El hecho ocurrió en la ruta 21, camino que se dirige hacia a los poblados de Chiu Chiu y Lasana de la provincia El Loa.

El delito de robo de cables sigue afectando fuertemente a las instalaciones y clientes de CGE, compañía distribuidora que presta servicio a más de 3,2 millones de clientes, entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía.

La madrugada del viernes pasado en la provincia El Loa, ocurrió el hurto de conductors eléctricos de mayor magnitud que se ha registrado en la región durante los últimos años. Delincuentes destruyeron 21 postes para sustraer cerca de 7.000 metros de cables que formaban parte de una red de media tensión trifásica de 2.300 metros de extensión, de propiedad de la distribuidora CGE, a través de la cual se entregaba el suministro eléctrico a los poblados de Chiu Chiu y Lasana.

“Hemos realizado un amplio despliegue de recursos y personal, enfocándonos principalmente en la pronta recuperación del suministro a nuestros clientes de Chiu Chiu y Lasana, para lo cual el mismo viernes dispusimos de un generador que está proporcionando energía eléctrica a ambos poblados hasta que podamos reparar los graves daños que este hecho delictual ha causado en nuestras instalaciones, trabajos que se extenderán durante aproximadamente una semana”, señaló Paulo Cruz, gerente zonal de CGE en Antofagasta.

Según datos de la distribuidora, durante el primer semestre de 2023 ya se acumulan más de 675 eventos de robo de cable, contabilizando un total de alrededor de 100 kilómetros de líneas robadas desde sus intalaciones a lo largo del país, con el consiguiente daño o destrucción de postes, transformadores, cables y otra infraestructura clave para suministrar el servicio eléctrico.

Estos robos, realizados en la mayoría de los casos por bandas organizadas, tuvieron como consecuencia que más de 30 mil familias de la Región de Antofagasta y un total superior a las 110.000 a nivel nacional vieran afectada la calidad y continuidad de su suministro eléctrico durante largas horas, producto de los extensos trabajos que deben realizar las brigadas de la compañía para reponer la infraestructura dañada o destruida por delincuentes.

Paulo Cruz agregó que “el robo de cables eléctricos ha tenido un aumento exponencial en los últimos años y es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto. Nosotros como compañía realizamos las denuncias respectivas, pero es necesario perseguir y desarticular a estas bandas, ya que su accionar afecta directamente a miles de familias”.

En 2022, la compañía registró un aumento de más de 200% en la cantidad de cable de cobre robado respecto de 2021, alcanzando 170 kilómetros, con un total de 854 eventos y más de 277 mil clientes de CGE afectados en su suministro. Respecto del costo de reposición de infraestructura dañada o destruida por estas bandas delictuales, en el primer semestre de 2023 alcanzó a 2.295 millones de pesos.

“Cada vez que se interrumpe el suministro eléctrico, las empresas grandes y pequeñas de la zona no pueden trabajar normalmente, los servicios públicos presentan problemas en el suministro, los colegios o la red de salud se ven obligados a suspender sus actividades y las personas pueden enfrentar problemas de seguridad pública. En suma, el delito afecta la calidad de vida de las personas”, señaló Cruz..

El ejecutivo hizo un llamado a las autoridades a combatir este delito con mayor fuerza, dado el impacto que este tiene para las comunidades. “Como CGE, participamos activamente en las mesas de trabajo que las autoridades, de distintas regiones, han impulsado para combatir este delito. A su vez, en los casos en que detectamos afectación a las redes de CGE, realizamos la denuncia ante Carabineros y el Ministerio Público, para luego interponer acciones legales que permitan perseguir a los autores de estos delitos”, concluyó.