Parlamentaria por la Región de Antofagasta hizo alusión a los compromisos hechos por el gobierno para abordar la crisis de organismo público, señalando insuficiencia de las glosas destinadas a protección social. Además abordó una insuficiencia presupuestaria para el Primer Tribunal Medioambiental, con jurisdicción para todo el norte del país.

Fue durante la discusión del informe de la Comisión Mixta de Presupuestos sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público (Boletín 11452-05) para el año 2018 que la diputada Marcela Hernando (PR) mostró su preocupación respecto a una serie de aspectos que según ella no aborda el mensaje presidencial. La jefa de bancada del Partido Radical indicó que hay un consenso entre sus colegas acerca de una insuficiente preocupación del Estado en materia de Infancia y Riesgo Social, tras aprobar en general el mensaje.

“Lamentablemente la realidad revelada por las investigaciones sobre el Sename siguen siendo una herida abierta, y los serán mientras exista un niño en nuestro país que no reciba la atención y oportunidades que merecen”, señaló durante su intervención en sala la Congresista, quien fue integrante de la Comisión Investigadora sobre el Sename II.

Tribunal Medio Ambiental

Durante su alocución Hernando hizo patente además su inquietud ante la disminución presupuestaria que hizo el Ministerio de Hacienda a la proyección 2018 del Primer Tribunal Ambiental, destinado para las regiones de Arica y Parinacota; Tarapacá; Antofagasta; Atacama; y Coquimbo. La Dirección de Presupuesto (DIPRES) asignó un total de M$1.622.463 al organismo, lo que representa M$421.866 menos de lo solicitado formalmente por los magistrados (M$2.044.329), quienes anticipan un impacto en su capacidad fiscalizadora.

Hernando hizo especial énfasis en que uno de los primeros casos que va a recibir el Tribunal es el de Minera Dominga, de especial connotación respecto a los mega proyectos y su relación con el medio ambiente. “Estos más de 400 millones de diferencia corresponden específicamente a la mutilación, y lo digo así de crudamente, porque es cercenar la capacidad fiscalizadora del organismo, que hoy se hace tan necesaria en un norte grande y chico copados de proyectos de alto impacto para nuestro medio ambiente y su población”.

COMPIN

Bajo la misma intervención, la miembro titular de la Comisión de Salud volvió a explicitar su disconformidad con el ejecutivo respecto a los recursos destinados a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) a nivel nacional, requiriendo nuevamente la información relativa al aumento en la contratación de fiscalizadores para la institución, mediante convenios con personas naturales asimiladas a la ley N° 18.834; y el número de funcionarios que serían incorporados en la Región de Antofagasta.

“Hoy tenemos cerca de dos millones de licencias en el sistema esperando su revisión, sin contar las tramitadas electrónicamente, y sólo 28 médicos contralores están habilitados para escrutarlas, lo que significa que en promedio cada médico debería revisar 420 licencias diarias. Y eso además haciendo omisión a que la revisión es hecha generalmente por profesionales que no son especialistas”, evidenció la médico cirujano.

Discapacidad y Transportes

Hernando insistió además en su propuesta al Ministerio de Transportes, bajo la cual, y desde el año 2015, busca reinvertir los recursos destinados a la “chatarrización”, que se usan para mejorar las flotas de vehículos en regiones, redestinando un porcentaje fijo de máquinas que serían habilitadas para el transporte de personas con discapacidad.

“En regiones hay una mínima accesibilidad para personas discapacitadas que tiene el transporte público, el cual recibe cuantiosos montos de dinero provenientes de los fondos de compensación del Transantiago, o fondos espejo. A modo de ejemplo, más del 97% de los buses del Transantiago de más de 9 metros son accesibles, lo que equivale al 75% de la flota y aunque cueste creerlo, este porcentaje en regiones es casi nulo”, lamentó la legisladora.