Concesionaria del terminal marítimo transferirá 1 millón 100 mil toneladas anuales del mineral por sus instalaciones.

Informes sobre los impactos que implica en materia vial y medioambiental el nuevo proyecto de acopio de concentrado de cobre en el Puerto de Antofagasta, pidió e diputado por el IV Distrito, Manuel Rojas.

El pasado jueves durante la Hora de Incidentes de la Cámara de Diputados, Rojas pidió se oficie a través de la Corporación a los ministerios de Medio Ambiente y Transportes, así como también al Gobierno Regional de Antofagasta, para que entreguen todos los antecedentes considerados para aprobar este proyecto de inversión cuyo titular es Antofagasta Terminal Internacional (ATI).

Rojas se mostró preocupado por los posibles impactos negativos de este proyecto en la comunidad. “Hace un año ya planteé públicamente mi aprensiones respecto a los efectos nocivos que pueda tener este nuevo acopio de concentrado de cobre en el Puerto de Antofagasta. De acuerdo a la información que hemos recopilado, se trata de flujos notablemente mayores a los que hoy presenta ese terminal y que pasarán tanto en camiones como a través del ferrocarril por toda la ciudad”, dijo Rojas.

En efecto, tanto la concesionaria del terminal marítimo como el Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB) ya cuentan con los permisos de la autoridad ambiental para al transporte, almacenamiento y embarque de más de 1 millón 100 mil Toneladas anuales del mineral.

Sin embargo -advirtió el legislador-, “mi opinión es que Antofagasta y su gente ya han sufrido suficientes episodios de contaminación a lo largo de su historia que han afectado la salud de la población como fue el arsénico en el agua y los acopios de plomo, entre otros, y no podemos exponernos a otro más”.

Adicionalmente, es necesario revisar “las consideraciones que se tuvieron a la vista para evaluar su impacto vial. Nuestra ciudad está muy cercana a colapsar en materia vial, y se siguen aprobando proyectos de gran impacto. No es normal que grandes iniciativas como las de una empresa constructora en el sector norte –que considera 15 mil viviendas-, o grandes proyectos inmobiliarios en el sector alto de la Coviefi y Jardines del Sur no consideren estudios de impacto vial”, sostuvo Rojas.