El senador independiente y miembro de la Comisión de Educación del Senado, Carlos Cantero, fue enfático en manifestar, en la discusión donde se aprobó con 22 votos el proyecto que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en el sala del Senado que “esta moción busca que los recursos de la subvención para la educación sean destinados al propósito de lograr una educación de calidad con equidad, generando igualdad de oportunidades”.

En ese sentido Cantero valoró que en el Senado se haya logrado un acuerdo transversal de parlamentarios, lo cual fue sustentado en el apoyo a la iniciativa presentada por el propio legislador, en conjunto con los senadores Juan Pablo Letelier (PS), Carlos Bianchi (Ind.), Jaime Quintana (PPD) y Camilo Escalona (PS), que recibió la adhesión en bloque de los parlamentarios de la Concertación y de los congresistas Alejandro Navarro (MAS), Lily Pérez y Antonio Horvath (RN).

A ello, el legislador añadió que “lo dije en todos los tonos y cada vez que pude que la instancia donde se logran los acuerdos, el espacio republicano y democrático para las transformaciones institucionales que la nación requiere en materia de educación, no estaba ni en La Moneda, ni en la Alameda, estaba en el Congreso, que es el espacio donde se deben buscar los entendimientos y consensos en torno a esto, lograr calidad y equidad en el sistema educacional.

Respecto al valor de la educación, Cantero expuso que “la educación no puede ser entendida como un negocio, mucho menos como un espacio orientado a maximizar las utilidades y minimizar los costos. Eso es precisamente lo que nunca debiese estar vinculado al quehacer de la educación. Al revés, debe ser entendido como un derecho básico de todos los chilenos, niñas y niños de este país que les permita una formación integral como ciudadanos, que les permita desarrollar sus competencias sociales y cognitivas en el marco de un sistema que efectivamente asegure calidad y equidad”.

“Debemos concebir la educación como un bien público que el Estado debe garantizar entregando una educación escolar y pre escolar equitativa, liberando a las familias chilenas, principalmente a los más pobres y la clase media de la carga que significa actuar en el copago para poder acceder a una formación de excelencia, cuestión que por lo demás no siempre se alcanza”, agregó el congresista.

A ello, el legislador apuntó que para lograr ese fin “la Constitución habilita al Estado para establecer las reglas que deben regir este quehacer y, particularmente, cuando se trata de subsidios públicos. Esto es complementario al compromiso del Gobierno de aumentar la subvención escolar, por lo cual el valor destinado debe estar íntimamente relacionado con el estándar que queremos alcanzar y no se atenta contra la educación particular subvencionada, ni tampoco contra la particular, lo que se busca es que la educación pública pueda cumplir efectivamente sus propósitos aumentando sus recursos para garantizar calidad y equidad”.

“No podemos ser complacientes con  una mala educación de nuestros niños y jóvenes y condenarles a una vida que desde el inicio parte  con enormes desventajas en conocimientos y destrezas. Los logros educativos no están asociados a la naturaleza del establecimiento, por eso el desafío es ir hacia estándares de calidad y es el Estado el que debe definirlo en todas las instancias jugándose por la educación pública para que pueda alcanzar ese propósito, lo que debe estar asociado a un valor, a un precio que tiene ese estándar, el que bordea los cien mil pesos y la subvención que entrega el Estado es apenas la mitad”, aseguró en esa misma línea el senador.

 Frente a lo anterior,  el parlamentario dijo que “se requiere de un nuevo acuerdo político sobre un modelo educativo que garantice estas expectativas de calidad y equidad, donde la educación tiene que ser entendida como un bien público, o sea un bien o servicio que se entrega a instancias de la acción del Estado, el que tiene que asegurar y entregar un servicio que sea gratuito al que puedan acceder los ciudadanos con toda libertad”.

Ante las acusaciones o miedos referidos a que se verían afectadas negativamente la educación particular o particular subvencionada, el legislador fue enfático en manifestar que “valoramos la provisión mixta de la educación, no estamos contra la educación particular o particular subvencionada, sin embargo creemos necesarios avanzar en su regulación, a fin de que actúe bajo parámetros establecidos por la Ley. Queremos que el Estado garantice el buen uso de los recursos públicos en materia educativa, donde la subvención debe utilizarse con esos fines e imponiendo exigencias de transparencia y rendición de cuentas”.

Para finalizar y subrayando su postura y la de los senadores que presentaron el proyecto, Cantero explicó que “lo que se busca es simplemente regular, para eso se buscaron criterios que tengan relación con el pago de las remuneraciones del personal, de directivos, de asistentes de la educación, así como el pago de conceptos de la administración, la adquisición de materiales y recursos didácticos, la adquisición o arriendo de inmuebles. En ese marco no hay ningún problema para usar la subvención con entera legitimidad”.