Antecedentes ratifican irregularidades en obras de 13 comunas de país, destacando retraso en operatividad de los centros médicos, diferencias entre los costos presupuestados y costos reales de construcción y poca funcionalidad de los contratos de concesiones.

La existencia de una seguidilla de decisiones políticas y administrativas erradas en el proceso de construcción de distintos centros de salud a lo largo del país, es parte de las conclusiones que se han ido hilvanando en el trabajo de la Comisión Investigadora del Estado Actual de la Inversión Pública en Infraestructura de la Red de Atención Primaria y Hospitalaria, instancia especial de la Cámara de Diputados que tiene por objetivo identificar responsabilidades políticas en los problemas experimentados en el avance de obras de infraestructura de salud, incluyendo caso emblemáticos como el de Maipú, La Florida y Calama.

Hospital de Calama

Es precisamente el último caso el que para la diputada Marcela Hernando, integrante de la Comisión Investigadora, destaca como uno de los recintos con la peor situación, debido a la gran diferencia entre los costos de construcción presupuestados y el costo real, sin considerar que la obra se encuentra paralizada.

La congresista recordó que el recinto empezó a construirse el año 2010 con fecha de término para el año 2012, gastándose a la fecha casi $40 mil millones, cuando se proyectaron $31 mil millones, lo que supone más inversión aún para terminarlo. “El caso de Calama es para mí uno de los más graves, ya que el fracaso de la construcción de este recinto ha significado que el equipamiento adquirido no se utilice y se esté deteriorando en circunstancias que eran equipos de última generación necesarios en la Red Asistencial. No se han distribuido los nuevos cargos de profesionales y especialistas también asignados a este nuevo recinto, y que tanta falta hacen, y hemos visto recargada la atención del Hospital de Antofagasta, el que ya atiende a pacientes provenientes de toda la macro zona norte, en un recinto que tiene varias décadas”, advirtió la médico cirujano.

Abandono de obras

“El nuevo hospital tiene sus obras abandonadas desde mayo de 2013, ya que se dispuso el término anticipado del contrato por parte del Servicio de Salud de Antofagasta, a instancias del subsecretario de Salud, Luis Castillo. Aún no se ha podido hacer la liquidación del contrato y la Empresa ya demandó al Servicio, pues todavía no hay acuerdo -entre varios informes incluyendo el de Contraloría- respecto de la cantidad de obras ejecutadas”, lamentó Hernando, añadiendo que a ello habría que sumar una serie de modificaciones de contrato que aumentaron el costo de construcción en aproximadamente un 25% del precio. “Hasta hoy hemos establecido que han existido pagos por un monto superior al originalmente contratado, además de constatar una investigación de Contraloría por un pago de $200 millones hecho por el Servicio de Salud de Antofagasta con fondos no asignados presupuestariamente a dicho efecto”, explicó la legisladora.

Descoordinación y retraso

La diputada Hernando indicó que otra de las conclusiones que maneja la Comisión Investigadora es que hubo disparidad de criterios entre distintas reparticiones del gobierno para determinar los costos que de las concesiones. “Pudimos verificar que los Ministerios de Salud y de Obras Públicas consideraron bases distintas para determinar los costos que implica la construcción y operación de la nueva infraestructura hospitalaria, lo que si bien fue remediado, indica una falta de coordinación entre instituciones públicas, así como la infracción al mandato que suscribieron esas secretarías del Estado, en cuanto a que los mandatados no informaron cabalmente a su mandante respecto de las acciones y consecuencias derivadas de sus acciones”, señaló la parlamentaria, enumerando a Illapel; Salamanca; Viña Del Mar; Rancagua; Cañete; Pitrufquén; Puerto Montt; Chonchi y Dalcahue como comunas que han presentado situaciones de abandono y retraso, de entre los que algunos casos se han judicializado.

“Hemos podido verificar que las autoridades responsables del Gobierno de Piñera decidieron alterar las condiciones bajo las cuales se concesionaron los Hospitales de La Florida y Maipú. Allí, se establecieron niveles de servicio inferiores a los considerados en el primer modelo; subsidios mayores a los previstos y la inclusión de otros servicios que no fueron contemplados en el programa de esos recintos. Sin embargo, cuando les consultamos a los responsables sobre éstas decisiones, no fueron capaces de explicar razones convincentes”, indicó la legisladora, considerando que el éxito del modelo de concesiones debe estar garantizado en el control que tenga el Estado a través de los contratos con las respectivas empresas. “Tal vez la poca experiencia en lo público les pasó la cuenta”, evidenció finalmente.