La operadora de los buses eléctricos RED en Antofagasta advirtió que, si no logra saldar su deuda en julio, podría quedar sin continuidad operativa.

Green Energy Transport, empresa a cargo de la flota de buses eléctricos del sistema RED en Antofagasta, enfrenta una delicada situación financiera que amenaza con derivar en embargo y ejecución de garantías. Según un reportaje de Diario Financiero, la compañía solicitó apoyo financiero a BancoEstado para evitar que la deuda termine golpeando de forma irreversible el proyecto de electromovilidad en la ciudad.

La presidenta de la firma, Valentina Méndez, advirtió que, si no logran pagar la deuda en julio, “no habrá más buses eléctricos”, una frase que dimensiona la magnitud del problema que hoy enfrenta la empresa. La advertencia llega en momentos en que la operación de la flota se ha convertido en una de las principales cartas de modernización del transporte público en Antofagasta.

El origen del proyecto

La flota comenzó a tomar forma en 2023, cuando Antofagasta fue presentada como la primera ciudad del país, fuera de Santiago, en incorporar una flota de 40 buses 100% eléctricos para el transporte público urbano. El proyecto, operado por Green Energy Transport, significó una inversión superior a los 13 mil millones de pesos y fue anunciado como un hito para la movilidad sustentable en la región.

Las unidades fueron presentadas como buses de alto estándar, con wifi, puertos USB, cámaras, aire acondicionado, acceso universal y sistemas de seguridad. La ruta proyectada cubre cerca de 20 kilómetros entre Altos de La Chimba y el Campus Coloso de la Universidad de Antofagasta.

El Ministerio de Transportes estableció formalmente el inicio de operaciones de la línea E01 en diciembre de 2023 y notificó a la representante legal de la empresa mediante oficio oficial. Esa resolución consolidó el ingreso de la electromovilidad al transporte urbano local, con respaldo regulatorio y subsidio estatal.

La crisis financiera

Pese al despliegue inicial, la empresa hoy enfrenta una crisis que ya tiene efectos concretos. De acuerdo con el reportaje de Diario Financiero, Green Energy Transport pidió apoyo a BancoEstado para evitar la ejecución de garantías; en paralelo, reportes de prensa local y publicaciones en redes apuntan a embargos, demandas y una situación de insolvencia que compromete la continuidad de la flota.

La gravedad del escenario no solo afecta a la empresa, sino también al sistema de transporte público de Antofagasta, porque una eventual paralización pondría en riesgo uno de los proyectos emblemáticos de modernización urbana de la última década. El caso refleja además una tensión ya conocida en los modelos de electromovilidad: altos costos de operación, financiamiento de largo plazo y dependencia de garantías que se vuelven críticas cuando el flujo de ingresos no acompaña la proyección inicial.

Menos pasajeros y más pérdidas

Uno de los principales problemas ha sido la menor demanda de pasajeros respecto de lo previsto inicialmente. Green Energy Transport esperaba mover alrededor de 18 mil personas al día, pero la operación real habría quedado por debajo de 12 mil usuarios diarios, una brecha que golpeó directamente la viabilidad financiera del proyecto. La propia empresa ha reconocido pérdidas relevantes, que en 2024 habrían alcanzado al menos 500 millones de pesos.

Esa diferencia entre la proyección y la realidad terminó por tensionar toda la estructura del negocio. Lo que en el papel parecía un proyecto sostenible y moderno, en la práctica se fue transformando en una operación financieramente frágil, dependiente de ingresos que no alcanzaron para cubrir el costo efectivo del servicio.

Huelga y conflicto laboral

La crisis también derivó en un conflicto laboral de alto impacto. A fines de 2025, el Sindicato N.º 1 de Conductores y Trabajadores de Transportes Red Antofagasta rechazó una oferta de la empresa y aprobó una huelga legal, luego de una negociación trabada que no logró acuerdo en materias de remuneraciones y bonos. La paralización amenazaba directamente a los usuarios del sistema, que dependen de esta flota para sus traslados diarios en el norte de la ciudad.

La situación expuso además un problema estructural del modelo: una flota moderna, altamente visible y políticamente valorada, pero vulnerable ante los costos laborales, la baja demanda y la presión financiera acumulada.