Una auditoría interna encargada por el propio directorio de Codelco confirmó lo que analistas y exejecutivos venían advirtiendo desde marzo: la empresa estatal de cobre sobrestimó su producción en diciembre de 2025, incorporando de manera irregular cerca de 20.000 toneladas métricas finas (tmf) que no cumplían los requisitos técnicos exigidos por sus propios procedimientos internos.

El resultado es tan grave como revelador: esas toneladas extras fueron precisamente las que le permitieron a Codelco cerrar el año cumpliendo sus metas. Sin ellas, la estatal más grande del mundo habría fallado. Con ellas, ejecutivos y trabajadores cobraron sus bonos.

La aritmética del engaño

Los números no cuadraban y los especialistas lo dijeron en voz alta. En diciembre de 2025, Codelco reportó una producción de 172.300 toneladas métricas, casi el doble del promedio mensual de 105.600 toneladas registrado entre enero y noviembre del mismo año, su mayor cifra mensual de la década. La alarma se encendió definitivamente en marzo de 2026, cuando Cochilco informó que en ese mes la producción cayó a 91.000 toneladas, un desplome del 47% respecto de diciembre. Algo simplemente no cuadraba.

Ante los cuestionamientos, la administración de Codelco defendió el resultado de diciembre argumentando “una combinación de factores operacionales y el uso de inventarios acumulados”. La presión fue tan fuerte que el propio Comité de Auditoría del directorio ordenó una revisión interna, cuyos resultados preliminares son devastadores.

Lo que reveló la auditoría

El informe preliminar, publicado por el Diario Financiero y confirmado por múltiples medios nacionales, identificó que el gerente de Presupuesto y Control de Gestión de Codelco, César Márquez, gestionó una iniciativa denominada “producción P1″ (productos terminados) en conjunto con la División Chuquicamata, utilizando una nota interna en borrador que envió a la división para que el gerente general la firmara como aprobación.

El problema central: Márquez excluyó deliberadamente a la Gerencia de Contabilidad y a la Gerente de Servicios Comerciales de los destinatarios de esa comunicación, saltándose las coordinaciones técnicas que sus propios procedimientos corporativos exigen. Los auditores concluyeron que el ejecutivo “excedió sus facultades” y que esa acción constituye un incumplimiento normativo grave de los procedimientos internos de aprobación de productos terminados.

Además, las 20.000 toneladas incorporadas fueron autorizadas sin asegurar previamente su procesamiento en División Radomiro Tomic, condición que el propio texto interno de la iniciativa P1 establecía como requisito previo e indispensable para validar la producción. Los ejecutivos señalados Márquez y el gerente general de Chuquicamata, René Galleguillos deben presentar sus descargos en el marco del proceso que aún continúa.

Bonos pagados con cifras infladas

Más allá del daño a la reputación institucional, el escándalo tiene consecuencias económicas directas. Las 20.000 toneladas irregulares fueron exactamente las que permitieron a Codelco cerrar el año cumpliendo sus metas de producción comprometidas. Y el cumplimiento de esas metas gatilló el pago de bonos tanto a ejecutivos como a trabajadores de la estatal. En términos simples: los bonos se pagaron sobre cifras que la propia empresa reconoce que podrían no haber sido reales.

Codelco, a través de un comunicado oficial, aseguró que la auditoría “aún está en desarrollo” y que “no corresponde adelantar conclusiones mientras el proceso siga en curso”. No obstante, la empresa confirmó que la revisión fue encargada formalmente por el Comité de Auditoría del Directorio, lo que desmiente cualquier intento de presentar el caso como un simple malentendido técnico.

El peso político: Boric nombró a Pacheco, Pacheco presidió la debacle

La figura de Máximo Pacheco es inseparable de este escándalo. El exministro de Energía de Michelle Bachelet fue designado en 2022 como presidente del directorio de Codelco por el gobierno del presidente Gabriel Boric, convirtiéndose en la cara visible de la conducción estratégica de la cuprífera durante cuatro años críticos para la estatal.

El balance de esa gestión es difícil de defender con los números en la mano. En 2022, el primer año de gobierno de Boric y de Pacheco en Codelco, la producción cayó más de un 10%, la cifra más baja en dos décadas. A pesar de una inversión acumulada de 17.000 millones de dólares entre 2022 y 2025, la producción cayó un 20% respecto a los niveles históricos. El propio gobierno que sucedió al de Boric reconoció que la administración anterior “no pudo hacer el plan de producción” y que los problemas de seguridad y gestión “vienen de hace tiempo”.

En la tensa junta de accionistas de Codelco de abril de 2026, el Gobierno emplazó directamente a Pacheco por falta de autocrítica. En su defensa, el ex presidente del directorio sostuvo que entregaba “una corporación con horizonte productivo transparente, estabilizado y en fase de recuperación”, atribuyendo la caída a factores estructurales como el envejecimiento de los yacimientos y menores leyes del mineral. Semanas después estalló el escándalo de la auditoría.

Parlamentarios anuncian acciones legales: “Aquí hay delito”

La reacción política no se hizo esperar. El diputado Jaime Mulet (FRVS) anunció acciones legales y calificó los hechos como “fraude” y “administración fraudulenta”, tipo penal vigente en la legislación chilena. “Nos ha estado mintiendo muchos años. Aquí queda acreditado algo extremadamente grave. Estamos preparando una denuncia de orden penal”, declaró el parlamentario.

Mulet también exigió la formación de una comisión investigadora internacional e independiente para auditar a Codelco, descartando que los mecanismos internos de la propia empresa sean suficientes para esclarecer el caso. El presidente de la Comisión de Minería de la Cámara emplazó directamente a Pacheco a dar explicaciones ante el Congreso.

El patrón que se repite en Codelco

Este no es el primer escándalo de gestión que enfrenta la estatal bajo la conducción de esta era. En julio de 2025, un accidente grave en División El Teniente derivó en una auditoría que detectó inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a Sernageomin tras un estallido de roca previo en julio de 2023. Esa auditoría determinó “incumplimientos graves de deberes” y responsabilidades de ejecutivos actuales y ex ejecutivos. Codelco tiene, en definitiva, un problema de cultura organizacional que trasciende los individuos y apunta directamente a su dirección superior.

Las preguntas que Pacheco y Boric deben responder

¿Sabía el directorio que las metas solo se cumplirían con toneladas que técnicamente no calificaban? La magnitud del salto productivo de diciembre era evidente para cualquier analista con acceso a los datos mensuales.

¿Se pagaron bonos a ejecutivos y trabajadores sobre cifras que la propia empresa cuestiona? Si la respuesta es sí, ¿quién los devuelve y quién los exige?

¿Por qué el gobierno de Boric no actuó antes frente a señales evidentes de deterioro en Codelco? La caída productiva y los problemas de seguridad eran conocidos y documentados desde 2022.

¿Qué responsabilidad política asume Máximo Pacheco por lo ocurrido durante su conducción del directorio? Su defensa pública contrasta directamente con los hallazgos preliminares de la auditoría.