Como un paso más en la protección de la ciudadanía de los efectos nocivos provocados por el tabaco, calificó el diputado Manuel Rojas, la aprobación del proyecto sobre ambientes libres de humo. La iniciativa –que ahora será analizada en el Senado- amplía la prohibición de fumar en ciertos recintos de concurrencia pública, pero deja abierta la posibilidad de mantener áreas de fumadores en pubs y restoranes.

Según informó el parlamentario, el proyecto fue aprobado y despachado al Senado, a segundo trámite constitucional, con una votación de 66 votos a favor, 22 en contra y 12 abstenciones.

Sólo se rechazó, con 47 votos a favor, 42 en contra y 11 abstenciones, por no reunir el quórum necesario, la disposición que prohibía fumar en pubs, restaurantes y casinos de juego, salvo en sus patios o espacios al aire libre; y la que disponía que en el caso de hospitales y organismos del Estado, el director de Servicio determinaría el área delimitada para los fumadores.

En esa línea, Rojas sostuvo que “si bien comparto el espíritu de esta normativa, creo que la principal responsabilidad la tienen las personas, específicamente los fumadores. No es justo traspasar esa responsabilidad a los empresarios que por lo demás debieron emprender algunas inversiones bastante considerables para segregar áreas y cumplir con la normativa”, dijo Rojas.

Asimismo, el texto legal prohíbe la venta y la publicidad referidos a productos de tabaco, en establecimientos de educación. Amplía la prohibición de fumar en ciertos recintos: todo espacio cerrado que sea un lugar accesible al público o de uso comercial colectivo; todo espacio, cerrado o abierto, público o privado, que correspondan a dependencias de establecimientos de educación parvularia, básica y media; en los que se expendan combustibles; en los que se fabrique, procese, deposite o manipule explosivos, materiales inflamables, medicamentos o alimentos; y en los medios de transporte de uso público o colectivo, incluyendo ascensores.

“Otro tema que se propone modificar es la referida a la fiscalización, dado que esta no ha sido efectiva en la actualidad. Actualmente, las seremis, mediante sus departamentos de fiscalización, no multan o sancionan a las personas que infringen la ley, porque no existen los incentivos en los Juzgados de Policía Local para actuar con severidad. Por ello, el proyecto incorpora a los fiscalizadores de las municipalidades, solicitando que las multas sean a beneficio municipal, lo que incentivará una fiscalización mayor y efectiva para estos casos”, finalizó.