Loreto Flores Tapia presentó a las autoridades los resultados de la gestión institucional durante el 2013 en que destaca el incremento de atenciones que deberá asumir la institución con las modificaciones legales y el alto número de prisiones preventivas aplicadas en la región.

Más de 133 mil personas han sido atendidas por la Defensoría Regional de Antofagasta en una década y en el 2013 lo fueron 16.775, los que contaron con un defensor penal publico.

Estas son algunas de las cifras que presentó a las autoridades locales la Defensora Regional de Antofagasta, Loreto Flores Tapia en su Cuenta Pública de Gestión, donde destacó que los delitos contra la propiedad, junto a los de lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar  y las infracciones a la ley de tránsito siguen siendo los más frecuentes entre los imputados defendidos por la institución.

En su discurso, la Defensora planteó el avance experimentado por la institución y cómo ésta se ha consolidado como un ente determinante en el correcto funcionamiento de la justicia criminal. “Somos una institución fuerte, sólida, validada nacional y regionalmente con recursos humanos capacitados y comprometidos”, destacó.

“La defensa penal impone por sobre todas las cosas el deber ético de agotar todas las acciones para procurar el mejor resultado procesal para nuestros clientes. Este es un aspecto irrenunciable de nuestra misión”, señaló al referirse a los desafíos institucionales.

CIFRAS

En relación a los imputados atendidos en el 2013, la Defensora destacó que el 73 por ciento tienen sus causas terminadas y que la forma de término más decretada es la salida alternativa, en un 30 por ciento del total y la dictación de sentencia que llega al 26 por ciento.

En relación a los juicios orales, en el 2013 la Defensoría Regional obtuvo un total de 237 absoluciones, lo que representa a un 30,7 por ciento del total de las sentencias dictadas en este tipo de tribunales. Este porcentaje mantuvo su tendencia creciente que experimento desde el año 2011 lo cual la Defensora definió como “el resultado de un trabajo serio y acucioso”.

En cuanto a los delitos más comunes entre los imputados, la Defensora destacó que el hurto continua siendo el delito más común, representando un 46 por ciento del total de ilícitos contra la propiedad.

Sin embargo, también resaltó que en lo referente a las infracciones a la ley de tránsito, es positivo relevar la considerable disminución advertida en el manejo en estado de ebriedad, el que desde la vigencia de la llamada Ley Tolerancia Cero en el 2011, disminuyó en un 45 por ciento promedio.

GRUPOS VULNERABLES

En su intervención, la Defensora Regional destacó el intenso trabajo que la institución ha desarrollado con aquellos segmentos sociales que exigen el conocimiento específico de determinadas normas penales y procesales. En este contexto, abordó el tema de adolescentes, extranjeros y migrantes, mujeres e indígenas.

En el 2013, la Defensoría Regional atendió a 1.784 jóvenes, 2.896 mujeres, 1.159 extranjeros y migrantes y 106 personas que se auto identificaron como indígenas. A todos ellos se les brindó defensa fundada en sus particularidades.

“En todos los casos y, especialmente en aquellos en que los involucrados pertenecen a estos grupos vulnerables, la Defensoría tiene por objetivo garantizar y restablecer sus derechos. Para ello nuestros defensores y defensoras han participado en capacitaciones jurídicas tanto en lo referido a los requisitos de procesabilidad para la persecución de algunos delitos como en la verificación de los presupuestos para algunas penas sustitutivas como la expulsión”, enfatizó.

Por último, la Defensora se refirió a los desafíos institucionales entre los que destacó que “nuestra institución deberá asumir con la misma calidad y diligencia el aumento en la atención de público e imputados como consecuencia de la aplicación de las penas sustitutivas de la ley 20.603. Además, debemos enfrentarnos a diario  al siempre creciente rigor punitivo por lo que sabemos que desarrollamos un trabajo contracorriente. Las cifras de personas presas en nuestra región mientras esperan el término de sus procesos es una realidad que pretendemos revertir empleando todos los mecanismos y procedimientos legales”, concluyó Loreto Flores.