Un detallado diagnóstico sobre el impacto que podría tener la próxima entrada en funcionamiento del Corredor Bioceánico Capricornio (CBC), junto con una propuesta de acciones urgentes para mitigar sus efectos, presentó el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, durante su participación en el seminario “Nuevas tendencias del tráfico de drogas en la cadena logística marítimo-portuaria”, realizado en Viña del Mar.

La actividad, organizada por la Directemar, reunió a expositores de la Armada, el Ministerio Público y otras instituciones, y tuvo por objetivo analizar los desafíos que enfrenta el comercio global frente a la irrupción del crimen organizado y los riesgos de penetración en las actividades desarrolladas en los puertos del país.

Durante el encuentro, Castro Bekios fue uno de los principales expositores y expuso el escenario actual de distintos fenómenos delictivos que afectan al norte del país. Entre ellos, destacó el tráfico de drogas, donde Antofagasta ha marcado hitos nacionales con 36 toneladas incautadas en lo que va del año, cifra que representa el 60% del total nacional.

“El caso de Antofagasta es para tener en cuenta, debido a que comparte frontera con Bolivia, uno de los mayores productores de cocaína del mundo, sumado a que fue la región que más droga incautó a nivel nacional durante 2025, superando las 38 toneladas”, señaló.

El fiscal regional también llamó la atención sobre el contrabando de cigarrillos, principalmente de origen paraguayo. Detalló que en 2025 se decomisaron 11.603.063 cajetillas en la región, lo que equivale a un aumento de 49,4% respecto de 2024, y advirtió que este año la cifra nuevamente va en alza.

El efecto del corredor

Tras repasar esas cifras, Castro Bekios advirtió que el CBC podría convertirse en un multiplicador estructural de amenazas criminales para Chile y, especialmente, para la Región de Antofagasta, con impactos en diversas áreas sensibles.

Entre los riesgos más críticos mencionó la llegada de nuevas organizaciones criminales, el narcotráfico marítimo y terrestre, el lavado de activos, la irrupción de drogas sintéticas, la minería ilegal y el robo de cobre, además de eventuales vínculos con organizaciones terroristas, corrupción institucional, contrabando y cibercrimen.

Otro de los puntos que puso sobre la mesa fue la conexión del corredor con la llamada Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, zona donde existe presencia de organizaciones criminales altamente peligrosas, como el Primer Comando Capital, y que además ha sido vinculada al financiamiento de grupos como Hezbolá.

Respecto de las eventuales consecuencias para Chile, Castro Bekios mencionó narcotráfico y tráfico de armas, crimen organizado, inseguridad y violencia, migración irregular, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando y lavado de activos.

Asimismo, advirtió sobre una posible “proyección extrahemisférica”, favorecida por las redes marítimas que conectan a Chile con destinos lejanos, sus amplias capacidades logísticas y el interés de organizaciones criminales extranjeras, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que ya ha intentado operar en el país.

Medidas urgentes

Ante una audiencia que siguió con atención su exposición, Juan Castro Bekios identificó cuatro nodos críticos en la región: la existencia de una franja sin vigilancia en los pasos fronterizos, una cobertura deficiente de inteligencia, la falta de infraestructura y de turnos continuos, además de una baja cobertura de inspección de contenedores en los puertos regionales.

El fiscal fue enfático en señalar que estas amenazas “no se enfrentan solo con más controles u operativos, sino con una reingeniería institucional en seguridad, inteligencia y persecución penal”.

En ese contexto, planteó una serie de medidas que deberían implementarse en el corto plazo, entre ellas la creación de un Centro de Inteligencia Portuaria Conjunto, cobertura continua de Carabineros y la PDI en los pasos fronterizos, un equipo interagencial permanente para delitos vinculados a la minería, aumento de analistas criminales, un registro de empresas exportadoras y contratistas con cruce de información con Interpol, sellado electrónico de contenedores, mayor porcentaje de inspección de contenedores en origen y la suscripción de un protocolo de inteligencia para los puertos de destino.

El persecutor sostuvo que el Corredor Bioceánico es una “oportunidad estratégica” para el desarrollo de la región y del país, pero al mismo tiempo una “amenaza crítica” si no se adoptan medidas preventivas. “El corredor no crea el problema, lo escala”, afirmó.

En la parte final de su exposición, Castro Bekios advirtió que la ventana de respuesta es limitada. “Chile cuenta con un horizonte crítico entre 2026 y 2028 para fortalecer sus capacidades preventivas antes de que el fenómeno se consolide”, sostuvo.

Cerrando su intervención, reafirmó una idea que ha planteado en distintos foros: “El Estado de Derecho en el norte de Chile se juega en el corredor”.