CRÓNICAVisto 1975 veces — 20 diciembre 2013

Tanto Sebastián Quinzán como el municipio, representado en la persona de la alcaldesa Karen Rojo, fueron llamados por la Corte de Apelaciones de Antofagasta a poner fin a toda publicación y exposición de los antecedentes médicos de Jessica Richards, secretaria del Departamento de Tesorería del municipio. La sentencia obliga al argentino y la Municipalidad a pagar las costas del proceso judicial, señalando que “ambos recurridos deben abstenerse de requerir toda información relativa a la licencia médica extendida a la recurrente”.

Alcaldesa

El tribunal manifestó que la condición de asesor directo de la alcaldesa que mantenía el extranjero resultó gravitante a la hora de divulgar los datos de la funcionaria, documentos que estaban en poder del Departamento de Recursos Humanos del municipio. “Por lo demás, en las declaraciones entregadas a la prensa escrita y televisiva por la alcaldesa, aunque afirma que el recurrido Quinzán se hace responsable de sus dichos, queda de manifiesto que ésta tuvo conocimiento de la denuncia, que es su voluntad dar a conocer cualquier irregularidad y que, con su afirmación de que ‘…yo confío en Sebastián Quinzán, Sebastián es una persona que se ha caracterizado por denunciar temas que suceden en nuestra comunidad, siempre en beneficio de las vecinas y vecinos de nuestra ciudad…’, constituyen un aval o respaldo institucional de la Municipalidad a la actuación del asesor directo de la alcaldesa Sra. Rojo”, señala el dictamen de la Corte.

Arbitrariedad

El fallo judicial puntualiza además que la imputación de ser beneficiada con una licencia médica, para trabajar en la campaña política de la diputada electa, Marcela Hernando, “resulta ser a todas luces atentatorio de su derecho al respeto a la vida privada y a la honra de la recurrente, en la medida que tal afirmación no tiene más fundamento que el dicho de quien la realizó”, añadiendo que con su actuación, la Municipalidad de Antofagasta y su ex vocero “incurrieron en una manifiesta arbitrariedad, en la medida que no han justificado de modo alguno la verosimilitud de su ‘denuncia’, como tampoco la existencia de algún acto irregular de la recurrente con motivo de la emisión de la licencia médica”.

Indemnización

El pronunciamiento de la institución sienta las bases para que los abogados de Jessica Richards interpongan una demanda por indemnización de perjuicios, la que buscará reparar la honorabilidad de la secretaria, puesto que según la Corte de Apelaciones, las acciones del asesor de confianza de la edil, quien hoy trabaja en la Corporación Cultural, cuya presidencia ostenta la alcaldesa Karen Rojo, “perturba y amenaza el legítimo ejercicio del derecho de la recurrente al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, puesto que la difusión por medio de redes sociales y a través de la prensa de una licencia que es motejada de irregular, cuestiona y pone en entredicho la conducta de la recurrente, sin que tenga la posibilidad de defenderse de esas imputaciones”. Por su parte, Richards señaló desde un comienzo haber acudido a la doctora Hernando porque le daba confianza y atendía en forma gratuita.

Querella

Cabe recordar que Quinzán enfrenta una querella por injurias y calumnias con publicidad por parte de Marcela Hernando, quien reclama haber sido acusada falsamente del delito de emitir una licencia fraudulenta por el argentino, llevándolo a un juicio que comenzará con una audiencia el 9 de enero.

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