Una auditoría interna reveló que Codelco sobrestimó en cerca de 26.875 toneladas métricas de cobre fino su producción de 2025, cifra equivalente a alrededor del 2% de su producción total. El hallazgo derivó en la desvinculación de un ejecutivo, sanciones internas para otros profesionales y la eventual presentación de una denuncia ante el Ministerio Público.

La estatal enfrenta así una de sus crisis institucionales más delicadas de los últimos años. Según el informe, el problema se originó por desviaciones en la aplicación de normas internas en las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales, donde parte del material fue contabilizado como producción terminada pese a que aún requería procesamiento.

En concreto, la auditoría detectó que 20.000 toneladas métricas de óxidos en Chuquicamata y 6.875 toneladas de arsenito de calcio en Ministro Hales fueron registradas de forma improcedente. De acuerdo con el análisis, esos volúmenes debieron permanecer como productos en proceso, lo que habría alterado también el cálculo de metas e incentivos corporativos.

La revelación encendió la reacción del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien fue categórico: “Codelco está fuera de control”. El secretario de Estado sostuvo que el Gobierno venía advirtiendo irregularidades desde marzo y remarcó que la nueva conducción de la empresa tiene el mandato de recuperar la transparencia y restablecer la confianza pública.

A raíz de los hallazgos, el directorio resolvió desvincular a uno de los ocho ejecutivos individualizados en la investigación y aplicar amonestaciones al resto de los involucrados, tanto de Casa Matriz como de las divisiones afectadas. Además, ordenó revisar y actualizar la normativa interna sobre reportes de producción, incorporando estándares y mejores prácticas internacionales.

Qué pasa con los bonos

Uno de los puntos más sensibles del caso es el eventual impacto sobre los incentivos variables pagados sobre la base de una producción que ahora fue corregida. Codelco deberá recalcular esos bonos y determinar si existieron pagos en exceso que deban ser restituidos total o parcialmente.

En términos prácticos, primero se ajusta la base de cálculo y luego se define cuánto dinero fue pagado indebidamente y a quién corresponde exigir devolución. La situación podría involucrar no solo a ejecutivos, sino también a otros beneficiarios, dependiendo de cómo esté regulada cada asignación y de si hubo buena fe o participación en la irregularidad.

Frente legal y laboral

Por ahora, la empresa precisó que la corrección de los volúmenes no obliga a modificar sus estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, el frente más complejo sigue abierto, porque el caso podría escalar a una investigación penal y a eventuales acciones administrativas o judiciales para recuperar recursos.

En el plano laboral, las desvinculaciones y amonestaciones reflejan que la compañía trata el hecho como una falta grave a sus procedimientos internos. Pero si se confirma que la producción fue inflada para habilitar pagos o cumplir metas, el conflicto podría transformarse en una disputa mayor por responsabilidad y restitución de fondos.

Lo que viene

Aún falta determinar cuánto dinero exacto se pagó en bonos, cuántas personas resultaron beneficiadas y cuánto de ese monto podría ser recuperado por la estatal. También será clave el resultado de la eventual investigación del Ministerio Público, que deberá establecer si los hechos constituyen solo infracciones administrativas o si configuran delitos.

El caso deja a Codelco en una posición incómoda: no solo por la corrección de sus cifras, sino por el daño reputacional que implica haber construido incentivos y metas sobre una producción que no correspondía a la realidad.

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