En una jornada cargada de acciones legales y cooperación interregional, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, encabezó una significativa reunión junto a fiscales adjuntos de diversas regiones del país, con el objetivo de abordar los escándalos que rodean los convenios suscritos entre el Estado y diversas fundaciones. La relevancia del encuentro radicó en la necesidad de compartir experiencias, unificar criterios y garantizar que ninguna investigación se quede en el olvido.

La cita, llevada a cabo en un ambiente de colaboración y transparencia, buscó garantizar la fluidez de información y recursos necesarios para el avance efectivo de las investigaciones en curso. El Fiscal Nacional expresó que “nos interesa que ninguna investigación se quede atrás, y también para proveer de toda la información, apoyo, logística y recursos para que estas investigaciones avancen”.

Uno de los puntos más destacados residió en la identificación de 32 fundaciones que se encuentran bajo investigación en 11 regiones del país. Estas fundaciones han sido objeto de atención debido a convenios que involucran la transferencia de fondos, en su mayoría desde las gobernaciones regionales y algunas seremias. Es importante destacar que la mayoría de estas fundaciones fueron establecidas recientemente bajo los parámetros de la legislación vigente, que resulta menos exigente que la anterior.

El Fiscal Nacional explicó que estos convenios han llamado la atención debido a la falta de garantías y requisitos comunes en este tipo de transferencias. Este vacío en las medidas de seguridad contractual ha despertado la sospecha de una serie de posibles delitos que podrían haberse cometido en estos acuerdos. “Se podría estar hablando eventualmente de algún fraude al fisco, malversación, tráfico de influencias, negociación incompatible, es tan alto el espectro de ilícitos que podrían haberse cometido, que de momento prefiero no ahondar”, expresó Valencia.

En cuanto a la dimensión económica de esta trama, el Fiscal Nacional detalló que los montos totales transferidos están en constante evolución, pero se estiman en varios miles de millones de pesos, lo que subraya la magnitud de la situación y la necesidad de abordarla con seriedad y determinación.

Respecto a la eventual citación de ministros para declarar, el Fiscal Nacional enfatizó que, por el momento, la decisión es que cada Fiscalía Regional continúe liderando las investigaciones en su jurisdicción. Esta medida busca mantener la coherencia y profundidad de las pesquisas en curso, en consonancia con los lineamientos establecidos por la Fiscalía Nacional.