Una reunión con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, sostuvo el diputado, Pedro Araya, para solicitar que el gobierno le de  urgencia al proyecto de ley sobre medicina preventiva para los trabajadores, obligándolos a realizarse exámenes, como la mamografía o el de la próstata.

Junto a las diputadas, Marta Isasi y Alejandra Sepúlveda, tuvo este encuentro con la autoridad en la sede del Congreso Nacional, Valparaíso. A la salida, agradeció el encuentro con el secretario de Estado, explicando que es necesario que el Ejecutivo apoye esta iniciativa.

Explicó que la idea es agregar al Código del Trabajo que los “empleadores, durante la relación laboral, tendrán la obligación de certificar que sus trabajadores se han sometido, una vez en cada año, a un examen de medicina preventiva, sea cual fuere la institución de salud previsional, pública o privada, a la que se encuentre afiliado”.

Dijo que “para efectos de cumplir la obligación establecida en el inciso anterior, el trabajador dispondrá de dos días, continuos o discontinuos, los cuales deberá  utilizar en la época que acuerde con su empleador.  Dichos días se considerarán trabajados para todos los efectos legales y no podrán ser imputados al feriado anual o semanal”.

Y agregó: “El trabajador deberá acreditar a su empleador la realización de los exámenes que dispone el inciso primero, mediante certificado emitido por la entidad en que se los practicó”.

Parte del proyecto de ley indica que “el Código del Trabajo consagra un conjunto de normas cuya base conceptual es el deber de protección que tiene el empleador sobre la salud física y psíquica del trabajador. Ello responde a  una lógica elemental que reconoce que las condiciones de trabajo y empleo las fija el empleador haciendo uso de sus facultades de administración y control de la gestión de trabajadores bajo su dependencia y subordinación”.

Señala que “la salud ocupacional hoy día ha ampliado sus fronteras estrictamente laborales; en efecto, el trabajador moderno se ve enfrentado a un conjunto de condiciones cuyo origen común o estrictamente laboral,  no siempre puede determinarse a con exactitud.  Por ello,  la medicina curativa ha dado paso a la ampliación de obligaciones inherentes a la medicina preventiva y, en este ámbito, la consideración de  la mayor o menor aptitud de un trabajador para la realización de un determinado tipo de actividad,  considera un análisis integral de sus condiciones físicas”.

Además “por otra parte, numerosos análisis económicos y médicos han establecido que la sociedad debe necesariamente invertir en medicina preventiva, no solamente a para proveer un mejor estándar de salud a la población, sino que también a fin de evitar ingentes costos que muchas enfermedades significan cuando ya se encuentran declaradas”.

Expresa que “en nuestro país, la institución del Examen de Medicina Preventiva, considera el chequeo anticipado de un conjunto de patologías ordenadas según rango etáreo y condición fisiológica, que pueden tener un origen laboral, o  bien tratarse de una  enfermedad común. La razón de ser de este beneficio apunta a que sea cual fuere el origen de la enfermedad, la sociedad asigna un valor importante a una apolítica de prevención que permita mejorar los índices de mortalidad para dichas patologías a la vez que ahorra recursos futuros para otras atenciones en seguridad social”.

“De esta forma,  el Plan Auge, sea a través de FONASA o del sistema privado de salud, considera hoy día el otorgamiento de beneficio gratuito para la realización de exámenes de medicina preventiva que permiten la detección de VIH – SIDA  Sífilis,  Infección Urinaria, Sobrepeso y Obesidad, Hipertensión Arterial, Tabaquismo, Cáncer Cervicouterino,  Dislipidemia, dolencias cardiovasculares,  Cáncer de mama y  Evaluación funcional (para mayores de 65 años)”.

“Sin embargo, las tasas de cobertura (MINSAL) son alarmantemente bajas en la población en edad laboral; segúnla Superintendenciade Salud, en su Informe de fiscalización N°8 de febrero de 2010, las tasas de cobertura según grupo objetivo y diferentes patologías, se ubican en un rango que va del de el 1% de la población cubierta (para el caso de las trabajadoras embarazadas), hasta el 15% de cobertura en el caso de adultos de más de 15 años”.

“De ello podemos inferir que no existe una política clara y contundente de difusión del EMP y menos, un conjunto de medidas eficientes para asegurar el acceso de la población y, en especial de los trabajadores,  a este beneficio”, dice el proyecto.

Agrega la moción “atendido las consideraciones anteriores, aparece como necesario buscar mecanismos que permitan elevar la cobertura de los Exámenes de Medicina Preventiva (EMP), entendiendo que se trata de una política pública de enormes proyecciones en el desarrollo de la salud en el país”.

“En este sentido, la presente propuesta se construye a partir del hecho de que la población objetiva que presta servicios en forma dependiente alcanza a más de 3,5 millones de personas, las cuales se encuentran sujetas a un conjunto de derechos y obligaciones cuya certeza jurídica permite incorporar algunos mecanismos de otorgamiento de beneficios colectivos; es por ejemplo el caso de las asignaciones familiares que se distribuyen por el empleador y éste las descuenta del pago general de cotizaciones previsionales; o bien el caso de los bonos solidarios de años anteriores, algunos de los cuales se distribuyeron también por vía de la liquidación de remuneraciones de trabajadores dependientes”, dijo Araya.