CRÓNICAVisto 3024 veces — 17 mayo 2022

Una nueva edición de la Cesco Week, encuentro mundial de la minería, se desarrolló hace algunas semanas en Chile. En este evento, organizado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería, CESCO, se analizaron las últimas tendencias y desafíos en la minería, tanto en Chile como en el mundo.

Con la presencia de grandes referentes mundiales, el tema protagonista fue el escenario regulatorio que la industria va tener que afrontar en el corto plazo, con la redacción de una nueva Constitución en Chile, y la introducción de un Royalty ad valorem, que se define por el valor de la transacción en sí, y no de la base del producto.

Y es que es un tema de gran preocupación para la industria. En este contexto, las declaraciones de Rag Uff, presidente de BHP Minerals América, fueron decidoras: “queremos crecer en Chile. Nos gustaría invertir más de US $10 mil millones de en el país (…) Amamos Chile, nos encantaría crecer en este país, pero para hacer eso se requiere estabilidad fiscal, certeza jurídica y un camino claro para la obtención de permisos“.

No es novedad que estamos en un periodo de poca claridad. Así lo indica el gerente general de GEM, Juan Ignacio Guzmán, también socio de CESCO. “Las actuales propuestas contenidas en la nueva Constitución, son un indicador de que en Chile no se quiere más minería, ni privada, ni pública. Por supuesto que no sabemos si esta será aprobada o rechazada, por lo que el futuro de la minería en nuestro país no es tranquilizador”, afirma.

Las indicaciones de la Comisión del medio ambiente generan inseguridad en la industria, siendo uno de los temas más debatidos también a nivel político que si el Estado debe o no tener el dominio absoluto y exclusivo de todas las minas y minerales del país.

Marcelo Olivares, miembro del directorio de CESCO, manifiesta preocupación, ya que si se llegaran a nacionalizar los recursos, se tendría que elaborar un sistema diferente de explotación de los materiales, del que no se tiene conocimiento en el momento.

El cobre ya fue tomado por el Estado chileno en 1971, durante el gobierno de Salvador Allende. Lo que terminó en que, hoy día, este ente sea el titular del mineral y que entregue una forma de concesiones a través de una corte de forma indefinida, si se cumple con un régimen de amparo. Sin embargo, si la Convención decide volver a nacionalizar el cobre, se debería discutir y desarrollar un nuevo modelo de obtención de recursos.

Uno de las propuestas que ha girado en la Comisión de medio ambiente, derechos de la Naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico de la Convención Constitucional, es la idea de que sea un ente administrativo y no un tribunal, el que entregue los permisos de explotación, lo cual es muy peligroso, según Marcelo Olivares.

“Pasar a un permiso administrativo que queda sujeto a la discrecionalidad de un ente de la misma índole con condiciones que deberían ser convenidas con el Estado, sería muy sensible y generaría una inquietud de estabilidad de los títulos”, explicó.

Todo esto ha llevado a que, según Juan Ignacio Guzmán, “las empresas mineras hayan congelado sus inversiones por el momento, por lo que las aspiraciones del presidente de BHP se ven más lejanas”.

¿Qué hacer para darle estabilidad a la industria?

Si bien Chile no ha dejado de ser un polo de atracción para la inversión minera, los negocios han sido frenados mientras evalúan qué es lo que puede pasar en el futuro.

No obstante, si se quiere que el país siga siendo competitivo en la industria de explotación de recursos geológicos, lo que se debe hacer es entregar un ambiente regulatorio sólido, claro y que no tenga el riesgo de ser cambiado a corto plazo. “Todos los que estamos en la minería lo que queremos es estabilidad y saber cuáles van a ser las reglas”, dice Marcelo Olivares.

En la misma línea, se encuentra el gerente general de GEM, quien no solo cree que se necesita de un reglamento sólido, sino que también de una evaluación de la minería como una fuente de crecimiento a largo plazo.

Esto debido a que un proyecto requiere de mucho tiempo de preparación, desde la evaluación del riesgo, hasta la obtención de permisos por parte de un tribunal. Pero que, al final, entrega trabajo e inversión al país por un extenso período de tiempo.

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