La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento ya cuenta con una oficina en Antofagasta.

A partir de hoy, entra en vigencia la Ley N° 20.720 de Reorganización y Liquidación de la de Empresas y Personas (antes Ley de Quiebras), que otorgará a las empresas y a personas naturales, con dificultades económicas, un marco legal moderno que les permitirá reemprender.

Al respecto, el Seremi de Economía, Gabriela Gómez destacó que “esta ley constituye una herramienta real para todos aquellos ciudadanos que alguna vez deban enfrentar una crisis financiera. Esta pone foco en salvar empresas viables, reduce los plazos de tramitación, establece beneficios para los trabajadores y permite a las personas naturales renegociar sus deudas”.

Además añadió, que se establece la presencia regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, lo que permite el acceso a estos nuevos procedimientos de forma descentralizada. En el cargo de Coordinadora Regional, estará la abogada Claudia Gaona Urizar, quien dentro de sus funciones atenderá a los usuarios y colaborará en las gestiones que estos puedan efectuar.

La ejecutiva Claudia Gaona señaló que serán facilitadores en el Procedimiento Concursal de Renegociación, y además generaran iniciativas que permitan la difusión de esta ley en la región. “Daremos a conocer a la ciudadanía las nuevas herramientas que la ley establece para las Empresas o Personas Deudoras que estén pasando por una situación de crisis”, recalcó la abogada.

La nueva ley potencia la reorganización sobre la liquidación, lo que permitirá conservar una empresa como unidad productiva y generadora de empleo. Además, pone especial énfasis en los trabajadores afectados por el término de una compañía que se acoge a un procedimiento de liquidación, otorgando la anhelada certeza acerca de su situación laboral, garantizando y facilitando el ejercicio de sus derechos.
Para obtener más información sobre la Ley N.°20.720 y los nuevos procedimientos, les recomendamos ingresar a www.superir.gob.cl o acercarse a la oficina regional ubicada en las oficinas de La Dirección Nacional de IPS (Sucre N°311, 3º Piso).

Las principales novedades de la ley son:

Nuevos procedimientos:
Procedimiento de reorganización de empresas, que tiene por objetivo lograr la reestructuración de una empresa viable mediante el acuerdo entre el deudor y sus acreedores, en un plazo máximo de 4 meses.

Procedimientos de liquidación de empresas y personas, que tienen por objetivo liquidar rápida y eficientemente los activos de una empresa no viable, o de una persona incapaz de renegociar sus deudas. Se acotan los plazos a un máximo de 12 meses para la empresa y de 8 meses para la persona, en comparación al promedio de 4,5 años que tarda una quiebra en la actualidad.

Procedimiento de renegociación de las personas, nuevo procedimiento, administrativo y gratuito, que se establece como una alternativa eficiente para que la persona deudora llegue a un acuerdo con sus acreedores en un plazo máximo de 105 días.

Justicia especializada: tribunales especialmente capacitados en estas materias, a quienes se distribuirán preferentemente las causas concursales, contemplando asimismo la posibilidad de someterlas a arbitraje concursal.

Beneficios para los trabajadores: el inicio de un procedimiento de liquidación de la empresa pone término al contrato de trabajo, aclarándose las indemnizaciones laborales y facilitando los pagos a favor de los trabajadores.

Desestigmatización del deudor: eliminación de las presunciones de responsabilidad penal de la legislación concursal y regulación de tipos específicos y comunes en el Código Penal.

Nuevos entes concursales: con perfiles que se adecúan a cada tipo de procedimiento.

Veedor: con habilidades de negociación, a fin de facilitar los acuerdos de reorganización.

Liquidador con habilidades enfocadas a la ordenada y pronta liquidación de activos.

Martillero concursal: martilleros públicos especializados en materias concursales, fiscalizados por la Superintendencia.

Boletín Concursal: plataforma electrónica pública y gratuita a cargo de la Superintendencia, en la que se publicarán todas las resoluciones y actuaciones que se dicten en los procedimientos concursales, permitiendo mayor agilidad y transparencia de los mismos.