CRÓNICAVisto 578 veces — 20 mayo 2026

La pugna por el millonario embargo municipal escaló tras las declaraciones de Carlos Claussen, quien aseguró que intentó cerrar un acuerdo en cuotas para evitar un daño mayor a las finanzas comunales, pero que su propuesta fue rechazada por Sacha Razmilic. Desde el municipio, en tanto, acusan que se trata de una nueva ofensiva judicial para cobrar una deuda que ya estaría resuelta.

El abogado Carlos Claussen aseguró que intentó evitar un perjuicio mayor para la municipalidad mediante una transacción en cuotas, pero afirmó que la propuesta fue rechazada por el alcalde Sacha Razmilic en una reunión en la que, según dijo, recibió una respuesta despectiva respecto del juicio. Añadió que esa decisión terminó agravando la situación financiera del municipio, con más de 8.500 millones de pesos embargados desde su cuenta corriente.

“Insistí en poder hacer una transacción, cosa de no perjudicar el buen funcionamiento de la municipalidad, ofreciéndole pagar en muchas cuotas”, declaró Claussen en un registro audiovisual.

Según su relato, la negativa a negociar dejó a la municipalidad expuesta a un resultado judicial adverso que hoy obliga al municipio a responder por hechos atribuidos a una antigua gestión.

La declaración de Claussen pone en el centro del debate la estrategia jurídica y política adoptada frente al litigio, así como el impacto que puede tener en las finanzas municipales un conflicto que, de acuerdo con su versión, pudo haberse cerrado antes con un acuerdo.

La versión del municipio

La Municipalidad de Antofagasta sostiene que la empresa pretende cobrar nuevamente por una deuda que, a su juicio, ya fue resuelta, y acusa al abogado Carlos Claussen Calvo de continuar con una demanda de indemnización por cerca de 8 mil millones de pesos tras adquirir derechos litigiosos a través de una sociedad que describe como una empresa de papel. La casa consistorial afirma que esa ofensiva judicial revive materias ya resueltas por los tribunales y busca beneficios millonarios con recursos de los contribuyentes.

El municipio también cuestionó que el tribunal haya decretado el embargo de cuentas corrientes, señalando que ello vulneraría el artículo 32 de la Ley N° 18.695, que establece la inembargabilidad de los bienes, fondos y cuentas municipales. Desde la administración local insisten en que la decisión judicial pone en peligro la continuidad de servicios básicos que dependen del presupuesto comunal.

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