El Centro Norte de Chile tiene una singularidad natural de alto valor estratégico para el país y para enfrentar el cambio climático en el mundo: las mayores y mejores reservas mundiales de litio, principalmente ubicadas en el Salar de Atacama, que es propiedad de CORFO; el 30% de las reservas de cobre y la mejor radiación solar del mundo. Los recursos de litio, que son más del 50% de todos los existentes en el mundo, son claves para el desarrollo de la electro movilidad y el almacenamiento de energía limpia, lo cual a su vez induce una nueva demanda por cobre bajo en emisiones, el que Chile es el país que está en las mejores condiciones de satisfacer dado su potencial solar.

Chile requiere aprovechar esta ventana de oportunidad, expandiendo la oferta de litio y transformando la producción minera a una actividad baja en emisiones de CO2 y con agregación de valor. Para materializar este potencial se requiere realizar una alianza estratégica entre las empresas que explotan el salar y la CORFO, combinando acciones públicas con el desarrollo empresarial innovador, como de hecho se logró con Albemarle (Rockwood), empresa que explota una parte del salar. Es fundamental extender este tipo de acuerdos a la empresa que explote el resto del salar.

CORFO tiene contratos con dos empresas para la explotación del Salar de Atacama. Uno de ellos es el suscrito con Albemarle, con quien el 2016 CORFO modificó su contrato estableciendo las tasas de comisiones más altas del mundo en minería no metálica, un monitoreo permanente de su extracción de salmuera, precios preferentes para incentivo de valor agregado de litio y el reconocimiento de aportes concretos y valor compartido con las comunidades. El beneficio de este contrato para Chile supera los US$ 10.000 millones entre inversiones, desarrollo industrial, impuestos, aportes a investigación y desarrollo, y comisiones a CORFO.

El otro contrato es el suscrito con SQMS y Soquimich (SQM), contra quien el gobierno anterior inició acciones judiciales el 2013, por sus graves incumplimientos a los contratos suscritos. El 2014 CORFO interpuso las demandas, pidiendo al árbitro el término anticipado de los contratos y la devolución del Salar a CORFO, su dueño, tal como lo preveía el mismo contrato. De esta demanda se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado el año 2015. El 2016 CORFO demandó por el incumplimiento del contrato para proyecto (contrato asociativo o joint venture), ya que SQM, desde los años ´90, mediante acciones deliberadas, vulneró la integridad de los derechos del Estado en el Salar.

Como hemos demostrado en el proceso, SQM no ha pagado al Estado las rentas, ha ocultado información y ha actuado de mala fe, afectado la integridad de la propiedad estatal del Salar, buscando impedir una licitación competitiva el 2030, año en que concluye su contrato. El Departamento de Justicia de Estados Unidos sancionó a SQM, a principios del 2017, por incumplir gravemente la ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA). En octubre del 2016 CORFO puso en conocimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente, determinados y graves incumplimientos de SQM en relación con la Resolución de Calificación Ambiental que permite la explotación del Salar. Esto llevó a la Superintendencia a formular cargos por faltas gravísimas y graves a esta resolución, proceso sancionatorio que se encuentra aún en trámite.

Hoy en la tarde se ha producido la audiencia de conciliación convocada por el árbitro. CORFO entregó los términos de conciliación que son aceptables para la Corporación. En estos se exige que Soquimich pague el total de las comisiones que debe; la modificación de los contratos para aumentar las renta de arrendamiento al mismo nivel del contrato de Albemarle; la reserva del 25% de la producción para vender en Chile a eventuales interesados en agregar valor al litio; el cumplimiento irrestricto de las normas ambientales, y la restitución de derechos de agua y mineros al Estado de Chile.

Adicionalmente, CORFO ha insistido en producir una mejora significativa en el gobierno corporativo de Soquimich, ya que se produjeron infracciones muy graves al contrato. En este contexto, no es sostenible transar el juicio sin generar las garantías y protecciones básicas que se están exigiendo en este ámbito. CORFO exigió un cambio real para poder establecer una relación societaria de largo plazo basada en principios de buena fe, transparencia y apego a las disposiciones legales y normas mínimas de ética en los negocios. Estos cambios son imprescindibles para dar garantías de cumplimiento a lo acordado y el desarrollo de prácticas alineadas con los estándares de empresas globales y de la OCDE. En particular, se exigió la pérdida del voto dirimente del presidente, con lo cual se modificaría la estructura de control de la sociedad. Esta propuesta no fue aceptada.

Según trascendidos de prensa, el controlador de SQM ha exigido la extensión del contrato, sin licitación, más allá del 2030. Queremos señalar, sin ambigüedades, que esto es inaceptable ya que no existe fundamento jurídico, económico ni de interés público que pueda justificar un trato directo entre CORFO y SQM, obviando la licitación establecida para el 2030 en el contrato vigente. Muy diferente de la situación de Albemarle, cuyo contrato no tenía fecha de término y ahora sí.

En la reunión que recién concluyó, Soquimich nos informó que no está disponible para cumplir con las condiciones exigidas por CORFO.

En virtud de lo anterior, quiero informar que no hay conciliación entre CORFO y Soquimich, y por tanto mantenemos nuestra exigencia inicial de devolución anticipada del Salar de Atacama por parte de la empresa. Esperamos que el Tribunal acoja nuestras pretensiones poniendo término anticipado a los contratos. En caso contrario, la cuota de litio autorizada originalmente para SQM se extinguirá completamente a más tardar el año 2023, según la extracción proyectada.

El restablecimiento de la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la República, las empresas y la política, requiere que el interés legítimo de desarrollo económico, sea acompañado de un estándar ético que le dé sentido a la acción pública y legitimidad a la actividad empresarial.