CRÓNICAVisto 1946 veces — 26 abril 2023

La Cámara aprobó conformar la instancia que deberá indagar sobre los criterios considerados al momento de otorgar dichos beneficios.

Por unanimidad la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la conformación de una nueva comisión investigadora. La instancia deberá indagar el procedimiento adoptado para el otorgamiento de pensiones de gracia para víctimas del estallido social.

El grupo legislativo se abocará a reunir antecedentes relativos a actos de Gobierno, particularmente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin perjuicio de otros organismos que resulten competentes en la materia, relacionados con el los criterios para otorgar estas pensiones a presuntas víctimas de hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019.

En sus fundamentos, el texto recuerda que en la ley de Presupuesto 2021 se contempló una glosa destinada a reparar económicamente a las eventuales víctimas. Ello, dentro de la asignación “Jubilaciones, Pensiones y Montepíos” -de más de 52.500 millones de pesos- de la partida del Tesoro Público.

Esta establece que se podrá considerar como beneficiarios a aquellas víctimas de violaciones a los derechos humanos acreditadas por el Instituto de Derechos Humanos que, a causa de sus lesiones, sufran menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 18 de octubre de 2019 en adelante.

Se resalta que la transparencia y la certeza jurídica son fundamentales en el otorgamiento de un beneficio financiado con impuestos de todos los chilenos. Sobre todo considerando la eventual responsabilidad de los beneficiarios en hechos constitutivos de delito.

Asimismo, se pide indagar la categorización de las lesiones y montos asignados, la determinación del menoscabo laboral y la participación del INDH en este procedimiento, particularmente durante el año 2022. En ese plano se llama a realizar una evaluación y un análisis más detallado, a fin de descartar posibles irregularidades en el otorgamiento del beneficio.

La Comisión tendrá un plazo de 90 días para evacuar su informe. Para el cumplimiento de su cometido podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional.

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