Ante el reciente proyecto de ley conocido públicamente como “Ley Mordaza 2.0” impulsado por un grupo de senadores que busca sancionar la filtración y difusión de información en causas judiciales declaradas reservadas, desde la Federación de Medios de Comunicación Social manifestamos nuestra profunda preocupación por el grave precedente que esta iniciativa podría sentar para el ejercicio libre del periodismo en Chile.
Creemos que este proyecto pone en serio riesgo la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado, pilares fundamentales de una democracia sana y transparente. La historia reciente de nuestro país ha demostrado que muchos de los casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos o abusos de poder se han destapado gracias a investigaciones periodísticas. Criminalizar el trabajo de periodistas que cumplen con su deber de informar no solo representa un retroceso democrático, sino que instala un mensaje de amedrentamiento que atenta contra el rol fiscalizador de los medios y la labor informativa que se ejerce.
Como Federación, rechazamos cualquier intento por restringir el derecho a informar y a ser informado. Reiteramos nuestro llamado a las autoridades a proteger y fomentar un ecosistema informativo libre, diverso y sin presiones indebidas.
Críticas a Ley Mordaza 2.0: Proyecto de los senadores Araya y Núñez amenaza la libertad de prensa
Los senadores por la Región de Antofagasta, entre otros, impulsan controvertido proyecto de ley que busca sancionar penalmente la divulgación de información reservada en investigaciones penales.
Los senadores por la Región de Antofagasta Pedro Araya y Paulina Núñez, respaldan un polémico proyecto de ley —apodado “Ley Mordaza 2.0″— que busca penalizar la difusión de información confidencial en investigaciones judiciales. La iniciativa, presentada junto a los legisladores Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke y Alfonso de Urresti, se discute actualmente en la Comisión de Constitución del Senado.
La propuesta contempla modificar el Código Procesal Penal para castigar con penas de 541 días a 5 años de cárcel a quienes revelen datos de causas bajo secreto. Sin embargo, el texto ha generado preocupación, ya que no diferencia entre funcionarios públicos y periodistas, lo que podría afectar gravemente la labor de los medios en casos de alto interés público, como advierte un reportaje de La Tercera.
El proyecto ha recibido fuertes críticas del Colegio de Periodistas, la Asociación Nacional de la Prensa y sectores políticos, quienes denuncian una amenaza a la libertad de prensa. Además, sostienen que la legislación actual ya contempla sanciones para quienes filtren información de forma indebida.
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