Parlamentario insistió en la eliminación del Impuesto Específico a los Combustibles como una medida para bajar el costo de la vida en zonas extremas

Como un foco de estallido social que se puede extender a otras regiones calificó el diputado por el IV Distrito, Manuel Rojas, el actual conflicto en Aysén. Según el parlamentario el gobierno debe atender de manera urgente las demandas de las regiones extremas y eliminar el Impuesto Específico a los Combustibles como una forma de bajar el costo de la vida en las zonas más apartadas.

Según el legislador, lo que ocurre hoy en Aysén es muy similar a lo que viene aconteciendo en Calama. “Las demandas que ha manifestado la comunidad calameña tienen un  punto fundamental y común con Aysén, y es la necesidad de mayores recursos y respuestas efectivas a las debilidades que por años mantienen las regiones más apartadas de la capital”, dijo Rojas.

El parlamentario insistió en que una medida necesaria y de alto impacto sería la eliminación del Impuesto Específico a los Combustibles. “Junto a la bancada de la UDI venimos pidiendo terminar con ese impuesto desde hace varios años, ya que impacta directamente y de manera significativa sobre el costo de la vida en regiones”, dijo.

Rojas –quien es miembro de la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados- recordó que este impuesto fue considerado transitorio para financiar gastos de reconstrucción a consecuencia de diversos desastres naturales que afectaron al país, a pesar de lo cual adquirió calidad de permanente y de difícil derogación.

”En la práctica, este es un impuesto a las personas, ya que no sólo lo deben pagar al momento de cargar combustible o tomar locomoción colectiva, sino que va implícito prácticamente en cualquier producto de requiera transporte como son especialmente los alimentos”, advirtió Rojas.

Según el parlamentario, en la Segunda Región no se nota tanto el impacto de este impuesto debido a los buenos niveles de ingresos derivados de la actividad minera y asociada a esa industria. “Sin embargo, existe una realidad oculta que afecta a todos quienes no trabajan en la minería y que deben absorber el creciente costo de la vida en la zona”.

Asimismo, explicó que si bien la recaudación de este impuesto –que alcanza los US$ 2 mil millones anuales- es importante para el Estado, sobre todo en momentos en que se plantean importantes desafíos en áreas como la educación, salud, vivienda e infraestructura, es posible obtener los recursos desde otras fuentes.

“Creo que aún hay margen para que las empresas de mayor tamaño hagan un mayor aporte a las arcas fiscales, sin poner en riesgo su competitividad, que es fundamental para lograr el crecimiento que nos permita seguir atendiendo las demandas del país”, finalizó Rojas.