Pese a que la iniciativa forma parte de los proyectos de seguridad priorizados -en acuerdo- por el Gobierno y el Parlamento, recibió cuatro votos en contra de parlamentarios oficialistas: Maite Orsini (RD), Mercedes Bulnes (independiente de la bancada frenteamplista), Alejandra Placencia (Partido Comunista) y Jaime Araya (independiente-PPD).

La Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó en general, por 9 votos a favor y 4 en contra, el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas, e incorpora mecanismos eficientes de restitución.

Entre los principales objetivos del texto está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito. Asimismo, permite, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado. Adicionalmente, autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.

Igualmente, castiga con penas de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de sitio ocupado ilegalmente. Incorpora restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz, mientras exista juicio pendiente por usurpación. También, hace inaplicables las reglas sobre detención y flagrancia contenidas en esta iniciativa, respecto de quienes habitan en campamentos catastrados hasta el año 2022.
Junto con ello, el texto modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados.

En la sesión participó Héctor Urban, agricultor cuya familia vecina de Temucuicui, en la Región de La Araucanía, ha recibido numerosos ataques desde 2001.

Precisó que las ocupaciones ilegales y usurpaciones en la zona, además de ser violentas, causan mucho daño. “Estas personas ingresan con armamento de manera muy violenta intentando agredir a los que están en los predios. Es de alta urgencia que se logre controlar este delito”, remarcó.

El abogado Cristóbal Grunwald, asesor jurídico de los agricultores de la Región de Los Ríos y Los Lagos, sostuvo que la norma es necesaria para hacer más efectiva la persecución y la restitución para las víctimas. Acotó que la usurpación es un delito permanente, igual que el secuestro.

Desde la oposición,el Diputado José Miguel Castro afirmó que el proyecto “es una oportunidad única de poder encauzar lo que ha pasado desde 2019, (pues) la Región de Antofagasta ya no da más de campamentos”.

Tras la votación de la idea de legislar, se acordó fijar como plazo para la presentación de indicaciones el próximo lunes 12 de junio.