Altos costos de aparcamiento y traslado de los vehículos está dilatando su repatriación desde el país altiplánico.

 A través de la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara Baja, el diputado por el IV Distrito, Manuel Rojas, solicitará a la Cancillería y a la Fiscalía Nacional acelerar el proceso de repatriación desde Bolivia de los cerca de 400 automóviles robados en Chile. El parlamentario aseguró que el proceso anunciado en abril de este año se está dilatando más de lo conveniente debido al alto costo que éste implica.

“Primero hay que valorar las gestiones hechas por la Cancillería a través del Consulado en Bolivia para lograr la devolución de estos vehículos tras mi denuncia en la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el proceso ha encontrado algunas trabas que lo están demorando más de lo esperado”, dijo Rojas.

Según el legislador, el proceso está estancado debido a los trámites de verificación de las denuncias por robo en Chile y los altos costos que significará traerlos nuevamente al país. “Según me informó la Cancillería, para traer de vuelta esos vehículos primero hay que pagar el costo de aparcamiento tanto en lugares públicos como privados donde han quedado los autos en Bolivia durante todo este tiempo. Asimismo, existe un costo asociado al traslado de los vehículos hasta nuestro país, el cual es bastante considerable”, explicó.

Por tal razón, Rojas adelantó que pedirán a través de la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara Baja, se instruyan todas las gestiones para acelerar el proceso que permitirá devolver los vehículos a sus dueños en Chile.

El Ministerio Público junto a la Cancillería realizaron a fines de 2011 una serie de gestiones internacionales para lograr la devolución de unos 400 autos robados en Chile y que fueron identificados en suelo boliviano durante el programa de nacionalización de automóviles indocumentados impulsado por el gobierno de Evo Morales.

Las gestiones culminaron con el compromiso de la Aduana Nacional Boliviana (ANB) de devolverlos en el plazo de un mes. No obstante, su traslado costaría cerca de $ 200 millones de lo que según el fiscal nacional, Sabas Chahuán, ha impedido ejecutar la diligencia.