El Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados,Pedro Araya, lamentó que la sala de dicha corporación no haya votado el proyecto de ley que establece el sueldo mínimo para los trabajadores de regiones, suprimiendo la exclusividad que tiene el Presidente de la República para tales efectos.

“Este proyecto busca hacerse cargo de lo que realmente cuesta la vida en las zonas extremas. Muchas veces cuando se fija el sueldo mínimo, se hace con un criterio centralista, pensando en lo que cuesta vivir en Santiago…No es lo mismo 182.000 pesos enla RegiónMetropolitana que en Antofagasta, Calama y Tocopilla”, dijo el parlamentario y uno de los autores de la iniciativa.

Consultado respecto a la decisión de la sala de que la comisión de constitución lo revise antes de su votación final, el diputado lo lamentó y manifestó su esperanza en que la iniciativa pase lo antes posible a su discusión en el hemiciclo para que se convierta en ley, todo ello en el marco del conflicto que se vive en Aysén.

Explicó que “la iniciativa busca introducir dos modificaciones ala Constitución: terminar con la exclusividad presidencial para la presentación de proyectos de ley destinados a fijar las remuneraciones mínimas del sector privado y dictar un mecanismo de corrección monetaria, a nivel regional, en consideración al mayor o menor costo de la vida en las distintas regiones en que se divide el país”.

Araya agregó que “esto permitirá que haya una mayor igualdad en todo el país, considerando que en todo sentido las regiones están desprotegidas y postergadas”.

Parte de proyecto indica que “es un deber del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución Políticade la República, “contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible” para lo cual debe –entre otras, y de acuerdo a lo prescrito en la misma Constitución- asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.

Indica que “conforme a lo anterior, el Estado debe crear las condiciones para el desarrollo material y asegurar la igualdad de oportunidades de todas las personas. Crear las condiciones para el desarrollo material, bajo la inspiración liberal dela Constitución Política de nuestra República, supone un Estado que participa de la actividad económica desde dos perspectivas bien definidas y limitadas”.

Señala que “la primera, y de la mayor de las importancias, donde podemos concebir y asimilar el rol del Estado a un árbitro, ya que éste sólo se limita a velar por del correcto desempeño de los actores en la vida nacional, procurando un juego limpio, y; la segunda, también muy importante, en que el Estado cumple un rol subsidiario, ejerciendo activamente, ya sea de un modo directo o indirecto, las actividades que los particulares no pueden o no quieren desarrollar por distintos motivos”.

También parte de la moción manifiesta que “el asegurar la igualdad de oportunidades, se relaciona con la primera de las perspectivas comentadas precedentemente, a propósito de la creación de condiciones para el desarrollo material; esto es, con la noción del Estado árbitro, es decir, del aquél que sólo se ocupa de establecer ciertas y determinadas reglas que los actores privados y públicos deben respetar, en el desarrollo de la actividad económica”.

El proyecto dice que “esto supone que el Estado cuenta con una serie de dispositivos institucionales y normativos que le permiten ejercer su rol de árbitro. Es lo que sucede, por ejemplo, con las Superintendencias, que son órganos que no participan de la actividad que supervigilan, limitándose a velar por el correcto desempeño de los actores de un determinado sector. En un sentido similar también encontramos órganos como los tribunales de la libre competencia yla Fiscalía Nacional Económica”.

“Mediante el presente proyecto de reforma constitucional buscamos introducir dos modificaciones; la primera, destinada a terminar con la exclusividad presidencial para la presentación de proyectos de ley destinados a fijar las remuneraciones mínimas del sector privado, por las razones que explicamos más adelante, y; la segunda, destinada a introducir un mecanismo de corrección monetaria a nivel regional, en consideración al mayor o menor costo de la vida en las distintas regiones en que se divide el país”, expresa.