El Segundo Juzgado Civil acogió el recurso de reposición presentado por la Municipalidad y resolvió que la medida vulneraba normas legales que consagran la inembargabilidad de los recursos municipales.

Un importante triunfo judicial obtuvo la Municipalidad de Antofagasta luego de que el Segundo Juzgado Civil de la ciudad acogiera el recurso de reposición interpuesto por la casa edilicia, dejando sin efecto el embargo que había sido decretado sobre sus cuentas corrientes bancarias en el marco de la causa seguida por “Servicios Generales Global Ltda. con Ilustre Municipalidad de Antofagasta”.

La resolución judicial fue categórica al establecer que el embargo contravenía expresamente el artículo 32 de la Ley N°18.695 y el artículo 445 N°18 del Código de Procedimiento Civil, normas que consagran el carácter inembargable de los bienes y recursos pertenecientes a las municipalidades del país.

Con esta decisión, el tribunal corrigió una medida que la propia Municipalidad había calificado como una amenaza directa a la continuidad de servicios fundamentales para la comunidad, entre ellos salud, educación, seguridad pública, mantención de espacios públicos, alumbrado y limpieza de calles.

Desde la Municipalidad valoraron el fallo y reafirmaron su compromiso con la defensa firme y responsable del patrimonio público. “Valoramos que el tribunal haya corregido esta situación y resguardado recursos que pertenecen a todos los vecinos de Antofagasta”, señaló la administración comunal en su comunicado oficial.

La casa edilicia advirtió además que continuará ejerciendo todas las acciones jurídicas que el ordenamiento legal contemple para proteger los recursos municipales y resguardar los intereses de las familias antofagastinas frente a eventuales nuevas acciones judiciales en el marco de este litigio.

El Municipio de Antofagasta logró revertir el embargo de sus cuentas, pero el trasfondo del caso revela una disputa judicial que se inició en 2016 y que hoy amenaza con dejar al descubierto más de 8.500 millones de pesos en recursos públicos.

Un conflicto que nació hace casi una década

La disputa se remonta a 2016, cuando Global Service se adjudicó un contrato de mantención de áreas verdes en Antofagasta que el municipio dejó sin efecto por problemas de documentación. La empresa inició acciones judiciales y la justicia condenó finalmente al municipio al pago de cerca de 2.800 millones de pesos por servicios prestados durante cinco meses y medio. En 2018, la Corte Suprema ratificó esa condena, y en 2020 la empresa volvió a la carga solicitando el embargo del estadio municipal.

Hoy, el conflicto suma una nueva dimensión. El abogado Carlos Claussen Calvo, quien adquirió los derechos litigiosos de la empresa a través de una sociedad que el municipio describe como una “empresa de papel”, mantiene activa una demanda de indemnización por cerca de 8.000 millones de pesos adicionales, pese a que la municipalidad sostiene que la deuda original ya fue resuelta.

La versión de Claussen

El propio abogado salió a dar su versión de los hechos y aseguró que intentó evitar un mayor perjuicio a las finanzas municipales ofreciendo una transacción en cuotas. Sin embargo, afirmó que su propuesta fue rechazada por el alcalde Sacha Razmilic en una reunión en la que, según su relato, recibió una respuesta despectiva. “Insistí en poder hacer una transacción, cosa de no perjudicar el buen funcionamiento de la municipalidad, ofreciéndole pagar en muchas cuotas”, declaró Claussen en un registro audiovisual.

Según su versión, la negativa del municipio a negociar agravó la situación y expuso las finanzas comunales a un resultado judicial adverso que hoy obliga al municipio a responder por hechos atribuidos a una administración anterior. Desde la Municipalidad, en cambio, insisten en que se trata de una nueva ofensiva judicial para cobrar una deuda que ya estaría saldada.

El debate de fondo

El caso pone en el centro del debate la estrategia jurídica y política del municipio frente a un litigio que, de acuerdo con la versión de Claussen, pudo haberse cerrado años atrás mediante un acuerdo. La pregunta que queda pendiente es si la decisión de no negociar terminó costando más caro a las finanzas comunales que un eventual acuerdo extrajudicial.

Por ahora, la Municipalidad anunció que continuará ejerciendo todas las acciones legales disponibles para proteger los recursos públicos y los intereses de los vecinos de Antofagasta. El litigio, sin embargo, sigue abierto, y sus consecuencias financieras podrían seguir acumulándose.