El Hotel Alto del Sol Mejillones albergó desde el 25 de abril y por tres meses casos de Covid positivos y contactos estrechos. El contrato que lo habilitó como residencia sanitaria debía ser revisado por la Contraloría, pero hasta hoy el órgano fiscalizador no ha recibido copia. El hotel es del grupo empresarial Korlaet. La esposa del diputado José Miguel Castro, Vania Korlaet, integra una sociedad que controla un tercio del negocio. El diputado ofició a la Cámara, al Ministerio de Salud y a la Seremi de Salud de Antofagasta, consultando si implicaba alguna vulneración al “principio de probidad”.

El pasado 26 de abril el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro Bascuñan, envió un oficio al Ministerio de Salud (Minsal) y a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Antofagasta. ¿Qué había ocurrido? Ya circulaba en las redes sociales de la región que una de las sedes del Hotel Alto del Sol ubicada en Mejillones –jurisdicción que representa el parlamentario–, comenzaría a ser utilizada como residencia sanitaria, con el objetivo de albergar a casos positivos de Covid-19 y también para personas que hubiesen tenido contacto estrecho con contagiados.

El Hotel Alto del Sol es controlado por el grupo empresarial local Korlaet. La esposa del diputado, Vania Korlaet Gómez, participa en una sociedad que controla un tercio de ese negocio hotelero. Por esa razón, el diputado envió el oficio al Minsal y a la Seremi de Salud, consultando si el contrato para utilizar el hotel como residencia sanitaria implicaba alguna vulneración del principio de probidad, debido a su condición de autoridad legislativa. La misma consulta la dirigió a las autoridades de la Cámara de Diputados. El contrato involucra un pago para la hotelera de $513 millones.

Castro Bascuñán es diputado por la misma zona y en su rol de miembro de la Cámara de Diputados debe ejercer el rol de fiscalizador de eventuales irregularidades administrativas. Y, de hecho, la Contraloría General de la República (CGR) ya detectó una irregularidad en el trato que convirtió al Hotel Alto del Sol en residencia sanitaria: debido al alto monto involucrado, el contrato debía ser sometido al trámite de “toma de razón” por parte de la CGR, pero eso no ha ocurrido hasta hoy. La Contraloría informó a CIPER que –transcurridos casi seis meses desde que se difundió que el hotel sería usado como residencia sanitaria– no ha recibido copia del contrato y tampoco del acto administrativo que fundamente la necesidad de contar con los servicios de la hotelera.

“El documento aún no ha ingresado formalmente a través de la Oficina General de Partes”, fue la respuesta de la Contraloría a la consulta de CIPER.

Fue la diputada Marcela Hernando (PR) quien envió los antecedentes a la Contraloría, consultando respecto de la legalidad del arriendo de este inmueble y proporcionando el dato del nexo familiar entre el diputado Castro y el grupo Korlaet. En su oficio a la CGR, la parlamentaria daba a entender que en Mejillones existía una variada oferta hotelera.

La respuesta de la CGR al oficio de la diputada llegó el 23 de julio pasado. En ésta, el contralor Jorge Bermúdez Soto detalló una serie de hechos que pudo recabar en su indagación. Respecto del lazo familiar no se pronunció, debido a que el órgano fiscalizador no tiene competencia sobre el Congreso Nacional; sin embargo, Bermúdez dijo que debido a la cuantía de la contratación –$513 millones–, correspondía formalizarla mediante el proceso de “toma de razón”. En julio la CGR solicitó a la brevedad a la Seremi de Salud de Antofagasta que le enviara el contrato y los documentos que lo fundamentan, lo que, como ya se mencionó, no han sido remitidos.

La respuesta del contralor Bermúdez al oficio de la diputada Hernando también mencionó que el contrato de la hotelera está siendo sometido a una auditoría: “Atendida la ausencia del contrato y del acto administrativo fundado que autoriza el trato directo, materias como las denunciadas y otras que resulten pertinentes, serán analizadas en el respectivo control de legalidad y en una auditoría que se encuentra en curso”.

LO QUE INDAGA LA CONTRALORÍA

El pasado 21 de septiembre, el contralor Jorge Bermúdez asistió a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que indaga la “habilitación de inmuebles para la instalación de hospitales de campaña o para hospedaje de enfermos Covid-19 y, en especial, el arrendamiento de Espacio Riesco”. En los primeros minutos de su exposición dijo, sobre el tema de arrendamiento de infraestructura: “Tenemos un plan de auditoría que abarca el 100% de las residencias sanitarias, por lo tanto está en todas las regiones. Eso está todavía en ejecución; en algunos casos ya está terminada y pretendemos tener un informe consolidado”.

De acuerdo con la respuesta que Bermúdez dio al oficio de la diputada Hernando, en la arista de las residencias sanitarias –que comenzó con la denuncia en contra de un exfuncionario del Minsal realizada por Interferencia– estará también este caso del Hotel Alto del Sol en Mejillones.

Maritza Korlaet, gerenta de Hoteles Alto del Sol, dijo a CIPER que “en relación a la contratación del hotel Alto del Sol, en Mejillones y a la posible acción fiscalizadora de Contraloría, aquello escapa del ámbito de nuestro conocimiento, y entendemos que se centra en la eventual existencia de responsabilidades administrativas”.

Producto del oficio de la diputada Marcela Hernando, la CGR alcanzó a reconstruir algunos hechos a partir de información recabada en distintos organismos de salud de Antofagasta. Los sucesos que relata el órgano fiscalizador –en respuesta a la parlamentaria– son varios. Uno de ellos es que el 20 de mayo de 2020, ante la consulta sobre la elección del hotel, la seremi de Salud, Rossana Díaz Corro, respondió que el alcalde de Mejillones le había dicho que Codelco no podía entregar un camping que posee en la zona para ser usado como residencia sanitaria, por lo que se tuvo que recurrir al Hotel Alto del Sol.

Luego, el documento de la CGR describe que la misma Seremi, mediante un oficio del 3 de junio –el hotel llevaba al menos un mes como residencia sanitaria–, envió al Servicio de Salud de Antofagasta la solicitud para que elaborara el trato directo (sin licitación) y el contrato, puesto que la implementación de estos recintos, hasta entonces, estaba a cargo de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. En ese oficio, según la CGR, la Seremi adjuntó una minuta con los datos para la elaboración de un trato directo, la que no tenía fecha. Esa minuta indica que “se requiere adquirir ochenta (80) habitaciones con el proveedor Hotel Alto del Sol y servicio de alimentación, lavandería y otros servicios hoteleros complementarios, por un monto total de $513.128.000, IVA incluido, por un periodo de tres (3) meses”.

Sin embargo, Mauricio Peldoza Peldoza, jefe del Departamento Jurídico del Servicio de Salud de Antofagasta, respondió un mes después a la CGR que le correspondía a la Seremi de Salud de Antofagasta efectuar el contrato. Esto último fue ratificado por la Contraloría, que además afirmó que se evidenciaba “que ha existido una serie de comunicaciones y derivaciones entre la Seremi y el Servicio de Salud de Antofagasta –descritas en los párrafos precedentes–, de las que se desprende que no ha existido la adecuada coordinación entre ambas instituciones, lo que ha implicado que a la fecha no se haya firmado el contrato materia de la denuncia y, por ende, no se haya emitido la resolución fundada que lo apruebe”.

CIPER se contactó con la Seremi de Salud de Antofagasta para consultar los antecedentes de esta contratación: si ya se había pagado y por qué todavía no se ha enviado el contrato a la Contraloría General de la República. Al cierre de este artículo, no se había recibido respuesta.

FUENTE: CIPER