El seremi del Trabajo y Previsión Social, Pablo García Gajardo, destacó los principales ejes del proyecto de ley que firmó el Presidente Sebastián Piñera, con el objetivo de modernizar el sistema de seguridad laboral.

La autoridad, valoró que dentro de las modificaciones incorporadas, se recogió la iniciativa planteada por el dirigente del sector portuario de Mejillones, Juan Alcayaga, quien forma parte de la Mesa Regional de Salud y Seguridad Laboral, instancia donde presentó la necesidad de crear Comités Paritarios de Higiene y Seguridad Laboral en el sector.

El seremi enfatizó que el proyecto que reformará al seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales (Ley Nº 16.744), el Código del Trabajo y el Código Sanitario, “es un antiguo anhelo de los trabajadores de nuestro país. Como Gobierno asumimos el compromiso de impulsar una profunda revisión al sistema de seguridad en el trabajo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del país”.

Este proyecto busca fortalecer las actividades de prevención desarrolladas por las entidades administradoras del seguro y los empleadores, incorporando nuevos instrumentos de prevención para las empresas medianas y pequeñas, definiendo así con mayor precisión las responsabilidades de las Mutualidades y el Instituto de Seguridad Laboral.

En este sentido, manifestó que las propuestas incluyen desde la autoevaluación de riesgos y mapas de riesgos para empresas con más de 10 trabajadores, hasta contar con un Departamento de Prevención de Riesgos en todas las empresas con más de 100 trabajadores, incluidas entidades públicas.

Otro de los puntos establecidos en el proyecto, es eliminar la distinción obrero-empleado. “Con esta medida se termina con una diferencia arbitraria entre los trabajadores afiliados al ISL. Hoy aquellos calificados como “obreros”, sólo reciben atención médica del seguro en los establecimientos hospitalarios públicos, lo cual no es justo”, enfatizó García.

También se busca mejorar beneficios económicos del seguro y corregir discriminaciones (especialmente contra las mujeres) que existen en la estructura actual de beneficios.

Con ello se asegura que el monto de las pensiones de invalidez por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales no disminuya cuando el beneficiario deba pensionarse por vejez en el Sistema de Pensiones. Además, se otorga el derecho a pensión de sobrevivencia al cónyuge sobreviviente y al padre de hijos no matrimoniales; se elimina la restricción de edad y de no contraer nupcias para que las viudas tengan derecho a percibir en forma vitalicia la pensión de sobrevivencia; y para acceder a la pensión de orfandad, la calidad de estudiante se deberá tener a la fecha de fallecimiento del causante o adquirirla antes de los 24 años de edad.

En materia de fiscalización, se fortalece a la Dirección del Trabajo otorgando mayores facultades fiscalizadoras en materia de seguridad y salud en el trabajo que hoy tiene el Ministerio de Salud, creando un departamento especial para cumplir esta función.  Asimismo, se aumentan en 120 los fiscalizadores adicionales. De esta forma, se podrá prácticamente duplicar la cantidad de  fiscalizadores exclusivos de seguridad y salud laboral a nivel nacional.