La misma cantidad que recibe la totalidad de los Municipios debiera percibirla el Gobierno Regional, pero es parte de la deuda cuyo pago reclama el CORE.

La Ley 19.143 dispone que lo recaudado por patentes mineras se distribuya en un 50% para los Municipios de las comunas donde se ubican los yacimientos y el otro 50% es para la respectiva región minera, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). La diferencia es que mientras las Municipalidades reciben de la Tesorería General de la República lo correspondiente a la recaudación, al mes subsiguiente de recibido ese pago por las mineras, el Gobierno Regional de Antofagasta no está recibiendo el mismo monto.

Según informó el Consejero Regional Mario Acuña, Presidente del Comité de Gestión del CORE (formado por los presidentes de las 5 Comisiones de Trabajo del Consejo Regional), estos montos forman parte de la deuda total que el Gobierno Nacional mantiene con nuestra región y que, a finales de 2012, ascendía a unos treinta mil quinientos millones de pesos. “Nada más que por patentes mineras del año pasado,se le debe a la Región de Antofagasta ocho mil doscientos veintiún millones de pesos, la misma cantidad que la Tesorería les pagó a nuestros Municipios”, precisó este Consejero Regional.

Si se dispusiera de esos fondos, los mismos también irían en beneficio de las comunas de la región, a través de los proyectos que los respectivos municipios presentan a consideración del Consejo Regional, y que el CORE aprueba, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. También pueden financiar obras intercomunales, como caminos que conecten a dos o más comunas.

Según la Declaración Pública aprobada el 14 de junio en Taltal por 10 Consejeros, con un voto en contra y una abstención, lo correspondiente a patentes mineras es sólo parte de los más de 30 mil millones de pesos que el Gobierno adeuda a la Región de Antofagasta. El resto se origina en el no pago de lo que le corresponde por la recaudación dispuesta por Ley de Casinos y un porcentaje de las ventas de terrenos fiscales del territorio regional. De allí la decisión de los miembros del CORE de no aprobar nuevos proyectos en beneficio de la región hasta que el Gobierno Nacional cumpla con lo comprometido, a través del Intendente Regional, de pagar este año al menos 16 mil 500 millones de la deuda total.