El período de Marcos Cikutovic deja más preguntas que respuestas, y un nuevo rector con la enorme tarea de reconstruir.

La Universidad de Antofagasta (UA), el principal plantel de educación superior estatal del norte de Chile, enfrenta la crisis más grave de su historia reciente. Un déficit estructural acumulado que supera los $9.000 millones, facturas impagas a proveedores, despido masivo de docentes, irregularidades en licitaciones y el permanente escrutinio de la Superintendencia de Educación Superior (SES) configuran un escenario de alarma que se ha agudizado durante la gestión del rector Marcos Cikutovic Salas, quien asumió el cargo en agosto de 2022.

Una herencia de deuda y una gestión que no logró revertirla

Cuando Cikutovic asumió la rectoría, encontró una institución con una deuda acumulada que, según una auditoría encargada por la propia Junta Directiva, ascendía a $28.000 millones al cierre de 2022. El rector reconoció públicamente esa herencia y anunció medidas para contenerla: consolidación de deuda con la banca local, renegociación de licencias y software, y fortalecimiento del Aporte Fiscal Directo. Sin embargo, cuatro años después, el escenario financiero no solo no mejoró, sino que se deterioró en indicadores críticos.

En mayo de 2025, el Superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, remitió un oficio directamente al rector advirtiendo que la institución proyectaba cerrar el año con un saldo de caja de apenas $48 millones, partiendo desde $6.620 millones a inicios del ejercicio. En ese documento, el organismo fue explícito: “En el peor escenario, esto podría dar lugar a una hipótesis de insolvencia que podría concretarse a fines de 2025 o principios de 2026.”

Proveedores sin pago: la señal más concreta del colapso

Uno de los síntomas más elocuentes de la crisis fue el incumplimiento de pagos a proveedores de servicios esenciales. Documentos internos obtenidos desde el portal de Transparencia Activa de la propia universidad revelan que en enero de 2026, el Director del Hospital Clínico de la UA debió emitir una resolución de urgencia para autorizar el pago de facturas impagas a la empresa DIAGNOSALUD SPA, cuyo monto total ascendía a $3.275.849, con el objeto de “mantener los servicios de análisis y procedimientos de muestras de laboratorio” que corrían riesgo de ser suspendidos.

La situación se replicó con otros proveedores. En agosto de 2026, la UA licitó una línea de factoring en Mercado Público para financiar capital de trabajo, una herramienta de emergencia financiera que se utiliza cuando una institución no tiene liquidez suficiente para operar con normalidad.

223 docentes despedidos y campus tomado

En noviembre de 2024, el rector Cikutovic anunció la no renovación de los contratos de 223 académicos de la Planta No Regular (PNR) para 2025, acción que fue calificada por los propios decanos de las facultades como “completamente unilateral” y sin pasar por los cuerpos colegiados de la institución. La respuesta de la comunidad universitaria fue inmediata: estudiantes votaron la toma del Campus Coloso y del Área Clínica en diciembre de 2024, paralizando las actividades académicas durante días.

El rector defendió la medida señalando que respondía a la necesidad de “reorganizar recursos y optimizar procesos”, reconociendo el “impacto humano de esta decisión” pero calificándola como “una acción administrativa necesaria”. Sin embargo, la misma deuda que justificó los despidos estimada en $28.000 millones ya existía cuando asumió la administración actual, lo que abrió cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas de ajuste adoptadas en los primeros dos años de gestión.

El millonario fondo perdido y las licitaciones cuestionadas

Uno de los episodios más controvertidos de la gestión fue el rechazo de la postulación de la UA al Fondo de Infraestructura Universitaria, que habría representado un ingreso de $12.000 millones para el plantel. La postulación fue rechazada por errores básicos de gestión administrativa, lo que derivó en la destitución de cuatro funcionarios responsables del proceso y generó duras críticas del Gobernador Regional Ricardo Díaz.

A esto se sumaron denuncias de académicos sobre irregularidades en la licitación de una Unidad de Diálisis en el Hospital Clínico, financiada con $1.600 millones del Gobierno Regional. Fuentes internas alertaron sobre presuntos vínculos entre representantes de empresas adjudicadas y autoridades universitarias, denuncias que amenazaron con el retiro de los fondos regionales.

Gastos publicitarios y sueldos millonarios en plena emergencia

Mientras la institución ejecutaba recortes y prescindía de cientos de académicos, investigaciones periodísticas expusieron gastos que generaron indignación en la comunidad universitaria. La UA destinó más de $20 millones en contratos de publicidad y $10 millones en monitoreo de prensa, adjudicados en gran medida al holding de El Mercurio, mediante procesos calificados como licitaciones “a medida” que inhibían la competencia de medios regionales, infringiendo además la obligación del 40% de avisaje en medios locales establecida en la Ley de Presupuestos 2025.

Paralelamente, la transparencia activa reveló que el rector Cikutovic percibe una remuneración mensual de $9.522.878, cifra que supera tanto al Presidente de la República ($6.447.626) como al Gobernador Regional ($6.915.696). La misma plataforma exhibió remuneraciones que van desde los $7.537.865 de un biólogo marino hasta los $4.320.880 de un jefe de gabinete, en una institución al borde de la insolvencia. La administración se defendió argumentando que dichos sueldos están regulados por un reglamento de 1992 que no puede ser modificado unilateralmente por la actual rectoría.

La destitución de la decana y la repostulación en la mira

En febrero de 2026, el rector Cikutovic destituyó a la decana de la Facultad de Ingeniería, Marinka Varas, basándose en conclusiones de un sumario iniciado en 2019 seis años antes y que recién culminó en 2025 con recomendaciones de la Contraloría Regional. La académica denunció públicamente que la destitución no guardaba relación proporcional con las faltas investigadas y que, en su opinión, respondía a la intención del rector de evitar una eventual competidora en su proceso de repostulación al cargo. La medida fue rechazada por académicos y estudiantes de la facultad.

¿Crisis estructural o crisis de gestión?

La UA y el rector Cikutovic han sostenido reiteradamente que la crisis financiera obedece a una “situación de arrastre de administraciones anteriores” y a problemas sistémicos del financiamiento de la educación superior estatal en Chile, subrayando que el Aporte Fiscal Directo que recibe el plantel es desproporcionalmente inferior al que reciben universidades privadas de la misma región.

Sin embargo, para una parte significativa de la comunidad académica, los hechos documentados apuntan también a una gestión que no ha estado a la altura de la emergencia: fondos concursables perdidos por errores administrativos, licitaciones cuestionadas, gastos en publicidad corporativa mientras se despedía a docentes, y sueldos directivos millonarios intactos. A diciembre de 2025, el Consejo Universitario reconoció formalmente ante la Superintendencia que la institución aún no había cumplido a cabalidad con las medidas de saneamiento exigidas por el organismo regulador.

En plena mitad de 2026, la Universidad de Antofagasta arrastra una crisis estructural que la ha transformado en el emblema más visible del deterioro institucional que puede alcanzar una casa de estudios cuando la gestión no logra estar a la altura de los desafíos. Las interrogantes sobre la responsabilidad de la gestión saliente permanecen abiertas, sin respuesta definitiva. En ese contexto, el nuevo rector Pablo Camus Galleguillos llega a asumir lo que solo puede describirse como una tarea titánica: enfrentar un déficit, recuperar la confianza de proveedores, docentes y estudiantes, y reposicionar a la UA como institución sostenible y de referencia para el norte de Chile. El margen para equivocarse es mínimo. La urgencia, máxima.