalmente sin una declaración previa que autorice levantar esa protección. En Chile, los gobernadores regionales autoridades electas popularmente desde 2021 gozan de esta inmunidad desde el momento en que asumen el cargo.

Esto significa que aunque existan antecedentes de delitos, investigaciones fiscales avanzadas o incluso pruebas contundentes, un gobernador no puede ser formalizado ni enfrentar medidas cautelares hasta que un tribunal superior autorice expresamente remover esa protección. En el caso de Orrego, la Corte de Apelaciones determinó que los antecedentes presentados por la Fiscalía de Antofagasta no eran suficientes para quebrar ese escudo legal.​

Un privilegio de clase disfrazado de “protección institucional”

La justificación oficial del fuero es que busca proteger a las autoridades de persecuciones políticas o denuncias infundadas que pretendan entorpecer su gestión. Sin embargo, la práctica demuestra que esta figura se ha convertido en una herramienta de impunidad institucionalizada que coloca a los gobernadores en una categoría superior de ciudadanía.​

Mientras un ciudadano común puede ser detenido, formalizado y sometido a medidas cautelares en cuestión de horas si existen antecedentes suficientes, un gobernador regional puede permanecer en su cargo durante años administrando presupuestos millonarios y tomando decisiones que afectan a millones de personas aunque enfrente acusaciones graves de fraude al fisco, como es el caso de Orrego y los $1.600 millones transferidos a la Fundación ProCultura.​

La paradoja democrática

Resulta particularmente irritante que este privilegio se haya extendido precisamente cuando los gobernadores pasaron a ser autoridades electas por votación popular. La reforma constitucional de 2017 que creó la elección directa de gobernadores se vendió como una medida democratizadora que acercaría el poder a la ciudadanía. Sin embargo, ese mismo proceso democrático vino acompañado de un blindaje legal que los aleja de la justicia ordinaria.

¿Es esto coherente con una democracia moderna? ¿Tiene sentido que autoridades que manejan presupuestos regionales de miles de millones de pesos gocen de más protección legal que un ciudadano común que roba en un supermercado por necesidad?

El fuero como obstáculo a la investigación

El caso Orrego ilustra perfectamente cómo el fuero no solo protege al investigado, sino que entorpece el trabajo investigativo. La Fiscalía de Antofagasta lleva meses intentando formalizar al gobernador metropolitano, pero el proceso de desafuero implica audiencias, recursos, argumentaciones jurídicas complejas y plazos procesales que dilatan indefinidamente la posibilidad de avanzar en la investigación.​​

Mientras tanto, el gobernador continúa ejerciendo plenamente sus funciones, participando en el Consejo Regional, administrando presupuestos y tomando decisiones políticas de alto impacto. La presunción de inocencia —que es un derecho fundamental se transforma en este caso en un privilegio de impunidad operativa.

Comparación internacional: México y el debate sobre eliminar el fuero

En México, país con una tradición similar de fueros constitucionales, el debate ha avanzado mucho más que en Chile. Analistas políticos mexicanos han coincidido en que “el fuero constitucional se ha convertido en una herramienta de impunidad entre los gobernadores para cometer actos de corrupción” y han propuesto eliminarlo o acotarlo drásticamente.​

Chile, sin embargo, permanece en silencio. No existe un debate legislativo serio sobre esta materia, y los propios gobernadores, independiente de su color político, guardan un silencio cómplice sobre un privilegio que los beneficia directamente.

Una reforma urgente y necesaria

Es hora de preguntarse si Chile necesita seguir manteniendo este anacronismo legal. Si la democracia implica igualdad ante la ley, el fuero de los gobernadores regionales representa exactamente lo contrario: una desigualdad institucionalizada que coloca a 16 personas por encima del resto de la ciudadanía.

La solución no es compleja: eliminar completamente el fuero para delitos comunes y establecer procedimientos judiciales expeditos que garanticen tanto la presunción de inocencia como la posibilidad real de investigar y sancionar cuando corresponda. Si un gobernador es inocente, que lo demuestre en tribunales como cualquier chileno. Si es culpable, que enfrente las consecuencias sin escudos legales que conviertan la justicia en una quimera.

Mientras tanto, casos como el de Orrego seguirán multiplicándose, la Fiscalía seguirá acumulando fracasos procesales, y la ciudadanía seguirá constatando que en Chile existen dos categorías de ciudadanos: los que pueden ser tocados por la justicia y los intocables que administran nuestros recursos bajo un manto de impunidad legal.