Por: Catalina González González
Seremi de Gobierno, Región de Antofagasta

El crimen organizado cambió. Ya no estamos hablando solamente de delincuentes que operan dentro de una comuna o incluso dentro de un país. Hoy existen organizaciones capaces de mover drogas, armas, dinero y personas a través de distintas fronteras, utilizando tecnología, redes financieras y estructuras cada vez más sofisticadas.

Frente a esa realidad, ningún Estado puede darse el lujo de combatir solo.

La reciente incorporación de Chile al Escudo de las Américas, junto a otros 14 países del continente, responde precisamente a esa necesidad: fortalecer la cooperación para enfrentar el crimen organizado transnacional mediante el intercambio de información, inteligencia, análisis de datos, capacitación policial y una mayor coordinación entre países.

Y hay algo que debe quedar claro: de acuerdo con la posición expresada por el Gobierno, esta incorporación no constituye un tratado internacional ni implica operaciones militares en territorio nacional. Cada país mantiene sus propias obligaciones legales y su capacidad soberana para decidir cómo actúa frente a la delincuencia.

Para una región como Antofagasta, este tipo de cooperación tiene una relevancia evidente. Nuestra región se encuentra en una posición estratégica, conectada con pasos fronterizos, rutas internacionales y una importante actividad económica. Precisamente por eso debemos estar preparados para enfrentar organizaciones que tampoco reconocen límites territoriales.

Si un delincuente puede cruzar una frontera en horas, mover recursos entre países y utilizar redes internacionales para operar, la respuesta del Estado también debe ser capaz de cruzar fronteras mediante información, coordinación y cooperación.

Naturalmente, una decisión de esta naturaleza debe ser conocida, explicada y debatida con transparencia. Existen cuestionamientos y legítimas inquietudes respecto de sus alcances, y corresponde que esas dudas sean abordadas con información clara. Pero también debemos ser capaces de distinguir entre cooperación internacional en materia de seguridad y cesión de soberanía. La posición oficial del Gobierno es que Chile participa manteniendo plenamente sus atribuciones y su marco jurídico nacional.

Nuestro país enfrenta una amenaza que tampoco es exclusivamente chilena. El Tren de Aragua y organizaciones criminales de origen mexicano, entre otras estructuras identificadas por la iniciativa, tienen capacidad de operar más allá de una frontera determinada.

Por eso, fortalecer el intercambio de inteligencia entre Carabineros, la PDI y sus instituciones homólogas de otros países puede convertirse en una herramienta adicional para anticipar movimientos, identificar organizaciones y perseguir sus redes.

La seguridad de los chilenos exige un Estado firme dentro de nuestras fronteras y, al mismo tiempo, capaz de cooperar fuera de ellas.

El Escudo de las Américas debe entenderse desde esa perspectiva: más información para nuestros policías, mayor coordinación con nuestros vecinos y más herramientas para perseguir al crimen organizado, siempre dentro de la ley y preservando la soberanía nacional.