La Ley 21.801, publicada en el Diario Oficial el 12 de febrero de 2026, prohíbe el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en todos los establecimientos educacionales del país, y rige desde el inicio del año escolar 2026.

La norma fue aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de diciembre de 2025 y ratificada por el Senado en noviembre del mismo año.

No es solo para los alumnos

Aquí está la ironía: la prohibición se extiende a todos los integrantes de la comunidad educativa, lo que incluye explícitamente a los profesores dentro de la sala de clases. Los docentes, que históricamente usaban sus teléfonos para registrar asistencia, comunicarse con apoderados, buscar material pedagógico o coordinar emergencias, ahora están sujetos a la misma restricción que sus alumnos.

Esta situación genera una doble carga para los docentes: deben fiscalizar el cumplimiento de una norma difícil de aplicar en establecimientos ya sobrecargados, mientras que el currículum les sigue exigiendo educar en ciudadanía digital, pero ahora sin el hardware más disponible para hacerlo.​

¿Qué prohíbe exactamente?

La ley establece restricciones diferenciadas según nivel educativo:

• Educación parvularia y básica (1° a 6° básico): Prohibición total del uso de celulares durante toda la jornada escolar.

• 7° básico a 4° medio: Prohibición en actividades curriculares, con posibilidad de que los establecimientos definan horarios y espacios específicos para su uso.

• Toda la comunidad educativa: Incluidos profesores, asistentes y directivos dentro de la sala de clases.

Excepciones contempladas

La ley sí considera casos puntuales en que se permite el uso del celular:​​

• Necesidades educativas especiales con certificado de autoridad competente.

• Situaciones de emergencia o catástrofe.

• Monitoreo médico que lo requiera.

• Actividades pedagógicas específicas autorizadas por el establecimiento.

• Solicitud fundada del apoderado por razones de seguridad personal del estudiante.

¿Quién fiscaliza el cumplimiento?

La Superintendencia de Educación es el organismo encargado de regular la aplicación de esta ley. Cada establecimiento debe adaptar su reglamento interno para materializar la prohibición, lo que en la práctica deja gran parte de la responsabilidad operativa en manos de los mismos directores y profesores.

La paradoja pedagógica

Según un estudio de la Universidad Diego Portales publicado en 2025, la mayoría de los docentes consultados estaba de acuerdo con regular el uso de celulares con fines pedagógicos, pero no con prohibiciones totales. Los investigadores advierten que la ley tensiona dos objetivos simultáneos: la innovación pedagógica y la protección del bienestar estudiantil. El ministro de Educación Nicolás Cataldo, en tanto, celebró la norma indicando que busca “volver a verse las caras, socializar en los recreos y recuperar la concentración”.