Gobernador Zafirópulos aseguró que se aplicarán estrictas sanciones para desarticular este tipo de ilegalidades.

Una residencia ubicada en calle Galleguillos Lorca, fue el epicentro de un operativo de fiscalización realizado la madrugada de este viernes por la Gobernación Provincial de Antofagasta. En la ocasión, se detectó escasas condiciones sanitarias, venta de alcohol y arriendo de habitaciones para ejercer comercio sexual.

Ante los evidentes acontecimientos, los diversos servicios públicos que acudieron a la fiscalización nocturna, cursaron diferentes infracciones, entre las cuales se destacan multas por ejercer como clandestino de bebidas alcohólicas (emitidas por Carabineros), por no tener las condiciones mínimas de higiene (Servicio de salud) y por violar la ley de extranjería (PDI), entre otros hechos.

Dentro del inmueble arrendaban familias que vivían con menores de edad, lo cual agrava la falta y el comportamiento del arrendatario, quien también administra un local de comida china en el primer piso.

La Policía de Investigaciones, en tanto derivó al cuartel a cinco mujeres y un hombre para su posterior control de identidad, las seis personas de nacionalidad colombiana, arriesgan sanciones que pueden terminar con la expulsión del país.

El Gobernador Provincial de Antofagasta, Constantino Zafirópulos dijo sentirse satisfecho por los resultados logrados en el operativo y aseguró que serán implacable en las sanciones para que esto no se siga repitiendo en otros sectores. “Hemos recibido diversas denuncias y en un trabajo en conjunto con PDI, Carabineros, Municipalidad y distintos Servicios Públicos, hemos podido detectar y desbaratar una serie de residenciales y prostíbulos clandestinos que lo único que generan es malestar a los vecinos y peligro a quienes habitan en el lugar”.  Asimismo, Zafirópulos expresó que continuarán con las fiscalizaciones en diferentes horarios, las cuales se realizan 3 a 4 veces por semana.

Al finalizar el operativo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), aplicará sanciones monetarias al propietario y solicitará a la compañía eléctrica el corte definitivo del suministro, con el fin de impedir el funcionamiento que se realizaba en precarias condiciones.

Seguimiento

Para evitar que se siga infringiendo la ley, Zafirópulos destinó un equipo de trabajo, el cual tiene por objetivo realizar un seguimiento a los locales y residencias fiscalizadas, para asegurarnos que no han vuelto a realizar actividades. Si quitan los sellos de clausura se arriesgan a penas aún más severas, ya que aquello se considera un grave delito, sentenció el gobernador provincial.