La decisión del gobernador Ricardo Díaz de militar públicamente en la campaña de Jeannette Jara no fue un gesto simbólico: lo amarró a una candidatura derrotada justo antes de un cambio de ciclo en La Moneda, y con eso le subió el costo de transacción a Antofagasta. Ese costo se expresa en tres planos simultáneos: riesgo institucional por prescindencia, pérdida de margen político con el ejecutivo entrante y debilitamiento reputacional por flancos abiertos en transparencia y convenios.​

¿Qué significa “jugársela”?

Díaz no quedó como “simpatizante” difuso: fue presentado y actuó como vocero de Jeannette Jara y coordinador regional del comando, instalándose de lleno como actor de campaña. En el tramo final, el gobernador escaló el conflicto al responder públicamente a José Antonio Kast luego de ser aludido en el debate presidencial, llevando la disputa al plano mediático y de redes. En política real, ese movimiento tiene una consecuencia automática: el gobernador deja de ser un puente técnico entre región y Estado y pasa a ser un activo partidario con historial de choque, es decir, un interlocutor “marcado”.​

Costos institucionales (prescindencia)

La activa participación del Gobernador Regional Ricardo Díaz en la reciente campaña presidencial, que incluyó su rol como vocero de la candidatura de Jeannette Jara y el uso de sus propias redes sociales personales para difundir mensajes de apoyo, ha encendido las alarmas sobre los costos institucionales que podría enfrentar el Gobierno Regional de Antofagasta (GORE).

Aunque las autoridades tienen derecho a expresar sus opiniones políticas fuera de horario, la delgada línea entre el “apoyo personal” y el “uso del cargo” aumenta la probabilidad de enfrentar denuncias por incumplimiento del Instructivo de Prescindencia que distribuyó el Gobierno.

El problema surge cuando la performance de campaña de una autoridad electa se mezcla o se percibe mezclada con su agenda pública. El hecho de que el Gobernador Díaz, identificado como tal en sus perfiles, haya utilizado sus redes sociales personales para fines de campaña, si bien no contraviene directamente el uso de canales institucionales, sí genera una confusión ante la ciudadanía sobre el origen de los mensajes y si estos se realizaron fuera de su jornada laboral.

Costos políticos y de gestión (2026)

Kast se impuso en la Región de Antofagasta y consolidó el triunfo nacional. Eso deja a Díaz identificado con el bando perdedor en el momento exacto en que se reordenan prioridades, confianzas y “líneas directas” entre regiones y ministerios para el ciclo 2026–2030. El resultado práctico no es una vendetta explícita: es más simple y más duro; Antofagasta llega a negociar FNDR, seguridad e infraestructura con un gobernador que ya convirtió la conversación con el presidente electo en un historial de confrontación pública.​

Flancos abiertos: Transparencia y ProCultura

El Consejo para la Transparencia aplicó sanciones administrativas a Díaz por incumplimientos a la Ley de Transparencia, vinculados a falta de respuesta a solicitudes y problemas de actualización en transparencia activa del GORE. En paralelo, su nombre aparece asociado a la cobertura del caso ProCultura por un convenio del GORE Antofagasta terminado anticipadamente, con exigencia de reintegro. Con esos antecedentes circulando, entrar a la arena presidencial para dar peleas de probidad no solo es riesgoso: es entregar munición, porque cualquier defensa política vuelve a chocar con un talón institucional que ya está documentado.​

Clima regional y gobernabilidad

Cuando la máxima autoridad regional se vuelve rostro de campaña, la región paga con polarización: el debate sobre empleo, inversión y seguridad se contamina con la lógica binaria de ganadores/perdedores y con la pelea nacional. Esa polarización encarece la gobernanza cotidiana del GORE (CORE, convenios, coordinación con alcaldes y actores productivos) porque cada decisión se interpreta como señal ideológica o ajuste de cuentas, no como política pública. Y tras una elección en que Kast ganó con holgura a nivel nacional, la pregunta clave deja de ser si Díaz “respondió bien” en un round mediático: pasa a ser cuánto cuesta —en tiempo, foco y recursos— que Antofagasta tenga un gobernador instalado en la trinchera justo cuando necesita acceso, coordinación y acuerdos con el nuevo centro de poder.

El Futuro

En los círculos políticos regionales, circula con insistencia la hipótesis de un futuro reposicionamiento para el Gobernador Regional Ricardo Díaz. La versión, aún sin confirmación pública ni anuncio formal, sugiere que Díaz podría estar contemplando una candidatura al Senado, proyectando su actual periodo como una plataforma para saltar al Congreso Nacional.

La tentación de la proyección: ¿El Senado es el próximo paso?

El trascendido sugiere que esta posible ambición senatorial se lee como el “próximo paso lógico” para un político que ha elevado su perfil nacional. Sin embargo, si la tesis llegase a ser cierta, el camino hacia el Congreso podría encontrarse sembrado de obstáculos, especialmente en el ámbito de la probidad.

El costo de la Credibilidad

Una eventual campaña al Senado dependería fuertemente de la credibilidad, pero la prensa ha reportado sanciones aplicadas al GORE por incumplimientos a la Ley de Transparencia. Si estos flancos no se cierran, cualquier aspiración mayor podría verse debilitada ante los votantes que exigen estándares mínimos a sus autoridades.

La carga de la exposición

La participación activa del Gobernador en la campaña presidencial, donde actuó como vocero regional de Jeannette Jara, habría subido el costo político de cada controversia. Este rol lo instaló como un actor nacional, haciendo que sus problemas de gestión local —como las polémicas vinculadas al “Caso Convenios”— se conviertan en munición electoral a disposición de la oposición.

Las señales que delatarían un giro Estratégico

Si el equipo del gobernador estuviera operando bajo la premisa de una candidatura senatorial, se esperaría observar ciertos movimientos estratégicos en su agenda y discurso.

Construcción Territorial

Díaz debería enfocarse en un armado político que trascienda el GORE, buscando alianzas con alcaldes, dirigentes y gremios, esenciales para una base senatorial.

Discurso Legislativo

Su mensaje podría orientarse hacia grandes temas nacionales como la minería, la seguridad y la descentralización, adoptando un tono más propio de un futuro legislador.

Priorización de Gestión

Sería fundamental que la intensidad del choque político bajara, y que el énfasis se centrara en resultados concretos y obras ejecutadas. Una campaña al Congreso se sostiene en la capacidad de mostrar gestión, no en la necesidad de “apagar incendios” mediáticos derivados de controversias.

En el incierto panorama político postelecciones, el futuro de Ricardo Díaz parece estar en la mesa de apuestas. La pregunta clave es si su ambición podría verse frustrada por los flancos abiertos de su actual gestión o si logrará cerrar las controversias a tiempo para validar su “próximo paso” político.